Gabriela del Socorro Herrera Camara
Expediente 1441/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela del Socorro Herrera Camara
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la ejecutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la queja ********************, interpuesta por la parte quejosa contra el auto de siete de junio de dos mil veintidós, de la cual se advierte lo siguiente: "(.) Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 97, fracción I, incisos a, 98 primer párrafo y 99 de la Ley de Amparo (.), se resuelve: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto dictado el siete de junio de dos mil veintidós, por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en el juicio de amparo indirecto 1441/2022-I". De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales que correspondan; y tal como solicita, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración lo determinado por el Tribunal de Alzada; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 4539/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa por la quejosa Gabriela Del Socorro Herrera Cámara, contra el acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, formándose por tal motivo el toca de queja 325/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esa ciudad, mediante el cual remite el escrito signado por la quejosa Gabriela Del Socorro Herrera Cámara, dado de una revisión minuciosa del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la misma no pertenecía al índice de ese Juzgado. En tal virtud, téngase por recibido dicho escrito y glósese a los presentes autos; ahora, toda vez que del referido escrito se advierte que la nombrada Herrera Cámara, interpone el recurso de queja contra el auto de siete de los cursantes, en el que se desechó de plano su demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de siete de junio del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o. último párrafo, de la propia ley de la materia. Por tanto, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguense a estos autos los oficios signados por el Vice Fiscal de investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, y el Suplente de la Coordinación Estatal en Yucatán de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República Delegación Yucatán, mediante los cuales, en respuesta al requerimiento efectuado por este Juzgado por acuerdo de uno de junio, exponen las razones por las cuales no les es posible proporcionar a un perito en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la prueba pericial ofertada por la parte quejosa. En consecuencia, previo a elegir un experto de la Lista de personas que puedan fungir como peritas o peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y con la finalidad de cumplir con el artículo 7, relativo a los requisitos del procedimiento de designación de peritas o peritos con cargo al presupuesto con consejo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación con la integración de la lista, publicado el veintitrés de mayo del año en curso; requiérase a los rectores de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad del Mayab de Yucatán, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, proporcionen a este órgano de control constitucional, el nombre de un perito en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental, con el objeto de que rinda su dictamen de ley de forma gratuita, en relación con la prueba pericial anunciada. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito signado por Rafael Acosta Solís, representante de la parte quejosa, mediante el cual solicita que el desahogo de la prueba pericial en materia de impacto ambiental, se efectúe, no solo conforme al cuestionario relativo al escrito con folio 8909, (cuya distribución entre las partes se ordenó por auto de uno de los corrientes), sino además, atendiendo al cuestionario complementario inserto en el escrito con folio 9039, presentado el dieciséis de junio del año próximo anterior. En ese sentido, dígasele a la parte quejosa que se accede a lo planteado; por tanto, córrase traslado a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia del escrito de referencia, por el término de tres días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En otro orden, respecto a la diversa petición de la parte quejosa, a fin de que se emita un pronunciamiento respecto a la prueba testimonial a cargo de María Magdalena de la Luz Rodríguez Arcovedo y Carlos Octavio Ancona Villagrán, ofrecida en los incisos 17) y 18) del citado escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, cuyo acuerdo se reservó en auto de diecisiete de junio del año próximo anterior.Con fundamento en el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se DESECHA la aludida prueba testimonial, pues dicho numeral indica que los tribunales podrán decretar en todo tiempo, la práctica de cualquier diligencia probatoria siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad. Y si bien es cierto la parte quejosa tiene la aptitud de ofrecer las pruebas que a su derecho estime convenientes, dicha facultad está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, es decir, se debe cumplir con el principio de idoneidad de la prueba, lo que en el caso de la prueba testimonial ofrecida no acontece. Para explicar lo anterior, es necesario precisar que los quejosos reclaman en el presente juicio de las responsables que no tuvieron participación en el proceso de creación de la norma reclamada de inconstitucional, lo siguiente: - Del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Titular de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Yucatán, reclaman la resolución de dos de julio de dos mil veinte, contenida en el oficio número 726.4/UGA-0343/000678, mediante el cual se otorgó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, la exención de presentar manifestación de impacto ambiental respecto al proyecto denominado "Acciones para la estabilización costera en los tramos de Chicxulub, Puerto a Chuburná, Puerto y de Telchac, Puerto a Chabihau". - De la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, la ejecución material del acto antes precisado, mediante la implementación de geotubos dentro del mar y playa, ubicada a la altura de la carretera a Progreso, kilómetro cuarenta y cuatro, en dirección a San Crisanto, con una longitud de cien a ciento cincuenta metros. - De la Delegación en Yucatán de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, la omisión de vigilar la observancia de la normatividad en materia de impacto ambiental, en la obra antes citada. Precisado lo anterior, del pliego de preguntas al que se sujetarán los testigos antes propuestos se desprende, en concreto de las marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 y 15, que van orientadas a señalar en esencia: - Que si estuvieron presentes el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, y el motivo de la misma, en el área de la playa en donde se realizó la instalación de los geotubos. - Que si uno de los testigos tomó las fotografías y videograbaciones exhibidas en la demanda, y si el otro ateste fue testigo de ello, que cuál fue el motivo por el cual se tomaron los mismos, y en qué lugar fueron realizado. - Que manifiesten si conocen a Toshio Julián Yokoyama Cobá y Alejandro Pacheco Moreno, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán; qué día los conocieron, y qué fue lo que manifestó Toshio Julián Yokoyama Cobá el dieciséis de abril de dos mil veintiuno - Que digan cuándo fue la última vez que estuvieron en dicha área de la playa, antes del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, y que si estuvieron en la zona aledaña en donde instalaron los geotubos los días dieciocho y diecinueve de mayo del citado año. Como se advierte del contenido de las citadas preguntas, las mismas no guardan relación con los actos que por esta vía se impugna, pues las mismas están orientadas a que los testigos digan en esencia, si tomaron las fotografías y videos ofertados como pruebas en la demanda de amparo, en el área donde se instalaron los geotubos, que si conocen a Toshio Julián Yokoyama Cobá y Alejandro Pacheco Moreno, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, y qué fue lo que manifestó Toshio Julián Yokoyama Cobá el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que indiquen cuándo fue la última vez que estuvieron en dicha área de la playa, antes del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, y que si estuvieron en la zona aledaña en donde instalaron los geotubos los días dieciocho y diecinueve de mayo del citado año. Cuando los actos reclamados en esta demanda de amparo como quedó precisado, son la resolución de dos de julio de dos mil veinte, contenida en el oficio número 726.4/UGA-0343/000678, mediante el cual se otorgó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, la exención de presentar manifestación de impacto ambiental respecto al proyecto denominado "Acciones para la estabilización costera en los tramos de Chicxulub, Puerto a Chuburná, Puerto y de Telchac, Puerto a Chabihau", así como la ejecución material del acto antes precisado, mediante la implementación de geotubos dentro del mar y playa, ubicada a la altura de la carretera a Progreso, kilómetro cuarenta y cuatro, en dirección a San Crisanto, con una longitud de cien a ciento cincuenta metros, lo que ha provocado daño ambiental en dicha zona. En el mismo tenor, por lo que respecta a las diversas preguntas: 9. Que digan los testigos el estado en que se encontraba la playa situada al frente de las casas ubicadas con los números 56-M, 56-O, 56-Ñ (actualmente 55-N), todas de la calle diecisiete, polígono III, del municipio de Telchac, Puerto, Yucatán, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. 11.Que digan los testigos las diferencias que tenía el área de la playa situada frente a los predios indicados, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto a la última vez que estuvieron en ese lugar, con antelación a dicha fecha. 12. Que digan a qué atribuyen las diferencias encontradas. Al respecto, con dichas preguntas, la parte quejosa pretende demostrar las condiciones del lugar en el que habitan antes y después de la colocación de los geotubos, lo cual es plenamente demostrable con la prueba pericial que ofrecieron, la cual se admitió mediante acuerdo de uno de junio del año en curso, aunado al hecho que dichas testimoniales no tienen el alcance de acreditar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, y las responsables al rendir sus informes justificados en esencia aceptaron la existencia del acto que se les reclamó, esto es, la resolución de dos de julio de dos mil veinte, contenida en el oficio número 726.4/UGA-0343/000678, mediante el cual se otorgó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, la exención de presentar manifestación de impacto ambiental respecto al proyecto denominado??????????????? "Acciones para la estabilización costera en los tramos de Chicxulub, Puerto a Chuburná, Puerto y de Telchac, Puerto a Chabihau"; de ahí que la prueba testimonial ofrecida no sea idónea para acreditar si los actos reclamados a las autoridades responsables fueron realizados conforme a derecho, y por tanto no es dable admitir la aludida probanza. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular,puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."1 NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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