Gabriela de la Paz Santana Cutz
Expediente 2711/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2711/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela de la Paz Santana Cutz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa; mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes que obren en el expediente físico, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a la parte quejosa mediante proveído de uno de febrero del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que haya hecho manifestación al respecto; este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva de cinco de enero de la presente anualidad, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, sede en esta ciudad. Asimismo, por auto de veinticuatro de enero del presente año, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación, a fin de restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados, se concede el amparo para el efecto de que: El Tribunal responsable, una vez que certifique la conclusión del plazo de alegatos, proceda de inmediato al dictado del laudo correspondiente en el juicio de origen ********************." Así, del oficio TTSE/MP/SRÍA.-266/2023, de treinta y uno de enero del año en curso, se advierte que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, remitió las constancias relativas al laudo emitido el veintisiete de enero del presente año, en autos del expediente laboral ********************, de su índice. En ese sentido, debe concluirse que incuestionablemente la autoridad responsable ha dado cumplimiento cabal a la sentencia amparadora. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad el fallo protector, sin excesos ni defectos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, esta Juzgadora resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL********************Mérida, Yucatán, siendo las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VENTITRÉS, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 2711/2022-III-B, promovido por********************, estando en audiencia pública, Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla, sin la presencia de las partes.******************** La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mismo que ya obra glosado en los presentes autos. ********************Seguidamente, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. ********************En el período de pruebas se da cuenta con la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo; asimismo, se da cuenta con la documental que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, adjuntó a su informe de ley. ********************El Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su especial naturaleza jurídica. ********************Acto continuo, en el periodo de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierra dicha etapa.********************A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, el Secretario encargado del despacho declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. ********************VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 2711/2022-B-III; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada en la misma data a este Juzgado Federal,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a quien reclamó la denegación de justicia al no dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ******************** de su índice.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la citada demanda de amparo se admitió y registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 2711/2022-B-III; se solicitó a la responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el día de hoy al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 38/2016, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral promovida contra actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis de rubro siguiente:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."********************De manera, que el acto reclamado de la autoridad responsable es la omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio laboral ******************** de su índice, no obstante que el asunto se encuentra debidamente integrado.********************TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y, por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, ya que se trata de una omisión de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen, por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse a la peticionaria de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo.********************En lo conducente, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro siguiente: ********************"ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO."********************CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad señalada como responsable Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, aceptó el acto reclamado, lo que se corrobora de las manifestaciones que expone en su informe de ley, de ahí, que deba tenerse por cierto el acto que la parte quejosa le reclama; esto, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************Lo anterior, ya que de las constancias que remitió en justificación de sus actos se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no había emitido el laudo correspondiente. ********************QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes no plantearon causal de improcedencia de este juicio, ni se advierte oficiosamente alguna otra que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio del fondo de la litis constitucional, a través de los conceptos de violación que la agraviada formuló en su demanda.********************SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación no habrán de transcribirse, dado que el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, lo exigen. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ****************************************En su único concepto de violación, la parte quejosa sostiene esencialmente que la autoridad responsable ha dejado de aplicar los artículos previstos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, en tanto que se ha excedido en la tramitación del juicio laboral, pues aun cuando no hay prueba pendiente de desahogar, ha sido omisa en emitir el laudo, en franca violación al artículo 17 Constitucional, al no administrarle justicia pronta y expedita.********************Ahora bien, para resolver el resumido argumento, se toma en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen:********************"Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.********************Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (...)".****************************************De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones:******************** a) Garantiza a los gobernados derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y,********************b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes.********************Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes.********************Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por los quejosos, se debe sujetar a los plazos y términos que fije la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán y en caso supletorio a la Ley Federal del Trabajo, vigentes al momento que inició la tramitación del juicio (dos mil diecinueve).********************En el caso examinado, dado el estado procesal del juicio de origen, la autoridad responsable debe sujetarse a lo dispuesto en las citadas leyes principalmente al contenido de los artículos siguientes.********************Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.********************"Artículo 137.- El procedimiento ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, se inicia a instancia de parte, es público, gratuito e inmediato; por lo cual se deben tomar las medidas conducentes encaminadas a lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso."****************************************"Artículo 149.- La fase de pruebas, alegatos y resolución comenzará con la ratificación de las pruebas ofrecidas, por las partes y se dará vista recíprocamente a la actora y a la demandada de las pruebas ofrecidas, para que aleguen lo que a sus derechos convenga sobre las mismas. Y, a continuación, se declarará cerrado el período de prueba. En la propia audiencia o en las siguientes que se fijen para tal efecto, se llevará al cabo el perfeccionamiento de las que requieran tal trámite, comenzando con las de la parte actora, para desahogar, terminadas las mismas, las de la parte demandada."****************************************"Artículo 150.- Perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución sobre el conflicto en la propia audiencia o si lo considerase necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes."****************************************En lo que interesa, los numerales transcritos prevén que perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución sobre el conflicto en la propia audiencia o si lo considerase necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes.********************En el caso, consta que ante la Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, se tramita el juicio laboral ******************** promovido por la quejosa******************** contra la ********************, el cual, acorde con las manifestaciones de la quejosa y constancias de autos, se aprecia que fue promovido desde el año dos mil diecinueve, así como que hasta el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se dictó en auto en el cual se acordó que no existía prueba pendiente por desahogar, y se fijó el término para la presentación de los alegatos de las partes, esto es, dictó dicho acuerdo después de más de un año.********************Lo anterior evidencia que, el juicio estuvo paralizado más de un año, y sólo hasta el veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós, esto es, posterior a la admisión del presente juicio de amparo, se impulsó el procedimiento, pero sin que a la fecha en que se resuelve haya certificación sobre si alguna de las partes formuló alegatos con motivo del plazo que se le dio, y por ende, no se ha llevado a cabo la emisión de la resolución de laudo correspondiente.********************Lo anterior en franca violación a las garantías reconocidas en el artículo 17 Constitucional, de que se le imparta justicia conforme a los plazos y términos que fijen las leyes. ********************Se afirma ello, dado que de las citadas constancias se advierte que el juicio laboral se presentó por el quejoso desde el año dos mil diecinueve, y hasta el día en que se resuelve el presente juicio de amparo, cinco de enero de dos mil veintidós, no se ha notificado a este Juzgado el dictado de la resolución en forma laudo correspondiente, siendo que se aprecia que han pasado más de tres años desde que inició el juicio, mismo que no se ha resuelto, y además, estuvo paralizado por más de un año, tiempo trascurrido entre el desahogo de la última prueba y el auto en el que se otorgó el término a las partes para formular sus alegatos.********************En esas condiciones, la autoridad dejó de acatar lo ordenado en los preceptos legales invocados, pues desde que desahogó o perfeccionó la última prueba, debía darse oportunidad a las partes de presentar sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal dictar su resolución en la propia audiencia o si lo considerase necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes, siendo evidente que transcurrió en demasía ese plazo.********************Bajo esta tesitura, tenemos que dicha omisión por parte de la autoridad del trabajo responsable resulta violatoria de los derechos humanos del quejoso, porque de conformidad con lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita, lo que no aconteció en el presente evento, pues la violación de la responsable incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la transgresión a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo.********************El criterio anterior encuentra apoyo, por las razones que la sustentan, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2004, visible en la página 226, Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente reza:********************"LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procésales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo."****************************************Por consiguiente, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ******************** promovido por la quejosa.********************No se soslaya que, si bien no se encuentran emplazado a juicio el tercero interesado ********************, ello no impide resolver en la forma en que se emite la presente resolución, toda vez que no le causa perjuicio, pues la consecuencia del fallo protector únicamente implica la continuación del juicio de origen a fin de emitir el laudo sin dar un lineamiento sobre algún sentido, con la finalidad de cumplir lo establecido en el artículo 17 Constitucional, lo cual beneficia al propio tercero interesado, pues con ello obtendrá la resolución de asunto en el que es parte e hizo valer su defensa.********************Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P. V/98 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 196912, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, que señala:********************"TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado."****************************************SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación, a fin de restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados, se concede el amparo para el efecto de que:********************1) El Tribunal responsable, una vez que certifique la conclusión del plazo de alegatos, proceda de inmediato al dictado del laudo correspondiente en el juicio de origen ********************.********************NOTIFIQUESE.********************Así lo resolvió y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.********************
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