Gabriela Castro Castro

Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
746/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Castro Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por la magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, por el cual acusa recibo de la comunicación 15547/2023 de veinticinco de septiembre del año en curso, mediante la que se le notificó la firmeza del desechamiento de la demanda promovida, así como de la devolución del toca 366/2023 de su índice en un tomo y dos sobres con documentos

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida por *, en su carácter de endosataria en procuración de *, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. *** Valoración de expediente. *** En términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es Destruible. *** Destino del expediente, es destruible en tres años. *** Por tanto, con base al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general referido, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. *** Devolución de constancias. Devuélvanse las constancias relativas al expediente *, un sobre cerrado y un sobre abierto a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, residente en Guanajuato capital.

  3. Principal

    Visto el comunicado y anexos que envía el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, al que se acompaña la demanda de amparo promovida por *, en su carácter de endosataria en procuración de *; expediente * en un tomo del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido en esta ciudad; un sobre cerrado, un sobre abierto sin constancias, copia certificada del oficio 2517, constancia de emplazamiento; demanda original; informe justificado de diecisiete de agosto del año en curso, al determinar dicho órgano jurisdiccional que carece de competencia para conocer de la acción de amparo, ya que el acto reclamado no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen; por lo que, se trata de un asunto que debe tramitarse por la vía indirecta para que conozca un juez de Distrito. En consecuencia, esta juzgadora se avoca al conocimiento de la demanda en comento, por razón de turno. Acúsese recibo de estilo vía interconexión. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por *, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 746/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.

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