GABRIEL SERRANO JASSO y Otros.

Expediente 9/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
9/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • GABRIEL SERRANO JASSO y Otros.
  • Guadalupe Puente Galviz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se desprende que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. **** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Cumple prevención. Visto lo de cuenta, téngase recibido el escrito firmado por Guadalupe ****, mediante el cual cumplen con la prevención formulada en proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés. Los quejosos **** solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que hace consistir en: El auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente **** del índice del juzgado responsable, mediante el cual ordena adjudicar a tercera persona el vehículo de motor embargado. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. **** Solución del problema jurídico. Sentadas las premisas anteriores, conviene ahora analizar si la resolución reclamada puede ser impugnada a través de algún medio de impugnación citado. Primeramente, es necesario establecer que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, ya que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, a las que se les otorga valor pleno como confesión, manifestó que se dictó sentencia el quince de julio de dos mil veintidós. Así, si los solicitantes del amparo **** señalan como acto reclamado el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente **** del índice del juzgado responsable, mediante el cual ordena adjudicar a tercera persona el vehículo de motor embargado, es indudable que en su contra procede el recurso de revocación.**** Por lo que, si la determinación reclamada no es apelable, pues el negocio asciende a dos cientos ochenta y un mil ciento setenta y cinco pesos por concepto de suerte principal, y no está en el catálogo del 1345 ni en apartados específicos de la legislación como lo establece el quinto, sexto y séptimo párrafos del diverso 1339, es indudable, que deberá recurrirse al 1334, donde establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó.**** Además el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: ****Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados.**** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.

  3. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Cumple prevención. Visto lo de cuenta, téngase recibido el escrito firmado por ****, mediante el cual cumplen con la prevención formulada en proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés. Los quejosos **** solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que hace consistir en: El auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente **** del índice del juzgado responsable, mediante el cual ordena adjudicar a tercera persona el vehículo de motor embargado. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Solución del problema jurídico. Sentadas las premisas anteriores, conviene ahora analizar si la resolución reclamada puede ser impugnada a través de algún medio de impugnación citado. Primeramente, es necesario establecer que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, ya que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, a las que se les otorga valor pleno como confesión, manifestó que se dictó sentencia el quince de julio de dos mil veintidós. Así, si los solicitantes del amparo **** señalan como acto reclamado el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente **** del índice del juzgado responsable, mediante el cual ordena adjudicar a tercera persona el vehículo de motor embargado, es indudable que en su contra procede el recurso de revocación.**** Por lo que, si la determinación reclamada no es apelable, pues el negocio asciende a dos cientos ochenta y un mil ciento setenta y cinco pesos por concepto de suerte principal, y no está en el catálogo del 1345 ni en apartados específicos de la legislación como lo establece el quinto, sexto y séptimo párrafos del diverso 1339, es indudable, que deberá recurrirse al 1334, donde establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó.**** Además el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: ****Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados.**** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.

  4. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, * solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal. Se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 9/2023-II En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. En ese sentido, en atención al ordinal 114, de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, la suscrita estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. De acuerdo con el principio de impugnación, que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos; la normatividad procesal debe establecer los medios de impugnación a través de los cuales puedan enmendarse los errores y vicios en que se haya incurrido, atendiendo a la naturaleza del acto y la clase de funcionario que los dicte. Previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copia para cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia, cumplan con lo siguiente: Primero. Indique si contra las determinaciones de * insto el medio de impugnación que la ley pone a su alcance; Segundo. Considerado que los promoventes son parte formal en el procedimiento mercantil de origen, precisarán el contenido del segundo de los proveídos en cita, en que se adjudica el bien embargado a tercera persona ajena al controvertido. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento con el punto descrito de la prevención formulada, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la parte quejosa deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su apoderado y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional.

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