Gabriela Castillo Sánchez
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/07/2023
Partes del expediente
- Gabriela Castillo Sánchez
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; a través del cual, el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en esencia, solicita se le informe el resultado de la diligencia encomendada en proveído de veintisiete de junio del presente año, dictado en los autos del juicio de amparo ********************de su índice, en el cual, solicitó notificar mediante lista a la parte quejosa dicho proveído y requerirla en los términos ahí precisados En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa, mediante lista el proveído de veintisiete de junio del presente año dictado en los autos del juicio de amparo ********************del índice del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y requerirla en los términos ahí precisados. Hecho lo Anterior, remítase a la autoridad oficiante la notificación en comento; asimismo, reingrésese el presente expediente al archivo en el que se encontraba. Notifíquese. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Téngase por recibido el comunicado de cuenta procedente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el cual contiene inserción del proveído de dieciséis de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 919/2023, de su índice, del cual se advierte que declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Gabriela Castillo Sánchez, contra actos de la Universidad Politécnica del Valle de México; por tanto, ordenó la remisión de dicho ocurso al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en consecuencia, regístrese su ingreso bajo el número 783/2023. Atento a lo anterior, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, acúsese de recibo. Desechamiento. El numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, al motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la negativa de la Universidad Politécnica del Valle de México (parte demandada en el juicio laboral de origen) de dar cumplimiento al resolutivo segundo del laudo de seis de julio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 2615/2019, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, consistente en la reinstalación de la quejosa en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su trabajo. Tal precisión se realiza con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, con atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que con apariencia indico. Así, en el caso concreto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de le Ley de Amparo, que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguno disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.* "Articulo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscitó: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Articulo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. Lo autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia do su naturaleza formal, le que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutor el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forme unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguiría dichas situaciones jurídicos. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los do autoridad, quo afecten derechos en los términos de osta fracción, y cuyas funciones están determinadas por una norma general-. ().* Do dichos preceptos, se aprecia que para efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación do supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tonga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo do osa relación omita actos unilaterales a través de los cuales croo, modifique o extingo por si o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y. d) Que para omitir osos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En este contexto, es fundamental recordar que la situación jurídica que da origen el presente juicio de amparo os la negativa de la Universidad Politécnica del Valle de México, de dar cumplimiento al resolutivo segundo del laudo de seis de julio de dos mil veintiuno, emitido en el expediento laboral de origen 2615/2019, en el cual se lo condenó entre otras cuestiones, a reinstalar a la quejosa en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su trabajo. Es decir, la parte quejosa y la Universidad Politécnica del Valle de México, son contendientes activos dentro del referido juicio, pues la primera fungió como parte actora, en tanto que la segunda fue demandada. Así, partiendo de la naturaleza del juicio génesis del proceso constitucional, os de señalarse que, esencialmente, es un procedimiento con el cual la Universidad Politécnica del Vallo de México actuó como ente privado dentro de esa contienda. En este tenor, es evidente que, en el caso, las partes no se ubican en una relación de supra a subordinación, pues la Universidad Politécnica del Valle de México, a quien se le imputa el acto reclamado en modo alguno omito un acto unilateralmente con el cual se creó, modificó o extinguió, por si o ante sí, situaciones jurídicas quo afectan la esfera jurídica do la parte quejoso, requisito primario para configurar el acto do autoridad; por el contario, las partes concurrieron con un plano de igualdad jurídica en virtud de la relación procesal que guardan en el juicio de origen, en donde se hallan sometidos a la potestad jurisdiccional el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, siendo esta quien, a petición del actor, debo proveer lo conducente por medio de los instrumentos coercitivos que la ley lo otorga para lograr el eficaz cumplimiento del laudo. Lo anterior es así, toda vez que el marco normativo que rige el juicio laboral de origen, prevé un procedimiento específico para ejecutar el laudo dictado, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento o través del embargo do bienes de la, parte. demandada; con esto, se coligo que, las :partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace de ellas, que como yo so precisó, se extiende al ámbito de la ejecución del laudo. Por tanto, la negativa que se reclama no proviene de una potestad público, porque la aludida autoridad, en el caso particular, no está investida con facultados o poderos do decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones genéralos o concretas de manera imperativa, en razón de que so encuentra en un plano de bilateralidad y coordinación con la parte actora en el juicio de origen, particularmente en la etapa do ejecución, y es a olla o quien correspondo la carga procesal de impulsar el procedimiento coactivo para ejecutar el cumplimiento del laudo. De ahí que, la causa do improcedencia invocada se surto plenamente en el presente asunto, pues la Universidad Politécnica del Valle de México, a quien la parte quejosa atribuyo la negativa de dar cumplimiento al resolutivo segundo del laudo de seis de julio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral de origen 22615/2019, en el cual se le condenó, en entre otras cuestiones, a reinstalar a la quejosa en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su trabajo, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a/J. 34/2018 (100.) con número de registro digital 2016588, sustentado por la Segunda Sala do la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Abril de 2018, Tomo l, página 470, do la décima época, de rubro y texto siguiente: AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (100.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituyo un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutorio a través de los instrumentos légalos que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracterizo a las relaciones laborales, y a la igualad procesal que subyace en ollas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obsto a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza público, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecutó de las resoluciones jurisdiccionales" Así como el diverso criterio jurisprudencial 20/J. 79/2014 (100.). con número de registro 2007066 de la Segunda Sala de la Suprema Corto de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II. Página 699, de rubro: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO y YUCATAN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.* Atento a lo anterior, es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia invocada y. en consecuencia, lo procedente es desechar la demanda presentada por Gabriela Castillo Sánchez, por notoriamente improcedente: lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el arábigo 26, fracción III, de la ley de la materia, so tiene como domicilio de la promovente, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, la lista de acuerdos de esto juzgado. Solicitud a Juzgado oficiante. Ahora, toda vez que del oficio de cuenta, se advierto que se tuvo como domicilio de la parte quejosa, la lista de acuerdos del juzgado oficiante; en consecuencia, se solicita de la manera más atento al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, que de no tenor inconveniente, ordeno al Actuario Judicial de su adscripción, notifique a la citada parte procesal la presento determinación por medio de las listas que se publican en los estrados de eso órgano jurisdiccional; asimismo, so lo haga del conocimiento, que en cualquier momento puedo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona conurbada o área metropolitana do la residencia de esto juzgado, esto es en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli, todos del Estado de México, por último, sirva remitir copia certificado de las constancias que acrediten la notificación practicada a la quejosa. Respecto de la persona que señala, téngase por autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte agraviada es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Medios alternos de comunicación. Respecto del correo electrónico y número telefónico que proporciona, so tienen únicamente como medios alternos de comunicación no procesal con la parte quejosa. Autorización de uso do medios electrónicos. Do conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obran en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo: en el entendido de que el uso de las mismas os responsabilidad de la parte que las obtenga. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley do la materia, desde este momento se habilita días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 do la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordenó suprimir en la versión pública, los datos personales de los partos en el presente juicio, así como la información reservado. Exhortación a tramitar asuntos "EN LINEA". Con fundamento en el artículo 263, fracción Il, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quo abroga los acuerdos do contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de modios electrónicos y soluciones digítalos como ojos rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorto a la parte quejoso para que, cuando le sea posible, tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea y, además, proporcione algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantáneos, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en lo conducente, acusa recibo de las constancias que se le remitieron en relación a la incompetencia planteada; asimismo, comunica que se avoco al conocimiento de este asunto, registrándolo con el número ******************** De lo anterior se toma conocimiento; asimismo, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación que el cuaderno en que se actúa es destruible en términos del artículo 19, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, y que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 19 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de seis meses y, posteriormente, con base en el artículo 23 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
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MESA IV. Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por ** por propio derecho, contra actos de la Universidad Politécnica del Valle de México; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 919/2023-IV. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, como a continuación se expondrá. El Articulo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen las reglas básicas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la peculiaridad para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado deba tener ejecución en más de un Distrito, haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente aquel ante el que se haya presentado la demanda de amparo; y, c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, el órgano jurisdiccional debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales - acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 -el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito-, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples; Actos negativos con efectos positivos; Actos negativos prohibitivos; 3. Omisivos o abstenciones. Ahora bien, es de precisarse que en el presente asunto la quejosa Gabriela Castillo Sánchez reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La negativa de dar cumplimiento al resolutivo segundo del laudo de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, consistente en reinstalarla en las labores que venía desempeñando antes del despido de que fue objeto. Por tanto, acorde al contenido de la primera regla para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito, contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal carece de competencia para conocer del presente asunto, porque los efectos del acto reclamado tienen ejecución en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Lo anterior, evidencia que los efectos de la determinación reclamada son negativos con efectos positivos y sus consecuencias se materializan o, dicho de otra manera, tienen ejecución, precisamente, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, por ser ahí el lugar donde reside la responsable y en donde, en su caso, se reinstalará a la quejosa a sus labores que venía desempeñando antes de su despido, como lo manifestó la parte quejosa en su demanda de amparo, de ahí que la competencia para conocer del presente asunto debe recaer en el Juez de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde, se insiste, surte sus efectos lo reclamado, y por ende este Juzgado carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del acto aquí reclamado. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.10o.T.8 L (10a.), del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4833, con registro digital 2023429, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE. Hechos: Un trabajador reclamó en amparo indirecto, entre otros actos, la omisión de señalar día y hora para la diligencia de reinstalación dentro de un juicio laboral. La demanda se presentó ante un Juez de Distrito, quien se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que la omisión reclamada debe ser subsanada con una conducta positiva que se realizará fuera de su jurisdicción. Por su parte, el Juez de Distrito a quien se le remitió la demanda no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado era una omisión simple, carente de ejecución material y, en consecuencia, determinó que el juzgador legalmente competente para conocer del asunto era aquel ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de la Junta de señalar fecha y hora para la reinstalación del trabajador, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde ésta deba materializarse, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental al trabajo, pues implica que mientras no se señale fecha y hora para la reinstalación, el trabajador permanezca separado del empleo, no perciba su salario ni diversas prestaciones; además, el patrón también resiente un perjuicio en su patrimonio, en virtud de que se le priva de la posibilidad de cortar el pago de los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación en caso de una eventual condena, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializan en el lugar donde debe llevarse a cabo la reinstalación del trabajador; de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así como la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.." Así como diversa VII.1o.C.2 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1107, Décima Época, con registro 2005170, que establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." De igual forma, las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Por lo anterior, resulta inconcuso que, como la ejecución del acto que reclama se llevara a cabo en el lugar de la residencia de la autoridad responsable (el cual la propia quejosa manifestó se encuentra en el municipio de Tultitlán, Estado de México); en consecuencia, es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde, se insiste, se deberá ejecutar el acto reclamado. En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda original y sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde se deberá ejecutar el acto reclamado. En el entendido que únicamente se le remite el original de la demanda, no así el expediente físico formado con motivo de la presentación de la misma, ya que en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el expediente físico sólo está integrado por las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, lo cual está debidamente digitalizado con firma electrónica en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Así las cosas, con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno respectivo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso la lista que se publica en este órgano jurisdiccional y se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónico que indica; asimismo, se tiene por autorizados en los términos que precisa la promovente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.
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