Gabriela Ángeles Guzmán
Expediente 973/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2021
Partes del expediente
- Gabriela Ángeles Guzmán
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de octubre del año que transcurre, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 98 de la ley de la materia y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, la quejosa ***, solicita la devolución de los documentos y anexos que anexó al escrito inicial de la demanda, lo anterior por resultar de utilidad personal para la suscrita para diversos trámites de carácter judicial; autorizando para recibirlos a Guadalupe Yesenia Santiago Mejía. Atento a lo anterior, se dejan a disposición de la parte quejosa las documentales de que se trata, previa copia certificada que se glose y acuse de recibido que se deje en los presentes autos; lo anterior en el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Ahora de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. De igual forma, dado que en el presente asunto obran documentos originales (el cual la parte quejosa anexo a su escrito inicial de demanda), con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; quien a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y otras autoridades; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 973/2021-VIII. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: Del Juez y de la Secretaria de Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las actuaciones judiciales, acuerdos y resoluciones dictadas y contenidas en el expediente 372/2019 de su índice a partir del veinte de abril de dos mil veintiuno, y correspondientes a los dictados en las fechas siguientes: Veinte de abril de dos mil veintiuno. Veintidós de abril de dos mil veintiuno. Veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. De la notificadora adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, todas y cada una de las notificaciones practicadas a la suscrita a partir del veinte de abril de dos mil veintiuno, esto es, las realizadas en autos del expediente 372/2019, que se desprenden de autos y que corresponden a las fechas siguientes: Veintiséis de abril de dos mil veintiuno (dos acuerdos) Cinco de mayo de dos mil veintiuno. Tres de septiembre de dos mil veintiuno. Veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Del ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la actuación judicial de uno de octubre de dos mil veintiuno, por la cual se notifica y requiere a la quejosa el cumplimiento del resolutivo séptimo de la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en el punto número 1, por cuanto hace a la Secretaria de Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza en relación a dicha autoridad; es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ----------------------------------------------- (.) -------------------------------XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. -----------Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. ---------------II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". De lo anterior, se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Por su parte, los artículos 88 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en su orden, establecen: "Artículo 88. Los secretarios tienen fe pública en el ejercicio de las funciones a su cargo; también la tienen los servidores públicos judiciales que en cada caso autoricen, la ley, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de las salas colegiadas, los magistrados unitarios o el juez.----------------------------------- Artículo 89. Son obligaciones de los secretarios:----------- I. Cumplir con el horario de labores fijado por el Consejo de la Judicatura, vigilar que sus subalternos también lo hagan y llevar el libro de asistencia para su control;--------- II. Recibir por sí o por conducto de la oficialía de partes, los escritos o promociones que se les presenten, anotar al calce la razón del día y la hora de presentación, expresando el número de hojas que contengan los documentos que se acompañen. También deberán asentar razón idéntica en la copia, con la firma del que recibe el escrito y el sello del juzgado o tribunal, para que quede en poder del interesado;-- III. Dar cuenta diariamente dentro de las 24 horas siguientes de su recepción, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la sala colegiada, al magistrado unitario, o al juez, según corresponda, con los escritos, promociones y avisos presentados por los interesados, así como con los oficios y demás documentos que se reciban y tramitar la correspondencia oficial;------------------ IV. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias y autos, así como toda clase de resoluciones dictadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia o del pleno, magistrados de las salas o juez, según corresponda;------- V. Asentar en los expedientes puntualmente las certificaciones, constancias y demás razones que la ley o el superior ordenen:-------------------------------------------------- VI. Expedir las copias que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de mandamiento judicial;--------------- VII. Conservar en su poder el sello de la oficina, sellar, foliar y rubricar en el centro, cada una de las hojas de los expedientes y demás documentos al término de cada actuación;--------------------------------------------------------------- VIII. Guardar en el secreto del tribunal, sala o juzgado, los documentos, expedientes o valores que la ley o el superior disponga;---------------------------------------------------- IX. Recoger, guardar e inventariar los expedientes;--------- X. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte, siempre que sea en su presencia, sin extraerlos de la oficina;---------------------------------------------- XI. Participar como fedatario público en el desahogo de videoconferencias que se soliciten al órgano jurisdiccional de su adscripción, así como aquéllas que el propio órgano jurisdiccional ordene en el ámbito territorial de competencia;--------------------------------------------------------- XII. Dar fe y autorizar los actos de su inmediato superior en ejercicio de sus funciones;------------------------------------ XIII. Efectuar en el tribunal o juzgado, las notificaciones que les encomiende la ley o entregar para el mismo objeto los expedientes al notificador o, en su caso, al ejecutor.----------------------------------------------------------------- Cuando no exista notificador adscrito, el secretario asumirá las funciones de aquél en lo referente a las notificaciones que sean por lista, Boletín Judicial o correo electrónico institucional;-------------------------------------------- XIV. Llevar al corriente los siguientes libros: el de gobierno, para anotar entradas, salidas y el estado de los asuntos en cada ramo; el de registro diario de promociones; el de entrega y recibo de expedientes y comunicaciones; el de exhortos para cada materia; el de entrega y recibo de expedientes al archivo judicial y los demás que sean necesarios para cada materia, a juicio del Consejo de la Judicatura;-------------------------------------- XV. Conservar bajo su custodia, previo inventario, el mobiliario del tribunal o juzgado, y cuidar de su buen estado de conservación;-------------------------------------------- XVI. Ejercer la vigilancia necesaria en la oficina, para preservar los expedientes y documentos;----- XVII. Cuidar el orden y el cumplimiento en el trabajo del personal a su cargo;------------------------------------------------- XVIII. Asistir a los cursos y cumplir con los programas del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial; y------ XIX. Autorizar y desempeñar las demás labores y servicios que las leyes o las autoridades judiciales les encomienden.---------------------------------------------------------- Artículo 90. El secretario auxiliar en cada sala, sustituirá en sus faltas al secretario de acuerdos.------------------------- Artículo 91. Los secretarios auxiliares desempeñarán las labores referentes a la secretaría. Los oficiales mayores, son auxiliares de los secretarios de las salas y tendrán las obligaciones que les señalen éstos para el mejor desempeño de sus labores; llevarán los libros de la sala en apoyo de los secretarios y tendrán a su cargo el cotejo de los testimonios de las ejecutorias con sus originales, asentando al margen su rúbrica, para acreditar la fidelidad de estos documentos.----------------------------------- Artículo 92- Los ejecutores y notificadores tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones.------------------------ Los notificadores apoyarán como fedatarios públicos para el desahogo de videoconferencias en los órganos jurisdiccionales que no contemplen la figura del secretario de acuerdos.---------------------------------------------------------- Artículo 93. Los ejecutores, notificadores y los demás servidores desempeñarán las labores que la ley o sus superiores les encomienden." Luego, si bien es cierto que entre las facultades del Secretario de Acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Juez; no menos verídico lo es que, dicha función asignada no implica que resuelva de manera conjunta con el titular, quien es el único responsable de su fallo, y sólo los referidos secretarios autorizan, en función de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria; luego, esas autoridades, en forma autónoma, no pueden adquirir la jerarquía de responsables para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, la Secretaria de Acuerdos, adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, carece de facultades decisorias y ejecutoras pues, sus funciones se constriñen a autorizar y dar fe de los autos del Juez, sin poder actuar con imperio y, por ende, su conducta no se puede tomar como acto de autoridad. Norma el criterio expuesto, la jurisprudencia 1006 del rubro y texto siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". Por otra parte, este Juzgado de Distrito estima que respecto a los actos reclamados citados en los puntos 1, por cuanto hace al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, 2 y 3, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, los actos que aquí reclama la quejosa, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, pues de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen, de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, por lo que hace a los actos reclamados en el punto números 1, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe agotarse la promoción del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 1.113 del citado ordenamiento, que establece: "Actuaciones nulas Artículo 1.113.- Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este Código determine; pero no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella". En atención al artículo transcrito, se evidencia que, contra tal acto reclamado, es procedente el incidente de nulidad de actuaciones; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen. Luego, por cuanto hace a los actos reclamados señalados con los arábigos 2 y 3, debe agotarse el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 1.187 del citado ordenamiento, relativos al referido medio, dispositivo legal que establece: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida". En atención al artículo transcrito, de igual manera se evidencia que, contra el citado acto reclamado, es procedente el incidente de nulidad de notificaciones; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar los medios impugnativos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1974, del Tomo LIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "NULIDAD, NOTIFICACIONES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE SENTENCIA. El artículo 97 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, estatuye que las notificaciones que se hicieron en forma distinta de la prevenida en el capítulo cuarto, libro primero, de dicho ordenamiento, serán nulas, y la parte agraviada puede promover ante el Juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente, y aun cuando se hubiere pronunciado sentencia definitiva, tal circunstancia no es obstáculo para la tramitación del incidente de nulidad, puesto que aun cuando el artículo 844 del propio ordenamiento, defina los incidentes diciendo que son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el juicio principal, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que la nulidad de actuaciones puede promoverse no sólo antes de que se pronuncie sentencia definitiva, sino también después, cuando se trate de aquellas notificaciones o actuaciones realizadas con posterioridad a la sentencia referida." Por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XVIII y XXIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, por los actos reclamados, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido por la quejosa en su demanda de amparo, y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guadalupe Yesenia Santiago Mejía, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24 de la legislación citada a las restantes personas que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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