Gabriela Angulo Vázquez
Expediente 141/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gabriela Angulo Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 35 a 46), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. ... Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO GABRIEL ANGULO VÁZQUEZ, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 141/2017-III, QUE ESTABLECE: "Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 35 a 46), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente."
- Principal
PRAL 141/2017-III Notifico por medio de lista a la parte quejosa Gabriela Angulo Vázquez, la sentencia de seis de abril de dos mil diecisiete,, cuya síntesis dice: Acuerdo: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 141/2017-III del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por Gabriela Angulo Vázquez, por su propio derecho, en contra de los actos de la autoridad que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios del artículo 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, turnado en la misma fecha ante este órgano jurisdiccional, Gabriela Angulo Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalamos como tal: AUTORIDADES ORDENADORAS: La Ciudadana Juez del antes Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, hoy, Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, (.). AUTORIDADES EJECUTORAS: El Secretario de Acuerdos de Expedientes "NON" del antes Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, hoy, Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, (.). IV. ACTO RECLAMADO: Resulta ser: El actuar de los C. Juez del antes Juzgado de Primera Instancia Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, hoy, Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y del Secretario de Acuerdos de los Expedientes Non del antes Juzgado de Primera Instancia Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, hoy, Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro de los autos que integran el expediente número 1283/2011, en razón que hasta la fecha no se ha dictado acuerdo correspondiente al escrito de fecha uno de diciembre del año dos mil dieciséis, presentado con fecha dos de diciembre del año dos mil dieciséis, además de que no se ha tomado en consideración lo dispuesto en el artículo 17 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Segundo Párrafo, y también lo dispuesto en los artículos 73 fracción III y 90 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, por su inobservancia." El veinte de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, y finalmente, se señaló hora y fecha para la realización de la audiencia constitucional, la que se celebró en términos del acta que antecede. COMPETENCIA. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, así como el diverso 12/2012 relativo a la conclusión de funciones del Juzgado Noveno de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación como Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de abril de dos mil doce, si se pondera que los actos reclamados emanan de un tribunal ubicado en esta entidad federativa. Ilustra lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y dos, parte VIII, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar el escrito de uno de diciembre de dos mil dieciséis por el que solicita se resuelva el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 1283/2011 del índice de la autoridad responsable. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez y Secretaria del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el dos diciembre del año dos mil dieciséis, dentro del expediente 1283/2011. Para acreditar su dicho la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de febrero del año en curso; constancia a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION DE LA DEMANDA. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender en primer lugar a los actos reclamados, el cual en el presente caso consiste en: La omisión acordar el escrito de uno de diciembre de dos mil dieciséis por el que solicita se resuelva el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el expediente 1283/2011 del índice de la autoridad responsable. En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados son de naturaleza omisiva, no corren los plazos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda, sino que ésta se puede promover en cualquier momento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Mayo de 2005; Pág. 1451. III.5o.C.21 K). CAUSA DE IMPROCEDENCIA -FUNDADA-. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben examinarse de oficio, por tratarse de cuestiones de orden público y de estudio preferente al análisis de fondo del asunto. En este contexto, cabe precisar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo lo siguiente: "De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la anterior transcripción, se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107, constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Así, los argumentos expuestos dieron origen a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Libro 7, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a junio de 2014, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." A partir de las consideraciones expuestas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en sesión del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, determinó que en aquellos supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17, de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pues sostuvo que si bien la afectación a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional, constituye uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Asimismo, determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De lo anterior, concluyó que, por regla general, el criterio que debe prevalecer es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con la salvedad de que, en el supuesto que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, la demanda de amparo será procedente por excepción. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de trece de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Registro 2011580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sentado lo anterior, para mejor claridad en el sentido de la presente resolución, es necesario señalar los antecedentes que se desprenden del acto reclamado, los cuales son los siguientes: La parte quejosa en diecinueve de marzo de dos mil diez, promovió en la vía ordinaria civil juicio de nulidad e inexistencia del acto jurídico de escritura pública, así como, el otorgamiento ante notario público de contrato privado, en contra de los Señores Lucio Angulo Rodríguez, por conducto de su albacea testamentaria Socorro Rosas Hernández, Remigio Angulo Rosas, Armando Angullo (sic) Ahuactzin Notario Público Número Uno de la demarcacion de Xicohtencatl y del Tesorero del Municipio de Chiautempan, Estado De Tlaxcala, por lo que se radicó el expediente número 212/2010 del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, actualmente conoce el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, bajo el número de expediente 1283/2011. En dos de diciembre de dos mil dieciséis, la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable dictara la resolución interlocutoria, respecto del recurso de revocación que interpuso. Luego entonces, de lo anterior se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye la omisión de la responsable de proveer respeto a la solicitud que ha realizado la quejosa referente a resolver el recurso de revocación interpuesto de su parte dentro del juicio 1283/2011 del índice de la autoridad responsable. Lo anterior permite concluir que en el caso el juicio de amparo en que se actúa es improcedente, pues el acto reclamado consiste en la omisión dentro del procedimiento, lo que trae como consecuencia, que el juicio de amparo en que se actúa, no resulta procedente conforme a los parámetros establecidos en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, pues como ha quedado señalado, en la especie la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de proveer respecto del recurso de revocación interpuesto de su parte; sin embargo, como quedó establecido, en los supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17, de la Ley Suprema, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa, como en el caso, resolver el recurso de revocación interpuesto de su parte. DECISIÓN En relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Angulo Vázquez, respecto del acto reclamado detallado en el resultando I y por los motivos señalados en los Considerandos VI y VII de esta resolución. Notifique personalmente Así lo resolvió y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Janeth Ávila Sepúlveda, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy seis de abril de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista que se dio a las partes mediante auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su derecho legal conviniera respecto de los informes justificados rendidos por la Juez y Secretaria de Acuerdos ambos del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala; por consiguiente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración.
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