Gabriel Pérez Flores
Expediente 793/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gabriel Pérez Flores
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado auto por el que se desechó demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gabriel Pérez Flores; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos. Ministerio Público de la Federación adscrito solicita En otro aspecto, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual solicita que mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, le sean notificadas las recepciones de admisiones de demandas y todo tipo de acuerdos que se emitan en los cuadernos incidentales, proporcionando para tal efecto la clave de usuario FISCFED9. En ese sentido, dígase a la representación social que de conformidad con lo establecido en autos de diez de junio de dos mil veinte y once de marzo del presente año, dictados en los Cuadernos de Varios 2/2020 y 2/2021, respectivamente, de este Juzgado de Distrito, se proveyó lo conducente, a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente electrónico de los juicios de amparo que se tramitan en este órgano jurisdiccional, atento a lo cual, con dicha autorización de igual forma se encuentra en aptitud de consultar los incidentes de suspensión que se hayan aperturado junto con el expediente principal. Ahora, toda vez que al oficio que se provee, acompaña su solicitud a efecto de que le sean expedidas copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto, dígase que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Librado Antonio Gómez Morales, secretario que autoriza y da fe.A continuación, Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado CERTIFICA: Que la elaboración del presente acuerdo corrió a cargo de la Secretaria Olga Viviana López González, responsable de la mesa IV y de la integración del presente expediente, mediante el sistema de trabajo a distancia, con motivo de la organización implementada en este órgano jurisdiccional y las reglas establecidas en los Acuerdos Generales 21/2020 y 25/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Se autoriza expedición de copias certificadas. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo solicita expídase a su costa las copias certificadas que índica en su oficio de cuenta, previa razón de su recibo se agregue en autos. A fin de llevar la práctica de la referida diligencia y dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se ponen a disposición del representante social, los datos de contacto de los funcionarios judiciales que podrán intervenir en el desahogo de dicha actuación, siendo los siguientes: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Librado Antonio Gómez Morales Secretario librado.gomez.morales@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 241 193 4271 Olga Viviana López González Secretaria olga.lopez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 246 457 4955 De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corre a cargo de la parte demandada el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas debidamente certificadas las constancias antes referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de enero de dos mil veintiuno. Desahoga prevención Agréguese a los autos el escrito signado conjuntamente por Gabriel Pérez Flores -quejoso- y Pedro Torres Popoca -autorizado-, a través del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte; y al efecto, bajo protesta de decir verdad, señala como acto reclamado el auto de vinculación a proceso de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, notificado en la misma fecha. Por tanto, se tiene por desahogada la prevención efectuada en el citado auto, y al efecto se provee: Se desecha demanda. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En ese orden de ideas, es conveniente tener en cuenta que el acto reclamado por el quejoso es el siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa judicial 281/2020, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y notificado en la misma fecha. En este sentido, es oportuno destacar que el quejoso se duele de la resolución dictada en la causa judicial 281/2020, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la cual le fue notificada en la misma fecha. En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa reclama: El auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa judicial 281/2020, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. El cual señala, bajo protesta de decir verdad que, le fue notificado dentro de la audiencia en la misma fecha, esto es el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, notificación debe tomarse como referencia para analizar la oportunidad en la promoción de la demanda que dio origen a este juicio. Bajo esa óptica, como quedó señalado con anterioridad, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, el quejoso tuvo conocimiento de la resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en la causa judicial 281/2020, en la misma fecha, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente hábil en que surtió efecto la notificación; esto es el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, por lo que dicho computo transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veinte y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante este Juzgado, hasta el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, tal como lo revela el sello de recibo; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, como quedo precisado la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa judicial 281/2020, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y notificado en la misma fecha. Determinación que no constituye una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días. Asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Finalmente, no pasa inadvertido que a través del escrito presentado ante este juzgado federal el veintiocho de diciembre pasado, por medio del cual la parte quejosa pretendió dar cumplimiento a la prevención formulada, haya señalado como acto reclamado lo siguiente: "ASI COMO LA VIOLACION A MIS DERECHOS TODAVEZ QUE FUI TORTURADO POR ELEMENTOS POLICÍACOS AL PARECER DE INVESTIGACIÓN, DIA EN QUE FUI DETENID0, 11 DE SEPTIEMBREDE 2020 HASTA ELAMANECER DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020." Ahora, por cuanto hace a dicha manifestación con la que se destaca como acto reclamado la tortura de la que aduce fue víctima el quejoso Gabriel Pérez Flores, se estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo, pues al respecto el quejoso refiere que la tortura de la que aduce fue objeto por parte de los elementos policíacos, aconteció el día de su detención; esto es el once de septiembre de dos mil veinte continuando el doce siguiente. Luego, si el quejoso presentó su demanda de amparo el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, tal como se desprende de los datos asentados por el Secretario de este juzgado federal, encargado de cubrir la guardia correspondiente, se sigue que para la presentación de la demanda ya habían cesado dichos actos de tortura, que refiere el quejoso, por lo cual ya no es necesario que la demanda de amparo se admita por los actos de tortura de los que el quejoso refiere fue objeto, pues tales actos son analizables en el juicio de amparo mientras no se ponga a disposición inmediata de la autoridad competente, en este caso, del Ministerio Público o de la autoridad judicial, y en la especie, para cuando se presentó la demanda de amparo tales actos, en caso de existir, se habían consumado, pues el quejoso ya había sido puesto a disposición del Ministerio Público -y ante la autoridad judicial al parecer el catorce de septiembre de dos mil veinte-, de ahí que a nada llevaría dar el trámite correspondiente a la demanda de amparo pues los actos que señala ya no existen en la actualidad. Ello, no indica que los actos de tortura no puedan investigarse por lo que a continuación este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto, a fin de que conforme a lo señalado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice la investigación por la posible comisión del delito de tortura en contra de la integridad física de Gabriel Pérez Flores. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gabriel Pérez Flores. Vista a Ministerio Público Federal con manifestación tortura. Por otra parte, atendiendo a la manifestación formulada por la parte quejosa en el sentido de que fue torturado por elementos policíacos al parecer de investigación, el día en que fue detenido (11 de septiembre de dos mil veinte), hasta el amanecer del día doce de septiembre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 222, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, aprobada por la Cámara de Senadores, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue la existencia de algún probable ilícito. Es aplicable, por los razonamientos que la conforman, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, cuyo tenor es: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia constitucional, página 1107). Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de noviembre de dos mil veinte, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/2878/2020 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Gabriel Pérez Flores, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 793/2020-IV. Prevención Ahora bien, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en la fracciones IV y V, que a la letra disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) De las fracciones del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligada, entre otras cosas, a señalar el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables, así como a narrar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Al respecto, de la revisión integral del escrito de demanda, no se advierte con claridad cuál es el acto reclamado en la presente instancia y que la parte promovente haya proporcionado la fecha en que fue notificado del mismo, siendo indispensable que lo manifieste de manera expresa y bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, pues en el apartado IV relativo al acto reclamado señaló lo siguiente: . reclamo el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, dictado con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa judicial 281/2020, radicado ante la Jueza de control y de juicio oral de Tlaxcala, con el cual se resuelve mi situación jurídica, como probable responsable en la comisión del DELITO DE SECUESTRO EXPRESS AGRAVADO. (sic) Posteriormente, en sus antecedentes refiere: 2.con fecha 18 de diciembre de este año, continuando con la audiencia. 4. Se fijó como plazo para investigación complementaria (2) dos meses, el cual inicia el día (18) dieciocho de septiembre de dos mil veinte y fenece el día (18) de noviembre del año dos mil veinte. Sin que se desprenda con exactitud cuál es el acto impugnado y en consecuencia, la fecha en que tuvo conocimiento o le fue notificado el mismo. Por tanto, es necesario requerir a la parte promovente, para que manifieste, en forma clara y precisa esas circunstancias ya que del estudio integral de la demanda no se advierte dicha circunstancia, lo que resulta un requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda. Cobra aplicación a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 161/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2014, Décima Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. Lo anterior, es indispensable para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículo 108, fracción V, así como el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Indique de manera clara cuál es el acto que reclama en la presente instancia y la fecha en que le fue notificado el mismo. Apercibimiento Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo concedido -cinco días- contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Ahora, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Calle Morelos Número doce (12), de la Colonia Ignacio Romero Vargas de la Ciudad de Puebla, el cual se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado, no ha lugar a acordar de conformidad y tenerle por designado el mismo. Sin embargo, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y dada la trascendencia jurídica del presente proveído, se ordena notificar el presente acuerdo, a la parte promovente, en el lugar de su reclusión; requiriéndole para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, señale domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este órgano jurisdiccional, apercibido que de ser omiso, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, con independencia de las que se le realicen por ley en el centro de reclusión. Lo anterior, independientemente de que las notificaciones correspondientes le sean practicadas en el lugar en que se encuentra recluido; esto es, el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. Así también, se tienen como autorizados a Pedro Torres Popoca y Julio Cadena Xochihua, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Resguardo de discos DVD Por otro lado, dada la naturaleza del anexo adjuntado por la parte quejosa consistente en dos discos DVD, manténganse por separados como anexo, y procédase a elaborar la caratula de identificación respectiva. Señala correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se tiene a la parte promovente señalando como correos electrónicos despachotorres0@gmail.com y despachocadena2014@gmail.com, así como el número telefónico 22 24 35 07 03, los cuales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Gabriel Moreno Luna1148/2016
- Gabriel Ortega Báez413/2015
- Gabriel Palafox Marcelo232/2017
- Gabriel Parada Matamoros1510/2015
- Gabriel Parada Matamoros1073/2016
- Gabriel Pérez Flores310/2021
- Gabriel Pérez Flores1162/2023
- Gabriel Riveroll Espino165/2023
- Gabriela Angulo Vázquez341/2016
- Gabriela Angulo Vazquez979/2018
- Gabriela Angulo Vázquez141/2017
- Gabriela Arriaga Muñoz1592/2015