Gabriela Alejandra Rodríguez y Otros.

Expediente 576/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
576/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Alejandra Rodríguez y Otros.
  • Gabriela Alejandra Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de veinte de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, el auto por el que se concedió la suspensión de plano, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil veintidós. Agrega oficio y escrito de cuenta Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Jefe del Departamento de Resolución de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene informando que la menor quejosa de iniciales **********. dejó de estar bajo la tutela pública del Estado, pues el siete de julio de dos mil veintidós, fue reintegrada a su entorno familiar, a cargo de su abuela materna **********, esto con conocimiento y autorización de la diversa quejosa **********, madre de la menor. Sobresee fuera de audiencia Por tanto, de lo anterior se evidencia que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, aplicable por identidad de razones, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues en este juicio de amparo, la quejosa Gabriela Alejandra Rodríguez, por sí y en representación de su menor hija de iniciales L.S.P.R., reclamó del Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua o Instancia análoga en el ámbito Municipal, del Instituto del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, Delegación Ciudad Juárez, así como del Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, lo siguiente: La imposición de la medida cautelar de separación preventiva, del seno familiar, de su menor hija, con motivo de un procedimiento administrativo. La custodia temporal determinada a favor del Estado, y La incomunicación de su menor hija, en tanto no se le permitía tener contacto con ella. Al respecto, de las constancias que remitió el Jefe del Departamento de Resolución de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, mediante su oficio de cuenta, se advierte, en lo que interesa, lo que sigue: La comparecencia de la quejosa **********, madre de la diversa menor quejosa, el cuatro de julio de dos mil veintidós, ante la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, en esta ciudad, en la cual manifestó que propone a sus padres para que le apoyen con el cuidado de su menor hija. La comparecencia de **********, abuela menor quejosa, el seis de julio de dos mil veintidós, ante la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, en esta ciudad, quien solicitó que se contemple que se le entregue a la menor y que se compromete a brindarle los cuidados necesarios. La evaluación psicológica que se le realizó a la abuela de la menor quejosa, cuya conclusión fue que se le considera viable para el cuidado de la menor quejosa. La constancia de integración familiar, de siete de julio de dos mil veintidós, en la cual se hizo constar, que a las quince horas de esa fecha, la trabajadora social adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, con intervención de la abogada adscrita, llevó a cabo la integración familiar de la menor quejosa, a través de su abuela materna, en su carácter de familia extensa. La constancia de siete de julio de dos mil veintidós, en la cual la psicóloga adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, le hizo saber a la menor quejosa que sería reintegrada a su familia, al cuidado de su abuela materna, respecto de lo cual la niña manifestó expresamente su deseo de que así sea. Dichas constancias cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron recibidas a través del correo electrónico oficial de este Juzgado y la Secretaria adscrita certificó la fecha y hora en la cual fueron recibidas. Al respecto, por identidad de razones, se invoca la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2178, materia Común, Décima Época, con registro digital 2016852, del rubro y texto siguientes: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Lo anterior, toda vez que la menor quejosa, dejó de estar bajo la Tutelar Pública del Estado, ya que fue reintegrada a su entorno familiar, a través de su familia extensa, específicamente a cargo de su abuela materna, de tal manera que el acto inicialmente reclamado, consistente en el ejercicio de esa Tutela Pública, cesó en sus efectos jurídicos materiales, y en consecuencia, no puede estimarse ya que la menor quejosa está incomunicada, ni que su madre, aquí también quejosa, no puede establecer contacto con ella. Esto es, la situación que posiblemente vulneraba los derechos de la parte quejosa, dejó de existir, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de julio de dos mil veintidós. Agrega escrito de cuenta Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito presentado por la quejosa **********. No ha lugar a acordar de conformidad solicitud En atención a su contenido, se advierte que la promovente solicita que este juzgado requiera a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, copias certificadas del examen médico practicado a la menor quejosa de iniciales **********., a fin de que las presente en la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, pues se las solicitó dicha autoridad, a fin de estar en aptitud de resolver lo conducente en el procedimiento administrativo del cual derivan los actos aquí reclamados. Dicha petición la fundamenta en los artículos 75 y 121 de la Ley de Amparo. Al respecto, se indica a la quejosa que el párrafo tercero del numeral 75 de la Ley de la materia, así como el artículo 121, primer párrafo, del propio ordenamiento legal, prevén la posibilidad de que el Juzgado de Distrito requiera constancias a las autoridades responsables, o bien a diversas autoridades, relacionadas con los actos reclamados y con los procedimientos de los cuales deriven, para que consten en el juicio de amparo, a fin de estar en aptitud de resolverlo, pero no para que le sean entregadas a la parte interesada a fin de gestione trámites ajenos a la litis constitucional planteada, como lo pretende la promovente a través de su escrito de cuenta. Por lo tanto, no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Notifíquese en lista. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/CRMR

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil veintidós. Agrega oficio de cuenta Primero, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio de cuenta que remite el Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad. Designa representante a menor Atento a su contenido, téngase a la oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de junio del año en curso, informando al efecto que se designó a la licenciada Cindy Bernal García como representante especial de la menor quejosa de iniciales **********., en el presente juicio de amparo. Representante especial de menor protesta cargo Asimismo, agréguese a los autos el escrito presentado por la licenciada **********, mediante el cual protesta y acepta el cargo conferido como representante especial de la menor quejosa. Autorizados y domicilio En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado **********, toda vez que se encuentra registrado Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación Además, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción I de ley en cita. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la legislación de la materia, se autoriza al resto de las personas que indica en su escrito, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, toda vez que ********** y la diversa autorizada **********, cuentan con certificado digital de firma electrónica, bajo los usuarios "**********" y "**********", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee lo siguiente: Se acuerda de conformidad su petición únicamente sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Informe sobre la suspensión de plano Por otro lado, visto el informe sobre la suspensión de plano rendido por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de Chihuahua, con sede en la capital, agregue a los autos para que obre como corresponda; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Domicilio autoridad Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de Chihuahua, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe. Notifíquese en lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/CRMR

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