Gabriel Navarro García
Expediente 844/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gabriel Navarro García
- Gabriel Navarro García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa, se negó el amparo y protección de la justicia federal, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, glósese el cuadernillo formado mientras se encontraba pendiente el dictado de la sentencia en este asunto, sin que se efectúe mayor acuerdo al respecto, toda vez que en el mismo se proveyó lo conducente, de manera oportuna. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de trece de abril de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 844/2017-IV, promovido por *****, por conducto de su defensor particular. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado al día siguiente, *****, por conducto de su defensor particular, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto siguientes: 3.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: 3.1.- EN SU DOBLE CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA SEÑALO: 3.1.1.- C. JUEZ DE GARANTÍA y/o de CONTROL, *****, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, y con domicilio bien conocido en la misma. 4.- ACTO RECLAMADO: 4.1.- Señalo como lo llama la responsable, AUTO CONSTITUCIONAL O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha Cinco de Septiembre de 2017, dictado por la autoridad ya señalada como responsable, y de la cual reclamo en todos sus términos, y para tal efecto, señalo: (.) SEGUNDO. Derechos que parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dos de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 2028/2017, por el delito de abuso sexual con penalidad agravada. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 19), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 2028/2017, dictó en contra de *****, auto de vinculación a proceso, por el delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. En relación con lo anterior, el Juez de Control responsable, remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso reclamado, así como de las videograbaciones de las audiencias relativas (fojas 20 a 31). Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por el Juez de Control responsable, en ejercicio de sus funciones, quien está dotado de fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializada en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción; esto, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; se dio al quejoso la oportunidad de declarar respecto de los hechos ilícitos que se les imputaron, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por declarar en audiencia de vinculación. Precisado lo anterior, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado, en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 174. A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. Conforme a tales normas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, entre otros supuestos, en una persona menor de catorce años, con quien tenga un vínculo, entre otros, de parentesco por consanguinidad. El Juez de Control responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esta etapa procesal, el mencionado ilícito, y para determinarlo, tomó en cuenta los datos que se desprenden de la denuncia de *****, madre de la víctima, quien ante el agente del Ministerio Público, manifestó que el día trece de junio de dos mil dieciséis, le hicieron un llamado de la escuela de su hija, que ella le preguntó a ésta por qué le estaban llamando, a lo que le contestó que su abuelo materno le hizo diversos tocamientos en su área genital, específicamente en su vagina, para lo cual la sentaba en sus piernas, que esto ocurrió en el domicilio de sus abuelos, ubicado en *****; asimismo, le indicó que de esto tuvo conocimiento su hermano, el menor de iniciales *****., quien vio cuando ella estaba tratando de alejarse de su abuelo, en el momento en que le hacía dichos tocamientos. Por lo que, ante las manifestaciones de su hija, la señora Carolina decidió denunciar tales hechos. De igual forma, la madre de la víctima manifestó que vivían en la ciudad de El *****, pero que en el año dos mil quince regresaron a vivir a esta ciudad y que desde ese entonces, su padre, abuelo de la víctima, empezó a hacerle los tocamientos que la menor menciona. Asimismo, el Juez de Control responsable, tomó en cuenta los datos que se desprenden de la declaración de la propia víctima, realizada el trece de junio de dos mil dieciséis, en presencia de su madre, víctima que manifestó que tiene diez años de edad y que hacía dos semanas, su abuelo le realizó tocamientos en su vagina y en sus pechos, que incluso la besaba en la boca; asimismo, manifestó que desde que llegaron de El Paso, Texas, en el año dos mil quince, su abuelo también le realizaba tocamientos en su vagina, que su hermano *****de trece años de edad, en una ocasión presenció tales hechos, los que ocurrían en el domicilio de sus abuelos, ya indicado. Ahora bien, el hermano de la víctima emitió su declaración ante el agente del Ministerio Público, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, de la cual se desprenden datos que el Juez de Control responsable no pasó desapercibidos; en efecto, el menor ***** manifestó que tenía trece años de edad, que sus padres son ***** y *****, que aproximadamente en junio de dos mil quince, regresaron a vivir a esta ciudad, que respecto a los hechos que nos ocupan, no recuerda exactamente la fecha exacta, pero que él se encontraba en un sillón de la sala del domicilio de sus abuelos, que escuchó que su hermana estaba diciendo que "no" y entonces abrió los ojos y vio que su abuelo ** estaba tocando a su hermana en su vagina y que éste se dio cuenta de que lo vio, que su abuelo no dijo nada, que sólo se fue y que luego su hermana le pidió que no comentara nada porque tenía miedo y para que no se metiera en problemas. Continuando, el Juez de Control responsable, tomó en cuenta los datos que se desprendieron de la comparecencia ante el agente del Ministerio Público, del padre de la víctima, *****, quien si bien no presenció los hechos que nos ocupan, sí dio cuenta de lo que también a él le platicó su hija, la menor víctima, así como su esposa, esto es, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron tales hechos. Con tales datos de prueba, que se desprendieron de las declaraciones descritas, el Juez de Control responsable, acertadamente, concluyó que los hechos narrados, configuran el delito mencionado, lo que atinadamente estimó corroborado, tomando en cuenta que la víctima comentó los hechos que nos ocupan, con una trabajadora de su escuela, que fue la que llamó a su madre; así como con lo informado por la doctora *****, en el sentido de que no existen datos de algún tipo de penetración en el área ginecológica o proctológica de la víctima y por la licenciada *****, en el sentido de que la víctima presenta un grado moderado de afectación emocional, peritos médico y psicológico, que también refirieron que la víctima, en el momento en que le practicaron la revisión médica y entrevista, respectivamente, les relató los hechos ya descritos, ocurridos en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, medios de convicción los dos últimos, a los que el Juez de Control responsable otorgó valor probatorio conforme al artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se trata de peritos oficiales, con los conocimientos necesarios para emitir la opinión que se les requirió y son idóneos para aportar datos que demuestran que los hechos denunciados, configuran el delito precisado. Además, como indicó el Juez responsable, de acuerdo a los artículos 21 Constitucional y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es deber del agente del Ministerio Público, allegarse de todos medios de convicción de los que puedan extraerse datos para, en esta etapa procesal, probar aun de forma indiciaria, que los hechos denunciados, configuran el delito de que se trata. Aunado a lo anterior, acertadamente, el Juez de Control responsable, precisó que el dicho de la víctima, tratándose de delitos de índole sexual, adquiere valor preponderante, pues es sabido que tales ilícitos se llevan a cabo de forma oculta, de manera que, el dicho de la víctima, es refractario de la prueba directa, esto es, su configuración no se demuestra con datos de prueba de los que se desprenda, precisamente, que otras personas hayan presenciado los hechos, sino que, en esta etapa procesal es suficiente que se corroboren, indirectamente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, narradas por la víctima. No obstante, tal como lo mencionó el Juez de Control responsable, en este caso sí existe un testigo presencial que es el hermano de la víctima y de su declaración, así como de todos los medios de convicción descritos, acertadamente valorados en términos de los artículos 259, 260, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento, sí se desprenden datos aptos para concluir que los hechos denunciados configuran el delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado por los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues en esta etapa procesal se demostró que el sujeto activo, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecutó un acto sexual sobre la persona de la víctima, menor de catorce años, dato que se demuestra con el acta de nacimiento que exhibió la Fiscal, de la que se desprende que nació el quince de septiembre de dos mil cinco, de manera que durante la época en que ocurrieron los hechos, la menor víctima tenía diez años de edad al inicio de dicho periodo y al concluir, tenía once años. Acto sexual que consistió en realizarle tocamientos en su vagina y pechos, así como besarla en la boca, con quien tiene un vínculo de parentesco por consanguinidad, pues es su abuelo materno, esto en los periodos comprendidos del mes de junio de dos mil quince al mes de junio de dos mil dieciséis y del mes de mayo al mes de junio de dos mil dieciséis, en el domicilio del activo, ubicado en *****, en esta ciudad, respecto del cual, como mencionó el Juez responsable, existe una serie fotográfica realizada por el agente de la Policía Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, *****. Ahora bien, se estiman acertadas las consideraciones que el Juez de Control responsable esgrimió para contestar los argumentos defensivos del imputado, pues si bien es cierto que no se establecieron, por parte de la denunciante y comparecientes, incluida la víctima, las circunstancias exactas de tiempo en que ocurrieron los hechos de que se trata, lo que a consideración de la defensa trae como consecuencia que la formulación de imputación adolezca de ese dato y lo que a la postre se traduce en la imposibilidad de ejercer una debida defensa técnica; también es cierto, como lo señaló el Juez responsable, que para el esclarecimiento pleno de los hechos y circunstancias de ejecución, la etapa conducente es la de la investigación complementaria que sucede a la que nos ocupa, en la cual el agente del Ministerio Público deberá allegarse de todos los elementos de prueba necesarios para sustentar su "acusación". Además, como bien lo señala el Juez responsable, el activo sí puede defenderse de los hechos que de forma probable se le imputan, acaecidos en dos periodos establecidos de forma precisa, esto es: a) del mes de junio de dos mil quince al mes de junio de dos mil dieciséis; así como, b) del mes de mayo al mes de junio de dos mil dieciséis. De manera que, no es verdad que carezca por completo de ese conocimiento y que la imputación se haya realizado omitiendo ese dato, ciertamente exigido por el artículo 19 Constitucional y observado, en la medida en que esta etapa procesal lo requiere. Y efectivamente, como señala el Juez responsable, atendiendo a la edad de la menor víctima y de su hermano, también menor de edad, de diez u once años la primera y trece años el segundo, esto es, menores de catorce años al momento de emitir sus declaraciones ante el agente del Ministerio Público, no puede exigírseles, virtud a la etapa psicológica y cognoscitiva en que se encontraban, que relataran circunstancias exactas de tiempo -aunque aun así y a pesar de que se trata de un evento traumático, sí refirieron los periodos mencionados, de forma conteste-, pues pensar de otra manera equivaldría, efectivamente, a la imposibilidad de proceder penalmente, en todos los casos en que la víctima del delito, sea niño o incluso adolescente. Cabe destacar que el Juez de Control responsable, al contestar los argumentos defensivos del imputado, no perdió de vista que las víctimas están protegidas, respecto del actuar de las autoridades, cualquiera que sea, por la Ley General de Víctimas y el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que impliquen niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia, y que en este caso particular, la víctima pertenece a un grupo vulnerable, por su minoría de edad, respecto del cual opera el principio de interés superior del menor, y además por ser de sexo femenino, lo que lo obliga a juzgar con perspectiva de género y a velar por ese interés superior. Máxime que en el caso, como ya se expuso, sí existen datos de prueba que permiten concluir que los hechos imputados al activo, aunque sea indiciariamente, sí configuran el delito de abuso sexual con penalidad agravada y que hasta este momento procesal, las circunstancias de ejecución, tiempo, modo y lugar, sí están determinadas en la medida proporcional a la etapa de maduración de la víctima y su hermano, ambos niños en la época de los hechos. De manera que, ante esas circunstancias, como bien lo expone el Juez de Control responsable, en observancia a la situación especial de la víctima frente a la Ley, por su calidad de niña y de sexo femenino, al citado Protocolo, al interés superior del menor que debe operar en el caso y al artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe velar también por permitir su acceso a la impartición de justicia. En otro orden, para establecer la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión del delito indicado, el Juez de Control responsable, acertadamente tomó en cuenta, en principio, el señalamiento directo de la víctima, quien manifestó que su abuelo, de nombre **, realizó sobre su persona los actos sexuales ya descritos, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, ya referidas; señalamiento que tiene valor probatorio en el aspecto que nos ocupa, pues como bien lo señaló el Juez responsable, al ser la víctima, nieta del imputado, lo reconoce fielmente y aunado a tal imputación directa, se cuenta también con el testimonio presencial, del menor hermano de la víctima, de iniciales *****, quien también lo ubica directamente, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que la víctima dice, ocurrieron los hechos. Incluso, como correctamente lo estimó el Juez de Control responsable, la propia declaración del imputado *****, constituye un indicio para demostrar la probabilidad de que haya participado en la comisión del delito ya precisado, a quien además, se le hizo saber que su declaración podría ser tomada en cuenta al momento de resolver su situación jurídica, aún en su contra; imputado que si bien negó haber participado en los hechos ilícitos que se le atribuyen, lo que sí constituye un indicio sobre su probable participación en los mismos, es que aceptó que sí convivía cotidianamente con su nieta, aquí la menor víctima, así como con sus hermanos. Y aunque manifestó que a pesar de que tiene una relación cordial con toda su familia, esto no es así con *****, padre de su nieta y menor víctima, pues en una ocasión le reclamó que algunos cobros de aquél, iban a hacérselos a su casa y le pidió que no anduviera señalando su domicilio para que le efectuaran tales cobros, de manera que él pudo haberla influenciado para que manifestara los eventos de carácter sexual que narró; tal como lo advirtió el Juez de Control responsable, el imputado no demostró su versión defensiva. Lo anterior es así, pues como precisó el Juez responsable, los testimonios ofrecidos por la defensa, a cargo de *****, *****, *****, también son aptos para demostrar que el imputado convivía con la víctima; y si bien dichas testigos indicaron que nunca notaron alguna situación extraña o de índole sexual, así como que, la casa del imputado es pequeña y de cualquier lugar se puede observar todo el interior del inmueble, lo cierto es, como señaló el Juez responsable, que tales circunstancias no implican, de forma alguna, que el imputado no hubiere llevado a cabo la conducta ilícita que de forma probable se le imputa, sencillamente porque, como lo indica dicho Juzgador, no estuvieron presentes en todo momento durante los periodos en que pretendidamente se llevó a cabo. Y si bien, las testigos *****, *****, manifestaron que el imputado tenía algunas cosas por hacer en la ciudad de *****, como el Juez responsable advirtió, una de ellas manifestó que estuvo fuera de Ciudad Juárez, de enero a febrero de dos mil dieciséis, y que regresó a mitad de año, mientras que la otra, indicó que estuvo en aquélla ciudad de abril a noviembre de dos mil dieciséis, e incluso, *****, dudo respecto al momento en que el imputado salió de esta ciudad, pues en varias ocasiones dudó si ello ocurrió en el año dos mil quince o dos mil dieciséis. Ahora bien, la defensa del imputado también ofreció unas pruebas documentales relativas a un trámite de divorcio, unos escritos de alegatos de fechas veintiuno de abril de dos mil dieciséis y quince de octubre del mismo año, sin embargo, como consideró el Juez de Control responsable, con tales documentos no se demuestra que el imputado se hubiere encontrado en otra ciudad, durante la totalidad de época en que pretendidamente ocurrieron los hechos Así pues, como lo concluyó el Juez de Control responsable, valorados los indicios descritos, conforme a la sana crítica y las reglas de la lógica, así como a los conocimientos científicos, todos ellos enlazados de forma natural, es posible determinar que en este momento procesal existe la probabilidad de que *****, haya participado en la comisión del delito ya establecido, ello, conociendo la ilicitud de sus actos, pues al parecer quería y aceptaba el resultado de su conducta, esto, en calidad de autor material, conforme a los artículos 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; sin que, por otra parte, como lo estimó el Juez responsable, se encuentre demostrada, hasta este momento, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal ni excluyente de incriminación. En este aspecto, como bien argumentó el Juez de Control responsable, al aquí quejoso en momento alguno se le vulneró el principio de presunción de inocencia, pues en una resolución como la que se revisa, lo que se establece es la probabilidad de que los hechos materia de la formulación de imputación, configuren un delito, así como la probabilidad de que el imputado, haya participado en la comisión del mismo, lo que será, propiamente, la materia de la investigación subsecuente, para que entonces, el Fiscal, al momento de sustentar su acusación, si es éste el caso, demuestre plenamente tales extremos, pero en esta etapa, como lo indicó el Juez responsable, no se le está dictando sentencia en la cual se le estime plenamente responsable del ilícito que se le atribuye. Realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales, medularmente, son los que siguen: Que las pruebas que aportó el agente del Ministerio Público no son válidas, ni suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso, lo que implica que el Juez responsable vulneró el principio de legalidad, previsto en el artículo 14 Constitucional, pues resolvió por mayoría de razón o por analogía. Que el auto de vinculación a proceso reclamado carece de fundamentación y motivación. Que lo anterior es así, pues de tales indicios no se desprenden las circunstancias de ejecución, lugar y tiempo, de los hechos delictivos que nos ocupan, razón por la cual las pruebas de la Fiscalía no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional. Que tal situación, lo deja en estado de indefensión, pues no puede acreditar todo lo que hizo durante el periodo de junio de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis, sin que se especifique un día exacto en el que tales hechos ilícitos hayan ocurrido. Que además, los testigos de la Fiscalía no fueron testigos presenciales y ninguno refirió que los hechos que se le atribuyen de forma probable se hayan verificado entre junio de dos mil quince y junio de dos mil dieciséis, por lo que su valoración es deficiente, ya que los hechos de que se trata, son de realización oculta y los testigos mencionados, necesariamente son testigos de oídas, Mientras que, el testigo menor de edad que dijo haber presenciado los hechos que de forma probable se le imputan, ocurridos supuestamente entre mayo y junio de dos mil dieciséis, no manifestó el día, la fecha y la hora en que ocurrió lo que dijo haber presenciado, lo que debió restarle valor probatorio a su declaración. Que en consecuencia, tales medios de prueba no son aptos para demostrar la configuración del delito que nos ocupa, ni su probable participación en la comisión del mismo, Que respecto a su declaración, el Juez responsable, no tomó en cuenta que mencionó la mala relación que lleva con el padre de la víctima, de cuya circunstancia pudo derivar la acusación que se le hizo, con el propósito de ocasionarle un perjuicio y además, la valoró equivocadamente, al restarle valor probatorio por no estar corroborada su versión de los hechos, Lo anterior, a pesar de que sus testigos, manifestaron que en el lugar en el que supuestamente ocurrieron los hechos, siempre hay personas, pero que de igual forma el Juez responsable no les otorgó valor probatorio, Que se vulnera en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues él negó los hechos que en forma probable se le imputan y ante su negativa, resulta contrario a Derecho que se le obligue a probar tal negativa o en otras palabras a probar él mismo su inocencia, indicando al respecto que el Juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso que reclama, obedeciendo, más bien, a un "principio de presunción de culpabilidad". Pues bien, los conceptos de violación identificados con los incisos a) y b), son infundados, pues como se estableció al momento de realizar el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, los datos -no las pruebas- que se desprendieron de las diligencias desahogadas durante la carpeta de investigación, sí son aptas para demostrar, en este momento procesal y en grado de probabilidad, tanto que los hechos materia de la formulación de imputación constituyen el delito ya establecido, como que el aquí quejoso, participó en su comisión; además, el auto de vinculación a proceso reclamado, sí está debidamente fundado y motivado, pues como ya se expuso, el Juez de Control responsable, dio cuenta exhaustivamente de los motivos que tuvo para estimar que los extremos mencionados se encuentran demostrados, se insiste, en grado de probabilidad y fundamentó coherentemente tal determinación. Mientras que, los conceptos de violación descritos en los incisos c) y d), son infundados de igual forma, pues el hecho de que no se haya precisado el día o días en que el quejoso, probablemente realizó la conducta ilícita en la persona de la víctima, no lo deja, de forma alguna, en estado de indefensión, pues sí se establecieron claramente dos periodos de tiempo que, conforme a los datos que se desprendieron de la carpeta de investigación, son aquellos en los que se desplegó, probablemente y de forma permanente, en términos del artículo 17, fracción II, del Código Penal Federal, la conducta ilícita que nos ocupa, tan es así, que durante la audiencia de vinculación a proceso, quedó claro que la teoría del caso de la defensa, consiste en demostrar que, precisamente en esos periodos, el quejoso no se encontraba en esta ciudad, de manera que, no pudo haber sido responsable, ni aún en grado de probabilidad, de la conducta que se le imputa. Ahora bien, los conceptos de violación descritos en los incisos e), f), g), h) e i), también son infundados, pues aun cuando los testigos de la fiscalía no fueron testigos presenciales de los hechos que nos ocupan, esto es, los padres de la menor víctima (inciso e)), ello no implica de forma alguna que no sean aptos para demostrar, en grado de probabilidad, el delito mencionado, ni que Juez de Control responsable les haya otorgado valor probatorio erróneamente, pues como dicho Juez lo precisó en el auto de vinculación a proceso reclamado, el delito que nos ocupa, por ser de índole sexual, es refractario de la prueba directa, esto es, no se comprueba a través de pruebas directas o, en términos de los argumentos del quejoso, a través de testigos presenciales, pues por su naturaleza, se llevan a cabo de forma oculta, esto último lo acepta el propio quejoso, además, el Juez responsable les otorgó a dichos testimonios valor probatorio de indicio, en la medida en que dieron cuenta de las circunstancias que la menor víctima les narró, no en virtud de que hubieran presenciado los hechos. Continuando, argumenta el quejoso, que el testigo menor de edad, si bien dijo haber presenciado los hechos ocurridos entre mayo y junio de dos mil dieciséis, no manifestó el día, la fecha y la hora, en que ello ocurrió (inciso f)), sin embargo, el Juez responsable fue claro en indicar que debido a la edad de dicho testigo, a su grado de desarrollo emocional y cognoscitivo, no puede exigírsele tal precisión, pero sí puede tomarse en cuenta que a pesar de que los hechos que nos ocupan, tanto para él como para su hermana, la menor víctima, resultan traumáticos, sí dio cuenta de ellos relatando con precisión lo que observó por sí mismo, a través de sus sentidos, de manera que, no existe razón alguna, al menos en este momento, para anular su valor probatorio, ni para considerar que dicho testimonio presencial y los de oídas, no son aptos para motivar y fundamentar el auto de vinculación a proceso reclamado (inciso g)). Apoya lo anterior, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 23 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, tomo III, febrero de 2014, página 2584, que consta del rubro y texto siguientes: PRUEBA TESTIMONIAL DE UN MENOR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA MINORÍA DE EDAD, POR SÍ MISMA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ RECIBA SU DECLARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, EN ABROGACIÓN PAULATINA). Conforme a los artículos 407, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en abrogación paulatina, el juzgador no puede dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes; además, toda persona puede ser examinada como testigo cualquiera que sea su edad, pero los menores de dieciséis años no serán intimados, sino exhortados a declarar verazmente. Preceptos de los que se colige que la minoría de edad de un testigo, por sí misma, no impide que el Juez reciba su declaración dentro del procedimiento penal. Lo anterior, toda vez que el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, sólo prohíbe los careos entre el acusado y la víctima u ofendido menor de edad en los delitos de violación o secuestro. No obstante, tal precepto establece que las demás declaraciones del menor (que no constituyan careos) se desahogarán en las condiciones que establezca la ley. Por su parte, tampoco en los tratados suscritos por el Estado Mexicano existe alguna disposición que prohíba recibir en un juicio penal el testimonio de una persona menor de edad. Ciertamente, el Estado debe velar por el interés superior de la niñez, de conformidad con el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal; sin embargo, está obligado a respetar el derecho a una debida defensa de toda persona acusada de la comisión de un delito, de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del citado artículo 20 constitucional. Por tanto, en atención a los principios hermenéuticos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, previstos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Carta Magna, el Juez debe armonizar ambos derechos fundamentales, es decir, debe respetar el derecho del procesado de allegar al juicio las pruebas que estime pertinentes para su defensa y garantizar su desahogo, de manera que no afecte injustificada o excesivamente a los menores involucrados con el proceso; para ello, el juzgador debe adoptar las previsiones necesarias para garantizar que el desahogo del testimonio no sea una experiencia traumatizante para el niño, como las enunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO." También es infundado que el Juez responsable haya omitido tomar en cuenta el argumento del quejoso, en el sentido de que llevaba una mala relación con el padre de su nieta y que de ello pudiera derivar la "acusación" (sic) que se le realizó, con el propósito de perjudicarlo (inciso h),, pues el Juez de Control responsable no pasó desapercibida tal manifestación, tan es así, que al respecto le indicó, que tal argumento defensivo, hasta este momento, no está demostrado. De igual forma, es infundado el argumento del quejoso en el sentido de que el Juez de Control responsable no tomó en cuenta que los testigos que él ofreció y desahogó, durante la audiencia de vinculación a proceso, mencionaron que en el lugar en que pretendidamente ocurrieron los hechos que nos ocupan, siempre hay personas (inciso i)), pues al respecto el Juez de proceso le indicó que ello no implicaba, necesariamente, que no exista la probabilidad de que él haya cometido el delito que se le imputa y aunado a ello, es imposible que tales testigos hayan estado absolutamente todo ese tiempo en compañía del quejoso, de manera que puedan asegurar, que no realizó la conducta ilícita que de forma probable se le imputa. Por último, es infundado el concepto de violación identificado con el inciso k), sencillamente porque en ningún momento y de forma alguna, se le está obligando a probar hecho alguno, por el contrario, precisamente en atención al principio de presunción de inocencia, en su vertiente de "trato procesal", es el Fiscal quien, durante la etapa de investigación del proceso penal que se le sigue, debe recabar las pruebas que, en su momento, sustenten su acusación para que entonces, en una etapa procesal diversa, el quejoso sea enjuiciado, esto es, sea considerado o no, penalmente responsable del delito que ahora, sólo se le imputa en grado de estricta probabilidad a fin de no anticipar culpabilidad, ni imposición de pena alguna; esto, tal como se lo hizo saber el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 24/2014 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 497, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2006092, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *****, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control responsable, el día cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 2028/2017, por su probable participación en el delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *****, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada *****, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *****, hasta el día de hoy, trece de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de los corrientes. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *****, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante el Secretario *****, que autoriza y da fe. Doy Fe.RJVM
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio de cuenta, mediante el cual el Vocal del Registro Federal de Electores, atiende al requerimiento efectuado por este juzgado y al efecto informa un domicilio donde emplazar a la parte tercero interesada. Se comisiona a la Actuaria adscrita para que se constituya en el inmueble ubicado en *******, y una vez cerciorada de que es el correcto, emplace a juicio a ******* (así como, por su conducto, a la menor de iniciales *******), para lo cual deberá correrle traslado con copia simple de la demanda y hacerle saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con diez minutos del cinco de enero de dos mil dieciocho), a efecto de que comparezca a juicio, si a sus intereses conviene. Lo que antecede, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
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