Gabriel Soria Cuevas
Expediente 262/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/06/2022
Partes del expediente
- Gabriel Soria Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de junio de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de abril del año en curso, remite copia certificada de constancias del expediente laboral 202/2020 de su índice administrativo. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa son: El incumplimiento por parte de la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en lo referente al no acatar los términos previstos dentro de la misma, toda vez que la autoridad responsable a la fecha ha sido omisa en llevar a cabo la calificación de las pruebas aportadas por las partes dentro del expediente natural, no obstante haber sido desahogada a las 9:30 horas del día 10 de agosto del año 2021 la audiencia de ofrecimiento de pruebas, reservándose un término prudente para emitir el acuerdo de admisión de pruebas , habiendo transcurrido en exceso el término que señala el artículo 125 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado y Municipios de Baja California: Artículo 125.- El Tribunal de Arbitraje, al concluir la audiencia de ofrecimiento de pruebas, y dentro de los diez días siguientes, las calificara y fijara la fecha para el desahogo de aquellas que hubiere admitido. El Tribunal de Arbitraje desechara aquellas pruebas que no tengan relación con la Litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando los motivos para ello." Incumpliendo con dicho termino y en exceso al omitir calificar las pruebas y fijar fecha para el desahogo de aquellas que hubieren admitido, reclamando desde luego todas las consecuencias legales que deriven de dicho acto. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****El acto reclamado en estudio consiste en la omisión por parte del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de dictar el acuerdo correspondiente sobre la calificación de admisión o no de las pruebas ofertadas por las partes; mismo que quedó satisfecho en virtud del auto de de cuatro de mayo del año en curso, que proveyó respecto de las pruebas ofertadas en el juicio laboral 202/2020. Constancia remitida en copia certificada por la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, documental que, por cierto, tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; asimismo se advierte que la autoridad responsable dicto el auto donde atendió las pruebas ofertadas; es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado consistente en las consecuencias legales que deriven de dicho acto, importa destacar, que la fijación de la litis en el presente juicio se realiza tomando en cuenta la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural y de la constancia enviada por la autoridad responsable de advierte que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, proveyó sobre la procedencia de las pruebas ofertada de las partes, por lo que la protección constitucional no puede ocuparse de actos posteriores al dictado de dicho auto -futuros e inciertos-. ***Bajo esas circunstancias, respecto a dicho acto de autoridad que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 fracción I y 75, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. (.)". El artículo 1, fracción I, de la ley de la materia transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama, las consecuencias legales que deriven de dicho acto; sin embargo, el auto en el que se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofertadas es el cuatro de mayo de dos mil veintidós, por lo que los actos posteriores para el desahogo de las mismas resulta un acto futuro, de lo que se concluye que tales actos son probables o eventuales y no existentes ni concretos. *****Pues bien, si se toma en cuenta el criterio invocado en líneas superiores como parámetro para el acto reclamado en estudio, se tiene que a la fecha en que se dictó el auto de admisión de las mismas, a saber, el cuatro de mayo de dos mil veintidós a la fecha del presente acuerdo, han transcurrido cuatro días naturales. Es por lo anterior, que se arriba a la conclusión que el acto reclamado en estudio es futuro e incierto. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. *** "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo. Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. *****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ****, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 16 DE MAYO DE 2022, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a once de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de abril del año en curso, remite copia certificada de constancias del expediente laboral 202/2020 de su índice administrativo. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa son: El incumplimiento por parte de la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en lo referente al no acatar los términos previstos dentro de la misma, toda vez que la autoridad responsable a la fecha ha sido omisa en llevar a cabo la calificación de las pruebas aportadas por las partes dentro del expediente natural, no obstante haber sido desahogada a las 9:30 horas del día 10 de agosto del año 2021 la audiencia de ofrecimiento de pruebas, reservándose un término prudente para emitir el acuerdo de admisión de pruebas , habiendo transcurrido en exceso el término que señala el artículo 125 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado y Municipios de Baja California: Artículo 125.- El Tribunal de Arbitraje, al concluir la audiencia de ofrecimiento de pruebas, y dentro de los diez días siguientes, las calificara y fijara la fecha para el desahogo de aquellas que hubiere admitido. El Tribunal de Arbitraje desechara aquellas pruebas que no tengan relación con la Litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando los motivos para ello." Incumpliendo con dicho termino y en exceso al omitir calificar las pruebas y fijar fecha para el desahogo de aquellas que hubieren admitido, reclamando desde luego todas las consecuencias legales que deriven de dicho acto. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: **La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica.De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****El acto reclamado en estudio consiste en la omisión por parte del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de dictar el acuerdo correspondiente sobre la calificación de admisión o no de las pruebas ofertadas por las partes; mismo que quedó satisfecho en virtud del auto de de cuatro de mayo del año en curso, que proveyó respecto de las pruebas ofertadas en el juicio laboral 202/2020. Constancia remitida en copia certificada por la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, documental que, por cierto, tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; asimismo se advierte que la autoridad responsable dicto el auto donde atendió las pruebas ofertadas; es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo.Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado consistente en las consecuencias legales que deriven de dicho acto, importa destacar, que la fijación de la litis en el presente juicio se realiza tomando en cuenta la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural y de la constancia enviada por la autoridad responsable de advierte que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, proveyó sobre la procedencia de las pruebas ofertada de las partes, por lo que la protección constitucional no puede ocuparse de actos posteriores al dictado de dicho auto -futuros e inciertos-. ***Bajo esas circunstancias, respecto a dicho acto de autoridad que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 fracción I y 75, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:*****acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. El artículo 1, fracción I, de la ley de la materia transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos.En el caso a estudio, la parte quejosa reclama, las consecuencias legales que deriven de dicho acto; sin embargo, el auto en el que se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofertadas es el cuatro de mayo de dos mil veintidós, por lo que los actos posteriores para el desahogo de las mismas resulta un acto futuro, de lo que se concluye que tales actos son probables o eventuales y no existentes ni concretos.*****Pues bien, si se toma en cuenta el criterio invocado en líneas superiores como parámetro para el acto reclamado en estudio, se tiene que a la fecha en que se dictó el auto de admisión de las mismas, a saber, el cuatro de mayo de dos mil veintidós a la fecha del presente acuerdo, han transcurrido cuatro días naturales.Es por lo anterior, que se arriba a la conclusión que el acto reclamado en estudio es futuro e incierto. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos.Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. *****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. ***Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Del estado del juicio se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, dado que no obra en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por tanto se provee lo siguiente: Requerimiento. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita la totalidad de constancias del juicio de origen 202/2020 de las que emanan los actos reclamados, documentales que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio, mismas que deberán remitir en copia certificada. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa, en lo particular, equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del salario Mínimo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las catorce horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese.
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