Gabriel John López Llacuachaqui
Expediente 301/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/04/2023
Partes del expediente
- Gabriel John López Llacuachaqui
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de abril de dos mil veintitrés. Firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidentes. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para devolver. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Ciudad Córdoba; atento a su contenido, se acuerda lo siguiente: Informa. Se tiene al órgano jurisdiccional de referencia, informado en relación a la solicitud efectuada en autos el tres de enero de dos mil veintitrés, y manifiesta que aún se encuentra pendiente la diligenciación del exhorto 364/2022, número de orden 441/2022 del índice de este juzgado de distrito, virtud que aún no ha sido devuelto el despacho girado al Juez Municipal de Soledad Atzompa, Veracruz, por lo que, requirió nuevamente a dicho juzgado a fin de que informen lo conducente; lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Cumple requerimiento. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en autos, e informa que el directo quejoso no se encuentra a su disposición, ni se ha encontrado alojado en dicha estación migratoria, por lo que, no tiene información sobre el mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, de las 16:00 horas del 13 de marzo de 2023 y hasta las 15:00 horas del 17 siguiente, por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial comunicado mediante oficio CCJ/ST/943/2023, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. *****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****En el caso, la quejosa Gabriel John López Llacuachaqui, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: ***** De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa se duele de estar alojados en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su deportación o traslado. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el nueve de marzo del año en curso, se otorgó al ahora gestor del amparo la condición de estancia de visitante por permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que lo dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada, ya que se le otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se les restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ***** Se dejan sin efectos la suspensión de plano decretada Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintitrés. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas del treinta de marzo de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente la parte promovente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el Librado Heriberto Trujillo González, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones con relación al acatamiento a la suspensión de plano concedida, refiriendo que *****, "es problable" que haya sido trasladado a la Estación Migratoria ubicada en Tijuana, Baja California, o a la Estación Migratoria de Villa Hermosa, Tabasco, así como que desconoce su paradero actual, por lo que solicita se retorne a dicho quejoso a la estación migratoria de Mexicali, Baja California. Requerimiento a autoridades. Atento a lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, con copia del escrito de cuenta, gírese oficio a la autoridad responsable y requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes en que sea notificada del presente proveído, informe la situación migratoria del quejoso *****, esto es, informe si el quejoso fue trasladado a otro lugar, o bien, si continúa alojado en sus instalaciones, o fue puesto en libertad, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. En el entendido que subsisten los apercibimientos decretados con relación a la suspensión de plano concedida. Notifíquese.
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