Gabriel Sandoval Pérez
Expediente 874/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gabriel Sandoval Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por el quejoso Gabriel Sandoval Pérez, como lo solicita y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que alude; de igual forma, se autoriza su entrega a la persona que refiere, previa identificación con fotografía de la persona que y razón que se deje asentada en autos de dicha entrega. Notifíquese.
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El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifica: a) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diez al veintitrés de abril del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. b) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. c) Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. d) Que existe un DVD por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este juzgado el veintisiete de marzo del año en curso, la que negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de distrito judicial de la capital, el DVD que remitió con apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 874/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Gabriel Sandoval Pérez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, Adrián Rodríguez Rodríguez. Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, Anaid Arellano Alvarado. Actos reclamados: De la primera autoridad responsable: a) La resolución pronunciada el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, por el mencionado juez responsable, en la causa 35/2017, en relación con la impugnación de determinación de abstención de investigación realizada por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta. De la referida agente del ministerio público: b) La citada determinación de abstención de investigación, de siete de mayo de dos mil diecisiete, emitida en la carpeta de investigación 2229/2013. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, en proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó su registro bajo el expediente 874/2017; se desechó parcialmente en relación con el acto reclamado de la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, Anaid Arellano Alvarado, consistente en la determinación de abstención de investigación de siete de mayo del año en cita, emitida en la carpeta de investigación 2229/2013. Lo anterior, al advertirse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que de las constancias del citado procedimiento se advierte que habían cesado los efectos de la mencionada determinación reclamada, por haber sido sustituida procesalmente por la diversa determinación de veinte de septiembre del año próximo pasado, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. Por tanto, se admitió a trámite la demanda de mérito únicamente por lo que respecta al acto atribuido al mencionado juez; se le solicitó el informe justificado respectivo; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar a los terceros interesados, y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la autoridad responsable reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad: La determinación de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 35/2017, relativo a la impugnación de la determinación de abstención de investigación de la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta con sede en esta ciudad, dictada en la carpeta de investigación 2229/2013. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Juez de Control del distrito judicial de la capital, toda vez que así se desprende de su informe con justificación que al efecto rindió (foja 22). Además, la existencia del acto reclamado de dicha autoridad responsable, se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistentes en copia certificada de la transcripción de la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete y del audio y video (DVD) de la audiencia de impugnación. Documentales, tanto la consistente en el formato DVD, que se considera como tal, como la copia certificada ante mencionada, a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, respecto al formato DVD, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, tampoco el suscrito Juez de Distrito, advierte de oficio su actualización, en consecuencia al no haber operado ninguna causa de improcedencia, resulta conducente emprender el estudio de fondo planteado en la demanda. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, de ser necesario para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), como se argumentará a continuación. Del contexto integral de la demanda se advierte que el quejoso señala, como primer concepto de violación el que hace valer en el capítulo que denomina actos reclamados, en el sentido de que la desacertada aplicación de la ley ocasiona manifiesta violación de sus garantías individuales. En el capítulo relativo a conceptos de violación, manifiesta: 1. El juez responsable dictó determinación que si bien está apegada a derecho, no veló por su derecho de reabrir la investigación. 2. El fraude se consuma desde el mismo momento en que se celebra el primer acuerdo entre las partes, sin embargo, considera que se encuentra en el supuesto de que aun cuando conocía la identidad los sujetos que le estaban vendiendo los terrenos, no conocía que en ese momento estaba siendo defraudado. 3. La autoridad responsable pudo pronunciarse a demandar al Estado por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado su derecho a la reparación del daño, así como respecto a la responsabilidad en que pudiera haber incurrido la agente del ministerio público e iniciarse una carpeta de investigación, dado que los servidores públicos son sujetos de responsabilidad por los actos u omisiones que realicen derivados de sus funciones. Para mayor claridad del asunto es necesario precisar, que de las constancias que integran la causa penal 35/2017, así como la carpeta de investigación ministerial número 2229/2013 del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta Capital, a que se hizo referencia en la audiencia que culminó con la resolución de impugnación de determinación ministerial que constituye el acto reclamado, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: a) Por escrito de cuatro de abril de dos mil trece, al que recayó acuerdo de radicación por parte del ministerio público, el diecisiete siguiente, el aquí quejoso Gabriel Sandoval Pérez, denunció hechos probablemente constitutivos del delito de fraude, en contra de Yajaira Karina Acevedo Jiménez y José Cruz Saucedo Alaníz. b) A la carpeta de investigación ministerial relativa a tales hechos, le correspondió el progresivo 2229/2013 y el cinco de mayo de dos mil diecisiete, la agente del Ministerio Público antes mencionada, emitió determinación de abstención de investigación. c) Contra la determinación antes mencionada, el quejoso presentó recurso de impugnación el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, del que conoció el juez responsable, por lo que en audiencia de veinte de septiembre del año en cita, emitió la resolución correspondiente, la que obra en el mencionado disco digital, y además a fojas de la 23 a la 26 de autos, copia certificada de la transcripción de dicha resolución. La anterior resolución constituye el acto reclamado. Ahora bien, de la resolución reclamada, se advierte que, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitió determinación de abstención de la investigación, basándose en la circunstancia de que había prescrito el delito de fraude por el que se denunció a los posibles imputados; al resolver la impugnación que contra dicha determinación interpuso el ahora quejoso, el Juez de Control del distrito judicial de la Capital la dejó intocada al considerar que efectivamente había operado la prescripción de la acción penal. Para resolver en el mencionado sentido, el referido juez responsable tomó en consideración lo siguiente: 1. El artículo 93 del Código Penal del Estado establece que la prescripción extingue la acción penal y la facultad de ejecutar las sanciones impuestas. 2. Que el diverso numeral 96 del código en mención dispone, que para establecer los términos de la prescripción de la acción penal, los plazos son continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito si fuere consumado, por lo que si el delito de fraude por el que se presentó la denuncia es de consumación instantánea, el término debe computarse desde el día en que se cometió. 3. El citado delito se tuvo por consumado el treinta y uno de agosto de dos mil once, debido a que los hechos que dieron origen al mismo, consistieron en que la víctima informó que en los últimos días de dicho mes, compró a los posibles imputados unos terrenos, de los que en el momento que realizaron el contrato les entregó la cantidad de veinticinco mil pesos, sin que le hubieran sido entregados materialmente, y dado que siempre lo trajeron con evasivas, se dio a la tarea de investigar vía internet, dándose cuenta que el posible imputado José Cruz Saucedo Alaníz tenía orden de aprehensión por delito de fraude y además diversas personas que también habían adquirido terrenos con el antes mencionado y su esposa, le dijeron que el mismo se encontraba en prisión, por lo que procedió a realizar su denuncia. 4. Como fecha de la denuncia se tomó en consideración el cuatro de abril de dos mil trece y en cuanto al precepto que prevé el delito de fraude, se tuvo en consideración que de acuerdo a la época en que se consumó, resultaba aplicable el código vigente desde fecha anterior a la en que se estimó consumado el delito, por lo que se aplicó el artículo 339, fracción III, del Código Penal del Estado de Zacatecas, que establece: "339.- Comete el delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. El delito de fraude se sancionará: III.- Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de dos a seis años y multa hasta de ciento cincuenta cuotas; ." La fracción anterior, porque atendiendo a la cantidad que la víctima entregó en pago de los terrenos materia del delito, que fue de veinticinco mil pesos, la cual, de acuerdo al salario mínimo de aquella época, que era de $56.70 (cincuenta y seis pesos con setenta centavos) daba como resultado cuatrocientos cuarenta cuotas, que excede de trescientas, pero no de quinientas, como lo indica dicha fracción. 5. También se tomó en consideración el diverso artículo 98 del código en cita, que señala que la acción penal prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, así como el diverso numeral 102 del propio ordenamiento legal del que se desprende que la prescripción de las acciones se interrumpe por las actuaciones que se practiquen por el ministerio público, pero que esas actuaciones tienen que ir encaminadas a averiguar el delito y la identidad de sus autores, y que si se deja de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. 6. De igual forma, el numeral 113, que en realidad corresponde al 103 del mencionado código sustantivo, que dispone que la prescripción ya no se interrumpirá cuando la denuncia se realiza después de transcurrida la tercera parte del término de la prescripción. Y, con base en lo anterior concluyó que, si la sanción privativa de libertad conforme a la aludida fracción, es de dos a seis años, el término medio aritmético es de cuatro años y por tanto, la tercera parte de estos, un año cuatro meses, asimismo, que en atención a ello, si entre la fecha en que se tuvo por consumado el delito, treinta y uno de agosto de dos mil once, y la diversa en que se estimó fueron denunciados los hechos, cuatro de abril de dos mil trece, transcurrió un año siete meses y cuatro días, para cuando se presentó la denuncia ya había transcurrido la tercera parte del término medio aritmético de referencia, y por lo tanto ya se encontraba prescrita la acción penal. Ello, porque señaló, que el plazo de la prescripción no se interrumpió con la denuncia debido a que ya para entonces había transcurrido la tercera parte del término medio aritmético y conforme a lo dispuesto en el artículo 113, cuyo número correcto es 103, una vez ocurrido lo anterior, lo único que interrumpe la prescripción es la aprehensión del imputado. Ahora bien, respecto al tema de la prescripción los artículos citados por la responsable textualmente disponen: "93.- La prescripción extingue la acción penal y la facultad de ejecutar las sanciones impuestas". "94.- La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento". "96.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa o de delito imposible". "98.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de tres años". "102.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el juez, en la averiguación acerca del delito y sus autores aunque, por ignorarse quienes sean éstos, no se encaminen las diligencias contra persona determinada. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia". "103.- Lo prevenido en la primera parte del artículo anterior no comprende el caso en que las diligencias comiencen a practicarse después de que hubiere transcurrido ya la tercera parte del término de la prescripción, computado en la forma prevista en el artículo 96; entonces la prescripción continuará corriendo y ya no podrá interrumpirse, sino por la aprehensión del inculpado. Lo dispuesto en la parte final del mismo artículo anterior, tampoco comprende el caso en que las actuaciones quedaren interrumpidas por un tiempo igual a la cuarta parte del término de la prescripción. Entonces ésta no podrá ser interrumpida sino por la aprehensión del inculpado". De los artículos transcritos se advierten las reglas específicas en las que la prescripción en materia penal opera, esto es, que los delitos se clasifican por el momento de su consumación y prolongación en el tiempo, en instantáneos, permanentes o continuos y continuados. Que la prescripción extingue la acción penal y las sanciones, es personal y, para que opere, bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley y puede ser declarada de oficio o a petición de parte en etapa del procedimiento. Que los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán a partir de: el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa o de delito imposible. Por otra parte, conforme al mencionado artículo 98, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de tres años. Y, de acuerdo con los dos últimos numerales citados, la prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el ministerio público o por el juez, en la averiguación acerca del delito y sus autores, sin que ello pueda ocurrir cuando las diligencias respectivas comiencen a practicarse después de que haya transcurrido la tercera parte del término de la prescripción. Luego, de acuerdo a lo anterior, la responsable aplicó en forma exacta los mencionados artículos, y por lo tanto, estuvo en lo correcto al determinar que en el caso había operado la prescripción de la acción penal, ya que efectivamente, conforme a la sanción prescrita para el delito de fraude en el artículo 339, fracción III, del Código Penal del Estado vigente en la época en que ocurrieron los hechos, que es de dos a seis años de prisión, el término medio aritmético es de cuatro años y la tercera parte de dicho término corresponde a un año cuatro meses. En razón de ello, si el delito de fraude por el que denunció el ahora quejoso, se tuvo por consumado el once de agosto de dos mil once y la denuncia se estimó presentada el cuatro de abril de dos mil trece, haciendo el cómputo respectivo, entre esas fechas transcurrió un año siete meses y veinticuatro días, lo que significa que para esta última fecha ya había transcurrido la tercera parte del término requerido para la prescripción, que como se dijo es de un año cuatro meses; y, que por lo tanto, la prescripción de la acción no quedó interrumpida como lo establece el numeral 103 del Código Penal del Estado, sino que dicha prescripción continuó corriendo al no poder interrumpirse precisamente por el tiempo transcurrido, por lo que la autoridad responsable actuó en forma correcta al determinar que quedaba intocada la determinación de abstención de investigación impugnada. Por tanto, con la resolución emitida por el juez responsable no se viola garantía alguna en perjuicio del quejoso, pues contrariamente a lo que aduce el primer concepto de violación no existió inexacta aplicación de la ley, resultando por lo tanto procedente negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Lo anterior sin que pase inadvertida para el suscrito Juez Federal, la circunstancia de que la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción en su pedimento 1462/2017, agregado a fojas 78 a 82 de autos, solicite se conceda al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, apoyándose en ello en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 18/2017 (10a.), resultado de la contradicción de tesis 342/2015, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; consultable en la página 425, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2014288, de rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS). Los artículos 86 del Código Penal para el Estado de Colima abrogado y 92 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave abrogado disponen, en condiciones similares, que los delitos perseguidos de oficio prescriben en un término que resulta de la media aritmética de la pena privativa de la libertad, la cual no podrá ser menor a tres años. Ahora bien, de acuerdo con los artículos 96 y 98 de los códigos referidos, respectivamente, se advierte que la prescripción de la acción penal se interrumpe por las actuaciones practicadas en la investigación del delito; de ahí que, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público, dentro de la media aritmética del delito, interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal, pues no resulta lógico ni razonable que el plazo continúe si el afectado ya hizo del conocimiento del Estado la comisión del hecho delictivo. Considerar que la denuncia no interrumpe el término para que opere la prescripción, implicaría dejar en estado de indefensión a la víctima u ofendido del delito, pues sus derechos quedarían a expensas de la voluntad de la representación social. En conclusión, una vez que el ofendido presenta su denuncia ante el órgano ministerial, el cómputo del término prescriptivo inicia nuevamente". Pues si bien es cierto que hace referencia a cuestiones similares a las que aquí se analizaron, particularmente, a delitos que se persiguen de oficio, como ocurre en el caso en que el delito de fraude por así advertirse del Código Penal del Estado, asimismo, que los artículos que se citan prevén lo relativo a la prescripción de la acción penal en términos similares a los aplicables al caso, y que dicha jurisprudencia establece que la presentación de la denuncia ante el ministerio público interrumpe el término para que opere la prescripción de la acción penal, por lo que pudiera estimarse aplicable; ello no ocurre así, ya que como se advierte de la ejecutoria relativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó: "Así, deberá considerarse que tanto la denuncia como las actuaciones subsecuentes emitidas por la autoridad investigadora interrumpen la prescripción de la acción penal, lo cual se justifica de tal forma, porque la sanción de la prescripción de la acción persecutoria se da por el abandono del Estado a ejercer la prerrogativa que tiene de investigar y buscar que se sancione una conducta considerada delictiva por la ley. En este sentido, no puede considerarse que exista inactividad por parte del Estado cuando ya se presentó una denuncia -aunque aún no hubiese recaído una actuación del Estado en atención a la misma-. Lo anterior, en virtud de que interpretar en otro sentido implicaría que aun cuando se hizo del conocimiento del Estado la comisión de un ilícito, seguirá computándose el tiempo para efectos de la prescripción de la acción penal, lo que implica restar valía a la presentación de la denuncia. 96. Todo lo anterior, siempre y cuando las actuaciones se practiquen antes de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, de acuerdo con la legislación del Estado de Colima; o una tercera parte, de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado de Veracruz, pues en caso contrario no se interrumpirá". Lo que significa que, como ya se dijo, si el artículo 103 ya citado, establece que las actuaciones que practique el ministerio público después de que transcurrió la tercera parte del término necesario para la prescripción de la acción penal, no interrumpen dicha prescripción, en el caso, ni la denuncia ni las posteriores actuaciones realizadas en la carpeta de investigación 2229/2013, interrumpieron la prescripción de que se trata, por lo que la misma siguió corriendo. Así pues, resultan infundados también los diversos conceptos de violación que el impetrante del amparo hizo valer en el capítulo relativo a ellos, pues por lo que se refiere al sintetizado en el número uno, como bien lo indica el quejoso, el juez responsable dictó una determinación que está apegada a derecho, lo cual, contrario a lo que el mismo pretende, no le permitió ordenar que se reabriera la investigación, dado que como quedó precisado, para cuando presentó su denuncia ya había prescrito la acción penal. En lo que respecta al señalado con el número dos, cabe decir, que no asiste razón al ahora quejoso, pues la circunstancia de que en el momento en que consideró consumado el delito de fraude por el que presentó denuncia, treinta y uno de agosto de dos mil once, no haya tenido conocimiento de que estaba siendo defraudado, no significa que se tuviera que esperar a que ello ocurriera para iniciar el cómputo de la prescripción, ya que el numeral 96 del Código Penal del Estado, a que se ha hecho mención, dispone que para establecer los términos de la prescripción de la acción penal, los plazos son continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito si fuere consumado, por lo que si el delito de que se trata es de consumación instantánea, el término debe computarse desde el día en que cometió, es decir, desde que celebraron el contrato de compraventa de los terrenos a que se alude en la denuncia. Tiene aplicación al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número VI.2o.P. J/7, visible en la página 833, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, Y NO CUANDO EL OFENDIDO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El actual artículo 131 del Código de Defensa Social de esa entidad federativa establece que la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponde al delito, pero ni dicho numeral, ni los diversos 402, 403 y 404 de ese ordenamiento, permiten inferir que el cómputo para la prescripción en el delito de fraude debe comenzar a correr a partir de que el sujeto pasivo tiene conocimiento del delito, pues los preceptos acabados de citar sólo aluden a los tipos penales de fraude genérico y otros específicos, como a las sanciones relativas; por el contrario, el numeral 133 del ordenamiento mencionado señala que la acción persecutoria que nazca de un delito, sea o no continuo, que sólo pueda perseguirse por querella de parte, prescribirá en dos años, a partir de la consumación o primer acto de ejecución; de allí que si el fraude se persigue por querella (artículo 416), es inconcuso que, sea instantáneo o continuo, el plazo de la prescripción, siempre, por disposición de la ley, debe comenzar a computarse a partir de la consumación o del primer acto de ejecución, y no cuando la víctima tenga conocimiento de que se cometió en su perjuicio ese delito patrimonial, dado que esta interpretación no encuentra apoyo en la ley". Tocante al concepto de violación sintetizado en el número tres, es infundado, toda vez que contrario a lo que aduce el quejoso, por una parte, la autoridad responsable no estaba en posibilidad de pronunciarse respecto al derecho que en su caso pudiera tener a la reparación del daño, debido a que, al declararse prescrita la acción penal, no pudo continuarse con el procedimiento de investigación respectivo y menos todavía hacer pronunciamiento alguno en cuanto a dicha reparación del daño. Por otra parte, respecto a la responsabilidad en que dice pudiera haber incurrido la agente del ministerio público al emitir la determinación de abstención de investigación, además de que el impetrante del amparo no hizo manifestación alguna al efecto ante el juez responsable, no es en el procedimiento del que emana el acto reclamado en el que esa propia autoridad está facultada para iniciar una carpeta de investigación por dicha responsabilidad, ya que los gobernados están en posibilidad de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando estimen que existieron acciones u omisiones de los servidores públicos de dicha procuraduría que puedan ser constitutivos de responsabilidad administrativa o penal, de acuerdo con la ley orgánica de dicha institución y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Zacatecas, por lo que tiene a salvo sus derechos para que de estimarlo pertinente, los haga valer en la forma y términos correspondientes. En las condiciones apuntadas, al no advertirse que la resolución reclamada viole derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, ni advertida, como ya se indicó al inicio de este considerando, queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriel Sandoval Pérez, contra el acto reclamado del juez de Control del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad de Zacatecas, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa, hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, LA SENTENCXIA DE 27 DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriel Sandoval Pérez, contra el acto reclamado del juez de Control del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad de Zacatecas, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa, hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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