Gabriel Sánchez Bermúdez

Expediente 1082/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 25 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1082/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
07/02/2017

Partes del expediente

  • Gabriel Sánchez Bermúdez
  • Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    El siete de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el escrito registrado bajo el número 1735.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos, el escrito de cuenta signado por el quejoso Octavio Ortiz Castañón; en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado mediante proveído de veintiséis de enero de la presente anualidad. Notifíquese por medio de lista. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretario que autoriza licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. Jessy*

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 45 a 58), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la sala responsable: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, b) en su lugar, dictara otra en la que analizara los elementos de convicción que constaban en la causa penal natural a la luz de los criterios orientadores emitidos por el Alto Tribunal en materia de los derechos de los adultos mayores y de conformidad con los numerales 1 de la Constitución, 17 del Protocolo de San Salvador, así como con la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores; y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo conducente respecto del recurso de apelación interpuesto por la víctima contra la medida cautelar de reclusión domiciliaria decretada en dicho proceso. De lo anterior se sigue que los efectos de la concesión de amparo se concretaron, toralmente, en la obligación para la autoridad responsable de dejar insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, emitir otro en el que determinara la decisión a la luz de los derechos de los adultos mayores destacados. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 94 a 102), los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas dejaron insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitieron otra en la que determinaron confirmar el auto mediante el cual se determinó la medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta al procesado en la causa penal de origen, al estimar infundados los agravios expresados por la víctima. Lo anterior, en esencia, porque: 1. En la causa penal natural obraban las constancias médicas exhibidas por el Director del Establecimiento Penitenciario el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, expedidas por los médicos del Hospital General de Jerez de García Salinas, Zacatecas, Juan Carlos Avilés Fernández y Armando Castañón Tapia; de las que se advertía de manera fehaciente los padecimientos y atenciones médicas que requería el inculpado, por ser portador del virus de inmunodeficiencia humana y padecer otros padecimientos a raíz de su edad (hipertensión y diabetes mellitus). 2. Además, el procesado era un adulto mayor, lo que implicaba que debían tenerse consideraciones especiales, en conformidad con el marco jurídico aplicable a dichas personas, a saber: artículo 17 del Protocolo de San Salvador; ordinales 1, 2, fracción I, 3, fracción I, 4, fracción V, y 5, fracción II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y las jurisprudencias de rubro: "ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS", "ADULTOS MAYORES. EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES" y "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO"; esto, en términos del artículo 1 constitucional. 3. Por tanto, concluyeron, el juzgador natural estuvo en lo correcto al modificar la prisión preventiva oficiosa decretada en el proceso de origen, en conformidad con los medios de prueba disponibles y el marco jurídico aplicable a los adultos mayores. De lo expuesto destaca que la consideración toral del acto reclamado tuvo como sustento que en la causa penal natural estaba acreditado que el procesado era adulto mayor y requería atención médica, por lo que debía tenerse consideración especial, en conformidad con los derechos de las personas mayores. Luego, los efectos de la ejecutoria en cumplimiento se acataron en su totalidad, pues éstos se integraron por la emisión de una nueva determinación en la que se analizaran las pruebas que obraban en el proceso de origen, tomando en cuenta los derechos reconocidos para las personas mayores, lo que, como se destacó, aconteció en la especie. Sin que las consideraciones que en concreto sustentaron la decisión sean materia de la presente instancia constitucional, porque, como se expuso, no se limitó la jurisdicción de la autoridad responsable, sino que se le dió libertad para decidir lo que estimara pertinente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. BILLETE DE DEPÓSITO. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 779162, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fuera otorgada, y que, como quedó precisado, en esta data quedó firme la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena poner a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito a que se alude para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosado en favor del impetrante del amparo. Por tanto, hágase saber al quejoso que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterado del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dicho documento mercantil y constancia de recibo correspondiente. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal."

  3. Principal

    El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: a) El plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondía, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, transcurrió del veintitrés al veinticinco de este y mes y año. b) En el presente juicio sí se tramitó incidente de suspensión y sí se exhibió billete de depósito para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva. c) Asimismo, ya fueron devueltos los tomos de pruebas remitidos por la autoridad responsable. d) Y tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales que ameriten su devolución a las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado de los autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 45 a 58), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la sala responsable: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, b) en su lugar, dictara otra en la que analizara los elementos de convicción que constaban en la causa penal natural a la luz de los criterios orientadores emitidos por el Alto Tribunal en materia de los derechos de los adultos mayores y de conformidad con los numerales 1 de la Constitución, 17 del Protocolo de San Salvador, así como con la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores; y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo conducente respecto del recurso de apelación interpuesto por la víctima contra la medida cautelar de reclusión domiciliaria decretada en dicho proceso. De lo anterior se sigue que los efectos de la concesión de amparo se concretaron, toralmente, en la obligación para la autoridad responsable de dejar insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, emitir otro en el que determinara la decisión a la luz de los derechos de los adultos mayores destacados. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 94 a 102), los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas dejaron insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitieron otra en la que determinaron confirmar el auto mediante el cual se determinó la medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta al procesado en la causa penal de origen, al estimar infundados los agravios expresados por la víctima. Lo anterior, en esencia, porque: 1. En la causa penal natural obraban las constancias médicas exhibidas por el Director del Establecimiento Penitenciario el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, expedidas por los médicos del Hospital General de Jerez de García Salinas, Zacatecas, Juan Carlos Avilés Fernández y Armando Castañón Tapia; de las que se advertía de manera fehaciente los padecimientos y atenciones médicas que requería el inculpado, por ser portador del virus de inmunodeficiencia humana y padecer otros padecimientos a raíz de su edad (hipertensión y diabetes mellitus). 2. Además, el procesado era un adulto mayor, lo que implicaba que debían tenerse consideraciones especiales, en conformidad con el marco jurídico aplicable a dichas personas, a saber: artículo 17 del Protocolo de San Salvador; ordinales 1, 2, fracción I, 3, fracción I, 4, fracción V, y 5, fracción II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y las jurisprudencias de rubro: "ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS", "ADULTOS MAYORES. EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES" y "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO"; esto, en términos del artículo 1 constitucional. 3. Por tanto, concluyeron, el juzgador natural estuvo en lo correcto al modificar la prisión preventiva oficiosa decretada en el proceso de origen, en conformidad con los medios de prueba disponibles y el marco jurídico aplicable a los adultos mayores. De lo expuesto destaca que la consideración toral del acto reclamado tuvo como sustento que en la causa penal natural estaba acreditado que el procesado era adulto mayor y requería atención médica, por lo que debía tenerse consideración especial, en conformidad con los derechos de las personas mayores. Luego, los efectos de la ejecutoria en cumplimiento se acataron en su totalidad, pues éstos se integraron por la emisión de una nueva determinación en la que se analizaran las pruebas que obraban en el proceso de origen, tomando en cuenta los derechos reconocidos para las personas mayores, lo que, como se destacó, aconteció en la especie. Sin que las consideraciones que en concreto sustentaron la decisión sean materia de la presente instancia constitucional, porque, como se expuso, no se limitó la jurisdicción de la autoridad responsable, sino que se le dió libertad para decidir lo que estimara pertinente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. BILLETE DE DEPÓSITO. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 779162, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fuera otorgada, y que, como quedó precisado, en esta data quedó firme la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena poner a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito a que se alude para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosado en favor del impetrante del amparo. Por tanto, hágase saber al quejoso que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterado del presente proveído, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dicho documento mercantil y constancia de recibo correspondiente. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Jessy

  4. Principal

    El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el número 760 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, remite copia certificada de la resolución de diecisiete de enero de la presente anualidad; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con dicho cumplimiento, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. JESSY*

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