Gabriel Salvador Montaño Rivera

Expediente 3518/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3518/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Gabriel Salvador Montaño Rivera
  • Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, uno de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiera recurrido el proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Rodrigo Guzmán López. Doy fe. LAPT/RGL/agh

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que firma el Presidente Auxiliar y el Secretario ambos adscritos a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual rinden su informe con justificación, lo anterior de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les tiene ofreciendo como elemento probatorio un legajo en copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio natural 1091/2017/12-B, referentes a la circular número 09 de uno de diciembre de dos mil diecisiete y al proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada; precitados medios de convicción de conformidad con los artículos 119 y 123 del ordenamiento legal anteriormente invocado, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, analizadas las constancias de mérito, este juzgador de manera oficiosa, estima que en relación con el acto reclamado, opera una causal de improcedencia, manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio; por ende, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio fuera de audiencia, en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de amparo, por cuanto hace al acto reclamado. En efecto, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Es aplicable la Tesis de jurisprudencia 2ª./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, como se anticipó, este juzgador observa, de manera oficiosa, que en relación con el acto reclamado opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para arribar a tal conclusión, es importante destacar el contenido del citado numeral y fracción, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, de dicha hipótesis normativa se observan dos supuestos de cesación de efectos, a saber: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo de los supuestos, opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto que lo vino a sustituir; verbigracia, cuando: Se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria. O bien, cuando se emite una resolución y, al no impugnarse en los plazos legales a través del recurso idóneo procedente, se dicta el auto que la declara firme, en ese supuesto éste sustituye a la determinación adoptada, porque el efecto que genera es que la resolución adquiera firmeza; y será entonces tal determinación la que rija la situación jurídica del peticionario del amparo. Ilustra sobre el particular la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Tomo XXX, del mes de diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se presenta la primera hipótesis (cesación por revocación), consistente en que la autoridad responsable aun sin derogar o revocar el acto reclamado, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia del juicio no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se encuentra actualizada la aludida causal de improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa destacó como acto reclamado, medularmente que desde el doce de octubre de dos mil diecisiete, la responsable no había fijado fecha para el verificativo de la audiencia prevista por el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, de las documentales allegadas por la responsable, se advierte que el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la Junta responsable emitió el acuerdo correspondiente dentro de dicho procedimiento mediante el cual subsanó la omisión reclamada, pues fijó el diez de enero de dos mil dieciocho para el desahogo de la audiencia bifásica, en tal tesitura los efectos del acto omisivo que reclama el accionante de amparo han dejado de existir en la vida jurídica. Por tanto, sin duda alguna es válido concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado en su momento por el acto de autoridad. Al ser esto así, los efectos de los actos omisivos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si aquellos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no haya dejado huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (193758), de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 9/98, publicada en la página 210, Tomo VII, correspondiente al mes de Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 196820), que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la hipótesis contemplada en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio fuera de audiencia, en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por cuanto hace a la omisión reclamada. Atento al sentido del fallo, se deja sin efectos la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para las TRECE HORAS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Rodrigo Guzmán López. Doy fe. LAPT/RGL/agh

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL.- EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA PERSONALMENTE AL QUEJOSO: GABRIEL SALVADOR MONTAÑO RIVERA, EL ACUERDO DE DOS DE ENERO DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE DICE: Visto lo de cuenta se provee: téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, formulando un alegato ministerial; asimismo, se le tienen por realizadas las manifestaciones que a manera de alegatos expresa, las que de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de pronunciar la sentencia que en derecho corresponda. En relación a lo que solicita, de conformidad con el artículo 278 el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, indíquesele que una vez que se dicte la sentencia correspondiente se le expedirá copia simple. Por otro lado, de una revisión acuciosa efectuada a las actuaciones que integran este sumario, se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, quien no obstante de haber sido llamada a juicio desde el uno de diciembre de dos mil diecisiete, dicho plazo se suspendió en virtud del periodo vacacional del cual disfrutan las citadas autoridades. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo

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