Gabriel Pineda González
Expediente 3492/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3492/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2018
Partes del expediente
- Gabriel Pineda González
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la resolución dictada ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 51 a 54), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo de la notificación practicada a la responsable foránea, y por ende, no se tenga la certeza de que haya transcurrido el plazo de diez días hábiles, que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, esto porque no le reviste perjuicio alguno en virtud del sentido de la sentencia dictada en autos. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido escrito que remite vía electrónica Juan Ramón Álvarez González, en su carácter de autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual, solicita que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo cause ejecutoria y se requiera a la responsable por el cumplimiento del fallo protector; en atención a ello, indíquesele que deberá estarse a lo acorado en auto de veintiocho del mes y año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla*
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 53), se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; dicho acuerdo le fue notificado el catorce de noviembre siguiente (folio 54), sin que hubiera realizado manifestación alguna. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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