Gabriel Ruano Solís

Expediente 871/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
871/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Gabriel Ruano Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de las cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por ---------, agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el presente juicio de amparo 871/2020-III, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del capítulo segundo, punto cuarto, del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  2. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, FRACCION III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19/11/2020, QUE DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite los autos originales del juicio de amparo 845/2020-II, de su índice, siete copias de la demanda de amparo promovida por ----------, Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación de Ecatepec de Morelos, Estado de México, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con motivo de la incompetencia planteada en proveído de once de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo en comento, remítase el acuse correspondiente. En mérito de lo anterior, vista la demanda de amparo promovida por -------------, quien se ostenta como Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación de Ecatepec de Morelos, Estado de México, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los Secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 871/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de la lectura que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: ? La resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, emitida por la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la causa de control 1788/2019 y su acumulada 1855/2019, en la cual se ordena la devolución del inmueble ubicado en Calle -------------, Municipio de Zumpango, Estado de México, a -------------. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un motivo de inejercitabilidad de la demanda de forma manifiesta e indudable que impide conocerla, el cual se deduce de la intelección de los artículos 1°, 5, fracción I, 7 y 61, en relación con la fracción XXIII, de la ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; "... "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "... "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. ..." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. "Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes." La detenida lectura de estas normas jurídicas pone de manifiesto, lo siguiente: a) Que una interpretación sistemática de los preceptos defensa que protege a las personas, físicas o jurídicas, contra normas generales o actos de autoridad -en sentido amplio- y, excepcionalmente, de particulares que transgredan en su perjuicio los derechos humanos tutelados por la Constitución, así como las garantías que la misma otorga para preservarlos. b) Que tales derechos y garantías constituyen restricciones al poder público, en tanto que reconocen derechos fundamentales en favor de los gobernados y la correlativa obligación de todas las autoridades de adecuar a esas prerrogativas los actos que emitan en ejercicio de sus funciones. c) Que como la finalidad de los derechos humanos y de las garantías individuales contemplados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, es limitar al poder público y salvaguardar los derechos fundamentales del individuo, resulta incuestionable que el Ministerio Público, como institución perteneciente al Poder Ejecutivo y, por tanto, bajo la personalidad jurídica del Estado, no es titular ni goza de esos derechos y, por regla general, no está legitimado para promover el juicio de amparo, con excepción del supuesto previsto en el citado artículo 7o. de la ley de la materia; esto es, únicamente cuando una norma general, un acto o una omisión de autoridad afecten a dicha institución en su patrimonio, siempre que se trate de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Por otra parte, cabe puntualizar que al resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis 2a./J. 128/2017 (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, octubre de 2017, página 1022, sostuvo que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover el juicio de amparo en su carácter de autoridad. Para arribar a esta conclusión, la Segunda Sala sostuvo, en lo que interesa, que el juicio de amparo surgió a la vida jurídica de México, merced al impulso social canalizado por sus forjadores, de proteger los llamados derechos del hombre, es decir, tutelar los derechos que detenta la persona en virtud de su humanidad contra cualquier acto u omisión del poder público que afectase o amenazase su dignidad, y dentro de cuya esfera ocupa un lugar prominente la libertad y la seguridad. Por ello, el juicio de amparo es un medio de control constitucional instituido para la salvaguarda de los derechos humanos y, a su vez, constituye el cumplimiento del derecho fundamental al recurso efectivo que consagran los preceptos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -esto es, compone una parte esencial del referido derecho humano, al tiempo que es el medio para lograr la supremacía constitucional de los demás derechos fundamentales-. Sin embargo, el legislador federal ha considerado que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares", como se advierte del texto del artículo 7º de la ley. Al respecto, la Segunda Sala adujo que la excepción contenida en el precepto normativo aludido: (I) no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, (II) constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticas-jurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. No puede perderse de vista -dijo- que la excepción contenida en el artículo 7o. de la ley obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual, los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. Agregó que bajo la fase de derecho privado -es decir, como sujeto colocado en el mismo plano jurídico que los particulares-, el Estado como persona moral, "capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otras", entre ellos, precisamente, el juicio de amparo. Empero, como entidad pública en sentido estricto, "no puede ejercer ninguno de esos medios sin desconocer su propia soberanía", dando lugar, por ende, a que se soslayara "todo el imperio, toda la autoridad, o los atributos propios del Estado". Además, no sería posible conceder a los órganos del Estado el juicio de amparo por actos emitidos por el propio Estado a través de otro de sus órganos, "porque establecería una contienda de poderes soberanos, y el juicio de garantías no es más que una queja del particular, que se hace valer contra abusos del poder". Luego entonces, si la parte quejosa reclama la determinación emitida por la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la causa de control 1788/2019 y su acumulada 1855/2019, en la cual ordena la devolución del inmueble ubicado en Calle -------------, Estado de México, resulta evidente que dicha determinación no constituye para el representante social quejoso, una afectación en sus derechos fundamentales, pues ese inmueble no le pertenece. No resulta inadvertido, que puede acudir esa institución al amparo reclamando afectación a su patrimonio, siempre que se trate de una relación jurídica establecida en un plano de igualdad con los particulares, pero en el presente asunto, aun cuando el agente del Ministerio Público actuó en un plano de igualdad -precisamente al entrar a debate con el tercero interesado, respecto de la idoneidad o no de entregar el inmueble de referencia-, ello ante el Juez de Control, el inmueble debatido no es parte de su patrimonio, sino de un particular. Así, es evidente que el Ministerio Público carece de legitimación para ejercer la acción constitucional de amparo; sin embargo, esa circunstancia no causa perjuicio legal a las víctimas u ofendidos del delito, ya que como gobernados son titulares de derechos humanos fundamentales elevados por el Constituyente al mismo nivel que los de los inculpados, que pueden defender promoviendo el juicio por sí mismos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 1318, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. Los párrafos segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen que para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este sentido, el Ministerio Público adscrito a la Sala responsable carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados - personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad." Por todo lo antes expuesto, al encontrarse acreditadas las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con artículos 1°, 5, fracción I, 7, lo que procede es DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ------------, Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por las razones antes expuestas. En diverso aspecto, de conformidad con el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las oficinas que ocupan el área de litigación, anexas al os Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ubicadas en Camino al Arenero, sin número, colonia Santa María Chiconautla, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por así haberlo solicitado en su demanda inicial.--- En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el expediente principal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 414/2020-I, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, y escrito aclaratorio, contra actos de la Oficial de la Fiscalía General de la República. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente incidente de suspensión, respecto de la demanda de amparo indirecto de la que derivó el presente cuaderno. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En consecuencia, pídase a las autoridades responsables, su respectivo informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro de un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para lo cual, se les remite copia simple del escrito inicial de demanda. Hágase del conocimiento de las partes que se han señalado las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para el desahogo de la audiencia incidental, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Al respecto, con apoyo en el numeral 251, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente en la audiencia incidental, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; y, en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia incidental, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia incidental, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Asimismo, en atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se informa a las autoridades responsables que únicamente se les notificarán mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. 1 "Artículo 25. Utilización de videoconferencias por regla general. Con independencia de que un asunto se tramite bajo el esquema tradicional, bajo el de juicio en línea, o en una combinación de ambos, las y los titulares procurarán que el desahogo de diligencias, alegatos y audiencias se realice utilizando las videoconferencias como regla general. Se podrán realizar a distancia la protesta del cargo de peritos y la ratificación del correspondiente dictamen pericial, siempre que la persona juzgadora se pueda cerciorar de su identidad. Al respecto, deberán seguirse las reglas previstas en el Acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (en adelante "AG 12/2020"). Cuando se estime indispensable la comparecencia física de las partes, de testigos, peritos u otros intervinientes, o cuando algunas de estas personas carezcan de herramientas tecnológicas para comparecer por videoconferencia, se practicará la actuación correspondiente garantizando la distancia entre las partes y procurando hacer uso de los equipos de cómputo disponibles en el órgano jurisdiccional para asegurar la sana distancia entre quienes acudan presencialmente. Las partes, o sus representantes y personas autorizadas si asisten en lugar de ellas, podrán hacerlo acompañadas de una sola persona. Si a juicio de la juzgadora o juzgador, es previsible que la dinámica de una comparecencia o audiencia pueda impedir la sana distancia, se solicitará la el apoyo de la administración del edificio". Ahora, antes de poder determinar la procedencia de la medida cautelar, debe tenerse en consideración que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138, de la Ley de Amparo, disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. De igual forma, en el presente apartado, resulta necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, estableció que la apariencia del buen derecho (también conocida como Ver similitud del Derecho Invocado o fumus boni iuris), es el consentimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. También el Pleno del Alto Tribunal estimó: 1. Que para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, 2. Que tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. b) Que exista la solicitud del quejoso; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se precisa que la incidentista reclama: La omisión de la Oficial de la Fiscalía General de la República, en responder el correo electrónico enviado por el quejoso el catorce de marzo de dos mil veinte, dirigida a la carpeta de investigación FED/MEX/TOL/0001926/2017, dentro de la cual tiene la calidad de denunciante, víctima del delito y parte ofendida, en el que peticionó lo siguiente: Pidió a la autoridad responsable que aclarara el domicilio en donde se llevaría a cabo su entrevista; Realizó diversas manifestaciones encaminadas a la toma de su entrevista; y, Solicitó a la autoridad responsable que requiriera al Director del Instituto de la Función Registral y al Jefe de la Oficina Registral de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral, ambos del Estado de México (IFREM) a efecto de que le expidan copia certificada de todas y cada una de las escrituras públicas inscritas en los archivos de las oficinas a su cargo, en el periodo comprendido entre el uno de enero de mil novecientos setenta al uno de marzo de dos mil veinte, respecto del bien inmueble ubicado en el poblado de Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Estado de México. Fijados los actos reclamados, se procede al análisis de los requisitos de procedibilidad, siendo por su orden: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En cuanto a este apartado, es importante referir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En esos términos, el elemento clave para determinar que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Sobre esas bases, se estima que en el caso concreto no es procedente conceder la suspensión provisional, ya que el quejoso se duele de que la autoridad responsable omitió responder o acordar la petición que le realizó vía correo electrónico, el catorce de marzo de dos mil veinte, dirigida a la carpeta de investigación FED/MEX/TOL/0001926/2017, dentro de la cual tiene la calidad de denunciante, víctima del delito y parte ofendida, a través de la cual ofrece medios de convicción para la integración de esa carpeta de investigación. Así, en atención a que la vulneración de derechos fundamentales deriva de actos omisivos, la concesión de la suspensión debería tener como efecto "restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado". No obstante, es claro que en el caso concreto, ello no puede ocurrir provisionalmente, es decir los efectos para los que se podría conceder la suspensión no se actualizan momento a momento, por el contrario, en caso de conceder la medida cautelar y ordenar a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o acordando la petición del quejoso, se dejaría sin materia una eventual sentencia de amparo. Es decir, los efectos para los que se puede conceder la suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto, no se actualizarían momento a momento, sino que la restitución del derecho vulnerado, en el caso sería definitiva, dado que ese efecto no podría dejar de existir en caso de que se niegue la suspensión definitiva o el amparo en el juicio principal; siendo así, se estima que dichos efectos coincidirían exactamente con aquellos que tendría la posible concesión del amparo en el juicio principal. En consecuencia, de concederse la medida cautelar, se estaría agotando o dejando sin materia el fondo del asunto en cuestión, lo cual es contrario al objetivo de esta medida cautelar, cuyo propósito es precisamente mantener viva la litis, para permitir que la sentencia de amparo que en su caso se dicte pueda tener efectos en la realidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro setenta y tres, diciembre de dos mil diecinueve, Tomo I, Página doscientos ochenta y seis, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.". Así las cosas, toda vez que en el caso de concederse la medida cautelar, ésta dejaría sin materia la litis constitucional, es menester NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, solicitada por Juan Ortega Chávez. Por otra parte, en términos del numeral 143 de la Ley de Amparo téngase por ofrecidas las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda; sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia incidental. Por otra parte, en términos de los artículos 222 y cuarto3 transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional: mrgarcial@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada la Secretaria encargada del asunto, María del Rosario García Lara, a saber: 5553870500, extensión 1389, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente, las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo asiente en autos para debida constancia legal. Se hace de su conocimiento que en atención al horario de labores presenciales de este juzgado, las mismas sólo podrán ser entregadas en un horario de trece horas con treinta minutos a quince horas, siempre y cuando las cargas de trabajo del área de fotocopiado del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, 2 "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." 3 ". CUARTO. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/." ubicado en Boulevard Toluca Número 4, que auxilian a este juzgado, así lo permitan. Además, se precisa que para poder acudir a recoger dichas documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darles acceso a este recinto judicial, para la expedición de las mismas, para lo cual deberán cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger dichas copias; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado. Finalmente, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 214 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

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