Gabriel Ruano Solís
Expediente 819/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gabriel Ruano Solís
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gabriel Ruano Solís, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación sede Ecatepec de Morelos, Estado de México, contra actos del Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ---------------, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación sede Ecatepec de Morelos, Estado de México, contra actos del Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 819/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, a continuación se procede a analizar la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Precisado lo anterior, es importante señalar que del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierten las siguientes cuestiones: El promovente acude al amparo en su carácter de agente del Ministerio Público parte en la causa de control 1313/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, pues de acuerdo a sus manifestaciones dicho agente ha participado en la fase oral de la etapa intermedia, y fue quien expuso de forma oral el contenido de la acusación formulada en la causa de orígen. El acto que reclama en su demanda de amparo, fue dictado precisamente en esa causa 1313/2020, y es la resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra de la negativa del saneamiento de los errores formales contenidos en el escrito de acusación. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte de manera notoria y manifiesta que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, 5, 6 y 7 todos de la Ley de Amparo, ya que se estima que el agente del Ministerio Público promovente carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, los artículos referidos son del tenor siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Al respecto es conveniente destacar que la fracción I, del artículo 1° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de mexicano sea parte. De lo cual se desprende que el juicio de amparo tiene por objetivo proteger los derechos fundamentales de los gobernados, en contra de la actuación del poder público; y como corolario, se desprende que los entes del poder público no gozan de esos derechos fundamentales. Así, de acuerdo con el numeral 5, fracción I, de la ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado sólo a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera personal y directa. Así, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces se considera que éste no tiene legitimación para instaurar el juicio constitucional. Lo cual atiende a la lógica de que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de mexicano sea parte. En ese sentido, es claro que los entes públicos, no podrían promover el juicio de amparo, ya que éstos no gozan de derechos fundamentales ni de sus garantías, por lo que, en principio no tendrían una afectación en su esfera, sin embargo, el artículo 7 antes transcrito atenúa esa regla, y da la posibilidad, bajo ciertas condiciones, que los entes estatales pueden acceder al amparo; y dispone que las personas morales públicas pueden solicitar amparo, únicamente cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, y el acto subyacente derive de una situación en el que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Expuesto lo anterior, se precisa que el Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la institución creada por el Estado encargada de la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, efectuando la consignación que proceda para que se lleven a cabo los juicios necesarios, correspondiéndole entre otras cuestiones, la solicitud de las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos y vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. En términos de lo anterior, resulta claro que el representante social quejoso es una ente público, carácter que por regla general no tiene legitimación para instar el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que la misma ley prevé, es decir, cuando se encuentre en un plano de igualdad en relación con los particulares y cuando se afecten sus derechos patrimoniales. Lo cual tiene su razón de ser en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público, en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. A partir de lo cual, no puede estimarse que el Ministerio Público encargado de una causa penal, sea titular de un derecho público subjetivo, ni que pueda resentir una afectación real y actual a su esfera jurídica, en forma directa, ya que al ser el encargado de realizar la investigación de los delitos y ejercitar la acción penal ante los tribunales, debe velar para que los juicios se sigan con toda regularidad a fin de que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como pedir la aplicación de las penas, pues tales actuaciones provienen del mandato constitucional, sin que el ejercicio de tales atribuciones le confiera el interés jurídico necesario para la promoción del amparo. Al respecto no está de más añadir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2017, señaló que no puede considerarse que el Ministerio Público encargado de una causa penal sea titular de un derecho público subjetivo, tampoco que demuestre una afectación real y actual a su esfera jurídica, en forma directa, a partir de las actuaciones procesales que tengan lugar en la causa. Ello, porque el Ministerio Público al ser el encargado de realizar la investigación de los delitos y ejercitar la acción penal ante los tribunales, debe velar para que los juicios se sigan con toda regularidad a fin de que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como pedir la aplicación de las penas, pues tales actuaciones provienen del mandato constitucional, sin que el ejercicio de tales atribuciones le confiera el interés jurídico necesario para la promoción del amparo. Además, si el amparo se prevé como un medio de defensa a favor de los particulares contra los actos de autoridad contrarios a los derechos humanos, tal naturaleza jurídica requiere como presupuesto indispensable el interés jurídico promover el juicio. En esa misma resolución, el Alto Tribunal estableció: "72. Tampoco sería dable que el Ministerio Público aduzca violaciones al procedimiento, porque deberá demostrar que tal violación afectó el derecho de defensa, respecto del cual no es titular, al corresponderle exclusivamente durante el proceso penal el ejercicio de la acción, la posibilidad de velar para que los juicios se sigan con toda regularidad a fin de que la administración de justicia sea pronta y expedita y pedir la aplicación de las penas." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 12/2019 (10a.), de rubro: "AMPARO ADHESIVO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN RESPONSABLE, NO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO." De igual forma, dentro de las consideraciones expuestas en la contradicción de tesis 120/2007-PS, se advierte que la Primera Sala, ya había explicado que el Ministerio Público no está legitimado para promover el juicio de garantías contra las sentencias absolutorias dictadas en los juicios penales, por la imposibilidad de demostrar violación a garantías individuales o alegar un daño personal y directo con la emisión de tales fallos. Ahora bien, en el caso concreto, se desprende que el quejoso, acude al amparo en su calidad de agente del Ministerio Público parte en la causa penal de origen, en contra de una resolución en la que el juez penal denegó una solicitud para sanear de los errores formales contenidos en el escrito de acusación. Por lo tanto, resulta claro que en el caso, no se surte en su favor algún derecho subjetivo ni alguna afectación en su esfera jurídica, sino que lo que pretende el promovente es modificar las actuaciones que han tenido lugar en la causa penal de origen. En ese sentido, si bien el Agente del Ministerio Público quejoso, ciertamente tiene la calidad de parte en el proceso penal generador del acto reclamado; sin embargo, en la especie no se afectan derechos patrimoniales de la institución pública a la que pertenece, ya que de la demanda se advierte que se reclama una violación de carácter procesal, pues se trata de una determinación dictada en la causa penal, en la cual se negó la posibilidad de subsanar ciertos vicios en la acusación, debe concluirse que no satisface el supuesto establecido en los numerales 5 y 7 de la Ley de Amparo, en tanto que éste no pretende defender derechos fundamentales de índole sustantivo, ni del orden privado, ni combatir algún acto que afecte su esfera jurídica de modo directo e inmediato, sino acude en defensa de actos que ejercitó en su calidad de órgano acusador en un procedimiento penal; y consecuentemente, carece de legitimación para acudir a esta vía constitucional. Bajo esa óptica, debe decirse que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, 5, 6 y 7 de la Ley de Amparo, por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de ese ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ---------, en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación sede Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que éste carece de legitimación para incoar la demanda de amparo, en los términos antes expuestos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las oficinas que ocupa el área de litigación, anexas a los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ubicados en Camino al Arenero, sin número, colonia Santa María Chiconautla, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por así haberlo solicitado. Asimismo, en términos del último párrafo del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente trámite, en días y horas inhábiles. Se hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se tiene al promovente proporcionando la dirección de correo electrónico gruanos@fiscaliaedomex.gob.mx; para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Ahora bien, sin que haya lugar a proveer respecto de las autorizaciones de las personas que refiere en sus puntos petitorios, toda vez que del estudio de la demanda no se advierte que haya señalado a alguna, para fungir con el carácter de autorizado. EXHORTACIÓN A CONTIUNAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN A LAS PARTES Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico institucional: rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber: 5553870500, extensión 1392, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. Se hace del conocimiento del promovente que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al promovente.
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