Gabriel Rayon Lagunas

Expediente 1082/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1082/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Rayon Lagunas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1082/2019-II, promovido por GABRIEL RAYÓN LAGUNAS. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el doce de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada el día trece siguiente a este Juzgado, GABRIEL RAYÓN LAGUNAS, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable a la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de diez de octubre de dos mil diecinueve se fijó data para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente en esta ciudad y tendrán ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: De la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, que da inicio al procedimiento administrativo 117/2019-06. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, ya que así lo manifestó al rendir el informe justificado. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el procedimiento administrativo 117/2019-06, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado, consistente en el acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, en el cual se inició el procedimiento administrativo 117/2019-06. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en el entendido que en el caso opere la suplencia de la queja deficiente de conformidad con la jurisprudencia: P./J. 7/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, correspondiente a la 10a. Época, del rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.". Por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, se estima que el concepto de violación es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Al respecto, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GONZÁLEZ manifiesta esencialmente lo siguiente: Que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento puesto que al momento de notificarle el inicio del procedimiento seguido en su contra, la responsable no acató lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque no le entregaron los resultados de los procesos de evaluación a los que se sometió, lo que deja al quejoso sin saber cuáles son los hechos que se le imputan; habida cuenta de que únicamente se entregó un resultado integral, lo que a juicio del quejoso lo deja sin herramientas para contradecir la imputación en su contra, lo que estima violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales. A manera de antecedentes se estima oportuno realizar una relatoría de lo narrado por el quejoso así como de lo que se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable que fueran valoradas con anterioridad. El quejoso ingresó a laborar en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca en abril de dos mil tres. Mediante oficio terminación 583/2019-VI fechado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca se dirigió a la Directora General de Asuntos Internos informando que el resultado en la evaluación de tipo permanencia de Gabriel Rayón Lagunas fue de No Aprobado (foja 1 Anexo I). El veintiséis de junio del año que trascurre, la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, al recibir el oficio descrito en el punto que antecede, ordenó el inicio de la investigación para que dentro del plazo de quince días hábiles se allegara de elementos necesarios para acreditar los hechos atribuibles al investigado, fundado su determinación -entre otros dispositivos- en la fracción I del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos (fojas 3 y 4 anexo I). El doce de julio de dos mil diecinueve la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos consideró la existencia de pruebas suficientes para el inicio del procedimiento administrativo en contra de Gabriel Rayón Lagunas, al estimar que no acreditó las evaluaciones y exámenes de control de confianza, por lo que le concedió un plazo de diez días hábiles para que diera contestación y ofreciera las pruebas de su parte (fojas 50 a 58 de autos). El veintinueve de julio siguiente se notificó al acuerdo de inicio del procedimiento al quejoso. Como se adelantó el concepto de violación deviene fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de le justicia federal, como se expondrá a continuación. A fin de analizar el concepto de violación, conviene tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte quejosa estima violados en su perjuicio. El artículo 14 constitucional, establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". El artículo constitucional transcrito, consagra la garantía de audiencia que se traduce en la posibilidad de defensa de los gobernados frente a los actos que pretendan privarlo de su libertad, propiedad, posesiones y derechos. La garantía de audiencia implica la existencia de un juicio previo, frente a actos privativos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual debe sustanciarse ante tribunales previamente establecidos observando las formalidades esenciales del procedimiento y dictarse apoyado en las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Por su parte, el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Dicho numeral regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino en conformidad con las reglas establecidas en la ley, para que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Resulta necesario reiterar que el artículo 14, párrafo segundo, constitucional prevé el derecho de defensa que debe tener todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, el cual se integra, a su vez, con cuatro derechos específicos de seguridad jurídica, que son: a) Que en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio. b) Que el juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos. c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia en su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Al respecto, cabe precisar que por acto de molestia se debe entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; y que tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. El artículo 16 constitucional permite a cualquier autoridad, emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de ellos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Se considera entonces, que un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para razonar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que estimó al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIV, Noviembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." Se estima oportuno trascribir los artículos 8, 68, 82 inciso B, fracciones XIX y XXIII y 159 fracciones VII, XVI y XXIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: "Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. Los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales del Estado y de los municipios, serán separados de sus cargos de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza serán removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Artículo 82.- Las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y los auxiliares de instituciones públicas, incorporarán única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes y por cuanto hace a los prestadores del servicio de seguridad privada se someterán al reglamento de la materia: A. De Ingreso: [.] B. De Permanencia: [.] XIX. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; [.] XXIII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. Artículo 159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: [.] VII. Incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio, o cometer actos inmorales; [.] XVI. Presentar por sí o interpósita persona, documentación alterada o falsificada; [.] XXIII. No acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza;. Sentado lo anterior resulta válido afirmar que en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, la responsable trasgredió el principio de exacta aplicación de la ley en perjuicio del quejoso puesto que no determinó con claridad qué hipótesis de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos sirvió de base para dar inicio al referido procedimiento. En principio resulta pertinente establecer que las evaluaciones de control de confianza son instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público. Por otra parte, los requisitos y calidades que debe reunir una persona para acceder a un cargo público o mantenerse en él deben estar previstos forzosamente en la ley, para que la eventual práctica de esas evaluaciones oficiales sean instrumentos válidos, útiles y razonables desde la perspectiva constitucional. Lo que significa que no son las evaluaciones de control de confianza las que pueden formar parte de los requisitos para acceder o mantenerse en un cargo público, sino aquellas condiciones para el acceso y ejercicio de determinados cargos y que puedan medirse con tales exámenes, lo cual estará sujeto al respeto de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La anterior consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 12/2012 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, correspondiente a la Décima Época, registro 2001108, del rubro: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. SON MEDIOS Y NO FINES EN SÍ MISMOS, Y SU CONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL REQUISITO LEGAL QUE PRETENDEN MEDIR.". En el caso, el quejoso ingresó a laborar en la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca el uno de abril del dos mil tres, como se advierte de la ficha de antecedentes que obra agregada a foja 17 del anexo I. Con motivo de que las evaluaciones de control de confianza son obligatorias y tienen una vigencia de hasta tres años, se citó al quejoso para que acudiera a la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo cual sucedió del veintidós al veinticuatro de mayo del año en curso. Mediante oficio 22011, de doce de junio de dos mil diecinueve, la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza comunicó el resultado integral de la evaluación practicada al quejoso como "No aprobado", ello debido a que el quejoso refirió en entrevistas que compró un documento falso para acreditar su último grado de estudio, lo que en consideración de la evaluadora, representa un riesgo para los principios y objetivos institucionales ya que a su juicio el quejoso tiene dificultades para discernir lo inadecuado de las situaciones (foja 31 Anexo I). Con motivo de lo anterior, la autoridad responsable estableció en acuerdo de inicio de doce de julio de dos mil diecinueve que al practicarse la evaluación de permanencia, el quejoso tuvo un resultado integral de "NO APROBADO"; por ello, "presumió" que Gabriel Rayón Lagunas incurrió en hechos probables de sanción previstos en los artículos 1, 3, 5, 8, 22, 68, 69, 78 fracción V, 81, 82 apartado B), fracción I, XIX, 163, 164 fracción I, 171 y 194 de le Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Morelos. Así, continúa refiriendo la responsable, por ser un requisito de permanencia establecido en el artículo 82 apartado B, fracciones XIX y XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, la falta de dicho requisito por parte del quejoso, constituye una causal de separación del cargo de policía en la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos. Posteriormente, al valorar la documental pública identificada con el inciso 4), consistente en oficio FGE/CECC/DJyN/2284/2019 de dos de julio de dos mil diecinueve, suscrito por la Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos en virtud del cual se describe la asistencia del quejoso para la práctica de las evaluaciones de control de confianza, se detalla la valoración conjunta de las evaluaciones y, finalmente, informa que el resultado de Gabriel Rayón Lagunas fue de no aprobado, la responsable estableció que el quejoso no cumple con los requisitos de permanencia establecidos en el artículo 82 apartado B) fracción XIX de la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Morelos al tener resultado no aprobado, ya que la conducta que incurrió fue la de no acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza, lo que constituye una causa de destitución, fundado su determinación en los artículos 100, fracción XXIV y 159, fracción VII de la ley de la materia. Finalmente, la responsable estableció en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo que la conducta del quejoso encuadra dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 159, fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de Morelos. De lo anterior se puede advertir que en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en contra del quejoso, la responsable funda su determinación en diversos dispositivos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; sin embargo no precisó con claridad en qué hipótesis del artículo 159 de la referida Ley se sustentó el inicio del procedimiento, si fue la fracción VII relativa a Incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio, o cometer actos inmorales; la fracción XVI relativa a presentar por sí o interpósita persona, documentación alterada o falsificada; o en la diversa XXIII relativa al no acreditamiento de las evaluaciones y exámenes de control de confianza. Así, el actuar de la responsable trasgrede en perjuicio del quejoso el artículo 14 de la Constitución General de la República en cuanto a que incumple con el principio de exacta aplicación de la Ley, al no establecer con precisión la hipótesis normativa en la que encuadró la conducta del quejoso y que la llevó a dar inicio del procedimiento administrativo; motivo por el cual se debe conceder el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de sustento a lo anterior la tesis XVI.1o.A.136 A (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 2495 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, correspondiente a la Décima Época, registro 2015438 del rubro: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA SU REMOCIÓN, DEBE SEÑALAR DETALLADAMENTE EL REQUISITO DE PERMANENCIA INCUMPLIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).". De ahí que en el caso se concluya que la autoridad responsable -al emitir el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en contra del quejoso- trasgredió la garantías de exacta aplicación de la ley, contenida en el artículo 14 Constitucional; siendo que la violación a este último es alegada por el quejoso. Ahora bien, en el caso concreto, existe una violación al principio de exacta aplicación de la ley, al no contener una adecuación precisa entre la conducta que se reprocha al quejoso y la porción normativa en la que encuadra, puesto que en el acuerdo de inicio de procedimiento, la responsable citó diversas fracciones del artículo 159 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sin que haya citado con exactitud qué fracción fue la que incumplió el quejoso luego de analizar el resultado integral de los exámenes de control y confianza que se le practicaron y sobre todo el hecho a partir del cual se observa fue evaluado de manera negativa consistente en haber comprado un documento falso para acreditar su último grado de estudios lo que a juicio de la evaluadora representa un riesgo para los principios y objetivos institucionales ya que el quejoso tiene dificultades para discernir lo inadecuado de las situaciones. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XXI/2013 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 191 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, correspondiente a la Décima Época, registro 2003572, del rubro: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS.". Con el actuar de la responsable se deja al quejoso en estado de indefensión al no tener pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen en el acuerdo de inicio de doce de julio de dos mil diecinueve, al no establecer con precisión la hipótesis normativa que sirvió de fundamento para iniciar el procedimiento en contra del quejoso ni mucho menos el hecho o conducta por la cual se resolvió iniciar el procedimiento de origen; lo cual es violatorio del artículo 14 Constitucional. En efecto, en el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca refirió que el quejoso no aprobó los exámenes de control de confianza, apoyando su determinación en la fracción XXIII del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; sin embargo, también precisó que la conducta en que incurrió el quejoso al no acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza constituye una causal de destitución conforme al artículo 100 fracción XXIV y 159 fracción VII de la referida ley (foja 190 vuelta); finalmente otorgó valor probatorio al resultado integral de las evaluaciones que se practicaron al elemento policial en cuanto a que no se recomienda que continúe en la corporación ya que compró un documento falso para acreditar su último grado de estudios (foja 192 vuelta); de ahí que se sostenga, no se dota de certeza jurídica al acto aquí impugnado, generando incluso un estado de indefensión en perjuicio del impetrante al impedirle ejercer de manera adecuada su defensa al no tener certeza del hecho reprochado a partir de la evaluación de confianza en la que se calificó como no aprobado, ni mucho menos el supuesto legal exactamente aplicable al caso. En las relatadas condiciones, toda vez que la responsable trasgredió el contenido del artículo 14 de la Constitución Federal, al no cumplir con el principio de exacta aplicación de la ley; ello trae como consecuencia que resulte fundado el concepto de violación. Por tanto, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la responsable deje insubsistente el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, en el expediente 117/2016-06, por el que determinó dar inicio al procedimiento administrativo en contra de Gabriel Rayón Lagunas y en su lugar emita otro en el que de ser el caso, precise la conducta que reprocha al quejoso, la encuadre en la hipótesis normativa de la legislación aplicable y se lo haga saber debidamente. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A GABRIEL RAYÓN LAGUNAS, respecto del acto y autoridad precisados en la parte considerativa de esta sentencia, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de octubre del año en curso, remite copia certificada del acuerdo doce de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 117/2019-06. En virtud de lo anterior, toda vez que la documental remitida se trata de constancias enviadas en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, no obra agregada la resolución de doce de julio de dos mil diecinueve; por tanto, toda vez que el suscrito Juzgador está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, remita a éste juzgado copia certificada, completa y legible de la citada resolución. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. *NMTG*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE CUERNAVACA, MORELOS; motivo por el cual, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

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