Gabriel Rayon Lagunas
Expediente 262/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriel Rayon Lagunas
Actuaciones
- Principal
Vistos; los autos para resolver el juicio de amparo 262/2020-I, promovido por GABRIEL RAYON LAGUNAS, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, turnado en esa misma fecha al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, GABRIEL RAYON LAGUNAS, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. Segundo. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida, declinándola a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado por conocimiento previo. Mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, este Juzgado de Distrito radicó el expediente con el número 262/2020-I; aceptó la competencia declinada; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. De la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, dictado por la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca dentro de los autos del expediente 117/2019-05, que declaró el inicio del procedimiento administrativo instaurado contra el aquí quejoso, en su carácter de elemento adscrito a la citada institución como policía preventivo. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 76 y 77). Lo que se corrobora con las constancias allegadas al rendir el mismo, consistentes en copia certificada del expediente administrativo 117/2019-05 de su índice, que obran en un cuaderno de pruebas por separado. Medios de prueba a los que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que haya sido objetada su autenticidad. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos. Cuarto. Estudio de fondo del acto reclamado. Por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, los conceptos de violación son infundados por las consideraciones que más adelante se exponen, sin que exista queja deficiente que suplir. Ello, tomando en consideración que el acto combatido se trata de la resolución que dio inicio a un procedimiento administrativo instaurado contra el quejoso de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, de ahí que en el caso opera la suplencia de la queja deficiente de conformidad con la jurisprudencia: P./J. 7/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, correspondiente a la 10a. Época, del rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.". Al respecto, GABRIEL RAYON LAGUNAS manifiesta esencialmente lo siguiente: ? Que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento puesto que al momento de notificarle el inicio del procedimiento seguido en su contra, la responsable no acató lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque no le entregaron los resultados de las cinco evaluaciones a las que se sometió que a la vez integran la evaluación de control de confianza en la que se resolvió como no aprobado, lo que deja al quejoso sin saber cuáles son los hechos que se le imputan; habida cuenta de que únicamente se entregó un resultado integral, lo que a su juicio lo deja sin herramientas para contradecir la imputación en su contra, lo que estima violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales. ? Que no obra en el expediente las certificaciones y acreditaciones de cada uno del personal evaluador (psicología, toxicología, socioeconómico, poligráfico y médico) adscrito al Centro Evaluador que realizó sus exámenes, pues únicamente la responsable agregó al expediente la certificación del Centro Evaluador, no así respecto de su personal que realizó las pruebas, conforme a la interpretación que realizó de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el lineamiento SESNSP/CNCA/LI/08/2012 expedido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A manera de antecedentes se estima oportuno realizar una relatoría de lo narrado por el quejoso así como de lo que se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable que fueran valoradas con anterioridad. ? El quejoso ingresó a laborar en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca en abril de dos mil tres. ? Mediante oficio terminación 583/2019-VI fechado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca se dirigió a la Directora General de Asuntos Internos informando que el resultado en la evaluación de tipo permanencia de GABRIEL RAYÓN LAGUNAS fue de No Aprobado (foja 1 Anexo I). ? El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, al recibir el oficio descrito en el punto que antecede, ordenó el inicio de la investigación para que dentro del plazo de quince días hábiles se allegara de elementos necesarios para acreditar los hechos atribuibles al investigado, fundado su determinación -entre otros dispositivos- en la fracción I del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos (fojas 3 y 4 anexo I). ? El doce de julio de dos mil diecinueve la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos consideró la existencia de pruebas suficientes para el inicio del procedimiento administrativo en contra de Gabriel Rayón Lagunas, al estimar que no acreditó las evaluaciones y exámenes de control de confianza, por lo que le concedió un plazo de diez días hábiles para que diera contestación y ofreciera las pruebas de su parte (fojas 50 a 58 de autos); el cual le fue notificado el veintinueve de julio siguiente. ? Inconforme con lo anterior, promovió juicio de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este Juzgado de Distrito, radicándolo con el número 1082/2019-II, en el que por sentencia de trece de diciembre de dos mil diecinueve se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la responsable deje insubsistente el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, en el expediente 117/2016-06, por el que determinó dar inicio al procedimiento administrativo en contra de Gabriel Rayón Lagunas y en su lugar emita otro en el que de ser el caso, precise la conducta que reprocha al quejoso, la encuadre en la hipótesis normativa de la legislación aplicable y se lo haga saber debidamente." ? En cumplimiento al fallo protector emitido, el catorce de enero de dos mil veinte la autoridad responsable Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos dejó sin efectos el referido auto de doce de julio de dos mil diecinueve; y el quince de enero del año pasado, emitió uno nuevo, en el que ordenó el inicio del procedimiento contra el aquí quejoso por la posible actualización de la conducta encuadrada en el artículo 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Este es el acto que por esta vía constitucional se combate. Como se adelantó, es infundado el concepto de violación, relativo a que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento puesto que al momento de notificarle el inicio del procedimiento seguido en su contra, la responsable no le entregó los resultados de las cinco evaluaciones a las que se sometió, habida cuenta de que únicamente se entregó un resultado integral, lo que refiere el quejoso no le permite una adecuada y oportuna defensa, contraviniendo a su parecer lo que establece el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dispone: "Artículo 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.". A fin de analizar el concepto de violación, es importante destacar que el procedimiento administrativo de los miembros de las corporaciones policiales del Estado de Morelos -como el relacionado con el asunto- se encuentra regulado, fundamentalmente, en el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que a su letra dispone: "Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento: I. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; II. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; III. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos; IV. Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; V. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho convengan de manera verbal o por escrito; VI. Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles siguientes; y VII. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado." En lo que aquí interesa, se advierte que la Unidad de Asuntos Internos de orden estatal o del municipio que corresponda, al recibir una queja o denuncia, abrirá un expediente y contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, para lo cual se deberá allegar de la información necesaria, además de las pruebas ofrecidas por el promovente de la queja; así, de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida al servidor público encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159 de la citada ley. Una vez dictado el acuerdo de inicio del procedimiento, se citará al elemento policial respectivo para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, y se le entregarán copias certificadas del expediente integrado, dejando constancia de ello. Hecho lo anterior, se seguirán las etapas y plazos subsecuentes previstos en el referido precepto legal. Por tanto, por imperativo del artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo por el que se determina el inicio del procedimiento administrativo de que se trata, debe contener la precisión de la conducta imputada, así como las infracciones a la normativa que se actualizan con la misma; lo anterior, a fin de hacerle saber tales elementos al servidor público sujeto al procedimiento y éste se encuentre en posibilidad de preparar y dirigir su defensa en el plazo previsto en el citado artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal, haciendo entrega para ello de copias certificadas del expediente formado para tal efecto. En el caso, de la lectura de la resolución reclamada se desprende que la autoridad responsable una vez de relacionar y valorar las pruebas que integraban el expediente administrativo de que se trata, determinó en la parte que interesa lo siguiente: ? El resultado final de las evaluaciones de control y confianza de doce de junio de dos mil diecinueve emitido por la licenciada Laura Marchan Salgado, Directora General del Centro de Evaluación de Control de Confianza, arrojó como secuela integral el de "No aprobado". ? La evaluación integral emitida por la licenciada Laura Marchan Salgado, Directora General del Centro de Evaluación de Control de Confianza, indicaba que ".el haber comprado un documento falso para acreditar su último grado de estudio presenta un riesgo para los principios y objetivos institucionales, por lo que no se recomienda que continúe en la corporación, al respecto, por sus dificultades para discernir lo inadecuado de las situaciones, en el 2014, compró un certificado de bachillerato falso a un amigo cercano quien le ofreció conseguirlo con una maestra que le proporcionaría el documento, mismo que tendría un costo de $8,000 pesos, los cuales pagó y posteriormente hizo entrega de dicho certificado en su corporación y al Centro de Confianza.". ? Que el elemento policial GABRIEL RAYON LAGUNAS con los resultados obtenidos ponía en riesgo los objetivos de la institución, aunado a que al estar en activo debe tener debidamente acreditados las Evaluaciones de Control de Confianza. ? Considerando que ninguna persona puede ingresar o permanecer en las instituciones de Seguridad Pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema y atendiendo a la norma jurídica que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias Leyes; estableció que aprobar los procesos de Evaluaciones de Control de Confianza es un requisito de permanencia, de lo cual se presume que el policía adscrito a la Subsecretaría de la Policía Preventiva incumple los requisitos de permanencia previstos en los artículos 88 inciso B fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en concordancia con los diversos 81, 82 inciso B fracción XIX, 88 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que acarrea como consecuencia en su oportunidad, la remoción del cargo que ostenta, de conformidad con el artículo 94 fracción II y 88 de los mismos ordenamientos legales. ? Precisando que la conducta desplegada por GABRIEL RAYON LAGUNAS encuadraba en la hipótesis normativa prevista en el artículo 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Razones y fundamentos que, aún en suplencia de la queja este Juzgado estima ajustados a derecho, atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento sancionador, esto es la etapa de inicio del procedimiento, en la que aún no se ha decidido en definitiva la situación del quejoso, sino que se han señalado requisitos de permanencia incumplidos por el impetrante de amparo, quien tiene expedito su derecho de defensa para desvirtuarlas. En ese sentido, contrariamente a lo alegado, no se transgredieron las formalidades del procedimiento, ya que se advierte que la responsable cumplió con las reglas de procedimiento establecido en el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal, toda vez que como se advierte de autos integró la investigación correspondiente, dentro de los quince días hábiles contados a partir de tuvo conocimiento de la denuncia formulada por el Secretario de Seguridad Pública, pues ésta se realizó el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, y la responsable determinó el inicio del procedimiento (en un primer momento) el veintiséis de junio de ese mismo año, cumpliendo con ello la temporalidad que establece la fracción I del citado numeral. Asimismo, de la resolución combatida se obtiene que al valorar los medios probatorios que fueron puestos a su consideración, éstos se calificaron suficientes para determinar el inicio del procedimiento administrativo, pues la conducta atribuida al aquí quejoso encuadró en la prevista en el artículo 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por las consideraciones ahí expuestas. Observando que tal y como lo dispone el artículo 171 de la ley antes invocada, con posterioridad a clasificar la conducta reprochada y que ésta se acreditaba en suficiencia con las pruebas descritas, la responsable le hizo del conocimiento la existencia del procedimiento y lo citó para comunicarle precisamente la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le atribuyen y se pe puedan entregar copias certificadas del expediente formado para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 2008560, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2168, de rubro: "ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS." Motivo por el cual este juzgador considera infundado el concepto de violación antes precisado, en el que el quejoso esencialmente aduce que la autoridad responsable vulneró el derecho al debido proceso pues inició el procedimiento administrativo sin correrle traslado con cada una de las evaluaciones de control confianza que le hicieron, que acrediten la conducta que se le atribuye. Ello es así, pues como se indicó el referido artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, adverso a lo alegado, no dispone que ello ocurra así, ni a razón del argumento aquí hecho valer, en la medida que al respecto el indicado numeral dispone que una vez que se notifique al investigado, en la cita respectiva podrá hacérsele entrega de la totalidad de constancias que integren el expediente, y no que ello ocurra con anterioridad. En razón de lo anterior, este Juzgador estima que no asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que la autoridad responsable contraviene el derecho de debido proceso debido a que en el acuerdo de inicio de procedimiento reclamado, no se le dio la oportunidad de defenderse al desconocer cada uno de los dictámenes de evaluación, para estar en aptitud de debatir las pruebas aportadas en tal investigación, pues se observa incluso que tal pretensión resulta contraria a lo que dispone el numeral antes citado de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; aunado a que el concepto de violación que se analiza, en su caso se referiría a la actuación subsecuente a la que se efectúa la citación de mérito, que es cuando se debe entregar las copias del expediente formado con motivo de la investigación, sin que se observe que ello deba ocurrir o sea reprochable al dictar el acuerdo de inicio; observando incluso que en el acto aquí reclamado la responsable se pronunció en torno a dicho aspecto. Además que, el acto reclamado es el acuerdo por el cual inicia el procedimiento administrativo de separación en contra del quejoso como elemento de seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, por lo que no es necesario que en ese momento procesal (inicio del procedimiento) el investigado debata las pruebas aportadas en la investigación, ya que conforme a los artículos 14 Constitucional y 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es durante el procedimiento donde deben cumplirse las formalidades del debido proceso que garantizan la adecuada y oportuna defensa de sus intereses en forma previa al acto privativo. Es importante precisar que, el alcance del acuerdo de inicio de procedimiento, de conformidad con la ley que lo rige, se limita a la concreción de la conducta que se imputa al elemento sujeto a investigación, así como al señalamiento de los preceptos que contienen las infracciones que se estiman actualizadas con dicha conducta. Lo anterior es así, dado que será a partir de la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento que el elemento sujeto al mismo dispondrá de un plazo legal - diez días - para dar contestación a los hechos atribuidos, así como ofrecer las pruebas que a su derecho convenga; igualmente, en la audiencia relativa, tendrá la oportunidad de formular los alegatos que a su parte correspondan y solo entonces, habiendo transcurrido dichas etapas, se dictará resolución definitiva en la que se determinará si los hechos e infracciones atribuidas en el acuerdo de inicio quedaron o no acreditadas y, en su caso, si son o no compatibles las conductas con los preceptos citados; asimismo, se calificará la gravedad de la conducta o la infracción cometida. Se determina en ese sentido, ya que de conformidad con el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, antes transcrito, se advierte que el procedimiento administrativo de los elementos policiales, consta de diversos momentos, siendo el primero de ellos el acuerdo de inicio del procedimiento, en el que basta se contenga pruebas suficientes para demostrar la probable responsabilidad administrativa del denunciado. Lo anterior, porque con el acuerdo de inicio de procedimiento y las pruebas que lo respaldan se notifica al elemento, a fin de que éste pueda destruir esa presunción con la defensa que dirija a atacar el acuerdo. Es aplicable al caso por analogía la jurisprudencia PC.I.A. J/62 A (10a.), Registro 2010814, Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Materia(s): Administrativa, página 2448, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO DE INICIO ". Asimismo, no asiste la razón al quejoso al indicar que se violenta lo estipulado en el 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues contrario a lo indicado, tal y como lo establece dicho numeral, no existe la obligación de la responsable de actuar como lo alega, es decir, de entregarle copia de las evaluaciones que integran el examen de control de confianza, en la medida que el indicado numeral incluso reconoce el carácter de confidencialidad de los mismos, con las excepciones ahí previstas, pero en ningún momento establece que deba correrse traslado con los mismos al investigado al citarlo y notificarle el auto de inicio del procedimiento respectivo. De esa manera, no es factible que el quejoso pretenda en esta etapa el análisis relativo a tener acceso a todas las evaluaciones que integran el expediente, o si la conducta atribuida corresponde o no con las previstas en los preceptos legales invocados por la autoridad responsable, pues como se estableció, tal análisis y determinación no es materia del acuerdo de inicio de procedimiento, sino que podrá ser materia de alegato en la audiencia relativa, o en su caso, hacerlo valer como violación procesal en el medio de impugnación que haga valer contra la resolución definitiva que al efecto emita el Consejo de Honor y Justicia en términos de la fracción VI del citado artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en caso de no ser favorable a sus intereses; de ahí lo infundado de sus argumentos. Por otra parte, como se indicó, resulta también infundado el concepto de violación relativo a que no obra en el expediente las certificaciones y acreditaciones de cada uno del personal evaluador (psicología, toxicología, socioeconómico, poligráfico y médico) adscrito al Centro Evaluador que realizó sus exámenes. Al respecto, el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece: Artículo 107.- Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal. Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez." (Lo subrayado es propio). Del artículo transcrito se obtiene que los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación; y en caso de que en los procesos de certificación intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de lo contrario el proceso carecerá de validez Así, la acreditación que expide el mencionado centro nacional a sus homólogos centros estatales no sólo tiene como finalidad validar los resultados cuando corresponden a "aprobado" o "aprobado con restricciones", sino que también es necesaria para autorizar el resultado cuando corresponde a "no aprobado". Por tanto, los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública deben contar con una acreditación vigente en cuanto a sus procesos y su personal, expedida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación; y que de no contar con ella, los certificados que emitan no tendrán validez, cualquiera que sea su resultado ("aprobado", "aprobado con restricciones" o "no aprobado"). Lo que deviene infundado su argumento, toda vez que como se observa, el citado numeral 107 de la ley en comento, no exige como requisito en alguno de sus párrafos que deba existir la acreditación de cada uno de los especialistas evaluadores (psicología, toxicología, socioeconómico, poligráfico y médico) para dar validez a los certificados que al efecto emitan, sino que basta la acreditación del Centro de Evaluación y Control de Confianza, para que los certificados respectivos sean elementos válidos para iniciar un procedimiento administrativo de baja por incumplimiento de requisitos de permanencia -como el que aquí se estudia-; puesto que como lo define el aludido numeral dicho Certificado se extiende por cuanto a sus procesos y su personal, es decir, sus evaluadores y las evaluaciones en sí mismas. En el entendido que de las actuaciones que integran el procedimiento administrativo de origen, obra la Acreditación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación expedida a favor del "Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos", documental de la que se desprende una vigencia del once de diciembre de dos mil diecisiete al once de diciembre de dos mil diecinueve. De esta forma, si el dictamen de control y confianza emitido por la licenciada Laura Marchan Salgado, Directora General del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Estado de Morelos, fue expedido el doce de junio de dos mil diecinueve, se advierte que se emitió dentro del periodo de vigencia de la acreditación obtenida; por lo que el procedimiento iniciado a virtud de éste, contrario a lo alegado por el quejoso, es válido, pues como se determinó, adversamente a lo pretendido, por disposición del artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicha certificación abarca tanto al Centro mismo, como a sus procesos y su personal, siendo éste entre otros, sus evaluadores; de ahí que sea infundado el concepto de violación en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.4 A (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro digital 2006903, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1113, Décima Época, de rubro: "CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA QUE LOS CERTIFICADOS QUE EMITA SEAN VÁLIDOS Y PUEDAN DAR INICIO, EN SU CASO, AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERMANENCIA, ES NECESARIO QUE AQUÉL CUENTE CON LA ACREDITACIÓN VIGENTE DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN." En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, y no existir queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a GABRIEL RAYON LAGUNAS, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a GABRIEL RAYON LAGUNAS, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 en relación con la circular SECNO/6/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de creación de Nuevos Órganos; dado que este asunto se encuentra en los casos de excepción que dispone la mencionada circular y el expediente está debidamente integrado, listo para el dictado de la sentencia que ahora se emite.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos; los autos para resolver el juicio de amparo 262/2020-I, promovido por GABRIEL RAYON LAGUNAS, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, turnado en esa misma fecha al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, GABRIEL RAYON LAGUNAS, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. Segundo. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida, declinándola a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado por conocimiento previo. Mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso, este Juzgado de Distrito radicó el expediente con el número 262/2020-I; aceptó la competencia declinada; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. De la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, dictado por la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca dentro de los autos del expediente 117/2019-05, que declaró el inicio del procedimiento administrativo instaurado contra el aquí quejoso, en su carácter de elemento adscrito a la citada institución como policía preventivo. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 76 y 77). Lo que se corrobora con las constancias allegadas al rendir el mismo, consistentes en copia certificada del expediente administrativo 117/2019-05 de su índice, que obran en un cuaderno de pruebas por separado. Medios de prueba a los que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que haya sido objetada su autenticidad. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos. Cuarto. Estudio de fondo del acto reclamado. Por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, los conceptos de violación son infundados por las consideraciones que más adelante se exponen, sin que exista queja deficiente que suplir. Ello, tomando en consideración que el acto combatido se trata de la resolución que dio inicio a un procedimiento administrativo instaurado contra el quejoso de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, de ahí que en el caso opera la suplencia de la queja deficiente de conformidad con la jurisprudencia: P./J. 7/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, correspondiente a la 10a. Época, del rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.". Al respecto, GABRIEL RAYON LAGUNAS manifiesta esencialmente lo siguiente: ? Que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento puesto que al momento de notificarle el inicio del procedimiento seguido en su contra, la responsable no acató lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque no le entregaron los resultados de las cinco evaluaciones a las que se sometió que a la vez integran la evaluación de control de confianza en la que se resolvió como no aprobado, lo que deja al quejoso sin saber cuáles son los hechos que se le imputan; habida cuenta de que únicamente se entregó un resultado integral, lo que a su juicio lo deja sin herramientas para contradecir la imputación en su contra, lo que estima violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales. ? Que no obra en el expediente las certificaciones y acreditaciones de cada uno del personal evaluador (psicología, toxicología, socioeconómico, poligráfico y médico) adscrito al Centro Evaluador que realizó sus exámenes, pues únicamente la responsable agregó al expediente la certificación del Centro Evaluador, no así respecto de su personal que realizó las pruebas, conforme a la interpretación que realizó de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el lineamiento SESNSP/CNCA/LI/08/2012 expedido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A manera de antecedentes se estima oportuno realizar una relatoría de lo narrado por el quejoso así como de lo que se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable que fueran valoradas con anterioridad. ? El quejoso ingresó a laborar en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca en abril de dos mil tres. ? Mediante oficio terminación 583/2019-VI fechado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca se dirigió a la Directora General de Asuntos Internos informando que el resultado en la evaluación de tipo permanencia de GABRIEL RAYÓN LAGUNAS fue de No Aprobado (foja 1 Anexo I). ? El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, al recibir el oficio descrito en el punto que antecede, ordenó el inicio de la investigación para que dentro del plazo de quince días hábiles se allegara de elementos necesarios para acreditar los hechos atribuibles al investigado, fundado su determinación -entre otros dispositivos- en la fracción I del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos (fojas 3 y 4 anexo I). ? El doce de julio de dos mil diecinueve la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos consideró la existencia de pruebas suficientes para el inicio del procedimiento administrativo en contra de Gabriel Rayón Lagunas, al estimar que no acreditó las evaluaciones y exámenes de control de confianza, por lo que le concedió un plazo de diez días hábiles para que diera contestación y ofreciera las pruebas de su parte (fojas 50 a 58 de autos); el cual le fue notificado el veintinueve de julio siguiente. ? Inconforme con lo anterior, promovió juicio de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este Juzgado de Distrito, radicándolo con el número 1082/2019-II, en el que por sentencia de trece de diciembre de dos mil diecinueve se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la responsable deje insubsistente el acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve, en el expediente 117/2016-06, por el que determinó dar inicio al procedimiento administrativo en contra de Gabriel Rayón Lagunas y en su lugar emita otro en el que de ser el caso, precise la conducta que reprocha al quejoso, la encuadre en la hipótesis normativa de la legislación aplicable y se lo haga saber debidamente." ? En cumplimiento al fallo protector emitido, el catorce de enero de dos mil veinte la autoridad responsable Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos dejó sin efectos el referido auto de doce de julio de dos mil diecinueve; y el quince de enero del año pasado, emitió uno nuevo, en el que ordenó el inicio del procedimiento contra el aquí quejoso por la posible actualización de la conducta encuadrada en el artículo 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Este es el acto que por esta vía constitucional se combate. Como se adelantó, es infundado el concepto de violación, relativo a que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento puesto que al momento de notificarle el inicio del procedimiento seguido en su contra, la responsable no le entregó los resultados de las cinco evaluaciones a las que se sometió, habida cuenta de que únicamente se entregó un resultado integral, lo que refiere el quejoso no le permite una adecuada y oportuna defensa, contraviniendo a su parecer lo que establece el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dispone: "Artículo 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.". A fin de analizar el concepto de violación, es importante destacar que el procedimiento administrativo de los miembros de las corporaciones policiales del Estado de Morelos -como el relacionado con el asunto- se encuentra regulado, fundamentalmente, en el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que a su letra dispone: "Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento: I. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; II. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; III. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos; IV. Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; V. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho convengan de manera verbal o por escrito; VI. Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles siguientes; y VII. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado." En lo que aquí interesa, se advierte que la Unidad de Asuntos Internos de orden estatal o del municipio que corresponda, al recibir una queja o denuncia, abrirá un expediente y contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, para lo cual se deberá allegar de la información necesaria, además de las pruebas ofrecidas por el promovente de la queja; así, de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida al servidor público encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159 de la citada ley. Una vez dictado el acuerdo de inicio del procedimiento, se citará al elemento policial respectivo para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, y se le entregarán copias certificadas del expediente integrado, dejando constancia de ello. Hecho lo anterior, se seguirán las etapas y plazos subsecuentes previstos en el referido precepto legal. Por tanto, por imperativo del artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo por el que se determina el inicio del procedimiento administrativo de que se trata, debe contener la precisión de la conducta imputada, así como las infracciones a la normativa que se actualizan con la misma; lo anterior, a fin de hacerle saber tales elementos al servidor público sujeto al procedimiento y éste se encuentre en posibilidad de preparar y dirigir su defensa en el plazo previsto en el citado artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal, haciendo entrega para ello de copias certificadas del expediente formado para tal efecto. En el caso, de la lectura de la resolución reclamada se desprende que la autoridad responsable una vez de relacionar y valorar las pruebas que integraban el expediente administrativo de que se trata, determinó en la parte que interesa lo siguiente: ? El resultado final de las evaluaciones de control y confianza de doce de junio de dos mil diecinueve emitido por la licenciada Laura Marchan Salgado, Directora General del Centro de Evaluación de Control de Confianza, arrojó como secuela integral el de "No aprobado". ? La evaluación integral emitida por la licenciada Laura Marchan Salgado, Directora General del Centro de Evaluación de Control de Confianza, indicaba que ".el haber comprado un documento falso para acreditar su último grado de estudio presenta un riesgo para los principios y objetivos institucionales, por lo que no se recomienda que continúe en la corporación, al respecto, por sus dificultades para discernir lo inadecuado de las situaciones, en el 2014, compró un certificado de bachillerato falso a un amigo cercano quien le ofreció conseguirlo con una maestra que le proporcionaría el documento, mismo que tendría un costo de $8,000 pesos, los cuales pagó y posteriormente hizo entrega de dicho certificado en su corporación y al Centro de Confianza.". ? Que el elemento policial GABRIEL RAYON LAGUNAS con los resultados obtenidos ponía en riesgo los objetivos de la institución, aunado a que al estar en activo debe tener debidamente acreditados las Evaluaciones de Control de Confianza. ? Considerando que ninguna persona puede ingresar o permanecer en las instituciones de Seguridad Pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema y atendiendo a la norma jurídica que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias Leyes; estableció que aprobar los procesos de Evaluaciones de Control de Confianza es un requisito de permanencia, de lo cual se presume que el policía adscrito a la Subsecretaría de la Policía Preventiva incumple los requisitos de permanencia previstos en los artículos 88 inciso B fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en concordancia con los diversos 81, 82 inciso B fracción XIX, 88 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que acarrea como consecuencia en su oportunidad, la remoción del cargo que ostenta, de conformidad con el artículo 94 fracción II y 88 de los mismos ordenamientos legales. ? Precisando que la conducta desplegada por GABRIEL RAYON LAGUNAS encuadraba en la hipótesis normativa prevista en el artículo 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Razones y fundamentos que, aún en suplencia de la queja este Juzgado estima ajustados a derecho, atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento sancionador, esto es la etapa de inicio del procedimiento, en la que aún no se ha decidido en definitiva la situación del quejoso, sino que se han señalado requisitos de permanencia incumplidos por el impetrante de amparo, quien tiene expedito su derecho de defensa para desvirtuarlas. En ese sentido, contrariamente a lo alegado, no se transgredieron las formalidades del procedimiento, ya que se advierte que la responsable cumplió con las reglas de procedimiento establecido en el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal, toda vez que como se advierte de autos integró la investigación correspondiente, dentro de los quince días hábiles contados a partir de tuvo conocimiento de la denuncia formulada por el Secretario de Seguridad Pública, pues ésta se realizó el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, y la responsable determinó el inicio del procedimiento (en un primer momento) el veintiséis de junio de ese mismo año, cumpliendo con ello la temporalidad que establece la fracción I del citado numeral. Asimismo, de la resolución combatida se obtiene que al valorar los medios probatorios que fueron puestos a su consideración, éstos se calificaron suficientes para determinar el inicio del procedimiento administrativo, pues la conducta atribuida al aquí quejoso encuadró en la prevista en el artículo 159 fracción XXIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por las consideraciones ahí expuestas. Observando que tal y como lo dispone el artículo 171 de la ley antes invocada, con posterioridad a clasificar la conducta reprochada y que ésta se acreditaba en suficiencia con las pruebas descritas, la responsable le hizo del conocimiento la existencia del procedimiento y lo citó para comunicarle precisamente la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le atribuyen y se pe puedan entregar copias certificadas del expediente formado para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 2008560, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2168, de rubro: "ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS." Motivo por el cual este juzgador considera infundado el concepto de violación antes precisado, en el que el quejoso esencialmente aduce que la autoridad responsable vulneró el derecho al debido proceso pues inició el procedimiento administrativo sin correrle traslado con cada una de las evaluaciones de control confianza que le hicieron, que acrediten la conducta que se le atribuye. Ello es así, pues como se indicó el referido artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, adverso a lo alegado, no dispone que ello ocurra así, ni a razón del argumento aquí hecho valer, en la medida que al respecto el indicado numeral dispone que una vez que se notifique al investigado, en la cita respectiva podrá hacérsele entrega de la totalidad de constancias que integren el expediente, y no que ello ocurra con anterioridad. En razón de lo anterior, este Juzgador estima que no asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que la autoridad responsable contraviene el derecho de debido proceso debido a que en el acuerdo de inicio de procedimiento reclamado, no se le dio la oportunidad de defenderse al desconocer cada uno de los dictámenes de evaluación, para estar en aptitud de debatir las pruebas aportadas en tal investigación, pues se observa incluso que tal pretensión resulta contraria a lo que dispone el numeral antes citado de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; aunado a que el concepto de violación que se analiza, en su caso se referiría a la actuación subsecuente a la que se efectúa la citación de mérito, que es cuando se debe entregar las copias del expediente formado con motivo de la investigación, sin que se observe que ello deba ocurrir o sea reprochable al dictar el acuerdo de inicio; observando incluso que en el acto aquí reclamado la responsable se pronunció en torno a dicho aspecto. Además que, el acto reclamado es el acuerdo por el cual inicia el procedimiento administrativo de separación en contra del quejoso como elemento de seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, por lo que no es necesario que en ese momento procesal (inicio del procedimiento) el investigado debata las pruebas aportadas en la investigación, ya que conforme a los artículos 14 Constitucional y 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es durante el procedimiento donde deben cumplirse las formalidades del debido proceso que garantizan la adecuada y oportuna defensa de sus intereses en forma previa al acto privativo. Es importante precisar que, el alcance del acuerdo de inicio de procedimiento, de conformidad con la ley que lo rige, se limita a la concreción de la conducta que se imputa al elemento sujeto a investigación, así como al señalamiento de los preceptos que contienen las infracciones que se estiman actualizadas con dicha conducta. Lo anterior es así, dado que será a partir de la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento que el elemento sujeto al mismo dispondrá de un plazo legal - diez días - para dar contestación a los hechos atribuidos, así como ofrecer las pruebas que a su derecho convenga; igualmente, en la audiencia relativa, tendrá la oportunidad de formular los alegatos que a su parte correspondan y solo entonces, habiendo transcurrido dichas etapas, se dictará resolución definitiva en la que se determinará si los hechos e infracciones atribuidas en el acuerdo de inicio quedaron o no acreditadas y, en su caso, si son o no compatibles las conductas con los preceptos citados; asimismo, se calificará la gravedad de la conducta o la infracción cometida. Se determina en ese sentido, ya que de conformidad con el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, antes transcrito, se advierte que el procedimiento administrativo de los elementos policiales, consta de diversos momentos, siendo el primero de ellos el acuerdo de inicio del procedimiento, en el que basta se contenga pruebas suficientes para demostrar la probable responsabilidad administrativa del denunciado. Lo anterior, porque con el acuerdo de inicio de procedimiento y las pruebas que lo respaldan se notifica al elemento, a fin de que éste pueda destruir esa presunción con la defensa que dirija a atacar el acuerdo. Es aplicable al caso por analogía la jurisprudencia PC.I.A. J/62 A (10a.), Registro 2010814, Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Materia(s): Administrativa, página 2448, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO DE INICIO ". Asimismo, no asiste la razón al quejoso al indicar que se violenta lo estipulado en el 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues contrario a lo indicado, tal y como lo establece dicho numeral, no existe la obligación de la responsable de actuar como lo alega, es decir, de entregarle copia de las evaluaciones que integran el examen de control de confianza, en la medida que el indicado numeral incluso reconoce el carácter de confidencialidad de los mismos, con las excepciones ahí previstas, pero en ningún momento establece que deba correrse traslado con los mismos al investigado al citarlo y notificarle el auto de inicio del procedimiento respectivo. De esa manera, no es factible que el quejoso pretenda en esta etapa el análisis relativo a tener acceso a todas las evaluaciones que integran el expediente, o si la conducta atribuida corresponde o no con las previstas en los preceptos legales invocados por la autoridad responsable, pues como se estableció, tal análisis y determinación no es materia del acuerdo de inicio de procedimiento, sino que podrá ser materia de alegato en la audiencia relativa, o en su caso, hacerlo valer como violación procesal en el medio de impugnación que haga valer contra la resolución definitiva que al efecto emita el Consejo de Honor y Justicia en términos de la fracción VI del citado artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en caso de no ser favorable a sus intereses; de ahí lo infundado de sus argumentos. Por otra parte, como se indicó, resulta también infundado el concepto de violación relativo a que no obra en el expediente las certificaciones y acreditaciones de cada uno del personal evaluador (psicología, toxicología, socioeconómico, poligráfico y médico) adscrito al Centro Evaluador que realizó sus exámenes. Al respecto, el artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece: Artículo 107.- Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal. Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez." (Lo subrayado es propio). Del artículo transcrito se obtiene que los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación; y en caso de que en los procesos de certificación intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de lo contrario el proceso carecerá de validez Así, la acreditación que expide el mencionado centro nacional a sus homólogos centros estatales no sólo tiene como finalidad validar los resultados cuando corresponden a "aprobado" o "aprobado con restricciones", sino que también es necesaria para autorizar el resultado cuando corresponde a "no aprobado". Por tanto, los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública deben contar con una acreditación vigente en cuanto a sus procesos y su personal, expedida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación; y que de no contar con ella, los certificados que emitan no tendrán validez, cualquiera que sea su resultado ("aprobado", "aprobado con restricciones" o "no aprobado"). Lo que deviene infundado su argumento, toda vez que como se observa, el citado numeral 107 de la ley en comento, no exige como requisito en alguno de sus párrafos que deba existir la acreditación de cada uno de los especialistas evaluadores (psicología, toxicología, socioeconómico, poligráfico y médico) para dar validez a los certificados que al efecto emitan, sino que basta la acreditación del Centro de Evaluación y Control de Confianza, para que los certificados respectivos sean elementos válidos para iniciar un procedimiento administrativo de baja por incumplimiento de requisitos de permanencia -como el que aquí se estudia-; puesto que como lo define el aludido numeral dicho Certificado se extiende por cuanto a sus procesos y su personal, es decir, sus evaluadores y las evaluaciones en sí mismas. En el entendido que de las actuaciones que integran el procedimiento administrativo de origen, obra la Acreditación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación expedida a favor del "Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos", documental de la que se desprende una vigencia del once de diciembre de dos mil diecisiete al once de diciembre de dos mil diecinueve. De esta forma, si el dictamen de control y confianza emitido por la licenciada Laura Marchan Salgado, Directora General del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Estado de Morelos, fue expedido el doce de junio de dos mil diecinueve, se advierte que se emitió dentro del periodo de vigencia de la acreditación obtenida; por lo que el procedimiento iniciado a virtud de éste, contrario a lo alegado por el quejoso, es válido, pues como se determinó, adversamente a lo pretendido, por disposición del artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicha certificación abarca tanto al Centro mismo, como a sus procesos y su personal, siendo éste entre otros, sus evaluadores; de ahí que sea infundado el concepto de violación en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.4 A (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro digital 2006903, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1113, Décima Época, de rubro: "CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA QUE LOS CERTIFICADOS QUE EMITA SEAN VÁLIDOS Y PUEDAN DAR INICIO, EN SU CASO, AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERMANENCIA, ES NECESARIO QUE AQUÉL CUENTE CON LA ACREDITACIÓN VIGENTE DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN." En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, y no existir queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a GABRIEL RAYON LAGUNAS, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a GABRIEL RAYON LAGUNAS, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 en relación con la circular SECNO/6/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de creación de Nuevos Órganos; dado que este asunto se encuentra en los casos de excepción que dispone la mencionada circular y el expediente está debidamente integrado, listo para el dictado de la sentencia que ahora se emite.
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