Gabriel Quezada Zuñiga

Expediente 238/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
238/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Quezada Zuñiga
  • Juez Primero Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio número 3950/2023 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual, la Presidencia de dicho Tribunal acusa recibo de la diversa comunicación con la que le fue enviado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso; asimismo, en lo que interesa, informa que admitió dicho medio de impugnación, con el número 263/2023. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de diez de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 238/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito del quejoso ****************; visto su contenido provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído veinticuatro de abril de esta anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, conforme a los invocados numerales 100 y 101, de la ley de la materia, una vez que se notifique a la parte quejosa de este acuerdo, ríndase el informe relativo y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, el original y copia del escrito de interposición del recurso y de expresión de agravios, así como el expediente original en que se actúa, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Finalmente, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 238/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que el quejoso """""", en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en proveído de diecisiete de abril de esta anualidad, compareció a ratificar el escrito recepcionado por este Juzgado el catorce de abril en curso; por tanto, se tiene por desahogada la prevención formulada en acuerdo de veintiocho de marzo último, y se le tiene manifestando que: REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO a) Informe el estado procesal y si ya se dictó sentencia en el expediente *****de la estadística del Juzgado Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro. ".que en el Juicio Natural del cual proviene el acto reclamado no se ha dictado sentencia a la presente fecha". b) Proporcione la fecha en que presentó ante el Juzgado Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, el escrito por el que se apersonó a juicio. "La fecha en que se presentó escrito ante el H. Juzgado Cuarto de lo Familiar es el día DOS DE MARZO DEL AÑO 2023". c) Manifieste si lo que reclama del auto de dos de abril de dos mil diecinueve es la parte relativa en el que se tuvo por ampliada la demanda. "Se manifiesta que si se tenga como acto reclamado en el presente juicio de amparo, ya que el mismo es inconstitucional". d) Indique si lo que reclama del acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós es solamente la aceptación de competencia; o, "En relación a si lo que se reclama es la incompetencia, es cierto, porque dicha determinación es inconstitucional, tal como se demostrará con los informes previos y Justificados que se sirvan rendir las autoridades señaladas como responsables". e) Precise si reclama alguna otra determinación. "Toda vez que ya quedaron debidamente determinados los actos reclamados y se precisaron las autoridades responsables tanto ordenadoras como ejecutoras, solicito a su señoría tenga a bien admitir la demanda propuesta.". Por ello, se procede a acordar lo conducente. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De tales artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se conoce que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: 1. El acuerdo dictado el dos de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en el expediente ***, ahora ******, del índice del Juzgado Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el que se tuvo a la parte actora, ampliando su demanda inicial, respecto del pago de la pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de su hijo de iniciales M.R.********************; y, 2. El acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós por el que el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, aceptó la competencia declinada a su favor por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para conocer del juicio *****, ahora *******. En ese sentido, respecto de tales actos reclamados, se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del precepto transcrito se aprecia que previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa, en atención al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, debe agotar el medio de defensa que prevé la ley ordinaria, a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional. Lo anterior tiene como sustento el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo puede ser accionado por la actualización de un agravio personal y directo en sus derechos fundamentales, para evitar que cualquier apreciación subjetiva sea considerada violatoria de derechos humanos. Cabe precisar que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino carga procesal que debe atender. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materias(s): Común, Registro digital: 187016, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En el caso, previo a la promoción de la demanda de amparo, la parte quejosa debió interponer contra los actos reclamados el recurso de revocación previsto en el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Los artículos 666, 667, 670 y 673, segundo párrafo, última parte, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". "Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano". "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo". "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. (.)". Lo resaltado es propio. Del análisis de dichos preceptos legales y de los autos reclamados, se concluye que lo controvertido por la quejosa puede impugnarse mediante el recurso de revocación, ya que los actos que reclama lo constituyen: 1. El acuerdo dictado el dos de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en el expediente ****, ahora *****, del índice del Juzgado Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el que se tuvo a la parte actora, ampliando su demanda inicial, respecto del pago de la pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de su hijo de iniciales M.R.********************; y, 2. El acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós por el que el Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, aceptó la competencia declinada a su favor por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para conocer del juicio ***, ahora ****. Autos que, en su contra no procede el recurso de apelación, ya que no tienen fuerza definitivo, por lo tanto, al no ser apelables, resulta procedente el recurso de revocación. En efecto, la revocación es un medio de defensa que el legislador instauró para el efecto de que el juez de origen, revoque si así procede el auto que emitió, en el supuesto de que contra éste, no resulte procedente el recurso de apelación, como en el caso, por lo que, se reitera, previamente a la promoción del juicio de amparo la parte quejosa debió interponer contra el acto reclamado el recurso de revocación previsto en el artículo 666, en relación con el diverso 667, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Recurso mediante el cual podía obtener la revocación, modificación o nulidad de las determinaciones reclamadas por esta vía; máxime, que nada le imposibilitaba para interponerlo, en razón principalmente, de que es parte en el juicio, además, de que se encontraba en tiempo para promoverlo. Sin que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del invocado artículo 63 de la ley de materia para no agotar, previo a la promoción del amparo, el recurso ordinario de revocación contra el acto reclamado. Lo anterior es así, pues la resolución reclamada no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; menos el quejoso se trate de persona extraña al procedimiento de donde deriva el acto reclamado; ni el acto combatido se trata de un auto de vinculación a proceso. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materias(s): Común, Registro digital: 2009912, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Así como la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materias(s): Común, Registro digital: 2017117, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, por lo que respecta al acuerdo dictado el dos de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en el expediente ****, ahora *****, del índice del Juzgado Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el que se tuvo a la parte actora, ampliando su demanda inicial, respecto del pago de la pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de su hijo de iniciales M.R.********************, se actualiza también la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que dicho acuerdo por el momento no le causa a la parte promovente un perjuicio de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que sólo tiene efectos intraprocesales que no afectan de manera directa ninguno de sus derechos fundamentales. Con dicho acto sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tales determinaciones no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, sino que tal situación únicamente incide en la fijación de la litis en el juicio de origen. Luego, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la responsable, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos si la sentencia definitiva es adverso a los intereses de la parte quejosa. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el expediente de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contrario, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Aunado a lo anterior es pertinente mencionar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en la Carta Magna; de tal suerte, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate, caso en el cual sí es procedente el amparo biinstancial, sin esperar al pronunciamiento del fallo definitivo. Lo anterior encuentra sustento, por las razones que la informan, en la jurisprudencia 37/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 238/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos, el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en auto de quince de marzo del año en curso expone: REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO Precise cuál es el acto reclamado en esta instancia, si el auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve o el diverso de dos de abril de dos mil diecinueve. 1.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: En el presente juicio de Garantías se señala como actos reclamados los siguientes, del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, el auto de fecha DOS DE ABRIL DEL AÑO 2019, tal como ya fue señalado en la Demanda Inicial, por el que se determina el reclamo sobre la pensión alimenticia desde la fecha de nacimiento de mi menor hijo. Precise de manera clara qué actos le atribuye a las autoridades que refiere como "d).- Al C. Actuario Notificador Adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca y e).- Al C. Actuarios Notificadores Ejecutor de la Secretaría "SEGUNDA", Adscrito al H. Juzgado Cuarto de lo Familiar, del Distrito Judicial del Centro. 2.- Respecto a la Inciso d) en cuanto al acto o actos que se le atribuyen a la autoridad mencionada se le reclama la NOTIFICACIÓN de todos los actos emitido por el C. Juez Primero Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, esto en razón que es la autoridad que ejecuta los autos, resoluciones interlocutorias o definitivas del Juez quien es Titular del Juzgado Primero Civil de la Villa de Etla, Oaxaca. e).- En cuanto a los actos señalados a la autoridad señalada en el inciso e).- le reclamo la EJECUCIÓN (notificación) de todos los actos emitidos por el C. Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro de la Ciudad de Oaxaca. Indique en qué expediente se deriva el acto reclamado, si en el ***, en el *** o en el **. 3. Los actos reclamados se derivan del expediente número 859/2014. tramitado ante el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Villa de Ella, Oaxaca, y los actos emitidos y ejecutados dentro del expediente número 202/2022, tramitado ante el C. Juez Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la Ciudad de Oaxaca. Indique qué acto le atribuye de manera concreta al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, pues si bien señala como tal ".la CONVILIDACIÓN (sic) del auto de fecha dos de abril del año 2019, que se ha realizado al momento de aceptar la COMPTENCIA (sic), dentro del expediente identificado con el número 202/202.", no indica el acuerdo por el que se realizó la convalidación que refiere. 4.- El acto reclamado atribuido al C, Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, es todo lo actuado del Expediente número 202/2022, quien en auto de fecha 24 de junio del año 2022, acepta la competencia, derivado del expediente identificado con el número 85972014, del índice del Juzgado Primero Civil de Villa de Etla Oaxaca, por lo que se le reclama la inconstitucionalidad de todo lo actuado. Manifieste si señala como autoridad responsable al Juez Décimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México; de ser el caso, precise qué acto le atribuye. 5.- RESPECTO A ESTA AUTORIDAD, SOLICITO SE TENGA POR NO SEÑALADA. Indique si ha promovido algún otro juicio de amparo respecto del algún acto derivado en los expedientes que refiere en la demanda de amparo; de ser el caso, precise el número del juicio de amparo y el Juzgado de Distrito en el que se tramitó dicho juicio. 6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE HA PROMOVIDO NINGUN JUIDICO DE GARANTÍAS RESPECTO DE LOS DOS EXPEDIENTES QUE SE MENCIONAN EN ESTE ESCRITO Y EN LA DEMANDA DE AMPARO INICIAL. Precise la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de los actos reclamados, ya que se concreta al decir: "21 de febrero de la anualidad", pero no especifica a que anualidad se refiere. 7.- La fecha en que se tuvo conocimiento de los actos reclamados fue el día 21 de febrero del año 2023. Manifieste si ya tuvo intervención en el juicio de origen, pues de la lectura integral de la demanda, se advierte que ya tuvo acceso a la consulta del expediente relativo. 8. Ya se tuvo intervención. Ahora bien, a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia de la parte quejosa, conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, cabe señalar que de las manifestaciones realizadas en el escrito de cuenta, se advierten nuevos elementos para efectuarle una nueva prevención a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días concedido en auto inicial de quince de marzo en curso, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: a) Informe el estado procesal y si ya se dictó sentencia en el expediente 202/2022 de la estadística del Juzgado Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro. b) Proporcione la fecha en que presentó ante el Juzgado Cuarto de la Familiar del Distrito Judicial del Centro, el escrito por el que se apersonó a juicio. c) Manifieste si lo que reclama del auto de dos de abril de dos mil diecinueve es la parte relativa en el que se tuvo por ampliada la demanda. d) Indique si lo que reclama del acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós es solamente la aceptación de competencia; o, e) Precise si reclama alguna otra determinación. Lo anterior, a fin de delimitar la litis en este asunto. En la inteligencia de que continúa vigente el apercibimiento con el que fue conminado en proveído de quince de marzo de esta anualidad, en el sentido de que de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Asimismo, se APERCIBE NUEVAMENTE a la parte quejosa, para que se conduzca en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sobre esta prevención, resultan aplicables en términos del artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la tesis XXVII.3 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1121, Materias(s): Común, Registro digital: 184437, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión". La tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Y la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080 que establece: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Notifíquese personalmente.

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