Gabriel Pérez Joaquín
Expediente 546/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabriel Pérez Joaquín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión, en contra de la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, dictada el catorce de agosto de esta anualidad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME LA REFERIDA RESOLUCIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. En otro contexto, considerando que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción I, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Fenece plazo para ampliación de demanda. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no amplió su demanda, en el plazo de quince días hábiles concedido, respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó al quejoso en auto de doce de julio del año en curso, y se continúa con el trámite de este juicio de amparo como originalmente se planteó en el escrito inicial de demanda. Actualización de causa de improcedencia. Ahora, vistas las constancias de autos, se advierte que en este asunto se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que supera al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Lo anterior acontece en el caso porque la parte quejosa reclama lo siguiente: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable la violación a mi derecho de petición consagrado en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unido (sic) Mexicanos, en virtud de que a la fecha ha sido omisa en dar respuesta a la petición formulada de fecha CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, toda vez que como lo marca el citado artículo es obligación de los funcionarios y empleados públicos respetar el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito y de manera pacífica, al cual deberá recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido y quien tiene la obligación de hacerlo saber en breve término al peticionario." De lo anterior puede advertirse, que lo que en esencia reclama la parte quejosa, lo constituye: La omisión de la responsable, de dar respuesta a la petición que la parte quejosa presentó por escrito el cinco de octubre de dos mil veintidós. Ahora, delimitada la materia de estudio en este juicio de amparo, se tiene que, de la revisión de las constancias remitidas en copia certificada, por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las que adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su numeral 2, se advierte lo siguiente: Mediante resolución de veintiocho de junio de dos veintitrés, emitida por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, resolvió el recurso de revocación * * * * * * * formado con motivo del escrito presentado por la parte quejosa el cinco de octubre de dos mil veintidós, en la que determinó confirmar su postura respecto al valor catastral, asignado a la cuenta catastral cuya revocación de valor había solicitado la parte quejosa. La resolución aludida en el punto precedente, fue notificado bajo el oficio * * * * * * * * * * el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, a * * * * * * * autorizado de la parte quejosa en el trámite administrativo de origen. Ante tales circunstancias, resulta notorio que la autoridad responsable atendió la solicitud cuya omisión fue el motivo de la acción de amparo; por lo que, al cesar los efectos de esa omisión, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si dicha omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 2 / J 59 / 99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo el tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al ser notoria la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA este juicio, por cesar los efectos del acto reclamado. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Ante ello, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes, y se ordena efectuar anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificar el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la responsable y por lista electrónica a la representación social.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA, YA QUE NO ACUDIÓ AL JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES A PESAR DEL AVISO QUE SE LE DEJÓ. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Fenece plazo para ampliación de demanda. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no amplió su demanda, en el plazo de quince días hábiles concedido, respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó al quejoso en auto de doce de julio del año en curso, y se continúa con el trámite de este juicio de amparo como originalmente se planteó en el escrito inicial de demanda. Actualización de causa de improcedencia. Ahora, vistas las constancias de autos, se advierte que en este asunto se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que supera al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Lo anterior acontece en el caso porque la parte quejosa reclama lo siguiente: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable la violación a mi derecho de petición consagrado en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unido (sic) Mexicanos, en virtud de que a la fecha ha sido omisa en dar respuesta a la petición formulada de fecha CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, toda vez que como lo marca el citado artículo es obligación de los funcionarios y empleados públicos respetar el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito y de manera pacífica, al cual deberá recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido y quien tiene la obligación de hacerlo saber en breve término al peticionario." De lo anterior puede advertirse, que lo que en esencia reclama la parte quejosa, lo constituye: La omisión de la responsable, de dar respuesta a la petición que la parte quejosa presentó por escrito el cinco de octubre de dos mil veintidós. Ahora, delimitada la materia de estudio en este juicio de amparo, se tiene que, de la revisión de las constancias remitidas en copia certificada, por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las que adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su numeral 2, se advierte lo siguiente: Mediante resolución de veintiocho de junio de dos veintitrés, emitida por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, resolvió el recurso de revocación * * * * * * * formado con motivo del escrito presentado por la parte quejosa el cinco de octubre de dos mil veintidós, en la que determinó confirmar su postura respecto al valor catastral, asignado a la cuenta catastral cuya revocación de valor había solicitado la parte quejosa. La resolución aludida en el punto precedente, fue notificado bajo el oficio * * * * * * * * * * el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, a * * * * * * * autorizado de la parte quejosa en el trámite administrativo de origen. Ante tales circunstancias, resulta notorio que la autoridad responsable atendió la solicitud cuya omisión fue el motivo de la acción de amparo; por lo que, al cesar los efectos de esa omisión, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si dicha omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 2 / J 59 / 99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo el tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al ser notoria la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA este juicio, por cesar los efectos del acto reclamado. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Ante ello, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes, y se ordena efectuar anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificar el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la responsable y por lista electrónica a la representación social.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, que mediante proveído de doce de julio de este año, se otorgó el plazo de quince días hábiles a la parte quejosa, para que manifieste si es su voluntad o no, ampliar su demanda de amparo en los términos ahí planteados. En consecuencia, para dar margen al plazo aludido, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó y firma de manera electrónica la licenciada Dolores Guadalupe Bazán
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