Gabriel Pérez Montejo y Otros.

Expediente 689/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Pérez Montejo y Otros.
  • Gabriel Pérez Montejo

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de octubre de dos mil veintiuno. Certificación y estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Ejecutoria. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. En otra tesitura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que fue sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Igualmente, una vez cumplido el plazo a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21; y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Finalmente, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Recepción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Primero especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y anexa documental. Pruebas. Atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental que exhibe. Estudio de las constancias. Por otra parte, se advierte que de las constancias remitidas por el referido Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Primero especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, consta que se señalaron las nueve horas del veinticuatro de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación. Por tanto, se tiene que ha operado la cesación de los efectos del acto reclamado, en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que la conducta omisiva que se atribuía ha desaparecido, como si hubiere otorgado la protección constitucional. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo antes expuesto, hace la desaparición total de los efectos del citado acto reclamado, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella Ramón Hugo Flores Díaz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cd.27 26/08/22 10:14:05 alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ello es así, pues si la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación dentro del término que marca la ley; sin embargo, en la secuela del procedimiento del presente juicio de amparo, el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, señaló las nueve horas del veinticuatro de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, asimismo, anexó diversas constancias que acreditan su dicho. Por tanto, la conducta que dio origen al presente juicio de amparo, es evidente que esta ya no existe, lo que hace que exista una cesación de los efectos de los actos reclamados. Por lo que debe considerarse que la violación reclamada dejó de existir. En tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues han cesado los actos de los cuales se dolía el impetrante de amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o Ramón Hugo Flores Díaz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cd.27 26/08/22 10:14:05 Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas Juicio de amparo 689/2021 Laboral ??????????????? destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, registro número 193758 Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Sin efectos audiencia. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito de demanda, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que se hubiera hecho constar en el auto admisorio. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su artículo 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Avenida Palma Camedor, número 106-B, colonia Las Palmas, en esta ciudad.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Recepción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Primero especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y anexa documental. Pruebas. Atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental que exhibe. Estudio de las constancias. Por otra parte, se advierte que de las constancias remitidas por el referido Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Primero especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, consta que se señalaron las nueve horas del veinticuatro de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación. Por tanto, se tiene que ha operado la cesación de los efectos del acto reclamado, en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que la conducta omisiva que se atribuía ha desaparecido, como si hubiere otorgado la protección constitucional. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo antes expuesto, hace la desaparición total de los efectos del citado acto reclamado, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella Ramón Hugo Flores Díaz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cd.27 26/08/22 10:14:05 alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ello es así, pues si la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación dentro del término que marca la ley; sin embargo, en la secuela del procedimiento del presente juicio de amparo, el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, señaló las nueve horas del veinticuatro de septiembre del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, asimismo, anexó diversas constancias que acreditan su dicho. Por tanto, la conducta que dio origen al presente juicio de amparo, es evidente que esta ya no existe, lo que hace que exista una cesación de los efectos de los actos reclamados. Por lo que debe considerarse que la violación reclamada dejó de existir. En tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues han cesado los actos de los cuales se dolía el impetrante de amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o Ramón Hugo Flores Díaz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cd.27 26/08/22 10:14:05 Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas Juicio de amparo 689/2021 Laboral ??????????????? destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, registro número 193758 Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Sin efectos audiencia. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito de demanda, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que se hubiera hecho constar en el auto admisorio. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su artículo 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Avenida Palma Camedor, número 106-B, colonia Las Palmas, en esta ciudad.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve Gabriel Pérez Montejo, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 689/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que se tramitara sin incidente de suspensión. Autorizados. Ténganse por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pasiano Hernández Moreno, Carlos Fernando Arrazola Farjeat y Nancy Rodarte de los Santos, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. Ministerio Público. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado, sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado, o bien, si se ha promovido diverso juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Requerimiento. Requiérase a la autoridad para que informe si el quejoso ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Pruebas. La parte quejosa ofrece pruebas documentales en copia simple consistentes en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del expediente laboral 431/2020, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Ahora, respecto al acceso para consultar el expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza a la parte quejosa la consulta en la vía que solicita, para lo cual refiere que los nombres de usuario son "moreno_hdz, Rodarte03 y Arrrazola117", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule los usuarios proporcionados con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, se ordena al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional realizar las subsecuentes notificaciones por dicha vía. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Tercero interesado. En cuanto a la manifestación del tercero interesado, se determina que no le recae tal carácter, porque el acto reclamado incide solamente en los derechos procesales de la parte quejosa; por consiguiente, no se tendrá en este juicio con tal calidad a los señalados. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Listas de acuerdos. Adicionalmente, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Finalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados.

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