Gabriel Morales Hernández
Expediente 817/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2017
Partes del expediente
- Gabriel Morales Hernández
Actuaciones
- Principal
Se declara firme el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Archívese el presente como asunto concluido.
- Principal
3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es auto de formal prisión dictado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado en la misma data, emitido por el Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con sede en el Ejido Lázaro Cárdenas del Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la causa penal 15/2016, por el delito de despojo agravado y daños en agravio de Jesús Pérez Ramírez. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del análisis de la demanda de garantías se advierte que el aquí quejoso Gabriel Morales Hernández, bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue notificado del acto que reclama desde el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis En este contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con él. En ese sentido, si el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es inconcuso, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto 17, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es inconcuso que el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintiséis de octubre al quince de noviembre del dos mil dieciséis; lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa presentó la demanda hasta el veintiocho de julio de la anualidad que cursa, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, es decir fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el plazo para presentar la misma, transcurrió en exceso, pues han pasado aproximadamente nueve meses. Apoya lo anterior la tesis del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Ante tales circunstancias motivan la actualización de la causal de improcedencia advertida, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, ante la presentación en forma extemporánea de la demanda de amparo y por ende lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el numeral 113 de la ley en cita.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA. 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa es auto de formal prisión dictado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado en la misma data, emitido por el Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con sede en el Ejido Lázaro Cárdenas del Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la causa penal 15/2016, por el delito de despojo agravado y daños en agravio de Jesús Pérez Ramírez. Conforme a lo expuesto, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior, el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del análisis de la demanda de garantías se advierte que el aquí quejoso Gabriel Morales Hernández, bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue notificado del acto que reclama desde el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis En este contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con él. En ese sentido, si el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es inconcuso, que de acuerdo con los alcances y contenido de dicho precepto 17, la demanda promovida debió presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es inconcuso que el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintiséis de octubre al quince de noviembre del dos mil dieciséis; lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa presentó la demanda hasta el veintiocho de julio de la anualidad que cursa, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, es decir fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el plazo para presentar la misma, transcurrió en exceso, pues han pasado aproximadamente nueve meses. Apoya lo anterior la tesis del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Ante tales circunstancias motivan la actualización de la causal de improcedencia advertida, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, ante la presentación en forma extemporánea de la demanda de amparo y por ende lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el numeral 113 de la ley en cita.
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