Gabriel Muñoz Montoya

Expediente 20/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Muñoz Montoya
  • Juez de Distrito Espacializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio adcrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un disco compacto, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 20/2022, promovido por ********************por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el Centro de Justicia Penal con residencia en esta ciudad, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (en la vía directa), contra actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución; razón por la cual, mediante oficio de dieciocho de octubre de la anualidad próxima pasada, el Juez responsable remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Segundo. En sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el citado Tribunal, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, al considerar que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo; de ahí que ordenó la remisión de la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad. Tercero. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró bajo el número 20/2022; en auto de once de enero de dos mil veintidós se admitió; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la responsable, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se convalidaron los emplazamientos de los terceros interesados y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, consiste en: La resolución pronunciada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el medio de impugnación ********************, formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, en contra del no ejercicio de la acción penal emitido dentro de la carpeta de investigación ********************, mediante la cual revocó la determinación del Agente del Ministerio Público de la Federación y ordena que decline la competencia a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, o bien, ejerza la facultad de atracción y continúe con la investigación de los términos destacados en la audiencia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja132). Lo que se corrobora con el disco óptico versátil que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Este Juzgado advierte, que en la especie se actualiza las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la resolución pronunciada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el medio de impugnación ********************, formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, en contra del no ejercicio de la acción penal emitido dentro de la carpeta de investigación ********************, en la que se determinó lo siguiente: ".Tomando en cuenta el contenido del artículo 418, procedo nuevamente a verificar que sea en su caso el artículo, en su caso hace referencia a cuatro metros de madera, sin embargo no advierto que tenga una referencia exclusiva en el sentido de que si se trata de menos de cuatro metros debe ser competencia del fuero común y si es mayor de cuatro metros debe ser competencia federal, y es así porque precisamente dice, 419 habla de un tipo penal que dice que cuatro metros cúbicos o en su caso el equivalente, dice la misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos si se trata de conductas reiteradas, eso quiere decir que la referencia de cuatro metros no es lo que le da la calidad de materia federal. Entonces, desde mi punto de vista, yo advierto que precisamente en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se actualiza ninguna de las hipótesis de competencia Federal y por ello, yo digo y coincido en cuanto a la determinación de fondo del Fiscal de la Federación en cuanto al no ejercicio de la acción penal, pero con la siguiente salvedad, salvo que el Fiscal Federal ejerza la facultad de atracción a que se refiere la fracción IV que dice: "De los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción", el Fiscal de la Federación en torno a esas facultades no ejerza esa facultad de atracción deberá declinar la competencia de los hechos materia de denuncia, por parte del señor ********************, porque se refieren a los mismos hechos que son materia de una denuncia en el del fuero común, precisamente del fuero común, deberá declinar su competencia y con motivo de esa declinación de competencia, precisamente estará en aptitud de determinar el no ejercicio de la acción penal, solo por lo que se refiere a la competencia federal sin prejuzgar sobre las conductas denunciadas insisto en materia federal. Entonces el Fiscal de la federación el licenciado ******************** tendrá que actuar en consecuencia, derivado de lo anterior, entonces con motivo de esta determinación, considero inatendibles todos los argumentos expuestos por el Fiscal de la Federación por el licenciado, por el licenciado ******************** y por el licenciado ******************** y es así porque precisamente la competencia es de carácter de atención inicial y de preferencia en cuanto a las determinaciones." [minutio7:04 tercera parte del audio y video]. Mas adelante precisa: ".insisto los puntos clave de mi determinación es, coincido con el Fiscal de la Federación en cuanto a la determinación del no ejercicio, porque no se trata de delito del Fuero Federal, entonces por eso yo dije, dejo sin efectos su determinación, o sea la estoy revocando, le pido que salvo que él respetando sus atribuciones ejerza facultad de atracción deberá declinar la competencia de los hechos Materia de denuncia en Materia Federal al Fuero Común porque ahí se encuentra una carpeta de investigación, inclusive.y entonces sí, ya después de esa competencia, que se dirima esa situación, el Fiscal Federal de la Federación podrá determinar el no ejercicio de la acción, porque no hay materia de investigación, porque los hechos en todo caso deben ser del fuero común." [minuto 12:38 de la tercera parte del registro de audio y video]. Finalmente concluyó: ".Yo no estoy en este momento en condiciones de determinar si le asiste razón a ******************** o le asiste razón ******************** y ********************. En primero aunque unas personas hayan cometido un delito de carácter federal por eso estamos.. Tampoco estoy prejuzgando así, si existe responsabilidad de las personas que tienen la calidad de investigados. Tampoco estoy juzgando si existe una causa de justificación o no existe delito, yo lo que estoy tomando en consideración es que existe una doble regulación en el Código Penal para el Estado de Michoacán, hay las mismas conductas a que se refiere la denuncia en materia Federal que pudiera ser materia del delito del fuero común, inclusive los hechos que se refieren del cuatro veinticinco de junio ya fueron materia de una denuncia. Por tanto, considero que quien debe tomar una determinación de si hay delito o no hay delito, hay una causa de justificación.., insisto yo no emito ninguna determinación de responsabilidad o no responsabilidad, solo considero que es otra instancia quien debe pronunciarse en el particular. [minuto 12:38 de la tercera parte del registro de audio y video]. De la anterior transcripción deriva, que el juez responsable, al emitir la resolución reclamada revocó la determinación del Agente del Ministerio Público de la Federación (no ejercicio de la acción penal) y ordenó que declinara la competencia a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, o bien, ejerciera la facultad de atracción y continuara con la investigación de los términos destacados en la audiencia. Afectación al interés jurídico. Como se anticipó en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva de una carpeta de investigación, en la que por una parte, se revocó la determinación del agente del Ministerio Público de la Federación del no ejercicio de la acción penal; por ende deben acreditar la afectación al interés jurídico, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente la afectación a su interés jurídico (y no de otra clase), que les asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser propietaria. Sin embargo, como se adelantó, este Órgano Jurisdiccional considera que el acto reclamado por el que se revocó la determinación del agente del Ministerio Público de la federación respecto al no ejercicio de la acción penal, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa. Se dice de este modo, toda vez que si bien es cierto que el quejoso figura como parte en la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado, y fue precisamente quien interpuso el medio de impugnación que resolvió el juez responsable, en contra del no ejercicio de la acción penal; también lo es que basta imponerse del contenido de la audiencia celebrada el ocho de septiembre de la anualidad próxima pasada, para poder advertir que el a quo revocó dicha determinación y ordenó declinar la competencia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, o bien, ejerza la facultad de atracción y continúe con la investigación en los términos destacados en audiencia. Esto es, la reapertura de la investigación ordenada por el juez de control, con la finalidad de posibilitar la continuación con la investigación, ya sea en el fuero federal o común, y con ello que, eventualmente se pudiese ejercitar la acción penal, no constituye un acto susceptible de generar una afectación al recurrente y denunciante, pues la revocación del no ejercicio de la acción penal provocó un cambio favorable en su pretensión, que permite al órgano ministerial desplegar su facultad investigadora de la carpeta de investigación. No pasa desapercibido, el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 6/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se bien se determinó la existencia de una afectación del interés jurídico para instar el juicio de amparo indirecto en contra del auto que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación; ello únicamente atiende al imputado - a quien inevitablemente trae consigo actos que son susceptibles de trastocar su esfera jurídica- y no como en el asunto de que se trata que, quien ocurrió a esta instancia constitucional fue precisamente quien se inconformó en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal. La determinación de incompetencia no es un acto definitivo. De igual forma, debe decirse que respecto a la determinación del juez responsable de declinar la competencia a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, o bien, ejercer la facultad de atracción y continuar con la investigación en los términos destacados en la audiencia, también se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que señalan en su orden: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que el artículo 107, fracción VIII, no debía interpretarse literalmente y aseverar, el juicio de amparo procederá, indefectiblemente, cuando se reclame ese tipo de actos de autoridad; sino que para que ello ocurra éstos deberán ser definitivos. Lo anterior, dado que si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: "... Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", sin hacer mayores especificaciones al respecto; era necesario acudir, a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, señaló que aun cuando la disposición en examen no establece expresamente que para la procedencia del juicio biinstancial, el acto que se reclame debe ser aquel en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, toda vez que en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Por tanto, determinó nuestro más Alto Tribunal, que cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, señaló el Pleno, que será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que en la especie el acto tildado de inconstitucional no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en razón a que no se trata de un acto definitivo. En efecto, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la resolución pronunciada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el medio de impugnación ********************, formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, en contra del no ejercicio de la acción penal emitido dentro de la carpeta de investigación ********************, mediante la cual revocó la determinación del Agente del Ministerio Público de la Federación y se ordenó que declinara la competencia a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, o bien, ejerciera la facultad de atracción y continuara con la investigación de los términos destacados en la audiencia. Esto es, dicho pronunciamiento aún no define la cuestión competencial, toda vez que en primer lugar el a quo, le confirió al representante social la opción de declinarla, o bien ejercer la facultad de atracción y continuar con la investigación [minuto 8:16 de la tercera parte del audio y video], por lo que la competencia se encuentra sub judice a la determinación que llegase a optar el representante social; y en segundo, en caso de que estimase declinarla a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, lo cierto es que ello está sujeto a que esta última la acepte, por lo que sería hasta ese momento en que podría estimarse que existe verdaderamente una "determinación" sobre la declinación de competencia; por ello, se estima que el acto reclamado indudablemente no produce una afectación rea y actual en la esfera jurídica del quejoso. En apoyo a lo anterior, es de citar la Jurisprudencia P./J.17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, Libro 21, Agosto de 2015, Registro IUS 2009721, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por tanto, si el acto reclamado no "determina" la cuestión competencial, es decir, no implica que el asunto se resuelva en una jurisdicción diversa de la planteada en un inicio, no puede estimarse que el juicio sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, con lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Por todo lo anterior, con apoyo en los artículos 61, fracciones XII y XVIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho por su propio derecho, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido oficio que remite la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que la única información con la que se cuenta, son los números telefónicos y correos electrónicos, proporcionados en autos, esto para notificarles a los terceros interesados el auto de once de enero del presente año. Por lo anterior, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b, que refiere que la notificación personal siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la misma se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen y toda vez que el defensor particular ******************** de los terceros interesados ********************y ********************, señaló el correo electrónico ********************, quien a su vez tiene número telefónico ********************, para recibir las mismas. En consecuencia, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza se les notifique a los terceros interesados por medio de su defensor particular el proveído de once de enero del presente año, en el correo electrónico y número de teléfono referidos con anterioridad así como practicarle las notificaciones de carácter personal por dicho medio, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

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