Gabriel Medina Garcia

Expediente 1307/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1307/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Medina Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito suscrito por el quejoso Gabriel Medina García, mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en autos, en donde se le requirió para que su escrito aclaratorio cumpliera con los requisitos que señalada el artículo 108 de la Ley de Amparo, toda vez que no mencionaba los conceptos de violación respecto del acto que reclama; sin embargo, el escrito de cuenta fue presentado vía correo electrónico, por lo que debe analizarse lo establecido por el artículo 3° de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Respecto lo anterior, se aprecia que el presente escrito no contiene firma electrónica, por lo que no se le puede tener por cumpliendo la prevención formulada en autos. Atento lo anterior, dígase a la ocursante que continuará transcurriendo el plazo para cumplir con la prevención, una vez que surta efectos la notificación personal que se le practique del presente auto, ya que éste se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio, con la finalidad de que tenga oportunidad de subsanar cualquier omisión o deficiencia en que haya incurrido para dar cumplimiento cabal con lo requerido. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro digital: 2000702, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 16 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso Gabriel Medina García, mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en autos, refiriendo bajo protesta de decir verdad que si es su deseo señalar como acto reclamado la resolución emitida el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de antecedentes 00022/2021, actuación que sustituye procesalmente al auto de catorce de septiembre del presente año en donde se le impuso la multa que reclama; sin embargo, no se le tiene cumpliendo cabalmente dado que su escrito no cumple con los requisitos que señalada el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es, no menciona los conceptos de violación respecto del acto que reclama. Atento lo anterior, dígase a la ocursante que continuará transcurriendo el plazo para cumplir con la prevención, una vez que surta efectos la notificación personal que se le practique del presente auto, ya que éste se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio, con la finalidad de que tenga oportunidad de subsanar cualquier omisión o deficiencia en que haya incurrido para dar cumplimiento cabal con lo requerido. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro digital: 2000702, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 354/2023, promovido por ********************por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, del Distrito Judicial de esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º, 5º, 14, 16, 17 y 107 fracción I de la Constitución General de la República. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este juzgado federal, se registró bajo el número ********************y en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda por considerar que los actos no tienen sobre las personas una ejecución de imposible reparación. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en donde en sesión celebrada el veintisiete de julio de la anualidad que transcurre, declaró fundado el citado medio de impugnación, bajo el argumento toral consistente en que no era el momento procesal oportuno para establecer que se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, este juzgador admitió la demanda de que se trata; se requirió el informe justificado a la responsable; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. El diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************, quien es la actora en el juicio natural de donde emana el acto reclamado y se ordenó emplazarla a juicio. Así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución, dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que ********************por su propio derecho, reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, del Distrito Judicial de esta ciudad: El auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, relativo al juicio especial oral familiar relativo a la indemnización y otras prestaciones, promovió ******************** frente a ********************mediante el cual, se le dijo que se estuviera a lo desahogado en la audiencia preliminar de seis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se acordó su escrito presentado el cinco de este último mes y año. Tercero. Certeza actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral, del Distrito Judicial de esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con la prueba documental que acompañó al mismo, consistente en copias certificadas del expediente ********************, así como el disco del audio y video en el que obra la audiencia preliminar celebrada el seis de diciembre de dos mil veintidós; pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en las fracciones XII y XIII del propio ordinal, en virtud de que el proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario familiar ********************, deriva de un acto que fue consentido tácitamente por la parte quejosa en este juicio, al no haberlo impugnado. En el artículo 61, fracciones XXIII, XIII y XIV de la Ley de Amparo, se establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". El precepto legal antes transcrito, en sus fracciones XIII y XIV, establece, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento así mismo que entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley, por lo que nos remite a los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. Así, relacionando el contenido de dicha fracción con lo dispuesto en la diversa XXIII del artículo 61 de la propia Ley de la Materia, puede estimarse que el juicio de amparo también resulta improcedente contra actos derivados de otros que fueron consentidos, es decir, actos que son consecuencia directa o inmediata de los primeros o bien, de contenido similar a aquéllos; pues de analizarse en el juicio de amparo actos que son consecuencia de otros que no se impugnaron o fueron consentidos, se analizarían actuaciones que ya adquirieron firmeza procesal, en contravención al principio de seguridad jurídica que rige el proceso. Respecto al consentimiento de los actos reclamados para efectos de la improcedencia en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, registro 232527, lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis publicadas en la página 922 del Tomo LXXXI, y 1519 del Tomo LXXVII, ambos del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Quinta Época, que ilustran el criterio que habrá de sustentarse en este asunto, que son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, CUÁLES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Para considerar que determinados actos son derivados de otros consentidos, y por ello deba sobreseerse en el amparo, deben concurrir dos requisitos: primero que el acto que se reclame sea una consecuencia legal y directa del acto consentido, como sucede en el procedimiento coactivo en que el remate es una consecuencia directa y prevista por la ley, del embargo; segundo, que no se ataque el acto reclamado por vicios que afecten al acto antecedente. Ahora bien, debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior basado en que la negativa a autorizar el funcionamiento de una sociedad cooperativa, que proyectaban constituir los quejosos, es un acto que se deriva de un acuerdo presidencial que no reclamaron, porque en el caso, no están satisfechos ninguno de los dos requisitos aludidos, para considerar que se trata de un acto derivado de otro consentido, esto es, tal negativa no es una consecuencia directa y legalmente necesaria del referido acuerdo presidencial." De lo anterior se advierte que, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben concurrir varios elementos, a saber: 1. Que el acto que se reclama en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó, o bien una reiteración de éste; 2. Que dicho acto anterior se emita en contra de la quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; y, 3. Que no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se impugnó oportunamente. Lo antes determinado también encuentra sustento, en la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." Igualmente, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 193, en la página 165, del Tomo VI, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." De igual manera, se estima necesario precisar los principales antecedentes del juicio especial oral familiar relativo a la indemnización y otras prestaciones ******************** del que deriva el acto reclamado: Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, ********************, por su propio derecho, demandó a ******************** la indemnización y otras prestaciones (fojas 1-8 tomo de pruebas). El siete de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite y se ordenó emplazar al demandado (fojas 12-15 del tomo de pruebas). El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, señalaron las once horas del seis de diciembre del mismo año, para que tuviera verificativo la audiencia preliminar (foja 63 del tomo de pruebas). Mediante ocurso presentado el cinco de diciembre de la anualidad próxima pasada, el representante legal del demandado, solicitó se difiriera dicha audiencia, en atención a que el enjuiciado se encontraba enfermo (foja 65 del tomo de pruebas). El seis de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la que en relación con el ocurso citado en el párrafo que antecede, se acordó lo siguiente: ".Esta solicitud se le niega en términos del artículo 951 del Código Familiar, en atención a que, siendo la audiencia preliminar y teniendo ******************** mandato otorgado con personalidad reconocida en autos, que se glosa a fojas ciento cuatro en adelante, se desprende que podría ser ******************** ********************, que compareciera a nombre de su mandatario a estar presente en esta audiencia. Pero además, porque el artículo mencionado mandata que con o sin presencia de las partes se verificarán las audiencias; sin que exista impedimento legal y afecte de manera alguna los derechos del demandado, dado que cuenta con representante designado y reconocido en el expediente." (minuto 22:23 del disco de audio y video). La parte demandada, en escrito presentado el trece de marzo de la anualidad que transcurre, solicitó al Juez que se pronunciara respecto a la solicitud formulada el cinco de diciembre de la anualidad pasada, lo que se acordó el quince de marzo siguiente, en el sentido de: ".Visto el escrito que presenta el abogado ********************, con el carácter reconocido en autos, mediante el cual solicita se acuerde el escrito presentado en fecha cinco de diciembre del año próximo pasado, se acuerda: Dígase que se esté al desahogo de la audiencia preliminar desahogada en fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, sin que fuese impedimento para su desahogo el hecho de que el demandado no haya comparecido, pues de acuerdo con el numeral 951 del Código Familiar de Michoacán, las audiencias se celebran con o sin asistencia de las partes; además de que, el demandado otorgó poder notarial al ocursante, así como a diversa abogada para que lo representen dentro del presente juicio, así que, si el demandado no podía asistir, sus apoderados jurídicos no estaban impedidos legalmente para comparecer al desahogo de la audiencia." (foja 98 del tomo de pruebas) La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado. Ahora bien, el quejoso señala que no se dictó algún auto en el que la autoridad precisara el motivo para no conceder valor al certificado médico que aportó para justificar su solicitud de que se difiriera la audiencia preliminar, lo que le dejaba en estado de indefensión. Sin embargo, si el quejoso no impugnó el contenido de la celebración de la audiencia preliminar celebrada el seis de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se negó su solicitud de diferir dicha audiencia, bajo las consideraciones torales consistentes en que, tenían mandatarios reconocidos en autos quienes pudieron comparecer y que las audiencias se deben verificar, con o sin presencia de las partes; el diverso de quince de marzo de dos mil veintitrés [reclamado en este juicio de amparo]; en el que se determinó que se estuviera al desahogo de la audiencia preliminar, es consecuencia de aquél. De ahí que, no puede sino concluirse que el acto que se reclama en esta vía, no es sino una consecuencia directa y necesaria de la firmeza de la celebración de la audiencia preliminar en la que se negó diferir su celebración; en virtud de que el quejoso no la impugnó. Aunado a que el acto reclamado no es combatido por vicios propios, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los conceptos de violación se encuentran dirigidos a combatir las consideraciones esgrimidas en la audiencia preliminar y que fueron reiteradas en aquél; máxime que este juzgado de Distrito no advierte deficiencia de la queja que suplir en su favor. Por tanto, se acredita la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las diversas fracciones XIII y XIV del propio ordenamiento legal; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en atención a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. Al respecto encuentran aplicación, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Por último, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 582, del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, en contra del acto y autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

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