Gabriel Lima Arana
Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gabriel Lima Arana
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Se vinculan expedientes electrónicos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de cuatro de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por Gabriel Lima Arana, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad; lo anterior al actualizarse las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción X y XIV, al resultar extemporánea la presentación de la misma y al advertirse la existencia del diverso juicio de amparo 1012/2021 del índice de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en virtud de lo anterior, en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el citado auto; del cual conoce el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, bajo el número 95/2022. Por tanto, a efecto de que la superioridad pueda imponerse del contenido del Juicio de Amparo en que se actúa, así como del diverso 1012/2021, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, se instruye a la analista jurídico SISE y a la Secretaria encargada del expediente, para que hagan disponibles de manera electrónica los citados Juicios de Amparo y la Superioridad pueda vincularlos al Recurso de Queja 95/2022; lo anterior, hágase del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, para los efectos conducentes a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado informa admisión de recurso de queja Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que el Tribunal de su adscripción, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto el quejoso Gabriel Lima Arana, en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado de Distrito, mismo que fue registrado con el número 95/2022, de su estadística, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós: pizaco, Tlaxcala, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Recurso de queja Visto el escrito de cuenta remitido por el quejoso Gabriel Lima Arana; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, copia certificada del presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado que se desechó la demanda de amparo; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, una vez notificado este proveído a la parte promovente, remítase copia certificada del juicio de amparo en que se actúa al citado Tribunal Colegiado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, cuatro de abril de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda de amparo que promueve Gabriel Lima Arana, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 390/2022-III. Consideración previa. En primer término, cabe puntualizar que en virtud de que en el presente asunto se ventilan intereses de menores de edad, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacer referencia a ellos, conforme con lo dispuesto en el Capítulo III denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 relativo a la "Privacidad", y punto 7, relativo a "Medidas para proteger la intimidad y bienestar de niñas y niños y adolescentes" primer párrafo, incisos a), c), y d), todos del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de marzo de dos mil catorce, por lo que este órgano jurisdiccional ordena que se omita la publicación de sus datos personales en las determinaciones que se emitan en este expediente. Se desecha demanda Ahora bien, con apoyo en lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por presentarse fuera del plazo establecido para tal efecto, el cual es de quince días, atento a las siguientes consideraciones: Del escrito de demanda de amparo, presentado por el quejoso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, lo constituyen: Resolución de declaró improcedentes las Diligencias sobre Declaración de Validez de Testamento Privado de quince de febrero de dos mil veinte, otorgado por José Luis C. Lima Pineda. Por lo anterior, en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo se encuentra fuera de las hipótesis previstas en el artículo 17, fracciones I a la IV, de la Ley de Amparo, por tanto, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mi veintiuno, dictada dentro de los autos del juicio 477/2020, declarando improcedentes las Diligencias sobre declaración de validez de testamento privado otorgado por José Luis C. Lima Pineda. Acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, manifestó haberle sido notificado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, la cual debe tomarse como referencia para analizar la oportunidad en la promoción de la demanda que dio origen a este juicio. Bajo esa óptica, como quedó señalado, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, el quejoso quedó debidamente notificado del acto reclamado, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, es menester señalar que de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, las Circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021, emitidas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a que a través de la Circular CAP/3/2020, se decretaron diversas medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, por circulares SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021, se determinó que debían reanudarse las actividades jurisdiccionales, con excepción de algunos circuitos; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda, transcurrió del nueve de septiembre de dos mil veintiuno al cuatro de octubre de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles; tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: Septiembre de 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 8 (Notificación del acto reclamado y surte efectos) 9 (día uno) 10 (día dos) 11 (día inhábil) 12 (día inhábil) 13 (día inhábil) 14 (día inhábil) 15 (día inhábil) 16 (día tres) 17 (día cuatro) 18 (día inhábil) 19 (día inhábil) 20 (día cinco) 21 (día seis) 22 (día siete) 23 (día ocho) 24 (día nueve) 25 (día inhábil) 26 (día inhábil) 27 (día diez) 28 (día once) 28 (día doce) 30 (día trece) Octubre de 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (día catorce) 2 (día inhábil) 3 (día inhábil) 4 (día quince) Vence plazo) Consecuentemente, al haber presentado su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar los actos que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, los actos de los que se duele la parte quejosa no constituyen una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días. Asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que los actos aquí reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Litispendencia Por otro lado, no pasa inadvertido que el quejoso acude al presente juicio de amparo por propio derecho; asimismo, del capítulo de actos reclamados el quejoso señala lo siguiente: En esas condiciones, a fin de proveer la demanda de amparo en su integridad, este juzgado considera que respecto de las menores de iniciales A.G.L.C. y S.R.L.C., en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos; (.)". De la lectura del precepto legal trascrito revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan las hipótesis siguientes: Que la norma general o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo. Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución. Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho de que se encuentra en trámite otro juicio de amparo promovido contra la misma autoridad ordenadora y por los mismos actos reclamados, el cual se encuentra pendiente de resolución, como se demuestra a continuación. Lo anterior es así, toda vez que en el caso, resulta un hecho notorio para quien esto determina de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2, que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1012/2021-III, del índice de este Juzgado de Distrito, se advierte que la misma fue presentada por Carem Cuamatzi Flores en su carácter de progenitora de las menores de iniciales A.G.L.C y S.R.L.C., en contra del Juez, Secretario y Diligenciario de Expedientes Nones, todos adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de los Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de quien reclama, entre otros, la resolución interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 477/2020, relativo a las diligencias para elevar a escritura pública el testamento privado a bienes de José Luis C. Lima Pineda, promovida por Gabriel Lima Arana; la cual fue admitida el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, y a la fecha se encuentra en trámite. Dicha información se cita como un hecho notorio con apoyo en la jurisprudencia XXI.3o. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 804, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". De tal manera, al ser el mismo acto reclamado -resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, misma autoridad responsable ordenadora y mismas quejosas-, es dable sostener que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada. En virtud de lo expuesto, la identidad de los datos destacados en los juicios de amparo referidos evidencia la actualización de la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución. Resulta aplicable a lo anterior la tesis XI.2o.8 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 817, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Además, por su contenido resulta aplicable la jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del apéndice 2000, tomo VI, común, página 193, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Consecuentemente, debe desecharse la demanda promovida respecto de las menores de iniciales A.G.L.C y S.R.L.C.; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Libertad, numero ciento cinco (105), Municipio de Apizaco, Tlaxcala. Se tienen como autorizados a Marvin Minor Flores y Luis Jayan Ramos Cervantes, únicamente para oír y recibir notificaciones a por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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