Gabriel Granillo Soria
Expediente 1159/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gabriel Granillo Soria
Actuaciones
- Principal
Superioridad informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintitrés de enero del año en curso, dictado en los autos del amparo directo 6/2019, de su índice, del que se advierte que dicha Superioridad acepta la competencia planteada por este Juzgado y se avoca al conocimiento del asunto. Se ordena el archivo del asunto En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente cuaderno de antecedentes es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes.
- Principal
Acusa de recibo Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 278/2019 del índice de este Juzgado Federal, por el cual se envió el juicio de amparo 1159/2018, promovido por ********************, en virtud de que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del referido juicio de amparo; quedando registrado con el número de amparo directo ********************de su índice. Finalmente, se advierte que solicitó las constancias relativas al toca de apelación 324/2018, así como el expediente 1108/2017 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, a fin de proveer lo conducente respecto a la incompetencia planteada, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho: En Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Granillo Soria, por propio derecho, contra actos de los Magistrados que integran la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1159/2018-II. Precisión del acto reclamado. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Magistrados que integran la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en el Toca Civil de Apelación 324/2018 derivado del expediente 1108/2017 relativo a las Diligencias de Alimentos Provisionales. Se declina competencia a Tribunal Colegiado. Establecido lo anterior, resulta de vital importancia traer a colación lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito judicial, en el recurso de revisión 82/2016, el cual se invoca como un evidente hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se estableció lo siguiente: "QUINTO. En acatamiento al artículo 44 de la Ley de Amparo, este Tribunal debe declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento del juicio de amparo en la vía directa. En efecto, en el precepto invocado se establece lo siguiente: "Artículo 44. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito. Si en el mismo supuesto del párrafo anterior quien conoce de la revisión es un tribunal colegiado de circuito, declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento en la vía directa." Conforme al numeral transcrito, el tribunal colegiado de circuito, cuando conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, debe declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento del asunto en la vía directa. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada 1a. XXV/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008316, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, Materia Común, página 771, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMADOS EN LA VÍA DIRECTA, DEBERÁ DECLARARLA INSUBSISTENTE Y AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA VÍA DIRECTA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Esta Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 62/2009, interpretó el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía que en el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito resolvieran un recurso de revisión en el que se analizara una sentencia dictada por un juez de distrito que debió emitirse en un juicio de amparo directo, aquellos órganos debían, por una parte, declarar insubsistente la sentencia recurrida y, por otra, tenían dos opciones para subsanar la incompetencia del juez de distrito y enderezar la vía procesal: 1) remitir el asunto a un tribunal colegiado de circuito; o, 2) avocarse al conocimiento del amparo. Así, esta Primera Sala estimó que la opción 1) sería aplicable en aquellos casos en que hubiera dos o más tribunales colegiados en el mismo circuito, en cuyo caso, el del conocimiento debía enviar los autos a la Oficina de Correspondencia Común, quien a su vez, lo remitiría al tribunal colegiado de circuito que corresponda, de conformidad con el turno o las reglas establecidas en el Acuerdo General 50/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2001. En consecuencia, la opción 2), esto es, avocarse al conocimiento del asunto, sólo sería aplicable cuando hubiera un único tribunal colegiado en el circuito de que se tratara. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, cambió el tratamiento que debe aplicarse, pues proporciona una regla específica en su artículo 44 para resolver el problema, que ya no establece una alternativa. En efecto, del citado precepto se colige que cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca del recurso de revisión de que se trata, advierta que la sentencia que se recurre deriva de un juicio de amparo indirecto y estime que dicho juicio debió tramitarse en la vía directa, será el propio tribunal colegiado de circuito quien declarará insubsistente la sentencia recurrida y se avocará al conocimiento de la demanda, debiendo darle trámite en la vía directa. Esto es, por disposición del citado artículo 44, existe el imperativo legal de que los tribunales referidos, en dicho supuesto, cumplan con dos obligaciones jurisdiccionales: declarar insubsistente la sentencia recurrida y avocarse al conocimiento de la demanda de amparo en la vía directa. Sin que para ello sea obstáculo la jurisprudencia citada, pues como fue explicado, lo señalado en ese criterio fue emitido a partir de lo que disponía el artículo 94 de la Ley de Amparo abrogada, el cual permitía esa interpretación, que ya no admite la ley vigente y, por tanto, se encuentra superada, en los términos del artículo sexto transitorio de la ley vigente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley." Ahora bien, en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)" De acuerdo con el precepto transcrito, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y laudos que decidan el juicio en lo principal, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio (que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido). En el caso: 1. J. Arturo Ceballos Flores promovió juicio de amparo indirecto contra la sentencia emitida el cinco de noviembre de dos mil quince, por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del Toca Civil de Apelación 373/2015. Cabe aclarar que mediante la sentencia que constituye el acto reclamado se confirmó la diversa resolución de doce de enero de dos mil quince, en la que la otrora Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, residente en Tlaxcala, Tlaxcala (actualmente Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Apizaco, Tlaxcala) ordenó descontar al quejoso el 40% de sus ingresos por concepto de alimentos provisionales a favor de dos menores nacidos el veinticinco de enero de dos mil uno y el once de mayo de dos mil cuatro (cuya identidad se protege en términos del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes y de los cuales en lo subsecuente se hará referencia como "el menor 1" y "el menor 2", respectivamente). 2. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, registró la demanda con el número de expediente 1546/2015-IV, la admitió a trámite y tuvo como terceros interesados a Nahomi Bautista Sandoval, en su carácter de representante de los menores 1 y 2, de quienes ordenó su emplazamiento. 3. Seguido el procedimiento en sus etapas, el ocho de enero de dos mil dieciséis, se inició la audiencia constitucional, la cual concluyó con la sentencia emitida el veintiuno siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a los actos consentidos tácitamente (demanda de amparo extemporánea), al considerar en esencia lo siguiente: A) Contra de la sentencia de doce de enero de dos mil quince, emitida por la otrora juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, residente en Tlaxcala, Tlaxcala (actualmente Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Apizaco, Tlaxcala) procede el incidente previsto en el artículo 1461 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, y no el recurso de apelación interpuesto por J. Arturo Ceballos Flores; por lo que este último no constituye un recurso idóneo, sino aquel incidente. B) La resolución recaída al citado recurso de apelación no substituyó a la de primera instancia, por lo que es esta última la que se debe considerar como definitiva. C) La sentencia de doce de enero de dos mil quince fue notificada al quejoso el seis de mayo siguiente; por lo que, para el veinticinco de noviembre de dos mil quince, en que fue promovida la demanda de amparo indirecto, ya había fenecido el plazo de quince días previsto en el artículo 17 (párrafo primero) de la Ley de Amparo. 4. Inconforme, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión que aquí se resuelve. Ahora bien, sobre la vía procedente para impugnar la sentencia de apelación en materia de alimentos provisionales, este tribunal, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, al resolver el juicio de amparo directo civil 1084/2017 (cuya versión pública se invoca para proteger datos personales), hizo las siguientes precisiones: Este Primer Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, toda vez que se promovió en contra de una sentencia definitiva, y la autoridad que la emitió reside dentro de su jurisdicción, conforme a los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales números 3/2013 y 21/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con esta determinación de competencia, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que había sostenido en asuntos similares, entre ellos, el amparo directo 815/2017, promovido contra la sentencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 426/2016, por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que modificó la de primer grado, pronunciada también en un expediente relativo a diligencias de alimentos provisionales. Ello, pues el pronunciamiento de este Órgano Colegiado en aquel asunto, contenido en la resolución Plenaria emitida el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, fue que la sentencia reclamada no encuadraba en alguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, ya que no se estaba frente a una sentencia definitiva, acuerdo o resolución que haya puesto fin a un juicio, pues de conformidad con el artículo 1451 del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Tlaxcala, para decretar alimentos provisionales a favor de quien tenga derecho, no es necesario oír a la persona a la que se reclamen los mismos; es decir, dicha resolución no tenía su génesis en un juicio contencioso, propiamente dicho. De ahí que se estimara que contra ese tipo de resoluciones de segundo grado, no procedía el amparo directo; lo que conducía a que este Tribunal se declarara incompetente y remitiera la demanda al juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, para que se avocara a su conocimiento como amparo indirecto. Sin embargo, en una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado decide abandonar tal postura, al advertir que la legislación procesal civil de esta Entidad, si bien permite que la solicitud de otorgamiento y pago de alimentos, regulada en el Capítulo XI denominado "Alimentos Provisionales", del Libro Tercero, llamado "Juicios y Procedimientos Sobre Cuestiones Familiares", de la misma legislación adjetiva, pueda sustanciarse y definirse sin que exista formalmente una controversia entre actor y demandado, dada la posibilidad que se prevé de seguir dicho juicio con o sin la intervención de este último; lo cierto es que la sentencia que ahí se pronuncia, una vez agotado en su caso el recurso ordinario, tiene el carácter de definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Esta particularidad se considera que la adquiere, porque en el citado juicio de alimentos, pese a la denominación de provisionales que le otorgó el legislador y la eventual inasistencia del acreedor durante su desarrollo, en realidad se somete una causa a la potestad de la autoridad jurisdiccional, quien de manera ordinaria habrá de resolverla a través de la emisión de una sentencia, la cual evidentemente es susceptible de constituir en definitiva derechos y obligaciones. A fin de explicar este nuevo criterio se estima necesario trascribir las siguientes disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala: CAPITULO XI Alimentos Provisionales Artículo 1446. Los alimentos provisionales podrán solicitarse por escrito o por comparecencia, en el último caso el Juez enviará oficio a la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que se le designe, de manera inmediata y sin dilación, profesional que lo represente. Para decretar alimentos provisionales a favor de o quien tenga derecho de exigirlos se necesita: I.- Que se acredite cumplidamente el título en cuya virtud se piden; II.- Que se justifique la posibilidad económica del demandado; III.- Que se justifique la necesidad que haya de los alimentos. Artículo 1447. La prueba de que trata la fracción I del artículo anterior será el testamento, los documentos comprobantes del parentesco o del matrimonio, o el contrato en que conste la obligación de dar alimentos. Tratándose del concubinato, su existencia podrá demostrarse con la prueba testimonial y con la prueba documental. Artículo 1448. La prueba a que se refiere la fracción II del artículo 1446 será preferentemente documental. Artículo 1449. Por medio de información de testigos, se comprobará el requisito a que se refiere la fracción III del artículo 1446, a no ser que se trate de menores o incapaces, pues en tal caso la necesidad de recibir alimentos se presumirá, salvo prueba en contrario. En el mismo auto de admisión de la demanda, el Juez dentro de los cinco días siguientes señalará día y hora para el desahogo de la prueba testimonial. Artículo 1450. El Ministerio Público deberá asistir a la audiencia de recepción de la prueba testimonial y, en el acto de la diligencia, repreguntar a los testigos del modo que estime más conveniente, para cerciorarse de la verdad de sus declaraciones. El incumplimiento por parte del Ministerio Público de la obligación señalada en el párrafo que antecede, será motivo de responsabilidad administrativa, por lo que el Juez deberá comunicarlo al Procurador General de Justicia del Estado, para que seguido el procedimiento establecido para tal efecto se imponga la sanción que corresponda. Artículo 1451. Rendida la justificación prevenida en el artículo 1446, y sin que para ello sea necesario oír a la persona a quien se reclaman los alimentos, el Juez si encontrare fundada la solicitud precisará la suma en que los alimentos deban consistir, mandando abonarlos por mensualidades, semanas o quincenas anticipadas, según corresponda. No obstante lo anterior, si el demandado se apersonare al juicio, el Juez permitirá que participe en el mismo, concediéndole la oportunidad de que alegue lo que a su derecho importe y ofrezca pruebas; siempre y cuando pague el importe que de manera preventiva le fije el Juez y exhiba garantía para su debido cumplimiento. Desahogadas las pruebas, las partes podrán alegar por escrito dentro del término de tres días y transcurrido dicho término aleguen o no las partes, el Juez contará con un término de diez días para dictar la sentencia a que haya lugar. Artículo 1452. Inmediatamente que se dicte resolución otorgando alimentos provisionales, se exigirá al demandado el pago de la primera semana, quincena o mensualidad, según corresponda. En todo momento el Juez, cuando así lo estime pertinente, podrá requerir a quien administre la pensión alimenticia concedida a los acreedores alimentarios, que le rinda un informe sobre la justificación y la aplicación de la pensión. La rendición del informe podrá requerirse con la periodicidad que el juzgador estime conveniente. Artículo 1457. Contra la sentencia que niegue los alimentos procede el recurso de apelación. Artículo 1458. La sentencia que concede los alimentos es recurrible en apelación, que se tramitará con intervención del acreedor y del deudor alimentario. Artículo 1460. En el recurso de apelación podrá impugnarse el derecho a percibir alimentos, el monto de la pensión fijada, así como solicitarse la cancelación de dicha pensión; y mientras se decide la apelación, seguirá abonándose la suma fijada como alimentos provisionales. Artículo 1461. La pensión que se fije en los juicios de alimentos provisionales o definitivos, podrá ser modificada en cuanto a su importe o bien cancelada en cualquier tiempo por causas supervenientes, mediante la promoción de un incidente, que se tramitará dentro del mismo juicio oyendo en él a todos los interesados. Durante la sustanciación del incidente seguirá abonándose la suma fijada como alimentos provisionales o definitivos. De la interpretación conforme de los numerales invocados, se advierte que para decretar el pago de alimentos provisionales, se requiere: I. Que se acredite cumplidamente el título en cuya virtud se piden; II. Que se justifique la posibilidad económica del demandado; y, III. Que se justifique la necesidad que haya de los alimentos. Cada uno de dichos requisitos se advierte tiene formas de comprobación específicas, de acuerdo con los artículos 1447 a 1449 invocados, y en el caso de la prueba testimonial que se ofrezca, en su desahogo debe estar presente el Agente del Ministerio Público. Además, luego de que se acrediten provisionalmente los requisitos previstos en el numeral 1446, el juez precisará la suma en que los alimentos deban consistir, mandando abonarlos por mensualidades, semanas o quincenas anticipadas, según corresponda. Hasta esta fase es donde puede considerarse que la decisión que adopta el juzgador en torno al pago de alimentos, resulta de carácter provisional, pues enseguida el mismo precepto 1451 establece que si el demandado se apersonare al juicio, el Juez permitirá que participe en el mismo, concediéndole la oportunidad de que alegue lo que a su derecho importe y ofrezca pruebas; siempre y cuando pague el importe que de manera preventiva le fije el Juez y exhiba garantía para su debido cumplimiento. Ello, pues también prevé que una vez desahogadas las pruebas, las partes podrán alegar por escrito dentro del término de tres días y transcurrido dicho término aleguen o no, el juez contará con un término de diez días para dictar la sentencia correspondiente. Sentencia que, según se advierte, es la que en primera instancia decide en definitiva sobre el pago de los alimentos, y ésta es impugnable a través del recurso de apelación, ya sea porque los niegue o los conceda. Medio de defensa a través del cual puede cuestionarse el derecho a recibir alimentos, el monto de la pensión fijada, solicitar su cancelación y ofrecerse pruebas; pero mientras se resuelve el mismo, se debe seguir abonando la suma fijada como alimentos provisionales. Lo que se corrobora con lo dispuesto en el numeral 1461 de la misma legislación, pues dicho precepto alude tanto a alimentos provisionales como a definitivos, cuando prevé que el importe de los mismos puede ser modificado o cancelado en la vía incidental, dentro del mismo juicio, y que durante la sustanciación del incidente seguirá también abonándose la suma fijada como alimentos provisionales o definitivos. Lo que revela que la sentencia que se emite en primera instancia en relación al pago de alimentos, tiene su origen en un juicio desarrollado ante la autoridad jurisdiccional, pues inicia con el reclamo de la parte actora, la demostración provisional que se tiene a recibirlos, el ofrecimiento y desahogo de pruebas tendentes a acreditar si deben o no otorgarse alimentos en definitiva, la emisión de la sentencia que resuelve el reclamo, así como la posibilidad de cuestionar dicho fallo ante la autoridad de segunda instancia. Por ende, la sentencia que decide en definitiva sobre el otorgamiento o no de alimentos, una vez agotado en su caso el medio de impugnación ordinario, constituye una sentencia definitiva para los efectos de procedencia del juicio de amparo; tan es así que en el primer supuesto, el pago habrá de subsistir hasta en tanto no se extinga la obligación alimentaria por alguna causa legal, más allá que en la legislación ordinaria se haya denominado "Alimentos Provisionales" al Capítulo que regula el citado juicio. Aunado a que, aun sin la participación del demandado durante la sustanciación de este juicio, la parte que reclama el pago de alimentos no se ve exenta de la obligación de acreditar ante la autoridad jurisdiccional los extremos de su pretensión. No es óbice que el artículo 1451 del ordenamiento procesal invocado, prevea que no es necesario oír a la persona a quien se le reclaman los alimentos, ya que esa posibilidad legal que existe a nivel local para sustanciar un juicio de esta naturaleza sin que al acreedor se le otorgue el derecho de audiencia, no hace que se esté en presencia de una diligencia de jurisdicción voluntaria, pues las de este tipo se distinguen por ser actos que se dictan fuera de juicio; lo que en el caso no ocurre, pues se reitera, formalmente el reclamo de alimentos se sustancia como un juicio ante la autoridad jurisdiccional, de quien se pide su intervención para definir si se tiene o no derecho al beneficio solicitado. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, es criterio de este tribunal que la sentencia recaída al recurso de apelación interpuesto contra la resolución de alimentos provisionales es impugnable a través del juicio de amparo directo. Por otro lado, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, y como bien lo expresa el recurrente, en contra de la sentencia de doce de enero de dos mil quince, emitida por la otrora juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, residente en Tlaxcala, Tlaxcala (actualmente Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Apizaco, Tlaxcala), no procede el incidente previsto en el artículo 1461 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, pues tal incidente sólo procede por causas supervenientes, tal y como se corrobora en el texto del precepto invocado: Artículo 1461.- La pensión que se fije en los juicios de alimentos provisionales o definitivos, podrá ser modificada en cuanto a su importe o bien cancelada en cualquier tiempo por causas supervenientes, mediante la promoción de un incidente, que se tramitará dentro del mismo juicio oyendo en él a todos los interesados. Durante la sustanciación del incidente seguirá abonándose la suma fijada como alimentos provisionales o definitivos. Pero en el caso, en el recurso de apelación interpuesto por J. Arturo Ceballos Flores en contra de la sentencia de primera instancia se impugnó el contenido de esta última, y no se solicitó la modificación o reducción de los alimentos provisionales por causas supervenientes; por lo que es incorrecta la consideración relativa a que contra ese fallo el quejoso debió promover el citado incidente, y que el recurso de apelación interpuesto no constituye un recurso idóneo. De igual modo, en el artículo 1458 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no se hace distinción entre sentencias de alimentos provisionales y de alimentos definitivos; sino que, en términos generales, se refiere al recurso de apelación contra la "sentencia que concede los alimentos". Además, al margen de lo idóneo o no que resulte el recurso de apelación, lo cierto es que la Sala responsable lo admitió y lo resolvió de fondo en forma irrecurrible; por lo que el quejoso estuvo en condiciones de promover el juicio de amparo en su contra; sin que sea válido, por ende, sostener que la sentencia de apelación no substituyó a la de primera instancia. Además, el juez de Distrito varió la Litis constitucional, al sostener que la resolución recaída al citado recurso de apelación no substituyó a la de primera instancia, y que por ello es esta última la que se debe considerar como definitiva; pues, como quiera que sea, el juicio de amparo fue promovido contra la sentencia de alzada y así debió apreciarse al resolverlo. Esto es, el criterio del juez de Distrito, en cuanto a que la sentencia con carácter de definitiva es la de primera instancia, y no la de alzada, en nada cambia el hecho de que el juicio de amparo fue promovido contra esta última, lo cual no puede ser modificado por el juez, ni siquiera so pretexto de examinar la idoneidad del recurso de apelación interpuesto. Pero además, como se ha explicado en párrafos precedentes, la sentencia recaída al recurso de apelación interpuesto contra la resolución de primera instancia emitida en un juicio de alimentos provisionales, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, sí es impugnable a través del juicio de amparo en la vía directa. A pesar de ello, la quejosa equivocó la vía y lo reclamó a través del amparo indirecto, por lo que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley de la materia, se ordena remitir los autos a la presidencia de este tribunal colegiado para que dicte las providencias necesarias a efecto de que este órgano colegiado, en vía de amparo directo, se avoque al conocimiento de la demanda de amparo promovida por J. Arturo Ceballos Flores. En consecuencia, se revoca la sentencia recurrida. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Queda insubsistente la sentencia recurrida. SEGUNDO. Remítanse los autos a la presidencia de este tribunal colegiado, para que se dicten las providencias necesarias, de conformidad con lo expuesto en el último considerando del presente fallo. Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno. Así lo resolvió el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Octavio Chávez López y Othón Manuel Ríos Flores, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, quienes firman conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos que da fe". Ahora bien, de la lectura de la resolución transcrita se advierte la vía procedente para impugnar la sentencia de apelación que se reclama en el presente juicio de amparo, en este caso, debe ser del conocimiento de un Tribunal Colegiado en la vía directa. Lo anterior se sustenta, pues la superioridad advierte que la legislación procesal civil en el Estado de Tlaxcala, si bien permite que la solicitud de otorgamiento y pago de alimentos, regulada en el Capítulo XI denominado Alimentos Provisionales, del Libro Tercero, llamado Juicios y Procedimientos Sobre Cuestiones Familiares, pueda sustanciarse sin que exista formalmente una controversia entre actor y demandado, dada la posibilidad que se prevé seguir dicho juicio con o sin la intervención de este último; también lo es que considera que una vez agotado en su caso el recurso ordinario, en este caso el de apelación, tiene el carácter de definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Al respecto la Ley de Amparo, al reglamentar los principios contenidos en la citada fracción V del artículo 107 Constitucional, en sus numerales 107, fracción V, y 170, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De la lectura de los preceptos legales transcritos, se establece que contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, es procedente el amparo directo. De igual manera, que con relación a las violaciones que se cometan durante el procedimiento de un juicio, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias de donde emana el acto reclamado, se advierte que la parte quejosa está impugnando una resolución que puso fin al juicio; por tanto, resulta evidente que dicha determinación, debe ser reclamada en la vía directa y no en la indirecta, tomando en consideración que la aludida resolución le reviste las características de aquellas que ponen fin al juicio a que se refiere la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, bajo la línea argumentativa expuesta se concluye que la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por los Magistrados que integran la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del Toca Civil de Apelación 324/2018 de su índice, es impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo, no así en amparo indirecto según el artículo 107, de la ley de la materia; de ahí que en el caso, el suscrito declara carecer de competencia legal para resolver sobre la resolución impugnada. En tal virtud, se ordena certificar copia de la demanda de amparo y de sus anexos, así como del presente proveído, a efecto de que, una vez que cause estado el presente acuerdo, se remitan los mismos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. Domicilio. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos; asimismo, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando del Razo Hernández, toda vez que sí cuenta con el registro de su cédula en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y a Arturo Guarneros Vázquez y Francisco Tetlalmatzi Xelhuantzi únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro. Habilitación de días horas y firma de oficios. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Luis Enrique Osogobio Barón, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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