Gabriel Huerta Govea

Expediente 906/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
906/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Gabriel Huerta Govea

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya presentado promoción alguna mediante la cual interponga recurso de queja en contra del auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido Notifíquese por lista

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual se informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso; y, en su caso al tercero interesado con el documento de cuenta y anexos, así como con los diversos que obran agregados en autos relacionados con el mismo, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, corriéndoles al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibidas que de no desahogar la vista que se les da dentro del término que se les concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo.

  4. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, uno de julio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por , a nombre del directo quejoso Gabriel Huerta Govea, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrita a la Unidad General de Investigación Número Dos, con sede en Tampico, Tamaulipas, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20, fracción III y 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión y registro. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109 y 112, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por Domingo Alberto Uribe Martínez, a nombre del directo quejoso Gabriel Huerta Govea, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 906/2022-V-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Pronunciamiento de la suspensión de plano. Ahora bien, al tener en consideración que en la demanda de amparo se reclama un acto que puede considerarse violatorio a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamados consistente en: la ilegal retención, detención y/o incomunicación que se afirma es objeto el quejoso directo Gabriel Huerta Govea, para el efecto de que no se ejecute ninguno de esos actos; debiendo quedar en el lugar en el que actualmente se encuentre a disposición de este órgano constitucional de amparo. Atento a la naturaleza de la detención fuera de procedimiento judicial, al sufrimiento que puede llegar a ocasionar en el individuo, así como que se encuentra expresamente prevista el primer párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo, con fundamento en este último numeral, se concede de plano y de oficio la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables respeten los derechos que asisten al detenido, previstos por los artículos 113, fracciones I, a la VI, VIII, XI a XIV y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de tener el acceso a los actos de investigación a fin de no afectar su derecho de defensa, tal y como prevé el artículo 218, párrafo tercero, del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, dichos derechos son los siguientes: - A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; - A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; - A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; - A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; - A qué se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; - A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; - A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. - A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; - A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; - A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; - A no ser expuesto a los medios de comunicación; - Informar a alguien de su detención; - Consultar en privado con su Defensor; - Recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal; - Ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal; - No estar detenido desnudo o en prendas íntimas; y cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y - Recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental. La suspensión de oficio y de plano que se concede se hace extensiva a cualquier acto prohibido en el artículo 22 constitucional, es decir, a penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, tortura, privación de alimentos y agua, así como de penas inusitadas y trascendentales, por lo que las autoridades responsables deben cesar de inmediato los actos reclamados contra la directa quejosa. Asimismo, se concede la suspensión de plano, para que las autoridades responsables que tengan a su disposición a la citada quejosa, inmediatamente informen a este juzgado el lugar en que se encuentre, el registro de la detención realizado por los cuerpos de seguridad pública, así como, el registro de la hora a la cual fue puesto a disposición del Ministerio Público y las causas por las que en su caso se encuentra privado de su libertad. Lo anterior, para el efecto de que las autoridades responsables y a quienes se atribuye la ejecución del acto reclamado, pongan a disposición de la autoridad competente al quejoso directa; en el entendido de que si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en inmediata libertad; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 164 de la Ley de Amparo, debiendo remitir las autoridades responsables las constancias en las que así lo acrediten, o bien, en las que se evidencie que la detención de la parte quejosa tiene relación con la comisión de un delito, ya sea con motivo del supuesto de flagrancia o de caso urgente. Ahora bien, con fundamento en el numeral 165 de la ley de la materia, y si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, se concede la suspensión para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis -en tratándose de delincuencia organizada-, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o poner a disposición del órgano jurisdiccional a la persona detenida, dentro de los plazos citados; y, si el amparista se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición; debiendo la autoridad responsable remitir con su informe las constancias con las que acrediten lo anterior. Por otra parte, de tratarse para cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, se concede la suspensión para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o poner a disposición ante el juez correspondiente. Asimismo, si la detención reclamada no tiene su origen en alguna de las hipótesis de flagrancia o urgencia, sino que se realiza en cumplimiento a una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial y si ésta se refiere a delitos de prisión preventiva oficiosa a que alude el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de éste órgano de control constitucional en el lugar en que sea recluido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; o bien, si tal orden fue emitida conforme al sistema penal escrito mixto, y si además, se refiere a delitos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder el beneficio de la libertad bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la secuela del expediente, la anterior medida impuesta por la ley es así para garantizar el aseguramiento del quejoso a fin de que sea devuelto a la autoridad responsable en el supuesto de que no se le conceda el amparo promovido contra la detención; de esta manera, cualquier aspecto no relacionado con los fines de la suspensión dictada en el juicio de amparo, corresponde conocer de los mismos al órgano jurisdiccional, en virtud de que el quejoso permanece a disposición de la autoridad judicial responsable, para los efectos de la continuación del procedimiento y aquellos aspectos no relacionados con la materia de la medida suspensional del juicio de amparo, por lo que cualquier petición que realice el quejoso, sobre cuestiones del procedimiento de origen, debe conocer y resolver el Juez responsable que instruye el mismo. Lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad, custodia y guarda del quejoso en el lugar en que se encuentre detenido, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentra, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Se exime de otorgar garantía. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados causarían a la parte quejosa un gravamen de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Requerimiento de informe sobre suspensión de plano. Las autoridades responsables deberán informar de inmediato el cumplimiento que den a este mandato, con la consiguiente responsabilidad en caso de ser omisas, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten la flagrancia o la urgencia de la detención, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades que el informe que se les requiere deben preferentemente enviarlo al correo electrónico informes13jdo19cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (833) 2-74-17-69 o al celular de guardia (833) 4-47-86-62; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, las autoridades las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Adolfo López Mateos 117 Sur, colonia Unidad Nacional, entre Álvaro Obregón y Oaxaca, Edificio Premier, Ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89410; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. De igual forma, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo, ilícito que de llegar a consumarse, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos legales que procedan. Aunado a lo anterior, apercíbase a las autoridades responsables, de no cumplir con lo requerido, se les sancionará con multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. Se comisiona al actuario para que localice al directo quejoso y se le faculta a señalar diversas autoridades. Para lograr la comparecencia del agraviado, se comisiona al personal autorizado de la sección de actuaría de este órgano judicial para que se constituya en las instalaciones de las responsables, en el entendido de que una vez que tenga conocimiento de quien es el encargado de dicha área, deberá requerirlo para que "bajo protesta de decir verdad" le indique si el quejosa se encuentra detenido, en caso afirmativo, le haga saber que desde ese momento se le señala como autoridad responsable, asimismo, en caso de que se encuentre a disposición de diversa autoridad de las que señaló como responsables, se le faculta para que suscriba los oficios correspondientes que permita notificar este acuerdo a ambas autoridades, así como al superior de las mismas, y les haga saber que deben acatar la suspensión concedida al quejoso, y de las penas que incurren de no obedecer la misma, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, debiendo levantar el acta correspondiente. Una vez que el Actuario la encuentre, deberá asentar en la razón que al efecto levante: 1. La fecha y la hora en que se constituyó en el lugar donde esté detenido el directo quejoso. 2. El nombre del servidor o funcionario público que lo atendió. 3. Que solicitó la comparecencia inmediata del quejoso. 4. De ser el caso, la razón que dio la autoridad para retrasar la comparecencia del amparista y la hora en que estuvo ante su presencia al directo quejoso. 5. Notificarle este proveído y requerirle para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no la demanda promovida a su nombre, apercibido que, de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. 6. De conformidad con el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos" el actuario deberá preguntar al quejoso si fue incomunicado, objeto de tortura o malos tratos y, en caso afirmativo, deberá describir las lesiones que advierta e informar de inmediato a esta juzgadora. 7. Así como cualquier otro dato que, sin estar comprendido en los antes listados, igualmente resulte de especial importancia para el cumplimiento de la medida dictada. 8. En caso de que se encuentre(n) presente(s) el (los) abogado (s) particulares del directo quejoso en las instalaciones donde se localice a éste, deberá asegurarse y asentar que la autoridad le(s) permitió asistirlo en ese momento. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales y oficiales administrativos. Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario es esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: Respecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por los oficiales judiciales de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. En todo momento, queda a cargo del Secretario -quien aparece como fedatario- cerciorarse tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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