Gabriel Barron Martinez

Expediente 1074/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1074/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2017

Partes del expediente

  • Gabriel Barron Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial respectivo.

  2. Principal

    MESA I NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA I SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE: Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa mediante de acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, para que diera cumplimiento a las prevenciones contenidas en dicho acuerdo, sin que al efecto lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el indicado auto, y por ende, se tiene a Gabriel Barrón Martínez, instaurando por su propio derecho este juicio de amparo indirecto, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; por lo que enseguida se provee: DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado destacado el siguiente: ? "La resolución número noventa (90) de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil ****, del índice de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, relativo al recurso de apelación promovido por el citado quejoso, contra la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en el que se declaró improcedente el proyecto de liquidación y partición el bien inmueble objeto del juico sucesorio intestamentario a bienes de Agustín Barrón Mendoza y Lucina Martínez Borrón y/o Lucina Martínez de Barrón". Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I, y 6o, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, los artículo 61, fracción XXIII, 5, fracción I y 6º., primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente. De lo anterior se colige que sólo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado es quien está legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal, lo que puede hacer por sí o por su representante legal o apoderado. Específicamente, cuando se reclaman actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sólo el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico), por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, está en aptitud de promover la acción de amparo. En tales circunstancias, si los actos reclamados, no le producen al quejoso, ningún agravio personal y directo, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley de Amparo, puesto que no existe una afectación real y objetiva a los derechos personales, el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución número noventa (90) de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil ***, del índice de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, relativo al recurso de apelación promovido por el citado quejoso, contra la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en el que se declaró improcedente el proyecto de liquidación y partición el bien inmueble objeto del juico sucesorio intestamentario a bienes de Agustín Barrón Mendoza y Lucina Martínez Borrón y/o Lucina Martínez de Barrón". Además, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que Gabriel Barrón Martínez, tiene el carácter de albacea de la masa hereditaria, a bienes de los finados Agustín Barrón Mendoza y Lucina Martínez Borrón y/o Lucina Martínez de Barrón, en el juicio sucesorio intestamentario 176/2002, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en Altamira, Tamaulipas, controvertido que aún no ha concluido con la declaración de adjudicatarios. En efecto, como se señaló, para la procedencia del juicio constitucional es menester la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que al ser trasgredido por la actuación de la autoridad faculta al agraviado para acudir al órgano constitucional demandando la reparación de dicha transgresión; en el caso, esa facultad no está satisfecha debido a que la demanda de amparo fue promovida por el quejoso en lo individual, y los actos que se reclaman se refiere a bienes que afectan la masa hereditaria a nombre de los de cujus, por ello, el solicitante de amparo no tiene legitimación activa para promover el juicio de garantías. Al caso, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 2762 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que señala:. Del artículo transcrito, se desprende, en la parte que interesada, que al albacea le concierne la defensa, en juicio y fuera de él, de la herencia, así como la representación de la sucesión en todos los juicio que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron en contra de ella. Pues bien, una vez precisado lo anterior, no hay duda en relación con la defensa de un bien perteneciente a la masa hereditaria y la consecuente legitimación para promover el juicio de amparo, por lo que hace a los extremos que se presentan, corresponde al albacea del sucesión la defensa de la herencia. Luego, si el promovente del amparo insta esta vía en defensa de los derechos de la sucesión de sus padres como presunto heredero de ello, pero aún no ha sido reconocido ni declarado adjudicatario del bien inmueble objeto del juicio sucesorio, es válido concluir que a la fecha de la presentación de la demanda no existe la certeza de que aun cuando bajo protesta de decir verdad refiere fue declarado heredero, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona antes de la adjudicación o de la división de los bienes. Por lo que esta indefinición provoca que el presunto heredero carezca de legitimación para promover el amparo en contra de los actos de autoridad que causen un daño a los bienes hereditarios o a su esfera de derechos como "presunto heredero", pues la sola presunción del derecho a ser reconocido como heredero no constituye una certeza plena de un derecho, de un hecho o de una situación. En esas condiciones, al no existir medio de convicción idóneo que acredite que tenga reconocido formalmente el carácter de titular de algún derecho de propiedad o de posesión sobre los bienes que integra la masa hereditaria, sino sólo una expectativa de derecho sobre éstos, el quejoso carece de legitimación para defender los derechos sucesorios de los de cujus, o los que afirma le corresponde como presunto heredero, y por tanto, para promover el amparo en contra de los actos realizados en el juicio sucesorio intestamentario ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción I del artículo 5 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovido por Gabriel Barrón Martínez, actos del Magistrado de la Tercer Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

  4. Principal

    MESA I NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

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