GABRIEL GONZALEZ SERRANO y Otros.

Expediente 2120/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 1 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2120/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
01/08/2016

Partes del expediente

  • GABRIEL GONZALEZ SERRANO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de uno de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia engrosada el quince de abril de dos mil dieciséis (fojas 109 a 127), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Alejandro Rodríguez Flores, para los efectos siguientes: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el juez responsable: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, a fin de que sin reaperturar el plazo constitucional recabe de inmediato las constancias alusivas a la detención y su calificación, por parte del Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia que integraba la diversa averiguación previa 1794/2015, a cuya disposición se encontraba el quejoso cuando declaró en la indagatoria de donde derivó el auto de formal prisión que se reclama, a fin de constatar si hubo o no transgresión a sus derechos fundamentales durante su privación de la libertad, atento a que en esas condiciones fue presentado a declarar en la averiguación de donde surgió el proceso que ahora se revisa y emanaron diversos medios de prueba. 3. Hecho lo anterior resuelva inmediatamente la situación jurídica del quejoso, determinando si se actualizó o no la violación a sus derechos fundamentales, con motivo de su detención, así como si ello impacta o no en la declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la cual aceptó su participación en el delito de feminicidio Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se reste valor a su declaración de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, sino únicamente que se allegue de la averiguación previa 1794/2015/7ªPUE, por el delito de resistencia de particulares y conforme a su contenido determine su valor volviendo a resolver lo que en derecho proceda, pudiendo ser en el mismo sentido; y tampoco implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 229 a 232). Mediante oficio 2341/2016/SRIA-NON de veintidós de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla informó a esta autoridad haber solicitado las constancias inherentes a la averiguación previa 1794/2015 (foja 256). Y, mediante diverso oficio 2426/2016/SRIA-NON de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 262), la referida autoridad responsable, remitió copia certificada del auto de término constitucional de veintiocho de junio de dos mil dieciséis relativo al proceso penal 411/2015, con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora y del que se advierte que llevó a cabo lo siguiente: Dejó sin efectos el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis; sin embargo esta autoridad lo considera un error mecanográfico, máxime que dicha data aún no ha acontecido, por lo que se tiene de dos mil quince y, pronunció un nuevo auto de formal prisión en contra del quejoso como probable responsable en la comisión del delito de feminicidio previsto y sancionado por los artículos 338, fracción III y IX y 338 Bis, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado cometido en agravio de Nallely Miriam González Hernández, en el que tomó en cuenta: Las constancias que integran la averiguación previa 1794/2015, esto es la declaración del quejoso en dicha indagatoria; y, determinó: Que no se actualizó violación a sus derechos fundamentales, con motivo de su detención y por ende no impacta la declaración que rindió ante el ministerio público en la cual aceptó su participación en el delito de feminicidio. Hecho lo anterior, dictó Auto de Formal Prisión. En efecto, según se advierte de lo resuelto por el juez responsable al tener a la vista las copias certificadas de la averiguación previa 1794/2015/7APUE de la Agencia Séptima del Ministerio Público de la ciudad de Puebla, la cual fue consignada al Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla y radicada bajo el proceso 403/2015 que se sigue en contra de Alejandro Rodríguez Flores, como probable responsable en la comisión del delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares, en agravio de la sociedad, se advierte que en la primera declaración vertida por el detenido Alejandro Rodríguez Flores el catorce de noviembre pasado en la que narró que tanto él como su novia (hoy occisa) habían sido agredidos por unos sujetos que iban en un vehículo, fue en calidad de testigo, mientras era atendido en el hospital y, hasta ese momento el agente del ministerio público investigador no había decretado la detención de dicha persona. Que el 19 de noviembre de dos mil quince el Agente del Ministerio Público que conoció de la indagatoria ordenó la presentación del aquí quejoso para que rindiera su declaración respecto del delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares que se le atribuía, por lo que el veinte de noviembre siguiente Alejandro Rodríguez Flores se reservó su derecho a declarar ante el ministerio público, contando con la asistencia de su defensor particular, licenciado Juan Carlos Hernández Serrano. Luego, el juez penal responsable consideró que no existió transgresión a los derechos fundamentales del indiciado durante su retención en dicho procedimiento, ante la inexistencia de algún dato que llevara a determinar que el indiciado (aquí quejoso), al momento de ser examinado hubiera sido aislado o incomunicado, pues se reitera, el referido quejoso en la primera declaración la rindió en su carácter de testigo, en las instalaciones de la institución de salud donde estaba siendo atendido de las lesiones que presentaba y la segunda en calidad de indiciado la cual fue recabada en presencia de su defensor particular. De ahí que dicho juzgador sostenga que al no haber existido transgresión de sus derechos fundamentales evidentemente ello no impacta en la declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la cual aceptó su participación en el delito de feminicidio. Dichas constancias, por ser documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos"

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