Gabriel Gonzalez Sandoval

Expediente 628/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
628/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Gonzalez Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, causó estado la sentencia dictada en el presente juicio, ordenándose el archivo definitivo del asunto. Ahora bien, al valorar el destino del cuadernillo original del incidente de suspensión, se determinó que era susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en virtud que se concedió la suspensión provisional solicitada y se negó la definitiva. No obstante lo anterior, el punto 7.1.1, apartado 2 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece lo siguiente: "7.1.1 En los Juzgados de Distrito. 2. Incidentes de suspensión en amparo en los que se haya concedido la medida cautelar de manera definitiva. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el cuaderno incidental será 'destruible´." De ahí, que al actualizarse la hipótesis antes señalada en el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y, conforme al punto 7.1.1. apartado 2 del citado Manual se establece que los autos originales del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción una vez que transcurra el plazo de seis meses. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente relativo al original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado en este auto. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 628/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Gabriel González Sandoval; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional el día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Gabriel González Sandoval solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López) y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 20, 21, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, escrito aclaratorio, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Gabriel González Sandoval, con el número de juicio de amparo indirecto 628/2022; y, se previno a la parte quejosa para que precisara la denominación actual y correcta de la autoridad responsable precisada en el citado auto; y, para que precisara la fecha en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Mediante escrito aclaratorio presentado el veinticuatro de junio del año en curso, el demandante constitucional cumplió con los requerimientos del auto preventivo; por lo que, previa ratificación de contenido y firma de dicho ocurso, el uno de julio siguiente, por una parte se desechó [en relación con la orden de investigación combatida] y, por otra, se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 46). TERCERO. Cita para audiencia. En el citado auto admisorio, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penal administrativa, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado el quince de julio de dos mil veintidós (es decir, antes de la celebración de la audiencia que antecede), se declaró inexistente a la autoridad señalada como responsable: "18. Director de la Agencia Federal de Investigación Criminal en el Estado de Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella. En ese tenor, dicha autoridad se excluye de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, Gabriel González Sandoval, reclama lo siguiente: - Las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención y captura, dictadas en su contra; así como su ejecución. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 15 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), por sí y en representación de los jueces de control señalados como responsables. Niega (foja 47) 16 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (José González Zepeda). Niega (foja 65) 17 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (Fernando Fierro Aldana) Niega (foja 48) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Gabriel González Sandoval, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 628/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Gabriel González Sandoval; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional el día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Gabriel González Sandoval solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López) y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 20, 21, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, escrito aclaratorio, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Gabriel González Sandoval, con el número de juicio de amparo indirecto 628/2022; y, se previno a la parte quejosa para que precisara la denominación actual y correcta de la autoridad responsable precisada en el citado auto; y, para que precisara la fecha en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Mediante escrito aclaratorio presentado el veinticuatro de junio del año en curso, el demandante constitucional cumplió con los requerimientos del auto preventivo; por lo que, previa ratificación de contenido y firma de dicho ocurso, el uno de julio siguiente, por una parte se desechó [en relación con la orden de investigación combatida] y, por otra, se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 46). TERCERO. Cita para audiencia. En el citado auto admisorio, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penal administrativa, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado el quince de julio de dos mil veintidós (es decir, antes de la celebración de la audiencia que antecede), se declaró inexistente a la autoridad señalada como responsable: "18. Director de la Agencia Federal de Investigación Criminal en el Estado de Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella. En ese tenor, dicha autoridad se excluye de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, Gabriel González Sandoval, reclama lo siguiente: - Las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención y captura, dictadas en su contra; así como su ejecución. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 15 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Isaí Rivas López), por sí y en representación de los jueces de control señalados como responsables. Niega (foja 47) 16 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (José González Zepeda). Niega (foja 65) 17 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (Fernando Fierro Aldana) Niega (foja 48) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Gabriel González Sandoval, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo seis de julio de dos mil veintidós, para que precisara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como 18. Director de la Agencia Federal de Investigación Criminal en el Estado de Puebla, o en su caso, manifestara lo que a su interés y derecho conviniera transcurrió del doce al catorce de julio de dos mil veintidós, sin que hubiera desahogado tal requerimiento. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de seis de julio de dos mil veintidós; y, se tiene por inexistente la citada autoridad señalada como responsable, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación procesal con ella. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y por lista a las demás partes.

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