Gabriel Enrique Chan Sulu
Expediente 515/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Enrique Chan Sulu
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación del acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso, dictado en este juicio, se hizo a la parte promovente el veinticuatro siguiente. En consecuencia, habiendo transcurrido el término de cinco días que señala el numeral 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en tal virtud, se declara que el referido proveído, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y por tanto, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial y la cuenta que anteceden, de donde se desprende que la parte promovente, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante acuerdo de tres de mayo del año en curso, para que aclarara su demanda. En consecuencia, habiendo transcurrido el término de cinco días concedido para tal efecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, que dio origen a este expediente. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Enrique Chab Sulú, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese con el número 515/2018-II-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Manifieste si los hechos que sustentan los actos reclamados de los que se duele, son bajo protesta de decir verdad, toda vez que su demanda de amparo carece de dicho requisito formal. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de mérito, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114, de la referida Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de Jurisprudencia número P./J. 127/99, visible en la página 32, del Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Por otra parte, en lo que se refiere a la solicitud que formula el quejoso en el punto número VIII de la demanda de amparo, en el sentido de que se decrete la suspensión de oficio en el expediente en que se actúa, respecto de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables; no ha lugar de acordar favorablemente a su petición, toda vez que los actos de que se duele, no se encuentran entre los comprendidos en los artículos 20 y 126 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, en los que sí es procedente decretar de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesen de manera definitiva, entre los que se encuentran aquellos que constituyan golpes, tormentos, tortura psicológica y/o física o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como su autorizada para esos efectos, a la persona que menciona en dicho escrito, pero con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final, hasta que acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización. Sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Finalmente, fórmese el correspondiente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
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