Gabriel Enrique Chab Sulú
Expediente 1245/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marcopolo Valdez Espinosa
- Gabriel Enrique Chab Sulú
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno; mediante el cual, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento con el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los libros de gobierno. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, de donde se desprende que el directo quejoso ***, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ***. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo emitido el once de julio actual, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Notifíquese personalmente al promovente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de julio de dos mil veintiuno. ************* se tiene por ampliada la demanda de amparo como en derecho procede con respecto a la citada autoridad. En tal virtud, córrase traslado del escrito ampliatorio a las demás partes; debiendo además, remitir a la nueva autoridad responsable copia del escrito de demanda, del auto de prevención, del escrito aclaratorio y del auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, respecto de la ampliación de la demanda, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al numeral 127 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En este sentido, tomando en consideración que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las nueve horas con siete minutos del veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se decreta el diferimiento anticipado de la referida audiencia, y se señalan como nuevas fecha y hora para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis Décima Época, Registro 2002712, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.1 K (10a.), Página: 1322, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Con relación a la audiencia constitucional, hágase del conocimiento de la nueva autoridad responsable, que en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo, que de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, en términos del precepto 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia; se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General, durante la vigencia del mismo. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple del escrito de ampliación y autorizada del presente acuerdo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la nueva autoridad responsable, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; de tal manera que de hacerlo de manera distinta se tendrá por no rendido. Hágase saber a la nueva autoridad responsable, que cuando tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibida que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 238 y 251 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio TTSEM/MP/SRÍA.- 907/2021 signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, en ausencia de su Titular, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que por auto de dos de julio del presente año tuvo por recibido el oficio sin número signado por la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, al cual adjuntó copia de la sesión de Cabildo de diecinueve de junio del presente año, del cual se desprende que el citado Cabildo autorizó a la Presidente responsable a fin de que gestionara ante el Congreso del Estado de Yucatán, Gobernador del Estado, Secretaría de Gobierno del Estado y Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, para que brindaran los medios necesarios para la obtención de recursos a fin de lograr el pago liso y llano del laudo condenatorio a favor de las aquí quejosas. Por lo que, el Tribunal responsable requirió a la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán para que dentro del término de diez días hábiles acreditara las acciones que realizó a fin de cumplir con lo acordado en la referida sesión de Cabildo, es decir, si ya había realizado la solicitud a las aludidas autoridades, y en su caso, si ya recibió la respuesta correspondiente. En atención a lo anterior, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que una vez fenecidos los plazos de diez días concedidos a la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, acuerde lo conducente y lo haga del conocimiento de este Juzgado, debiendo remitir las constancias respectivas que lo acrediten, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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