Gabriel de la Torre Espinosa
Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel de la Torre Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán; quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en relación con el total cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se efectuó personalmente a la parte quejosa el siete de junio actual; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en su primer punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso GABRIEL DE LA TORRE ESPINOSA, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por GABRIEL DE LA TORRE ESPINOSA, para el efecto de que la Junta responsable, deje insubsistente lo proveído en la audiencia de veintidós de mayo de este año, llevada a cabo en el juicio laboral ********************, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Y hecho lo anterior, emita un pronunciamiento diverso en el que fije nueva fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles siguientes." Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. A fin de dar cumplimiento a la sentencia concesora, mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés la autoridad responsable, dejó insubsistente el proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ********************, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas; y señaló para su celebración como nueva fecha las ocho horas del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, lo que acreditó con la constancia relativa dictada en el citado juicio de origen. ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, II de la Ley de Amparo, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende del informe rendido y la constancia remitida, ya que dentro del ámbito de sus funciones estaba constreñida a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de un plazo máximo de diez días hábiles, lo que se realizó, con lo que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. DEPURACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número, de dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de conservación, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: siete de agosto de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió totalmente la ejecutoria: dos de agosto de dos mil veintitrés. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento completo: tres de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el informe y anexo, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo al agraviado en el goce del derecho humano violado, como dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 813/2023-IV-A, promovido por *****; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Gabriel de la Torre Espinosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Plazo de ocho días por vista del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la vista otorgada a las partes mediante proveído de veintiuno de junio de este año, en el que se agrega el informe justificado de la responsable, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que del informe rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este Juzgador al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El señalamiento de fecha lejana fijada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en autos del expediente laboral 373/2022. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe por conducto de su Presidenta, aceptó la existencia del acto reclamado [promoción 10051]. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa. Asiste razón a la parte impetrante del amparo, dado que la autoridad responsable debió señalar fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que concluyó la audiencia de demanda y excepciones, como dispone el artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo. En el entendido que al no hacerlo así, la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, es oportuno citar lo dispuesto por el mencionado numeral de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: [.] VIII. Al concluir el período de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución." En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 citado reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual debe efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Mientras que el ordinal 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la Junta al concluir la etapa de demanda y excepciones; debe dictar un acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de una audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los diez días siguientes a aquél en que se haya concluido ésta. Asimismo, se establece que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. De ahí que, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado con la documental remitida por la Presidenta de la Junta responsable, consistente en la audiencia de demanda y excepciones llevada a cabo el veintidós de mayo de este año, en el expediente laboral 373/2022, se observa que se fijaron las diez horas del día quince de noviembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, es cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia. Lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado, ya que la data señalada para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas es muy lejana en relación con el auto de su fijación; por tanto, es evidente que el actuar de la responsable, causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa en relación con el derecho fundamental de impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. En esa guisa, conforme al precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por GABRIEL DE LA TORRE ESPINOSA, para el efecto de que la Junta responsable, deje insubsistente lo proveído en la audiencia de veintidós de mayo de este año, llevada a cabo en el juicio laboral 373/2022, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Y hecho lo anterior, emita un pronunciamiento diverso en el que fije nueva fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles siguientes. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a al quejoso ****, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
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