Gabriel de la Torre Espinosa
Expediente 178/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel de la Torre Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa personalmente, el dos de mayo de la presente anualidad, y a la parte tercero interesada por lista de estrados, previo citatorio, el ocho de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: " Deje insubsistente el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, en su lugar, emita nuevo pronunciamiento en el que observando los lineamientos de la presente resolución, señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia de ley, dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo". Así, por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió a la responsable su cumplimiento. Por tanto, a fin de cumplir con la ejecutoria de mérito, mediante oficio número 558/2023 recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de abril actual (promoción ********************), la Presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio laboral ********************, en el que, en primer término, dejó insubsistente la fecha y hora señaladas en el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar, señaló las ocho horas del veintidós de mayo del presente año, para tal efecto. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: ocho de mayo del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente, y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa personalmente, el dos de mayo de la presente anualidad, y a la parte tercero interesada por lista de estrados, previo citatorio, el ocho de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: " Deje insubsistente el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, en su lugar, emita nuevo pronunciamiento en el que observando los lineamientos de la presente resolución, señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia de ley, dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo". Así, por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió a la responsable su cumplimiento. Por tanto, a fin de cumplir con la ejecutoria de mérito, mediante oficio número 558/2023 recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de abril actual (promoción ********************), la Presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio laboral ********************, en el que, en primer término, dejó insubsistente la fecha y hora señaladas en el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar, señaló las ocho horas del veintidós de mayo del presente año, para tal efecto. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: ocho de mayo del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de marzo dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal; lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la citada ley de la materia, se le impondrá a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,370.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ANTECEDENTES********************PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el tres siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número ******************** y se precisó a la parte quejosa que no se tendría como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues a dicho ente colegiado no le corresponde en cuanto a sus funciones legales vigilar que la tramitación del juicio acontezca hasta el dictado del laudo, lo que implica también que los emplazamientos y demás notificaciones se realicen en tiempo.********************En ese sentido, a efecto de garantizar el acceso a la justicia de la parte quejosa, se tuvo como autoridad responsable en el presente asunto, al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad.********************Asimismo, se admitió la demanda de que se trata por lo que hace a dicha responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede.********************CONSIDERACIONES********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: ********************El acuerdo dictado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen ********************, en el que se señalaron las once horas con treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.********************TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidenta.********************Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza:******************** "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************CUARTO. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad.********************Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad********************QUINTO. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita.********************En el caso, la parte quejosa reclama de la Junta responsable, violación a sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley, dejándolo en estado de indefensión.********************Pues bien, asiste razón al impetrante del amparo, dado que la autoridad responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días hábiles siguientes como dispone el artículo 873 de la ley de la materia, o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.********************En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. ********************En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo.********************Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda.********************Asimismo, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia.********************Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan.********************En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte:********************a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; ********************b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; ********************c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, ********************d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia.********************Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Junta responsable, se tiene que en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se fijaron las once horas con treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen.********************Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. ********************Por otra parte, no obstante lo señalado por la autoridad responsable en su informe justificado, respecto a los motivos por los cuales no ha sido posible atender los asuntos sujetos a su jurisdicción dentro de los términos y plazos legales; también lo es, que dichas circunstancias tampoco pueden ser una carga que deban soportar las partes y tener que esperar por un tiempo indefinido el dictado de sus resoluciones o laudos.********************En ese sentido, lo manifestado por la responsable, si bien justifica en cierta forma la dilación en la fijación de la fecha de la audiencia de que se trata, no lo hace en cuanto a que sí existe una violación a lo dispuesto en los artículos antes referidos de la Ley Federal del Trabajo y del numeral 17 Constitucional, dado que ha habido una denegación de justicia puesto que no se han observado los términos previstos en la ley que rige el acto reclamado.********************Por tanto, es evidente que el actuar de la responsable, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deberá ser de manera pronta, completa y expedita.********************Razón por la cual y en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********************, para el efecto de que la Junta responsable:********************Deje insubsistente el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, en su lugar, emita nuevo pronunciamiento en el que observando los lineamientos de la presente resolución, señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia de ley, dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo.********************Por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la fijación de la fecha para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:********************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."****************************************SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". ****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: ********************RESUELVE********************PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para el efecto precisado en la quinta consideración de esta resolución.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y cúmplase.********************Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Gabriel Arturo Canto Loría687/2018
- Gabriel Arturo Canto Loría639/2020
- Gabriel Arturo Jimenez Esquivel320/2022
- Gabriel Cabrera Rubio1247/2020
- Gabriel de Jesus Bastarrachea Pardenilla1548/2023
- Gabriel de la Cruz Rejón Castillo221/2019
- Gabriel de la Torre Espinosa813/2023
- Gabriel Eduardo Valladares Bermon1507/2018
- Gabriel Eduardo Valladares Bermon1108/2022
- Gabriel Eduardo Valladares Bermon2560/2022
- Gabriel Eliseo Zapata Gomez457/2022
- Gabriel Elpidio Sánchez Zetina178/2021