Gabriel Carrera Guzmán

Expediente 597/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
597/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Carrera Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado el auto de dieciséis de julio pasado, se orden el archivo de este expediente y es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    SE NOTIFICA EL AUTO DE 22/07/2019: vista la razón actuarial de cuenta, en la que el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional manifiesta imposibilidad para notificar el acuerdo de dieciséis de los actuales, al quejoso *** se ordena hacer de su conocimiento dicho proveído, así como las subsecuentes determinaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito. ASI COMO EL DIVERSO DE 16/07/2019: Vista la demanda vía electrónica de cuenta enviada por el promovente *******, contra actos de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo ***** y fórmese expediente. Ahora bien, en principio conviene precisar que el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que el numeral 6° de la citada legislación, dispone: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Así también, el dispositivo 15 del referido ordenamiento, prevé: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,10 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 3º de la Ley de la materia dispone: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. En ese orden de ideas, tomando en consideración que, si bien la demanda fue promovida por *****, por propio derecho, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso la misma carece de la firma del justiciable, por lo cual no satisface dicho principio. A mayor abundamiento, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de que el promovente es justamente el quejoso o la persona que promueve en su nombre, debe contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda, en la que se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió, le pertenece. Ilustra lo anterior y resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. En ese sentido, al inadvertirse la voluntad expresa del promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio de amparo, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6° de la ley de la materia. Criterio además sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la queja administrativa ***, quien señaló que no debe considerarse que el desechamiento de la demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique desatender el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En tal virtud, al no haberse demostrado la voluntad de iniciar la acción de garantías por la persona señalada con antelación, SE DESECHA la demanda en estudio por lo que a él respecta y por los actos que reclama, con fundamento en el dispositivo 113, en relación con los arábigos 6° y 15 de la Ley de Amparo. Máxime que de la lectura integral de la demanda no se advierte que el quejoso se encuentre en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a los profesionistas que menciona, en virtud de que al ingresar a la página de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que se encuentran legalmente acreditados para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. Por otro lado, sin que haya lugar a reconocer como sitio para recibir las comunicaciones procesales que deriven de este juicio de amparo la dirección de correo electrónico ***************, como lo solicita el promovente, en virtud de que no existe precepto en la Ley de Amparo que contemple tales hipótesis; y si bien es cierto el ordenamiento de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en el artículo 26, fracción IV, prevé que las notificaciones podrán realizarse por vía electrónica a las partes que así lo pidan, ello es procedente previa obtención de la firma electrónica, y en tal caso surge para los quejosos o TERCEROS INTERESADOS la obligación de ingresar al sistema establecido para los fines aludidos, todos los días, con el objeto de obtener la constancia referida en el arábigo 31, fracción III, de la ley en cita, durante un plazo máximo de dos días, con el propósito de acreditar la práctica de esa diligencia. Con fundamento en el arábigo 21, párrafo tercero, de la indicada ley, se faculta al actuario judicial adscrito a practicar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este juicio; en la inteligencia de que, en caso de que ello no sea posible en el domicilio señalado, por causas atribuibles a la parte quejosa, deberán realizarse por medio de lista, sin necesidad de ulterior acuerdo; con fundamento en el precepto 27, fracción III, inciso a), de la aludida ley, así como en la jurisprudencia 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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