Gabriel Alan Salazar Soto

Expediente 575/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
575/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Alan Salazar Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que el término previsto por el numeral 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para impugnar el acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector, transcurrió para la parte quejosa y tercera interesada, del nueve al treinta y uno de marzo del presente año, en tanto que para el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES Y FRAUDES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, del catorce de marzo al diez de abril del año en curso, sin que hubiesen realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en el proveído en mención se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido. Devuélvase el disco de video digital (DVD) enviado por el Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.

  2. Principal

    ANTECEDENTES. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en lo que interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia a **********. DECLARATORIA. Lo expuesto, de acuerdo con el criterio del suscrito, denota que la ejecutoria se cumplió en sus términos. Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se hizo patente, la responsable ordenadora remitió copia autorizada de la versión escrita del auto de vinculación a proceso que emitió en audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal, así como de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Bajo tal contexto, toda vez que en lo que fue materia del presente juicio de amparo, se atendieron los parámetros de la sentencia protectora, en razón que de lo reseñado se advierte que la autoridad responsable cumplió sin defecto ni exceso tales lineamientos por los cuales se otorgó la protección constitucional, por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDO; haciéndole saber a las partes que se dejan a salvo sus derechos para interponer el recurso procedente. Consecuentemente, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, y dado que no obran documentos importantes y/o relevantes se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado SÉPTIMO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad, en relación con los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo; consecuentemente, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del numeral 18 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas. Resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la ley de la materia.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los oficios de cuenta firmados por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede y Director del Centro Penitenciario Estatal, ambos en San Luis Potosí, mediante los cuales comunican haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, y al efecto remiten las constancias que estimaron pertinentes para ello. En tal virtud, de conformidad con el arábigo 196 de la Ley de Amparo, con dichas actuaciones, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario. Tiene sustento lo anterior, en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro:*****.

  4. Principal

    ANTECEDENTES. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección a **********. DECLARATORIA. Lo expuesto en el acuerdo, con el criterio de este Órgano de Control Constitucional y como lo sostuvo la parte quejosa, denota que la ejecutoria no fue cumplida. Se afirma lo anterior, pues como ya se hizo patente con antelación, en cuanto al Director del Centro Penitenciario, éste únicamente tenía que abstenerse de ejecutar los actos tildados de inconstitucionales, es decir, en el cumplimiento al fallo protector, tendría que haber expresado que se abstenía de ejecutar los actos reclamados en esta instancia constitucional. No obstante, a través del oficio 13995, el Subdirector de Custodia Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, en lo que interesa, únicamente afirmó realizar las anotaciones pertinentes en las tarjetas de control jurídico y estar a la espera de la nueva determinación que dictara la ordenadora. En tanto que, como ya se indicó, el Juez responsable, por oficio identificado con el folio 340, únicamente transcribió el contenido del auto de once de enero del año en curso, de cuyo contenido se advierten únicamente los puntos resolutivos de las decisiones de vinculación a proceso y medida cautelar; a pesar, de que expresamente se otorgó la tutela constitucional, para que la autoridad judicial responsable, diera observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, emitiera por escrito esas decisiones, EN LAS CUALES, TENDRÍA QUE EXPONER LAS CONSIDERACIONES POR LAS QUE SE EMITIERON. Así, en suma de consideraciones, las autoridades responsables, no atendieron de manera puntual los efectos de la sentencia de amparo, pues, por una parte, el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, no señaló expresamente que se abstendría de ejecutar los actos tildados de inconstitucional; y, por otro lado, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, no dio debida observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues únicamente informó los puntos resolutivos de las resoluciones reclamadas y no así, éstas en su integridad, en donde obraran las consideraciones por las que se emitieron. Por tanto, al no haber sido acatado el fallo en sus términos; con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, SE REQUIERE al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de Sala Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí y al Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, para que en el plazo de TRES DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído, atiendan en sus términos el fallo protector. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído, se procederá en términos de lo señalado en el artículo 193, esto es, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, con sustento en el numeral 258 de la ley en comento, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite correspondiente de inejecución de sentencia. Aunado a que en caso de no obedecer nuevamente a la determinación constitucional en sus términos, podrá actualizarse la conducta prevista en el arábigo 267, fracción I, del ordenamiento de la materia.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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