Gabriel Andrés Campoli

Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
142/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Andrés Campoli

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de doce de abril del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a los presentes autos; en consecuencia ...se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia...archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte...resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, el cual si bien se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, sin embargo, se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a su depuración, en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. ... Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso ***, en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, para que cumpliera con el requerimiento ahí efectuado, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente asunto y se deja sin efectos la suspensión de oficio y de plano decretada en autos. Ahora bien, debido a que en el presente asunto se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, hágase de conocimiento a las autoridades responsables la presente determinación. Asimismo, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    (.) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "(.) Vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que de una llamada telefónica realizada al número ***, entablada con quien dijo ser el propio quejoso ***, el cual, después de preguntarle por su domicilio personal, proporcionó para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Pípila número uno, colonia centro, Xalapa, despacho ciento cuatro. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales y a fin de estar en aptitud de proveer conforme a derecho, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio ubicado en Pípila número uno, colonia centro, Xalapa, despacho ciento cuatro, a fin de que le notifique el auto de cinco de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente asunto, por el que se requirió al directo quejoso para que en el acto de la diligencia, o bien por escrito, dentro del término de tres días, ratificara o no la demanda de amparo promovida en su nombre por ***. Asimismo, deberá apercibirlo que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 15 de la ley de la materia" ASÍMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDO DE ACUERDO DE CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS:"(.) EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Andrés Campoli, en su carácter de defensor particular y en representación de ***, contra los actos que reclama de la Policía Estatal del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 142/2022-2. De las que reclama los siguientes actos: - La ilegal detención (privación de la libertad fuera de procedimiento). - Traslado. - Incomunicación. - Actos de tortura. - La emisión y en su caso ejecución de cualquier orden de aprehensión, orden de presentación o comparecencia. SUSPENSIÓN DE PLANO I. Concesión de la medida cautelar, efectos y medidas urgentes. En atención a que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que con precisión el promovente señala como actos reclamados entre otros la privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación y posibles actos de tortura, de los que afirma es objeto el quejoso directo Rafael Abraham Mota Ramirez, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los aludidos actos, a efecto de que de inmediato cesen los mismos, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que en su caso se esté ejecutando en perjuicio del agraviado. A fin de prevenir la trasgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes las siguientes: 1. Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas golpes, malos tratos o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. En el supuesto de que la detención derive de un procedimiento del orden penal, quede el directo quejoso a disposición de este órgano constitucional en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad judicial para la continuación del procedimiento que se siga en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 163 de la ley de la materia. En el entendido que cuando se dice: "el quejoso quede a disposición de este órgano constitucional en lo que se refiere a su libertad personal", debe entenderse como una medida de seguridad que tiene por objeto impedir que las autoridades consumen o continúen infligiendo atentados, vejaciones o malos tratos que afecten la dignidad o la integridad física de la parte quejosa. 3. Cese de inmediato la detención del directo agraviado, poniéndolo en absoluta libertad o, en su caso, a disposición del Ministerio Público que corresponda, en el supuesto de que la detención se haya efectuado por autoridades administrativas distintas a la del Ministerio Púbico por guardar relación con la comisión de un delito. 4. Sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Si el agraviado se encuentra a disposición de alguna autoridad ministerial, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad, si de las constancias de la averiguación o investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia. En el escenario de existir flagrancia o urgencia, el Ministerio Público deberá determinar la libertad del quejoso o consignarlo ante la autoridad judicial correspondiente, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento en que fue puesto a su disposición, como lo indica el párrafo décimo del artículo 16 de la Carta Magna. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el directo quejoso haya sido detenido en flagrancia y el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa, conforme a lo ordenado en los normativos 19 Constitucional y 167 del código en cita, se concede la medida cautelar para el efecto de que el Ministerio Público disponga la libertad del quejoso o en su caso le imponga una medida de protección en términos de lo preceptuado por el propio Código Nacional en consulta. En la inteligencia de que la medida cautelar antes concedida no surtirá los efectos precisados, si la detención del directo agraviado es consecuencia de alguna orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable, que tenga como objeto salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o se trate de alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128, fracción, tercero párrafo de la Ley de Amparo, sin que la presente salvedad implique autorización de modo alguno, para que las autoridades responsable impidan la comunicación del agraviado con sus familiares o defensores o le nieguen o restrinjan el acceso a los servicios de salud que resulten necesarios para salvaguardar su integridad física y/o psicológica. 5. Sea puesto en inmediata libertad si la detención no tiene relación con la comisión de un delito. En el evento de que el agraviado se encuentre privado de la libertad con motivo de una sanción por infracción a la normativa que rija sus funciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados que deriven de la ejecución de la medida de carácter disciplinario por violación al reglamento o normas respectivas, la que no debe continuar ejecutándose, ni las consecuencias que restrinjan o limiten las prerrogativas que asistan al quejoso con motivo de sus funciones. Lo anterior, en virtud de que para decretar la suspensión de plano, nada impide que se trate de la ejecución de una medida de carácter disciplinario impuesta al quejoso y que, en su caso, la esté cumpliendo, pues con la concesión de la medida cautelar que se otorga se trata de abolir o restringir cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que se menciona en la demanda de amparo. Además, la finalidad de la medida cautelar otorgada es la de preservar la materia del presente juicio de amparo y asegurar una tutela efectiva, puesto que de no decretarse la suspensión, se extinguiría la sanción disciplinaria que en su caso hubiera sido impuesta, sin que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de analizar su constitucionalidad, si fuera el caso de abordar su estudio. Aunado a ello, las medidas de carácter disciplinario pueden estar sometidas al escrutinio judicial bajo los lineamientos contemplados en los ordenamientos constitucionales, convencionales y reglamentarios que regulan dicha clase de sanciones. 6. Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o lo tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al indiciado, desde que fue detenido hasta que se puso a disposición del representante social. 7. No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 8. Se mantenga al quejoso en los lugares oficialmente reconocidos como lugares de detención cuando constitucionalmente se justifique la misma; 9. Que los nombres de las personas responsables de su detención figuren como autoridades competentes para ello (cadena de custodia y línea de mando). 10. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; que se lleven a cabo los registros de su detención, así como de la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éste sea sometido. Lo anterior, con fundamento en los artículos 126, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aplicables al caso; todo ello en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir privación ilegal de la libertad, así como la ilegal prisión preventiva e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Aunado a las citadas disposiciones, el derecho a no sufrir ataques de tortura se encuentra contemplado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, tales normas nacionales e internacionales a través de la hermenéutica jurídica que se realice de ellas, y acorde a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponen al juzgador la obligación de decretar medidas urgentes para prevenir y asegurar que la persona detenida no sea agredida en sus derechos fundamentales de libertad, integridad física y moral. II.- Cumplimiento a la suspensión de plano. Requiérase a las autoridades responsables a fin de que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del momento de la notificación, rindan informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, respecto del acto reclamado consistente en la detención ilegal fuera de todo procedimiento, incomunicación, así como violencia física y moral y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional, que en su caso se estén ejecutando en perjuicio del quejoso directo, indicando que han cesado, en su caso, dichos actos en los términos precisados. Asimismo, requiérase a las responsables para que acompañen a su informe copia certificada de las constancias que justifiquen la legal detención del quejoso. Ahora, el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, por medio de cuenta de correo o vía telegráfica; sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, las autoridades responsables deberán abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. En el entendido de que, si las autoridades responsables estiman remitir constancias en apoyo a dicho informe, deberán acompañarlas por el medio ordinario que estime conducente (correo, mensajería acelerada, etcétera). Asimismo, en el informe de mérito deberán de indicar su dirección, teléfono y correo electrónico oficial para las subsecuentes comunicaciones con la misma. Lo anterior, a fin de tener la certeza que han cesado los actos en los términos decretados en este proveído, así como que han sido cumplidas las determinaciones tomadas. Además, deberán informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permaneció bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Se considera lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar al detenido, para efecto de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. La obligación aludida deriva del artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otorga a la suspensión de plano el alcance necesario para que dicha medida cautelar tenga efectos preventivos, aun cuando la Ley de Amparo no establezca literalmente esa obligación. De esta manera, faculta además a esta juzgadora para emplear, en su caso, la suspensión como medio para determinar tanto la responsabilidad de quién o quiénes (seguridad y médico) tengan a su disposición a las personas privadas de la libertad, en cada momento durante el tiempo razonablemente necesario, así como la línea de mando respectiva dentro de la institución que resguarda a la persona. Debido a lo anterior, se considerará a las autoridades responsables infractoras del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en caso que no cumplan con lo requerido, en el plazo concedido para ello, por lo que se dará vista al representante social que corresponda, por la responsabilidad en que incurran, aunado a que la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el precepto 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si llegare a consumarse, faculta para consignar los hechos para el ejercicio de la acción penal correspondiente. DILIGENCIA DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DEL QUEJOSO DIRECTO. Se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya de inmediato en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Las Trancas, Veracruz; Unidad Especializada en Combate al Secuestro; en el Cuartel de San José dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; en la Subsede Xalapa, de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, éstos últimos con sede en esta ciudad, y en el Centro de Readaptación Social, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, ya que existe la posibilidad de que se encuentre el buscado, según lo manifestado por el promovente, además de que, es un hecho notorio que dichas autoridades cuentan con lugares de detención. Asimismo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, para que de manera inmediata o en caso de que alguna autoridad no cuente con personal de guardia, a primera hora del día siguiente, realice la entrega de los oficios que deriven del presente acuerdo, a las autoridades responsables con residencia, en esta ciudad. En el entendido que todas las autoridades están obligadas a permitir el acceso total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. La negativa a ello constituirá una obstaculización a la Justicia Federal y se actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. Además, se apercibe a las autoridades que de no permitir el acceso o no brindar el apoyo solicitado para la debida práctica de la diligencia, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente; ello con independencia de la autorización del uso de las demás medidas de apremio, contempladas en el primero de los numerales citados, sin necesidad de acuerdo previo, dada la premura y urgencia de los actos reclamados. De igual forma, se previene a las autoridades que en términos del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en relación con el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, la desobediencia de un auto de suspensión pudiera ser constitutiva de delito sancionado con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Máxime que la violación a una suspensión de plano equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el citado numeral de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, delito que si llegare a consumarse, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal. Una vez localizado el quejoso directo, el Actuario de la adscripción deberá realizar, de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 1. Dar fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 2. Dará fe del estado físico que presenta el quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones por tortura. 3. Requerir al quejoso directo, para que en el acto de la diligencia, o bien por escrito, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 15 de la ley de la materia. De ser el caso de que el referido quejoso se encuentre golpeado o presente lesiones, se ordena que las autoridades responsables de manera inmediata, realicen lo siguiente: Proporcione al quejoso la atención médica que necesite. El titular del servicio médico donde se encuentre detenido, suministre los medicamentos que sean necesarios para tratar las lesiones y/o padecimientos que el aquí quejoso presente. En el entendido que de ser necesario, se ordenará la práctica del dictamen médico psicológico especializado en materia de tortura a la luz del Protocolo de Estambul. Lo anterior, en estricto cumplimiento al mandato constitucional de prevenir la continuación de violaciones a los derechos humanos, contenido en el artículo 1o. de la Carta Magna. En el supuesto de que la demanda se ratifique, procédase con el trámite correspondiente. AUTORIZADOS. Como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Andrés Cámpoli quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro 183303. NOTIFICACIONES CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En atención a la solicitud del promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico y notificaciones electrónicas, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como caxg670603hnemxb02.Sin que obste el hecho de que el promovente de amparo también haya señalado un inmueble en esta ciudad a efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que de manera expresa manifestó su voluntad para que las notificaciones personales que deriven del presente asunto se le realicen a través del precitado usuario, por lo que, a fin de dar certeza jurídica a las partes y evitar duplicidad de actuaciones, únicamente se tiene por señalado como medio para oír y recibir notificaciones de su parte, el usuario en cita, sin perjuicio de que el impetrante pueda designar uno nuevo con posterioridad. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables. Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto.DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto.TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la parte quejosa manifiesta que se opone expresamente con que en los acuerdos y resoluciones sean publicados sus datos personales o proporcionados a terceras personas. Debido a lo anterior, se ordena al oficial judicial "A" y a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que adopten las medidas que sean necesarias para respetar la oposición manifestada por los promoventes. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que en el capítulo atinente a los actos reclamados, se haya asentado como nombre del quejoso Víctor Alfonso Loyo Olivares; toda vez que del contenido íntegro de la demanda, esto es, tanto del proemio como de los antecedentes ahí narrados, se desprende que el nombre correcto del directo quejoso lo es Rafael Abraham Mota Ramírez, de ahí que se tenga a este último con tal calidad, para el trámite del presente asunto."

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que de una llamada telefónica realizada al número 228 139 66 34, entablada con quien dijo ser el propio quejoso ***, el cual, después de preguntarle por su domicilio personal, proporcionó para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Pípila número uno, colonia centro, Xalapa, despacho ciento cuatro. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales y a fin de estar en aptitud de proveer conforme a derecho, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio ubicado en Pípila número uno, colonia centro, Xalapa, despacho ciento cuatro, a fin de que le notifique el auto de cinco de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente asunto, por el que se requirió al directo quejoso para que en el acto de la diligencia, o bien por escrito, dentro del término de tres días, ratificara o no la demanda de amparo promovida en su nombre por ***. Asimismo, deberá apercibirlo que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 15 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente al quejoso.

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