Gabino Elias Jimenez Villaseñor

Expediente 837/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
837/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Gabino Elias Jimenez Villaseñor

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual acepta la incompetencia planteada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Gabino Elías Jiménez Villaseñor. En consecuencia, hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito de lo anterior, toda vez que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, es el juzgado que se encargara de conocer de la demanda dio origen al juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, archívese el presente expedientillo como asunto total y definitivamente concluido. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que este expediente encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I del numeral citado; por lo que el mismo es susceptible de destruirse una vez que transcurra el plazo de seis meses a partir de su archivo. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Gabino Elías Jiménez Villaseñor contra el acto reclamado a las Magistradas integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 837/2022-I-A. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. Dentro del capítulo correspondiente a la demanda de amparo, el promovente señaló lo siguiente: "De las magistradas integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la resolución de cinco de julio de 2022, emitida en el toca penal 103/2022-A. Del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, la ejecución de la resolución de cinco de julio de 2022, emitida en el toca penal 103/2022-A." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De lo anterior, se advierte que Gabino Elías Jiménez Villaseñor reclama a las Magistradas integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esa ciudad, la resolución de cinco de julio de la presente anualidad, dictada en los autos del toca 103/2022-A, de su índice, mediante la cual revocó el auto de no vinculación a proceso dictado dentro del proceso penal 50/2021, del índice del Juzgado Mixto de Control Microregional de La Antigua, Veracruz, con sede en Cardel. DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PARA SUBSTANCIAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, toda vez que ha quedado precisado el acto que en esta vía constitucional reclama el quejoso, lo procedente es analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, el que suscribe procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Lo subrayado es propio). En ese sentido, de la lectura íntegra de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que el once de abril de dos mil veintiuno, la Sala Única de Audiencias del Juzgado Mixto de Control Microregional de La Antigua, Veracruz, con sede en Cardel, celebró audiencia inicial en el proceso penal 50/2021, que instruyó en su contra, la cual fue continuada el dieciséis del mismo mes y año, dictándose auto de no vinculación a proceso en favor del ahora quejoso. Asimismo, que la fiscalía y el asesor jurídico interpusieron recurso de apelación en contra de dicha determinación, el cual fue registrado con el número de toca penal 103/2022-A, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En ese tenor, el cinco de julio de dos mil veintidós, las Magistradas integrantes de dicha Sala, revocaron la resolución de primera instancia y dictaron auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. En ese orden de ideas, es inconcuso que Gabino Elías Jiménez Villaseñor reclama un acto cuya ejecución material se encuentra fuera del territorio en donde este órgano tiene jurisdicción; por lo tanto, el suscrito advierte que carece de competencia para substanciar la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, en atención a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [...]." Aunado a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la competencia cuando se impugna una resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento, en la jurisprudencia 2a./J.37/2005 (10a.), que a la letra establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es propio). De lo transcrito se desprende que cuando el acto reclamado es una resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, es decir, que mediante la interposición de algún medio de defensa el superior jerárquico determinó revocar lo recurrido en el juicio de origen, quien debe de substanciar la demanda de amparo es el Juzgado de Distrito en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado, independientemente del lugar en donde se encuentre la autoridad ordenadora, es decir, el tribunal de segunda instancia que emitió el acto reclamado. En ese sentido, para fijar la competencia del Juez de Distrito para conocer de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, en donde se señala como acto reclamado la resolución de cinco de julio de la presente anualidad, dictada en los autos del toca 103/2022-A, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual revocó el auto de no vinculación a proceso dictado dentro del proceso penal 50/2021, del índice del Juzgado Mixto de Control Microregional de La Antigua, Veracruz, con sede en Cardel, se debe atender a lo siguiente: Es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir con el auto de vinculación a proceso en el expediente de origen. Por lo tanto, toda vez que el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que el proceso penal del cual deriva el toca penal es el número 50/2021, del índice del Juzgado Mixto de Control Microregional de La Antigua, Veracruz, con sede en Cardel, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia antes transcrita, se advierte que el Juez de Distrito competente para substanciar la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, es aquel en cuya jurisdicción reside el juez natural del proceso penal, pues éste, es quien asume el carácter de ejecutora del acto reclamado al tener que acatar lo ordenado por su superior jerárquico. En tal virtud, dada la naturaleza del acto reclamado, y en razón de que el proceso penal 50/2021, está radicado en el Juzgado Mixto de Control Microregional de La Antigua, Veracruz, con sede en Cardel, así como lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y lo dispuesto por la fracción VII, párrafo segundo del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Territoriales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Xalapa, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En consecuencia, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que se anexan siete copias de la demanda de amparo, a efecto de que turne el presente asunto al Juzgado correspondiente, debiéndose formar cuaderno de antecedentes. Asimismo, solicítese atentamente al Juzgado que conozca del presente asunto, acuse recibo del mismo para los efectos legales conducentes. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que la parte quejosa haya señalado como autoridad ejecutora al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, toda vez que, aunado a que la residencia de dicha responsable está dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito, con sede en Boca del Río, Veracruz, lo cierto es que, a quien le toque conocer del asunto, podrá prevenir al quejoso para esclarecer lo conducente sobre dicha responsable en relación con lo reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene la lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional y se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Castañeda Espinoza y Carmen David Solís Hernández, quienes cuentan con los registros 51028 y 59230, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Mientras que, con las restricciones del citado precepto se autoriza a Porfirio Moreno Jiménez, Silvia Gómez Rosales, Liliana Selene López Salazar, Guadalupe Morales Hernández y Adolfo Benítez Prior, por no contar con el registro correspondiente ni la parte quejosa haber demostrado que contaran con los documentos respectivos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Boca del Río, Veracruz.

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