Gabriel Alejandro Velez Preciado
Expediente 1475/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1475/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriel Alejandro Velez Preciado
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por el apoderado legal de la quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector efectuado por la responsable; de las cuales se tomarán en consideración en los párrafos subsiguientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que dicha parte está debidamente notificada del auto de mérito, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Gabriel Alejandro Vélez Preciado, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En consecuencia, el uno de marzo de dos mil veintidós causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al referido fallo protector en los siguientes términos: "(.) Ordene el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral de origen (.)" En cumplimiento a ello, por oficio recibido en este Juzgado Federal el siete de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento a la parte demandada y codemanda, de dieciséis de febrero del año en curso, en el expediente laboral 01/3225/12. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, toda vez que la responsable emplazó a la parte demandada y codemandada en el juicio laboral de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice arribar a la determinación anterior las manifestaciones de la parte quejosa, en el sentido que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo ya que la autoridad responsable ordenó notificar a la codemandada por medio de boletín judicial, para lo cual no había realizado dicha notificación; tal es el caso que el quince de marzo difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones por dicho motivo. En ese tenor, no ha lugar a proveer de conformidad ya que los efectos del fallo protector únicamente se limitaron a emplazar a la parte demandada en el domicilio respetivo, por lo tal circunstancia no está comprendida en los efectos de la ejecutoria de amparo. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguense los oficios y anexo de cuenta, mediante los cuales se informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido de los oficios de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.ValeGO
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "(.) Ordene el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral de origen (.)" En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1475/2021-V-B, promovido por Gabriel Alejandro Vélez Preciado, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el ocho de noviembre del mismo año en este órgano jurisdiccional, Gabriel Alejandro Vélez Preciado solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación, así como emplazar a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte quejosa, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, de emplazar a la parte demandada en el juicio expediente laboral 01/3225/12JE1. Lo anterior se precisa así, atento a que no obstante que también reclama la omisión de desahogar la audiencia de demanda y excepciones, según lo narrado en la demanda, esta no puede verificarse ante la falta de emplazamiento de la parte demandada; luego, será el acto antes precisado el que se analice al ser el que realmente afecta a la aquí quejosa en el juicio de origen impidiendo la prosecusión del juicio laboral de origen. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Al respecto, la Junta responsable exhibió como prueba copia certificada de constancias del juicio laboral de origen, de las que se advierte que emplazó como demandados a Servicios de Salud de Morelos y Rubén Chávez Peña. De igual manera, remitió el auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que no se había emplazado a la parte demandada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En ese sentido, la parte quejosa refiere que la junta responsable dentro del juicio laboral de origen, ha sido omisa en emplazar a juicio a la parte demandada, sin poder lograr el cierre de las etapas continuas. Ahora bien, de la constancia que en copia certificada exhibió la responsable se advierte que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se difirió debido a la falta de emplazamiento de la parte demandada; siendo el último diferimiento informado, el acordado en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de referencia. De lo anterior, se advierte que la responsable ha sido omisa en emplazar a la parte demandada y por tanto, no se ha podido desahogar la audiencia bifásica, ni continuar con el trámite del asunto, lo que denota una abierta dilación en la integración del juicio laboral en comento. Ha de precisarse que el emplazamiento de la demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado. Obligación que está relacionada con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación. Sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En consecuencia, con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como el emplazamiento de la parte demandada, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En el caso, desde la fecha en la que la junta responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio que se haya señalado en autos para tal efecto en el juicio de origen, a la data en que ahora se resuelve el presente asunto, no se ha efectuado tal acto procesal, pues se encuentra pendiente su llamamiento a juicio, como se advierte de la constancia que la junta allegó a su informe justificado y por ende, no se ha proseguido con el desahogo de la audiencia bifásica, por consecuente tampoco ha desahogado las etapas subsecuentes como el cierre de instrucción hasta su conclusión. Así, se concluye que la junta responsable no ha cumplido con el imperativo constitucional que en el particular se analiza, pues no por la falta de emplazamiento de la parte demandada, no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por actualizándose una abierta dilación en el juicio laboral de origen. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de actuar efectivamente para realizar el emplazamiento de la parte demandada antes descrita, deviene violatoria del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque ha impedido el desahogo de la audiencia de ley y por tanto la continuación de las etapas subsecuentes; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares, la facultad y obligación de dictar las medidas necesarias para que los juicios en instrucción no queden inactivos, salvo disposición en contrario. Para resarcir la violación, la autoridad laboral debe ordenar que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, en el o los domicilios que le hayan sido proporcionados para ello, para que esté en aptitud de acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto de origen, como lo exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dictando las medidas pertinentes, sin perjuicio desde luego, que las circunstancias ameriten el despliegue de las facultades que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la propia ley, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora, las cuales, esta sentencia en modo alguno le prohíbe ejercer. Sobre la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la parte actora y el consecuente actuar de la Junta ante ello, son aplicables las jurisprudencias 2a./J.98/2013 (10a.), con número de registro digital 2004225, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 2, página 794, y 2a./J.126/2016 (10a.), con registro digital 2013079, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1364; ambas sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS." y "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO." En las citadas tesis jurisprudenciales, la Segunda Sala determinó cómo debe actuar la autoridad laboral en el caso en que el emplazamiento de la parte demandada, no pueda practicarse en el domicilio proporcionado para tal efecto, ya sea que se trate de un único o de varios demandados. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta responsable: Ordene el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral de origen. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), con registro digital 2005150 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales no veda esta sentencia, de ahí que no es dable que este fallo le imponga la obligación de desahogar la audiencia bifásica y los actos subsecuentes, pues sería tanto como impedirle ejercer esas atribuciones si se le presenta el caso, a la vez que implicaría declarar que incurrirá en una nueva omisión o dilación procesal que debe prevenirse desde ahora, lo que sin duda se traduciría en prejuzgar sobre una situación futura, soslayando que, dada su sujeción a las leyes, actuará puntualmente con apego a éstas, obviando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Asimismo, se hacen extensivos los efectos del amparo al acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito a la junta responsable; en el sentido de dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta a fin de que se lleve a cabo el emplazamiento a la parte demandada. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Gabriel Alejandro Vélez Preciado, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida ante Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.
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