Gabriel Aarón García Pérez

Expediente 1487/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1487/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Gabriel Aarón García Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de siete de junio de dos mil dieciocho. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.Ser*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de treinta de abril de dos mil dieciocho; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el primer punto resolutivo negar en el presente juicio de amparo, y en el segundo conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: ".procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que: La autoridad responsable Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dentro del término de tres días, dicte y notifique de manera personal a Gabriel Aarón García Pérez, un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido.." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. En virtud de lo anterior, toda vez que ha causado estado el fallo protector, se ordena agregar el original del cuaderno incidental, el cual es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Asimismo, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1487/2017-IV-B, promovido por Gabriel Aarón García Pérez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito, y turnada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete a este juzgado federal, Gabriel Aarón García Pérez, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la autoridad responsable Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 2 a 12). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo con el número 1487/2017-IV-B, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal al Ministerio Público Federal, se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 24 a 28), la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En consecuencia, en términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir del quejoso, se precisan los siguientes actos: De la autoridad señalada como responsable Secretaría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reclama: La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. De la Dirección General de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reclama: La negativa a expedir su certificado de estudios del bachillerato cursado en la Preparatoria Vespertina número 1, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reclama: La baja temporal de estudios de la licenciatura en ciencias políticas. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados (fojas 40; 53 a 58 y 86 a 91). Actos que se corroboran con las documentales que a sus informes justificados adjuntaron las autoridades responsables, y a los que se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. Las autoridades responsables Secretario General y Directora General de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, manifestaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues aducen se encuentra en trámite el recurso de queja 229/06/2017/PDA que el propio quejoso promovió ante la Procuraduría de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El texto del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]" El dispositivo legal antes citado, prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. De la interpretación de dicho precepto legal se obtiene que para que se actualice dicha causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, por lo que debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 190665, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre 2000, página 15, del siguiente rubro "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Ahora bien, el primero de los requisitos precisados en párrafos precedentes se encuentra colmado, pues el ahora quejoso, promovió por derecho propio recurso de queja ante la Procuraduría de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el treinta de junio de dos mil diecisiete, en contra de la omisión de la Dirección de Servicios Escolares de hacerle entrega de su certificado de bachillerato, y, como consecuencia de ello la baja de la licenciatura de ciencias políticas (foja 93). El segundo de los requisitos no se encuentra colmado, pues el recurso de queja incoado por Gabriel Aarón García Pérez, si bien se admitió a trámite el treinta de junio de dos mil diecisiete, con el número 229/06/2017/PDA (fojas 96 a 98), éste se resolvió el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 246 a 251), es decir, dicho medio de defensa ya se encuentra concluido, incluso, en la misma fecha en que se resolvió se ordenó el archivo del expediente. No obsta que la resolución que resolvió el recurso de queja haya sido favorable a los intereses del ahora quejoso, pues de la lectura de artículo 31 del Reglamento de la Procuraduría de los Derechos Académicos, se advierte que las recomendaciones que en sus resoluciones emite la Procuraduría, no tienen el carácter de coercitivas, pues en su texto se aprecia lo siguiente: "ARTÍCULO 31.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.- Si la autoridad, el alumno o el trabajador académico, con base a las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en la resolución que se emita, deciden aceptar y cumplir la recomendación, deberá hacerlo constar por escrito para otorgar certeza del acto y en consecuencia surta sus efectos legales." De ahí que tampoco sea un medio de defensa legal idóneo de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio de amparo. Precisado lo anterior, ante lo infundado de la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables, y, al no advertirse una diversa causal de improcedencia, se procede al estudio de fondo del acto reclamado: QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Antes de abordar el estudio del presente asunto conviene previamente, relatar los antecedentes del acto reclamado: El quejoso aduce que cursó estudios de bachillerato en la Preparatoria Vespertina número Uno, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de agosto del año dos mil trece al mes de julio de dos mil quince. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Escuela Preparatoria Vespertina Número Uno, expidió a favor de Gabriel Aarón García Pérez, constancia de no adeudo de materias y de que su certificado total se encuentra en trámite (fojas 94). El treinta de junio de dos mil diecisiete, ante la omisión de entrega de su certificado de bachillerato, Gabriel Aarón García Pérez promovió queja ante la Procuraduría de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, misma que fue radicada y admitida el mismo día (fojas 93 y 96 a 98). El quince de agosto de dos mil diecisiete, el Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales emitió el oficio CSE/338/2017, en el que ordena la baja temporal de Gabriel Aarón García Pérez, de la licenciatura de ciencias políticas, por no haber presentado en tiempo su certificado académico (fojas 144). El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el quejoso presentó escrito al Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, solicitando su intervención en razón de que no le han entregado su certificado de estudios (foja 60). El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió la queja interpuesta por el ahora quejoso (fojas 246 a 251), en ésta se recomendó al Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la tramitación de la baja temporal del ahora quejoso, asimismo, recomendó a la Directora General de Servicios Escolares, realizar los trámites relativos a la expedición del certificado de nivel medio superior de la Preparatoria Vespertina Número Uno. Al respecto la Directora General de Servicios Escolares, el doce de septiembre de dos mil diecisiete, manifestó la imposibilidad de acatar la recomendación puesto que el certificado de Gabriel Aarón García Pérez, tiene diversas inconsistencias en sus calificaciones (fojas 254 y 255). Hecha la aclaración anterior se precisa que el quejoso expresa esencialmente en sus conceptos de violación lo siguiente: 1.- Aduce que se trasgrede el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Secretaría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no ha respondido su escrito de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. 2.- Que se le ha tratado de manera diferenciada y discriminatoria, puesto que no se le ha hecho entrega de su certificado de estudios desde hace más de un año, cuando a diversas personas ya se los han entregado, ya que tiene derecho a ello de conformidad con el artículo 149 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 3.- También aduce que se le ha discriminado pues la responsable lo obliga a abandonar sus estudios por cuestiones meramente administrativas, y no por su desempeño académico. 4.- Finalmente, aduce que se le ha hecho sabedor de manera verbal de la baja administrativa, sin embargo, no se le ha notificado de manera formal como lo prevé el artículo 149, fracción XII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. SEXTO. ESTUDIO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN: LA BAJA TEMPORAL DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS, ASÍ COMO LA NEGATIVA A EXPEDIR CERTIFICADO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO CURSADO EN LA PREPARATORIA VESPERTINA NÚMERO 1, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE RECLAMÓ A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. Ahora, por cuestión de técnica jurídica, los argumentos expuestos por la parte quejosa no serán estudiados en el orden planteado por ésta. I.- De tal manera que en primer lugar se abordará el estudio del concepto de violación que hace valer el quejoso marcado con el inciso 4) en el sentido que la baja administrativa no se la ha notificado de manera formal como lo prevé el artículo 149, fracción XII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dicho concepto de violación deviene inoperante en atención a las siguientes consideraciones jurídicas: Si bien es cierto que el artículo 149, fracción XII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, establece como derecho del alumno "Recibir del Director de la Unidad Académica o titular de la dependencia administrativa a la que se encuentre inscrito, la notificación fundada y motivada por escrito cuando sea dado de baja por cualquiera de las causas que la Legislación Universitaria prevé;" y de las constancias que obran agregadas en autos no se advierta que así se haya hecho; sin embargo, el propio quejoso aduce en la demanda de amparo, que tal determinación ya le fue notificada de manera verbal el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y en ese sentido, aún de ser fundado el concepto de violación, debe declararse inoperante, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se le notificara una cuestión de la que el propio quejoso ya se hizo sabedor, y que incluso combate en esta instancia legal, como lo es la baja temporal emitida por el Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al no haber entregado su certificado de antecedente académico inmediato dentro de los ciento ochenta días a partir de su ingreso. Pues a nada practico llevaría, porque de concederse la protección federal para que se subsane dicha formalidad no cambiaría el sentido del acto reclamado que hizo consistir en la baja temporal de la licenciatura de ciencias políticas -como más adelante se abordará-, por no haber cumplido con el requisito administrativo que marca la legislación universitaria, a más que tampoco se infringe o se contraría la temporalidad en la que se combate dicha baja en la presente vía, para estar en aptitud de analizar la procedencia del amparo. Sirve de sustento por analogía la tesis de la Novena Época, registro: 181186, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página: 1396, del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." Máxime que los argumentos expuestos por el quejoso resultan insuficientes, pues no controvierten las consideraciones y fundamentos torales del acto reclamado relativo a la baja administrativa. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 178786, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: IV.3o.A. J/4, Página: 1138, del rubro y tenor siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada.". II.- Por otra parte, son infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos 2) y 3), que guardan relación con el acto reclamado a la Dirección General de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, consistente en la negativa a expedir su certificado de estudios del bachillerato cursado en la Preparatoria Vespertina número Uno, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y, con el acto que reclamó al Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, relativo a la baja temporal de estudios de la licenciatura de ciencias políticas, precisados en los incisos b) y c) del considerando segundo de la presente sentencia. El quejoso en esencia aduce que se le ha tratado de manera diferenciada y discriminatoria, puesto que no se le ha hecho entrega de su certificado de bachillerato desde hace más de un año cuando tiene derecho a ello, de conformidad con el artículo 149 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuando a otras persona ya les han hecho entrega de su certificado de estudio. Al respecto, el artículo 149, fracción IV, del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 149.- DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS. Son derechos de los alumnos de la Universidad. [.] IV.- Obtener la documentación que acredite legalmente su trayectoria académica en la institución debiendo de cubrir el pago de los derechos cuando así este previsto en las disposiciones aplicables. [.] Al respecto se hace necesario trascribir el contenido del artículo 1° Constitucional: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. " Es importante mencionar que el derecho humano a la igualdad establece una prohibición para discriminar por razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Por otra parte, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad ante la Ley. "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia." Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. De los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la no discriminación consiste en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, tales principios impiden el establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que las mujeres y los varones prestan sus servicios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Décima Época, de registro: 2012594, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Página: 112, del siguiente rubro y texto: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta." Ahora bien, se advierte que el Director de la Preparatoria Vespertina Número Uno, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, expidió a favor del promovente de amparo constancias de no adeudo de materias, asimismo, manifestó que su certificado total se encontraba en trámite ante la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A pesar de lo anterior, el quejoso manifiesta que a la fecha la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no le ha entregado su certificado de conclusión de estudios de bachillerato, por lo que aduce ha sido objeto de discriminación por parte de dicha la autoridad universitaria. Deviene infundado el concepto de violación hecho valer por el ahora quejoso, pues del actuar de la autoridad responsable no se evidencia violación alguna al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la negativa a autorizar la entrega del certificado de bachillerato, no se debe a que le hayan dado un trato jurídico diferente. Lo anterior se considera así, pues del oficio DIGESE/DED/17, de doce de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por la Directora General de Servicios Escolares (foja 254 y 255), se advierte que el motivo para no autorizar el certificado de bachillerato, se sustenta en que existen inconsistencias en las calificaciones asentadas por la Preparatoria Vespertina Número Uno, respecto de los resultados emitidos por la Dirección de Estudios Superiores, dependencia encargada de elaborar los exámenes de solvencia y regularizadores, dichas inconsistencias son las siguientes: Materia Tipo de eximen Resultado asentado por la Preparatoria Vespertina Uno Resultado registrado en la Dirección de Educación Superior Historia universal contemporánea Solvencia 7 (siete) Sin registro Educación artística Solvencia 7 (siete) El alumno no está en el reporte de resultados. Taller de lectura redacción e investigación Documental II Solvencia 7 (siete) 2.67 (dos/sesenta y siete). Inglés II Solvencia 7 (siete) 4.67 (cuatro/sesenta y siete). Química II Solvencia 7 (siete) 3.33 (tres/treinta y tres). Taller de Computación II Solvencia 7 (siete) 4 (cuatro). Educación Física II Solvencia 7 (siete) 5.53 (cinco/cincuenta y tres). Probabilidad y Estadística Regularizador 6 (seis) 3 (tres). Introducción a las Ciencias Sociales II Regularizador 6 (seis) 4.67 (cuatro/sesenta y siete). Taller de Comutación IV Regularizador 6 (seis) 3 (tres). De lo antes expuesto no se advierte algún acto diferente o discriminatorio hacia el quejoso, tampoco se advierte una práctica desigual o preferente hacia diversos estudiantes, pues para que sea posible la expedición del certificado de bachillerato, es requisito indispensable que se encuentre comprobado que no existe adeudo de alguna materia, lo que en la especie no acontece, y no se advierte acto o dispositivo legal por parte de la autoridad responsable del que se advierta que a diverso alumno se le haya excluido de tal requisito; máxime que el ahora quejoso sólo se limita a señalar que la negativa de expedir su certificado de bachillerato derivó de un acto de discriminación, pero no dice con qué práctica se sustenta ésta, sin que este juzgador advierta alguna. En ese tenor, la negativa a autorizar su certificado de estudios que aduce el quejoso, no se advierte que tenga origen en una disposición general o en alguna práctica de preferencia o prerrogativa a diversos estudiantes, ya sea de género, étnica o de cualquier otro tipo, sino que se advierte fue como consecuencia de diversas discrepancias en las calificaciones que asentó la Preparatoria Vespertina Número Uno, y las calificaciones asentadas en la Dirección de Educación Superior, por lo tanto, dicho actuar de la autoridad no es violatoria de la equidad de género o discriminatoria, sino consecuencia de un formalismo que debe de ser atendido. Misma consideración se debe de tener por cuanto a la autoridad responsable Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues si bien es cierto que dicha autoridad emitió el quince de agosto de dos mil diecisiete, el oficio de baja temporal, dicho acto fue emitido en cumplimiento al artículo 150, fracción XI, del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 150.- OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS. Son obligaciones de los alumnos de la Universidad, las siguientes: [.] XI.- Presentar a más a tardar en ciento ochenta días naturales contados a partir del momento de su ingreso, los documentos que acrediten la conclusión total del antecedente académico inmediato anterior, así como los demás que sean requeridos por la autoridad universitaria competente, y [.]" Por otra parte los artículos 20 y 21 del Reglamento General de Ingreso, Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo medio superior y licenciatura de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, establecen los requisitos para ser admitidos como alumnos, y el plazo para regularizar la situación académica del alumno de nuevo ingreso. "ARTÍCULO 20.- DE LOS REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO ALUMNO. Los requisitos que el aspirante debe cumplir para ser admitido como alumno, por la modalidad de examen de selección, son los siguientes: Acreditar el examen de selección, conforme lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento; Cumplir con lo establecido por los artículos 10 y 17 de este ordenamiento; III. Presentar original y copia fotostática del certificado total de estudios del nivel inmediato anterior; IV. Presentar original de la ficha de examen de selección; V. Presentar original y copia fotostática del acta de nacimiento, legible y en buenas condiciones; VI. Presentar en original y copia fotostática de la Clave Única del Registro de Población (CURP); VII. Los aspirantes extranjeros deberán presentar original y copia del documento migratorio, autorizado por la Secretaría de Gobernación y en su caso el dictamen de revalidación de estudios; VIII. Los aspirantes provenientes de instituciones de otros subsistemas, deberán acreditar la equivalencia de estudios a través de la resolución de equivalencia emitida por la Dirección General de Servicios Escolares, y IX. Realizar el pago de derechos correspondientes." "ARTÍCULO 21.- DEL PLAZO PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO. Todo aquel alumno de nuevo ingreso que no haya presentado en tiempo y forma su documentación de revalidación, equivalencia o certificado total de estudios tendrá un plazo máximo improrrogable de ciento ochenta días naturales contados a partir de su ingreso para regularizar su situación. En caso contrario la Dirección de Servicios Escolares tramitará su baja temporal como alumno." De los preceptos legales antes citados, se advierte que la baja temporal emitida el quince de agosto de dos mil diecisiete, por parte de la autoridad responsable, no tuvo origen en una disposición general que discrimine a los sujetos respecto de los cuales cobra aplicación o en alguna práctica de preferencia o prerrogativa a diversos estudiantes, ya sea de género, étnica o de cualquier otro tipo, sino que se advierte fue como consecuencia de una formalidad o requisito que deben de cubrir todos los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sin que se prevea alguna excepción, y por lo que, en caso de no hacerlo así, se determinara su baja temporal, tal y como lo dispone el artículo 21, del Reglamento General de Ingreso, Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo medio superior y licenciatura de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. De tal modo que, dicho actuar de la autoridad no es violatoria de la equidad de género o discriminatoria, sino consecuencia del incumplimiento un requisito que debe de ser atendido por parte de todo alumno. Por lo antes expuesto, y al ser por una parte inoperantes y por otra infundados los conceptos de violación, esgrimidos por el quejoso, se debe de negar la protección de la justicia federal respecto al acto reclamado a las autoridades responsables Dirección General de Servicios Escolares y Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo consistir en la negativa a expedir su certificado de estudios del bachillerato cursado en la Preparatoria Vespertina número 1, así como la baja temporal de estudios de la licenciatura en ciencias políticas. SÉPTIMO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, CONSISTENTE EN: LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A SU ESCRITO PRESENTADO EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Es fundado el concepto de violación marcado con el inciso 1), pues el quejoso aduce que se trasgrede el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Secretaría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no ha respondido su escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Lo argumentado por el quejoso es el derecho de petición, tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de la falta de respuesta de la autoridad. El concepto de violación es esencialmente fundado y suficiente para otorgarle la protección constitucional. El derecho de petición está tutelado por el artículo 8º de la Carta Magna, que a la letra dice: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho que el citado precepto constitucional confiere a los gobernados, es el de acudir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, pero siempre de forma pacífica y respetuosa, con la salvedad que en materia política, sólo pueden hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. La obligación que el ejercicio de tal derecho impone a las autoridades, es correlativa de la recepción de la petición y tiene dos componentes: Dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud aunque no necesariamente favorable al interés del gobernado y; Dar a conocer su respuesta al solicitante en breve término, en el entendido que únicamente si aquél señala domicilio para ser notificado, quedará sujeta a hacer de su conocimiento la respuesta en ese domicilio, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse, como sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.98/2004, registro electrónico 181149, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO." Así, puede decirse que el artículo 8º Constitucional, protege el derecho del gobernado a recibir respuesta de la autoridad a la que formule una pregunta o solicitud, siempre que lo haga de forma pacífica y respetuosa, en la medida que impone a la autoridad el deber de responder de manera "congruente", por escrito y en "breve término" y, debiéndose entender, por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados, debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o suma de puntos hechos valer, además de que no existan consideraciones contrarias entre sí y, por lo segundo, el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Apoya las consideraciones expuestas, por analogía, la tesis I.1º.A.J/9, visible en la página 764, del Tomo VIII agosto de mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de número de registro 195706, que prevé: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." También, la consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." En síntesis, el precepto constitucional analizado, consagra el derecho de petición bajo las siguientes premisas: a) La facultad del gobernado para acudir ante cualquier autoridad o funcionario público para formular una solicitud; b) Dicha solicitud debe de formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y c) Como consecuencia de la solicitud, los funcionarios y empleados públicos a quien o a quienes se les formule tal petición, deben de emitir un acuerdo congruente a lo planteado, también por escrito, debidamente fundado y motivado, y notificarlo fehacientemente en breve término, de manera que el gobernado promovente pueda conocer su contenido. En ese orden de ideas, se puede concluir que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama violación al derecho fundamental consagrado en el precepto 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable analizar si la parte quejosa demuestra o no, la existencia de la petición y, por su parte, la autoridad responsable a quien se le formuló dicha petición, debe acreditar que ha dictado el acuerdo correspondiente, que sea congruente con la cuestión planteada y que lo haya notificado fehacientemente al promovente en breve término. Resulta aplicable la jurisprudencia 98/2004, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dos de julio de dos mil cuatro, cuyo texto literal es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al articulo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." -Lo resaltado es propio- Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.1o.A.28 K, consultable en la página 671, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo texto versa de la siguiente manera: "DERECHO DE PETICIÓN. OMISIÓN INDEBIDA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO RESPECTIVO AL PETICIONARIO. En el caso de que la autoridad responsable dicte el proveído que estime pertinente a la petición que le dirigió la quejosa, y trate de notificarlo por correo, si la pieza postal fue devuelta con una anotación en el sentido de que en el domicilio se desconoce al destinatario, y tal situación subsiste hasta el amparo, ello contiene inmerso el reconocimiento de que, por el motivo indicado, la notificación del proveído no se llevó a cabo, lo que obliga a considerar violado el derecho de petición, que contiene la obligación de notificar el acuerdo que recaiga a la solicitud que formulen los particulares; en consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°. constitucional, la autoridad debió, tras recibir la pieza postal devuelta, tomar las medidas legales pertinentes a su alcance, para que la peticionaria quedara notificada en alguna forma legal, de esa resolución." Ahora bien, la autoridad ante la que se haya instado la petición deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico aplicable se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición, mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. En el caso, la autoridad responsable Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado, y manifestó que recibió el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el escrito de la parte quejosa, sin embargo, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, lo turno a la Secretaria Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió la queja 229/06/2017-PDA, y se emitieron las recomendaciones pertinentes (fojas 246 a 251); seguido lo anterior, por oficio DIGESE/DED/17, la Directora General de Servicios Escolares hizo del conocimiento del Procurador de Derechos Académicos la imposibilidad de acatar la recomendación (fojas 254 y 255). En ese orden de ideas, hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional no aparece demostrado que la autoridad responsable Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, haya dado respuesta a la petición formulada por el quejoso, y menos aún, que hubiere notificado la respuesta correspondiente. No obsta a lo anterior que la autoridad responsable haya manifestado que el ahora quejoso, también acudió ante la Procuraduría de Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el propósito de que la apoyaran en la solución de su problema, y, que es precisamente esta autoridad, la instancia administrativa interna la encargada de la protección de los derechos de los alumnos, de tal manera que la autoridad responsable considera que al momento no ha sido omisa en atender la petición del alumno, ahora quejoso, pues dicha petición ha sido contestada por la Procuraduría de Derechos Académicos; sin embargo, aun y cuando a la diversa autoridad administrativa el quejoso le haya hecho con anterioridad similar petición, esto no excluye al Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de dar contestación al escrito a éste dirigido, máxime que de la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por parte de la Procuraduría de Derechos Académicos, no se advierte que se haya hecho relación al escrito presentado por el quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, así tampoco se advierte que el oficio DIGESE/DED/17, emitido por la Directora General de Servicios Escolares se le haya notificado a la promovente de amparo, por el cual expuso las razones que le impiden expedir el certificado de bachillerato. Aunado a lo anterior, se advierte del escrito de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que el quejoso solicita de manera expresa al Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, su intervención en la resolución del problema planteado, haciendo alusión incluso que ya acudió también a la Procuraduría de Derechos Académicos. Por lo tanto, es claro que el concepto de violación propuesto es fundado, pues como ha quedado establecido, la autoridad responsable vulneró en perjuicio del quejoso el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal, en tanto que dicho gobernado le formuló una solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa, sin que hasta el momento de la celebración de la audiencia constitucional, se le haya dado respuesta por escrito al ocurso petitorio, ni tampoco, por supuesto, lo hubieren notificado. Lo anterior no obstante que el Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, haya determinado que no es competente para atender la petición del quejoso, y para tal efecto haya turnado su escrito a la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues ello no es motivo para que deje de cumplir con lo mandado por el artículo octavo constitucional, pues en todo caso debió de resolver declarándose incompetente, y darle a conocer dicha resolución a la peticionaria. Lo anterior guarda sustento en la tesis de la Octava Época, de número de registro 212216, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Página: 556. "DERECHO DE PETICION, VIOLACION DEL. CUANDO SE ESTIME INCOMPETENTE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTO. No obsta que la autoridad ante la cual el particular presentó una promoción se considere incompetente para que deje de cumplir con lo mandado por el artículo octavo constitucional, sin que ello se satisfaga remitiendo el escrito presentado ante ella a la autoridad que consideró competente, ya que esto importa violación al derecho de petición tutelado por el citado numeral, pues en dado caso, lo procedente sería resolver declarándose incompetente, y darle a conocer dicha resolución al promovente." Consecuentemente, al determinarse la transgresión al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa, procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que: La autoridad responsable Secretario General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dentro del término de tres días, dicte y notifique de manera personal a Gabriel Aarón García Pérez, un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Sustenta lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 318, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR BREVE TÉRMINO Y CUÁL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud." -Lo resaltado es propio- Asimismo, conviene citar la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 127, Tomo 205-216, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de registro 237232, que prevé: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." Por último, es necesario indicar que las jurisprudencias citadas en el cuerpo de esta resolución, en tanto que no se oponen a la vigente ley de amparo, son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de la materia vigente, que prevé que precisamente, que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Gabriel Aarón García Pérez, contra los actos y autoridades expuestos en el considerando sexto, por los motivos expuestos en el propio considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriel Aarón García Pérez, contra el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando séptimo, para los efectos precisados en el mismo considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de abril de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal. Doy fe.

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