Gabriel Aguilera Sandoval

Expediente 850/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
850/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Aguilera Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el treinta y uno de octubre de la presente anualidad, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  2. Principal

    Visto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Ricardo García Valencia, representante legal del quejoso Gabriel Aguilera Sandoval, mediante el cual da cumplimiento al auto de veintitrés de octubre del año en curso y precisa que el acto que reclama el accionante del amparo es el llamamiento que hizo la autoridad responsable del tercero interesado Miguel Briseño Lamas, en auto de cuatro de octubre del año en curso, en el juicio laboral 300/2018. Ahora, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este Juzgado advierte que el acto reclamado, relativo al acuerdo de cuatro de octubre del año en curso, en el que se hizo el llamamiento del tercero interesado en el juicio laboral de origen, no es de imposible reparación, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que dentro del juicio se afecten derechos personales, reales o del estado civil, de tal forma que sus consecuencias no pueden repararse en alguna actuación posterior del juicio de que derivan. Por el contrario, no habrá ejecución irreparable si el acto reclamado no afecta esos derechos fundamentales sino únicamente derechos adjetivos o procesales, los cuales, por regla general, sólo pueden ser reclamados junto con el laudo en amparo directo. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, como excepción a la regla, que será procedente el amparo bi-instancial cuando el acto reclamado, no obstante sea de naturaleza formal, adjetiva o procesal afecte al interesado derechos sustantivos, y tal afectación se pueda determinar objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 3a. 43, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 291, que dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De lo anterior, se concluye que el auto por el que la Junta responsable llama a un tercero interesado, denunciado en el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no se puede considerar de imposible reparación, toda vez que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado principal, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal; máxime que el auto por el que se determina procedente el llamamiento de ese tercero interesado, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso. Al efecto resulta aplicable la siguiente tesis: "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU ACEPTACIÓN ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La determinación tomada por la Junta laboral de llamar a juicio a un tercero no evidencia objetivamente que afecte a las partes en grado predominante o superior y, por ende, no constituye una violación de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en atención a que la institución procesal de que se trata, consistente en la litisdenunciación, y que su objetivo primordial es el hecho de que el tercero interesado, mediante su intervención en el procedimiento, quede vinculado al laudo definitivo que se emita en el juicio laboral, de modo que en su momento no pueda oponer defensas a la cosa juzgada, distintas a las analizadas en el juicio en donde se formule la denuncia, en el posterior juicio que sobre el particular pudiera promover; máxime que de acuerdo con la jurisprudencia 147/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro: "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", se ha establecido que sólo la negativa a denunciar el juicio a terceros, de manera excepcional constituye una violación de tal trascendencia y magnitud, que en este supuesto sí se justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a que la litisdenunciación constituye una garantía de audiencia concedida a favor del tercero interesado." Asimismo, tienen aplicación las siguientes tesis de jurisprudencia, en sentido contrario al rubro y texto que le corresponden: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda." En esa línea argumentativa, es que se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con base en el artículo 113 del citado ordenamiento legal federal, respecto del llamamiento del tercero interesado.

  3. Principal

    SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Ricardo García Valencia, representante legal del quejoso Gabriel Aguilera Sandoval, mediante el cual da cumplimiento al auto de veintitrés de octubre del año en curso y precisa que el acto que reclama el accionante del amparo es el llamamiento que hizo la autoridad responsable del tercero interesado Miguel Briseño Lamas, en auto de cuatro de octubre del año en curso, en el juicio laboral 300/2018. Ahora, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este Juzgado advierte que el acto reclamado, relativo al acuerdo de cuatro de octubre del año en curso, en el que se hizo el llamamiento del tercero interesado en el juicio laboral de origen, no es de imposible reparación, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que dentro del juicio se afecten derechos personales, reales o del estado civil, de tal forma que sus consecuencias no pueden repararse en alguna actuación posterior del juicio de que derivan. Por el contrario, no habrá ejecución irreparable si el acto reclamado no afecta esos derechos fundamentales sino únicamente derechos adjetivos o procesales, los cuales, por regla general, sólo pueden ser reclamados junto con el laudo en amparo directo. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, como excepción a la regla, que será procedente el amparo bi-instancial cuando el acto reclamado, no obstante sea de naturaleza formal, adjetiva o procesal afecte al interesado derechos sustantivos, y tal afectación se pueda determinar objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 3a. 43, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 291, que dice: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De lo anterior, se concluye que el auto por el que la Junta responsable llama a un tercero interesado, denunciado en el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no se puede considerar de imposible reparación, toda vez que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado principal, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal; máxime que el auto por el que se determina procedente el llamamiento de ese tercero interesado, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso. Al efecto resulta aplicable la siguiente tesis: "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU ACEPTACIÓN ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La determinación tomada por la Junta laboral de llamar a juicio a un tercero no evidencia objetivamente que afecte a las partes en grado predominante o superior y, por ende, no constituye una violación de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en atención a que la institución procesal de que se trata, consistente en la litisdenunciación, y que su objetivo primordial es el hecho de que el tercero interesado, mediante su intervención en el procedimiento, quede vinculado al laudo definitivo que se emita en el juicio laboral, de modo que en su momento no pueda oponer defensas a la cosa juzgada, distintas a las analizadas en el juicio en donde se formule la denuncia, en el posterior juicio que sobre el particular pudiera promover; máxime que de acuerdo con la jurisprudencia 147/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro: "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", se ha establecido que sólo la negativa a denunciar el juicio a terceros, de manera excepcional constituye una violación de tal trascendencia y magnitud, que en este supuesto sí se justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a que la litisdenunciación constituye una garantía de audiencia concedida a favor del tercero interesado." Asimismo, tienen aplicación las siguientes tesis de jurisprudencia, en sentido contrario al rubro y texto que le corresponden: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda." En esa línea argumentativa, es que se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con base en el artículo 113 del citado ordenamiento legal federal, respecto del llamamiento del tercero interesado.

  4. Principal

    Visto; la demanda de amparo presentada por Gabriel Aguilera Sandoval, por conducto de su representante legal Ricardo García Valencia personalidad que acredita con la copia cotejada del expediente 300/2018 laboral que exhibe a su demanda de amparo, personalidad que se le tiene por reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 850/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues no cumple con lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que obliga al quejoso a precisar el acto que reclame de las autoridades responsables, ya que el promovente en el capítulo relativo a los actos reclamados, señala como tal la violación a lo dispuesto por los artículos 17 y 16 constitucionales sobre la administración pronta y expedita de justicia, respetando los plazos y términos que fijen las leyes y emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y la motivación y fundamentación de sus actos, luego, señala en el que se pidió que no se tuviera por llamado al tercero extraño y donde la autoridad resolvió que dicha petición no era procedente transgrediendo el contenido de los artículos 17 y 16 Constitucionales. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad: Precise si el acto reclamado a la autoridad responsable; es el llamado que hizo al tercero interesado Miguel Briseño Lamas o bien señale con precisión qué acto reclama; lo anterior es así, considerando que los referidos preceptos legales, obligan al promovente del amparo a señalar el acto que reclama, de manera clara y precisa y no en los términos imprecisos en que lo hace. Se apercibe a la promovente del amparo que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el ubicado en calle Tacuba, número ciento cincuenta y dos, interior treinta y cuatro de esta ciudad de Zacatecas

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