Froilan Solís García Escobedo
Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 34 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Froilan Solís García Escobedo
- Juzgado Penal del Sistema Tradicional de la Región Centro-Sur, En Cieneguillas, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe previo, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el once de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridad responsable a la Fiscalía General de la República, Delegación Zacatecas, sin que este juzgado se haya pronunciado respecto al requerimiento de informe previo en el presente incidente de suspensión. Por tanto, con apoyo el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de que se gire oficio a la autoridad responsable a fin de requerir a dicha autoridad señalada como responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha en que fueren notificadas y, en los términos precisados en el numeral 140 de la ley de la materia; apercibidas que de no hacerlo, en el término indicado, se le impondrá a quien incumpla una multa por cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. Para la celebración de la audiencia incidental se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. SUSPENSIÓN ORDEN DE APREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN. Con fundamento en los artículos 129, 136 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional en el presente incidente, respecto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, que reclama el quejoso ********************, para el efecto de que con respecto a la orden de aprehensión que refiere se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y éste no sea privado de su libertad, con motivo de ese mandamiento, quedando a disposición de este Juzgado Segundo de Distrito, en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la autoridad jurisdiccional que conozca del procedimiento penal respectivo, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva; en la inteligencia que si la orden de aprehensión se refiere, a delito que conforme a la legislación aplicable, sea considerado como grave, y legalmente no permita la libertad provisional bajo caución y/o que requiera prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que se aprehenda al quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, únicamente en lo que a su libertad personal se refiere, y a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal, para su continuación y trámite. En atención a que en materia de suspensión el artículo relativo de la Ley de Amparo ya citado, así como el 168 y la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226, tomo V, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DEL AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.", facultan al Juez de Distrito para adoptar las medidas de aseguramiento que estime idóneas, a fin de garantizar la comparecencia de la parte quejosa ante el Juez de los autos, en caso de que se les niegue el amparo; y, toda vez que por el momento no se cuenta con información respecto al delito por el que hubieran sido dictadas las ordenes de aprehensión que constituye el acto reclamado y sin contar con mayor dato sobre las características personales y situación económica del quejoso ********************, se estima procedente fijarle una garantía por la cantidad de $********************,********************.******************** (******************** pesos ********************/********************0 moneda nacional), misma que deberá exhibir en cualquiera de las formas permitidas por la ley, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Para el caso de que el promovente opte por garantía consistente en póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, debiendo señalar al Agente autorizado en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente; en el entendido de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido que el monto de la garantía señalada se fija de manera discrecional, toda vez que por ahora no es posible hacerlo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, fracciones I, II y III, de la ley de la materia en consulta, tomando en consideración que por el momento no se cuenta con datos suficientes de los que se infiera la naturaleza, modalidades y características del delito que se le atribuye al impetrante, como tampoco aquellos que permitan conocer su situación económica; pero tiene como fin evitar que se sustraiga de la acción de la Justicia y con ello se entorpezca el procedimiento penal de origen, y como medida necesaria a efecto de que el quejoso pueda ser devuelto a la responsable en el supuesto de que no le sea concedida la protección constitucional solicitada. En la inteligencia de que si el delito que se le atribuye al quejoso es de los que ocasionan un daño patrimonial, la responsable deberá informar a cuánto asciende la afectación económica causada, aparte y en todos los casos la responsable deberá informar la naturaleza, modalidades y características del delito imputado al quejoso y la situación económica de éste, precisando además, si el delito está considerado como grave y si es o no, de aquéllos que permiten la libertad provisional bajo caución; o bien, si conforme al artículo 195, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, el delito que se imputa al aquí quejoso, está considerado como grave y que requiera prisión preventiva oficiosa. Las autoridades responsables no tendrán la obligación de acatar la presente medida cautelar si se sorprende al quejoso ********************, en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de presentación, aprehensión, reaprehensión, detención, dictada por autoridad distinta a las señaladas por el peticionario del amparo, en cuyo caso podrá aprehendérsele porque así lo autoriza el artículo 16 de la Constitución General de la República. Sin que por el momento haya necesidad de requerir a dicho quejoso para que comparezca ante el Juez de la causa, a solicitar se le formule imputación o bien, a rendir declaración preparatoria o a sujetarse el procedimiento penal respectivo, toda vez que ello será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la Tesis cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." La suspensión concedida no surtirá efecto alguno, si se sorprende al quejoso en la comisión de flagrante delito, o infringiendo los reglamentos de policía y buen gobierno, o si se trata de detención ordenada por Agente del Ministerio Público en caso de urgencia, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia y bajo su responsabilidad, tal y como lo prevé' el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUSPENSIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. En principio debe indicarse que por la relación en la que participa México, el procedimiento para la Extradición de personas se puede clasificar en activa y pasiva. En la primera de ellas, México tiene la calidad de "Estado requirente", por ser el que solicita a un Estado extranjero, le entregue a una persona para someterla a un proceso o para el cumplimiento de una pena en México, mientras que en la segunda México tiene la calidad de "estado requerido", en donde tiene la obligación de instaurar el procedimiento establecido en la ley para detener y entregar a una persona a un estado extranjero. Derivado de lo anterior, es evidente que en el caso concreto, el acto reclamado se trata de una extradición activa, ya que en éste es el Estado Mexicano quien está solicitando a los Estados Unidos de Norteamérica la entrega del aquí quejoso, para que se le siga un proceso penal en nuestro país, al existir una investigación en su contra por la probable comisión de un delito en territorio nacional. En ese sentido es necesario conocer cuál es el procedimiento de extradición activa cuando el estado requerido son los Estados Unidos de Norteamérica, para lo cual es necesario acudir al contenido de la Convención sobre Extradición, del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y al capítulo XVIII de la CIRCULAR número C/********************5/99, del Procurador General de la República, por la que se establecen diversos criterios institucionales para el desempeño de las funciones de los servidores públicos que se indican. , de donde se desprende que las principales etapas de un procedimiento de extradición activa son las siguientes: - Corresponde a las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la Fiscalía General de la República solicitar la intervención de la Dirección General de Asuntos Legales Internacionales, para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable, ya sea para que se le siga un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia en México. - La Dirección General de Procedimientos Internacionales, que pertenece a Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, revisa y analiza si la solicitud reúne los requisitos previstos en el Tratado bilateral aplicable o bien la Ley de Extradición Internacional a falta de aquel. - Una vez que se han reunido los requisitos exigibles en la circular C/********************5/99 y en el tratado internacional respectivo, y teniendo la certeza de que la persona buscada se encuentra en el extranjero, se elabora una solicitud de detención provisional con fines de extradición o una petición formal de extradición; a las cuales deben adjuntarse los documentos que soporten la petición respectiva. - Las solicitudes de detención provisional con fines de extradición o las peticiones formales de extradición deben ser presentadas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien es la dependencia facultada para darle trámite por la vía diplomática. En esta etapa la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo a su envío, debe analizar que la petición de extradición cumple con los requisitos establecidos en los Tratados Internacionales o los requisitos en materia de extradiciones del país requerido y una vez que determine que éstos se encuentran cubiertos, la Cancillería por medio de la representación diplomática en el país requerido se encargará de presentarla a la autoridad central de dicho Estado mediante una nota diplomática. - Las autoridades del Estado requerido detienen a la persona reclamada e inicia el procedimiento de extradición con una autoridad judicial, En el entendido que durante dicha etapa, se debe garantizar que el reclamado cuente con una defensa adecuada que lo asistirá en el procedimiento de extradición. Una vez que termina la etapa judicial, se turna el asunto dependiendo de cada país a otra Instancia en donde el Estado requerido resuelve sobre la procedencia de la extradición, conforme al procedimiento interno del país requerido. - El Estado requerido puede conceder o negar la extradición, pudiendo ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición. Seguido el proceso de reclamación y una vez firme la determinación que se tome, si la resolución es positiva se continúa con el procedimiento de extradición, en caso contrario, se concluye el mismo y se deja en libertad al reclamado. -Si la resolución definitiva es concedida, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, y se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional. Ahora bien como previamente se indicó en el caso concreto se advierte que el acto reclamado consiste en una extradición activa que es procedimiento de carácter administrativo, diplomático e internacional en el que las partes directamente involucradas son el Estado que requiere la entrega del Reo y el Estado requerido, misma que inicia con la petición presentada por el Estado requirente la cual deberá ser sometida a la decisión soberana del Estado requerido conforme a las reglas establecidas en el tratado o convenio realizado previamente por ambos países, la que pude ser rechazada o resuelta en forma desfavorable y con perjuicio para el Estado requirente, dependiendo la extradición de una decisión soberana que no corresponde al Gobierno Mexicano sino a la autoridad que ejerce esas funciones en el territorio donde se encuentra la parte quejosa (Estados Unidos de América). Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la intención de la parte promovente es suspender las acciones de detención preventiva con miras a extradición, que ahora se ejerce sobre él en los Estados Unidos de América, pues éste solicita que se suspenda la orden de extradición y se ordene a aquel país dejarlo en libertad, lo cual resulta improcedente, toda vez que la Ley de Amparo se rige por el principio de territorialidad, esto es, está circunstanciada al territorio nacional (México), sin que pueda tener efectos más allá de nuestras fronteras, pues de lo contrario, se afectaría invariablemente la soberanía de los demás países. Aunado a ello debe indicarse, que la solicitud de detención provisional con fines de extradición no tiene intervención el reo, dado que no existe algún aspecto sobre el cual le corresponda probar, defenderse o que le produzca un estado de indefensión, al tratarse de una petición de un Estado soberano dirigida a otro, que en ejercicio también de su soberanía, decidirá su viabilidad. En ese sentido, el procedimiento de extradición activa por si solo no afecta la esfera jurídica del impetrante, toda vez que la extradición dependerá de un acto futuro de realización incierta, porque la atribución de resolver dependerá de un Estado soberano distinto al mexicano. Apoya lo anterior el criterio I.6o.P.98 P, emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 175088, de rubro: "EXTRADICIÓN ACTIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INTERPUESTO POR EL REO CONTRA LA SOLICITUD DE DETENCIÓN PROVISIONAL DE UN ESTADO REQUIRENTE POR TRATARSE DE UN ACTO QUE POR SÍ SOLO NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DE AQUÉL. La extradición activa es un procedimiento de carácter administrativo, diplomático e internacional, en el que las partes directamente involucradas son el Estado que requiere la entrega del reo y el Estado requerido y se inicia con la petición presentada por aquél, la cual deberá ser sometida a la decisión soberana del gobierno requerido, conforme a las reglas establecidas en el tratado o convenio celebrado previamente por ambos países sobre esa materia, la cual puede ser rechazada o resuelta en forma desfavorable y con perjuicio para el Estado requirente. Ahora bien, en la etapa de solicitud de detención provisional con fines de extradición no tiene intervención el reo, dado que no existe algún aspecto sobre el cual le corresponda probar, defenderse o que le produzca un estado de indefensión, al tratarse de una petición de un Estado soberano dirigida a otro, que en ejercicio también de su soberanía, decidirá su viabilidad. En ese tenor, es improcedente el juicio de garantías cuando el acto reclamado lo constituye dicha solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional; pues iniciado el procedimiento de extradición activa, tal acto por sí solo no depara un perjuicio directo al solicitante del amparo al no afectar su esfera jurídica, condicionada la solicitud a un acto subsecuente, que deriva de una actuación soberana distinta a la del Gobierno Mexicano, de manera que el perjuicio entonces dependerá de un acto futuro de realización incierta, porque la atribución de resolver sobre las medidas cautelares y, en su oportunidad, en forma definitiva, depende de un distinto Estado soberano; de ahí, que aun en el caso de que se reúnan los requisitos pactados para que el Estado requerido califique como procedente tal solicitud, será una decisión que atento al pacto celebrado, sólo corresponderá tomarla a ese Estado en pleno ejercicio de su soberanía y, por consiguiente, de la autoridad que ejerce en su territorio respecto de quienes en él se encuentran.". Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente negar la suspensión solicitada pues como quedó establecido el quejoso se encuentra detenido en los Estados Unidos de América; lugar en el que este juzgado de distrito no puede ejercer jurisdicción para efectos del amparo. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN. No obstante lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 127, fracción I de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional al quejoso únicamente para el efecto de que respecto a la solicitud de extradición las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, de ser materialmente posible por encontrarse en el ámbito de sus competencias, las autoridades responsables se abstengan de realizar cualquier gestión tendente a la extradición del justiciable al territorio nacional, solo en lo atiente a los procedimientos que se sustanciaran en la República Mexicana. Dicha medida surte efectos desde ahora y hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva que al efecto se dicte en el presente incidente de suspensión. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe previo, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Finalmente, en relación al diverso señalamiento que hace en el sentido que designa delegados, domicilio y solicitud para el acceso al expediente electrónico, no ha lugar a dictar mayor proveído con relación a ello, toda vez que no proporciona dichos datos.
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe previo de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en los Estados Unidos de América, ni acuse de recibido el oficio ********************, de quince de abril del año en curso, por el cual se requirió el mismo y en atención a que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se ordenó entregar dicho oficio por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin que dicha autoridad haya informado sobre su entrega. En consecuencia, con transcripción del presente auto, requiérase vía correo electrónico a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que dentro del término de tres días al en que reciba el presente oficio, informe el destino que dio al diverso ********************, o el impedimento que tenga para ello, apercibido que de no dar cumplimiento lo anterior, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; toda vez que no obra el emplazamiento de la tercero interesada de iniciales A.N.L., ordenado en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés; por lo que, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la citada parte, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas del cinco de enero de dos mil veinticuatro, para su celebración.
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