Gabriel Adan Centeno

Expediente 141/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
141/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Adan Centeno

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 53 a 57), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por Demetrio de Benito Lara y Liliana Gabriela Sánchez Machorro, defensores particulares del quejoso Gabriel Adán Centeno, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de quince de febrero del año en curso (fojas 22 a 24), manifiestan lo siguiente: "Que no es nuestro deseo comparecer en este juicio de garantías como quejosos directos ya que por error involuntario expusimos `por propio derecho´, cuando debió de manifestarse en representación de nuestro defendido GABRIEL ADÁN CENTENO, toda vez que los actos que se reclaman sólo afectan a nuestro defendido, más no así de los que fungimos como defensores particulares, por lo tanto solicitamos se tenga como quejoso de las autoridades responsables y acto reclamado expuesto en la demanda de garantías solo a nuestro defendido GABRIEL ADÁN CENTENO, y a los suscritos sólo tenernos como promoventes a favor de nuestro defendido. " Así mismo, también señalan que reclaman: "a).- De la autoridad que se señalado como responsable ordenadora se le reclama el auto de vinculación a proceso, dictado en contra de nuestro defendido en audiencia oral y publica de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecinueve dentro de la causa penal con numero de 223/2019 que dio origen la carpeta de investigación C.D.I 373/2019/UF104 del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Flagrancia. Lic. Víctor Castañeda Currillo, por la supuesta participación de nuestro defendido en los hechos constitutivos de delito de Homicidio Calificado" "`primero. siendo (sic) las catorce horas con veintisiete minutos del día diecisiete de febrero de dos mil diecinueve se dicta auto de vinculación a proceso en contra de GABRIEL ADAN CENTENO al considerarlo probable autor- coautor en el echo considerado en la ley como el delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 312, 313 fracción primera, 323, 326 fracción segunda y 329 del código penal para del Estado de Puebla cometido en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de JOSÉ DIEGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y FABIÁN VELÁZQUEZ ROSAS´. `segundo ... comuníquese la presente resolución a quien legalmente corresponde´". En consecuencia, téngase a los defensores del quejoso dando cumplimiento al requerimiento efectuado, y al efecto precisan que comparecen a esta instancia constitucional como defensores particulares del quejoso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que Demetrio de Benito Lara y Liliana Gabriela Sánchez Machorro, defensores particulares del quejoso Gabriel Adán Centeno, reclama a la 1. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Rosalba Elena Herrera) -en su denominación correcta-y otra autoridad, el acto reclamado destacado consistente en la audiencia de control de detención llevada a cabo el doce de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 223/2019, de su índice, en la que la jueza responsable calificó de legal la detención del aquí quejoso Gabriel Adán Centeno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado. Respecto de dicho acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es así, pues, en el caso a estudio, como ya se dijo, se actualiza la señalada causal de improcedencia, al advertirse que, si bien es cierto el quejoso reclama la resolución pronunciada por la autoridad responsable el doce de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 223/2019, de su índice, en la que la jueza responsable calificó de legal la detención del aquí quejoso Gabriel Adán Centeno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado; también lo es que dicha resolución, a pesar de existir, no puede ser estudiada, ya que ha operado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, pues del escrito aclaratorio que se provee en esta data, se desprende que el pasado diecisiete de febrero del año en curso, la jueza responsable dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal 223/2019, en contra del aquí quejoso, por lo que el suscrito Juez Federal se encuentra impedido para analizar la resolución pronunciada por la autoridad responsable el doce de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 223/2019, de su índice, en la que la jueza responsable calificó de legal la detención del aquí quejoso Gabriel Adán Centeno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, pues como ya se dijo la jueza responsable el diecisiete de febrero del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por lo que, se actualiza un cambio de situación jurídica de los quejosos, y aquellas violaciones posiblemente cometidas en la resolución que reclama, quedaron consumadas irreparablemente, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a ese acto sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad toda vez que, en primer orden, la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención es sustituida por la imposición de una medida cautelar, además de que en una declaratoria en torno a que la detención resultó arbitraria impactaría en el auto de vinculación a proceso. Apoya lo anterior, las tesis de rubros y textos siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DECRETADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SI AL TÉRMINO DE DICHA DILIGENCIA SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y SE RESUELVE LA FASE DE DISCUSIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. El juicio de amparo indirecto en el que se reclama la legalidad de la ratificación de la detención decretada en la audiencia inicial dentro del procedimiento penal de corte acusatorio y oral, es improcedente si al término de dicha diligencia, habiéndose llevado a cabo la imputación, se dicta el auto de vinculación a proceso y se resuelve la fase de discusión de medidas cautelares, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a ese acto sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad, toda vez que, en primer orden, la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención en flagrancia es sustituida por la imposición de una medida cautelar, además de que una declaratoria en torno a que la detención resultó arbitraria impactaría en el auto de vinculación a proceso, en razón de que los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente con motivo de esa actuación ilegal deben ser excluidos; por consiguiente, en ese supuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un cambio de situación jurídica que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo de la ratificación de la detención del gobernado. Sin que lo anterior implique una prohibición o impedimento para que la autoridad común, posteriormente, determine que deben excluirse pruebas por derivar de una detención ilegal, pues la calificación de la detención es un pronunciamiento preliminar dictado en la primera fase de la audiencia inicial con base en datos de prueba, es decir, con la mera enunciación realizada de diversos actos de investigación que obran en la carpeta respectiva, procedimiento penal en el que aún no existe una investigación pormenorizada para determinar con base en pruebas la verdad histórica de los hechos; además, en el procedimiento penal acusatorio, el auto de vinculación dictado en esa audiencia tiene por efecto, entre otros, autorizar una investigación judicializada que tiene como fin fundamental el esclarecimiento de los hechos." "CALIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA DETENCIÓN. SI SE RECLAMÓ EN EL JUICIO DE AMPARO Y SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ELLO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DICHA CIRCUNSTANCIA NO LIMITA AL QUEJOSO PARA RECLAMAR LA ILEGALIDAD DE AQUÉLLA EN DIVERSO JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA EL AUTO, NI AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO PARA VERIFICAR SI LA DETENCIÓN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES. Si en el juicio de amparo se reclama la calificación del control de la detención, con el dictado del auto de vinculación a proceso, se provoca un cambio de situación jurídica; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No obstante, la estandarización en la protección del derecho humano a la libertad personal en el ámbito nacional e internacional, amerita el control de la detención con apego a la Constitución Federal y a los tratados internacionales de los que México es Parte, traducido en un ejercicio auténtico de los órganos jurisdiccionales, y siendo dicho control el mecanismo establecido para analizar si fue o no trastocado ese derecho del imputado, elevado a la categoría de orden público, propicia su análisis preferente y oficioso al resolverse la situación jurídica, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, la circunstancia de que se actualice la citada causa de improcedencia, no limita al quejoso para reclamar la ilegalidad de la detención en diverso juicio de amparo promovido contra dicho auto de vinculación a proceso, ni al Juez de Distrito del conocimiento para verificar, aun en suplencia de la queja deficiente de la expresión de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la misma ley, si cumplió con los requisitos constitucionales, dada la estrecha relación jurídica existente entre ambas actuaciones procesales en cuanto a la afectación de la libertad personal. Para robustecer la anterior conclusión, basta tener en cuenta que los datos de investigación se relacionan con el hecho de la detención y son sujeto de valoración a cargo del Juez de Garantía al dictar el auto de vinculación a proceso; de ahí la necesidad de constatar previamente si los datos fueron obtenidos en respeto a los derechos fundamentales del imputado, lo cual involucra la detención, pues de haber acontecido una transgresión, se estaría ante una posible violación al debido proceso y obtención de prueba ilícita" "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que, se desecha la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. No pasa inadvertido, para el suscrito Juez Federal, que el aquí quejoso a través de sus defensores particulares, en su escrito aclaratorio, refirió ampliar su demanda respecto al acto consistente en el auto de vinculación a proceso dictado por la jueza responsable el diecisiete de febrero del año en curso, en la causa penal 223/2019; sin embargo, la prevención de quince de febrero de la presente anualidad, únicamente fue para el efecto de que los defensores particulares manifestaran los actos que combatían en la presente contienda constitucional por propio derecho, sin que ello significara que cambiaran, modificaran o ampliaran la demanda inicialmente planteada. Signifíquese a los promoventes que la anterior determinación no los limita para reclamar la ilegalidad de la detención en diverso juicio de amparo que se promueva contra el auto de vinculación ni al juez de distrito del conocimiento para verificar si la detención cumplió con los requisitos constitucionales; esto, porque si bien existe una relación jurídica entre ambos actos, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente. Apoya lo anterior, por analogía la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 141/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precisen cuáles son los actos que combaten por propio derecho en esta vía constitucional. Lo anterior es así, pues del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es la audiencia de control de detención de doce de febrero del año en curso, dictada por la Jueza responsable, dentro de la carpeta judicial administrativa 223/2019, en contra de Gabriel Adán Centeno, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado. Sin embargo, no se advierte el acto que reclaman los promoventes (Demetrio de Benito Lara y Liliana Gabriela Sánchez Machorro), pues si bien, por un lado firman la demanda como defensa particular del imputado Gabriel Adán Centeno, por el otro también refieren comparecer al presente juicio de amparo "por propio derecho", sin advertir cuál es el acto que reclaman también como quejosos directos. Bajo ese tenor, los promoventes (Demetrio de Benito Lara y Liliana Gabriela Sánchez Machorro) deberán precisar el acto que les irroga perjuicio a cada uno, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Ahora bien, hágase del conocimiento a los promoventes que la presente prevención es con el fin de que hagan las manifestaciones referentes a tal tópico, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que amplíe la misma, sino únicamente manifiesten el acto que les irroga perjuicio. Así mismo, signifíqueseles que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberán presentar su escrito aclaratorio signado por ellos mismos y no por conducto de autorizado alguno en términos del artículo 12 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de los promoventes el que señalan en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refieren en su ocurso de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Respecto a la petición del promovente de utilizar cámaras fotográficas y de video, así como escáner y cualquier otro medio electrónico para obtener imágenes y/o fotografías de las actuaciones y documentos que obren en el presente juicio, resérvese acordar lo que en derecho resulte procedente, hasta en tanto, en caso de admitir su demanda de amparo, se advierta la existencia del acto reclamado y si las constancias que remitan las autoridades responsables como justificación a sus informes, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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