Gabiria Abdala Macari
Expediente 406/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gabiria Abdala Macari
- JOSE CARLOS VEGA FERRER (APODERADO) y Otros.
- GABIRIA ABDALA MACARI y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la diligencia de comparecencia de José Carlos Vega Ferrer en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa Gabiria Abdala Macari; de la que se aprecia que José Carlos Vega Ferrer, ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 14222, mediante el cual manifestó su deseo de desistirse de la tramitación de este sumario constitucional. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.". Tienen aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las tesis emitidas respectivamente por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." "SOBRESEIMIENTO, POR DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. Si el quejoso en un juicio de amparo se desiste expresamente de él, ratificando legalmente el escrito correspondiente, procede sobreseer en el juicio uniinstancial de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J.119/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, se citan a continuación: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". Por tanto, se dejan sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con dieciocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables; así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos el oficio 636/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca de revisión 165/2022, interpuesto por Gabiria Abdalá Macari, por conducto de su apoderado legal José Carlos Vega Ferrer, contra la resolución interlocutoria dictada por este órgano jurisdiccional el veinte de mayo de dos mil veintidós (suspensión definitiva). En consecuencia, acúsese recibo, y agréguense a estos autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada a este juzgado de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Por las razones expresadas en esta ejecutoria, se niega la suspensión definitiva solicitada por José Carlos Vega Ferrer, en su carácter de apoderado legal de Gabiria Abdalá Macari." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa a través de los usuarios proporcionados para tal efecto; por oficio a las autoridades responsables, a la superioridad en vía de acuse; así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
22-08-22 1. Desistimiento. Agréguese a sus autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por José Carlos Vega Ferrer, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Gabiria Abdala Macari, mediante el cual, manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio de amparo, por los motivos que expone; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en la diligencia que se programará en líneas siguientes, ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no asistir a la diligencia, se tendrá por no desistido del presente juicio, con sus consecuencias legales inherentes. Asimismo, hágase saber al promovente que, de conformidad con el citado artículo, el desistimiento ratificado de la acción constitucional significará el sobreseimiento del presente juicio y, por ende, que el suscrito juzgador Federal se encuentre jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los actos aquí reclamados, pues el sobreseimiento impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que su naturaleza es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo, esto es, sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. En efecto, el desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Dicho en otras palabras, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En consecuencia, al momento de la diligencia, hágase saber al promovente el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, póngase a su vista el escrito con registro de entrada 14222 de 2022; le explique los alcances del desistimiento -precisados en este auto- y, una vez hecho ello, le requiera para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si ratifica el mismo, es decir, si confirma su decisión de desistirse del presente juicio de amparo. Norma el criterio del suscrito juzgador, la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." No se desatiende que el ahora promovente se desiste en su carácter de apoderado legal de la directa quejosa; no obstante, esa circunstancia no es un impedimento para que pueda otorgarse eficacia al desistimiento del amparo, toda vez que de la copia certificada del instrumento notarial 45689, pasado ante la fe del Notario Público Número 2 de la ciudad de Puebla -con la cual acreditó su personalidad en el presente juicio de amparo-, se advierte su facultad para "IX) Interponer amparos y desistirse de ellos...". Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 104/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal." Para dar margen a lo anterior, en atención al esquema de citas establecido en los artículos 3, 6, fracción I, incisos b), c) y e), y demás aplicables, del AG21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se señalan las once horas con cero minutos veintinueve de agosto de dos mil veintidós, para que José Carlos Vega Ferrer, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Gabiria Abdala Macari, comparezca a las instalaciones de este recinto judicial para la diligencia de ratificación de desistimiento. Se ordena agregar a la presente determinación el Código QR generado para la comparecencia del citado promovente, por lo que hágasele saber que deberá acceder al expediente electrónico para poder visualizarlo, descargarlo y, en su caso, imprimirlo. Sin perjuicio de lo anterior, se encomienda al actuario de la adscripción para que envíe el archivo PDF del citado código QR a los correos electrónicos que fueron registrados por Antonio Guzmán Díaz, Sergio Anaya Méndez y Luis Erik Bonilla Perales -autorizados de su parte en el presente asunto- para poder solicitar la consulta del expediente electrónico y que las notificaciones se le practicaran por vía electrónica. Hágase del conocimiento del promovente que el licenciado Víctor Hugo Jiménez Loranca es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2221085566 para establecer contacto no procesal en caso de que ello se estime necesario, de conformidad con los artículo 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 2. Diferimiento anticipado. Para dar margen a lo acordado en líneas precedentes, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con veintiséis minutos del veintiséis de agosto del actual, se difiere anticipadamente y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con dieciocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintidós. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por José Carlos Vega Ferrer, en su carácter de apoderado legal de Gabiria Abdala Macari, auto de cuatro de julio de dos mil veintidós (suspensión provisional), informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron, así como los acuerdos que los tuvieron por recibidos. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Enseguida el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada parte procesal, las documentales que adjuntó a su informe previo, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no exhibió pedimento. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 406/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Carlos Vega Ferrer, en su carácter de apoderado legal de Gabiria Abdala Macari; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo determinado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por José Carlos Vega Ferrer, en su carácter de apoderado legal de Gabiria Abdala Macari, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Oriente, y otra autoridad. En la misma fecha, se requirió el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, previa reserva, se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: 1. La orden de aseguramiento decretada sobre el bien inmueble identificado como calle Fresno, número dieciocho, colonia El Riego Sur, código postal 72030, de la ciudad de Puebla, dentro de la carpeta de investigación CDI03/2020/UETI; 2. Los acuerdos emitidos para ordenar y/o mantener indefinidamente la medida de aseguramiento; y, 3. Las consecuencias jurídicas y actos de ejecución material. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Oriente. Niega 2 Hazael Manuel Gutiérrez Contreras, Agente del Ministerio adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; Contra la Seguridad Pública; Contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; Contra la Seguridad Colectiva; Contra la Autoridad, y el Delito de Ataques Peligrosos. Parcialmente cierto. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. I. Respecto al acto reclamado, precisado en el arábigo 1, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: La parte quejosa solicita la suspensión respecto a la orden de aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle Fresno, número dieciocho, colonia El Riego Sur, código postal 72030, de la ciudad de Puebla, derivada de una técnica de investigación. En tal sentido, el bien asegurado constituye un instrumento, objeto o producto del delito, lo que constituye una técnica de investigación en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, no se satisface el requisito a que alude la fracción II, del Artículo 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que procederá conceder la suspensión cuando no se sigue perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; esto es así, por que expresamente el párrafo tercero del citado numeral (128), establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación, o medida cautelar concedida, como en el caso nos ocupa respecto del aseguramiento del bien inmueble ubicado en calle Fresno, número dieciocho, colonia El Riego Sur, código postal 72030, de la ciudad de Puebla; dado que dicho aseguramiento se considera como una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa penal, derivada de una medida cautelar como es la orden de cateo, contenida en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de proteger los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia cuyo dato de localización rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA). El párrafo citado establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora bien, de una interpretación teleológica, se advierte que la adición de esa porción normativa obedeció a la necesidad de atender a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que instauró un nuevo sistema de justicia penal; por ello, considerar que dicho párrafo rige también para medidas cautelares dictadas en procesos civiles o mercantiles, sería contrario a la intención que se infiere de la exposición de motivos del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Amparo y de otros ordenamientos legales, publicado en el medio de difusión oficial indicado el 17 de junio de 2016, en cuanto a adecuarlos para coadyuvar a la mejor operación y funcionamiento del sistema penal, máxime que uno de sus fundamentos es el decimocuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que deriva que los Jueces de Control resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. De acuerdo con lo anterior, la prohibición para decretar la suspensión en el amparo contra una medida cautelar concedida por autoridad judicial, contenida en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, se refiere a determinaciones emitidas en procedimientos penales de corte acusatorio y no en procesos civiles, lato sensu, que merecen un tratamiento jurídico diverso, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES." Asimismo se invoca por identidad jurídica en lo substancial la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "ASEGURAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y DE LOS MUEBLES LOCALIZADOS EN SU INTERIOR CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE CATEO DICTADA POR UN JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AL TRATARSE DE UNA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. De conformidad con los artículos 128, fracción II y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular para determinar si la suspensión de los actos reclamados solicitada sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, así como efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 del propio ordenamiento prevé cuándo se actualizan los primeros dos aspectos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar pues, incluso, puede conceder la medida cautelar si a su juicio, con la negativa, puede causarse mayor afectación al interés social. Ahora, si el acto reclamado consiste en el aseguramiento de un bien inmueble y de los muebles localizados en su interior con motivo de una orden de cateo dictada por un Juez de control, debe negarse la suspensión provisional, aunque el quejoso haya acreditado el interés suspensional con la copia certificada de la escritura pública que demuestra su derecho de propiedad porque, de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social e, incluso, se actualiza la hipótesis de improcedencia de la suspensión, contenida en el párrafo tercero del numeral 128 mencionado, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa que se encuentra en ejecución, derivada de una medida cautelar como lo es la orden de cateo, en términos de los preceptos 229, 230, 233, 252, fracción II y 288, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, de conceder la suspensión solicitada, se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la parte quejosa el que se administre justicia de manera pronta y expedita, y que no se obstaculice la persecución e investigación de los delitos; por lo que, como ya se dijo se niega la suspensión definitiva solicitada. Ello, sin perjuicio de haber acreditado la parte quejosa, indiciariamente su interés jurídico suspensional sobre el bien inmueble asegurado. II. Respecto de los actos reclamados precisados en los arábigos 2 y 3, es improcedente conceder la suspensión definitiva. Lo anterior es así, pues de otorgarse la suspensión solicitada contra dichos actos, se daría a la medida suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia o resolución definitiva con la que culmine el juicio de amparo del que emana la incidencia en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo."Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Carlos Vega Ferrer, en su carácter de apoderado legal de Gabiria Abdala Macari, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa a través de los usuarios proporcionados para tal efecto; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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