Gabino Garcia Ledesma
Expediente 938/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabino Garcia Ledesma
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado el veintinueve de octubre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales exhibidos por el quejoso.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, quien acreditó su calidad de mandatario judicial de ***********, según se advierte de la constancia que exhibió, contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Yuriria, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 938/2015. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, así como de la documental que adjuntó, se desprende: a) El promovente es mandatario legal de *********, quien funge como demandada en el juicio C-636/2012. b) En dicho contradictorio se condenó a ésta, entre otros, a la desocupación y entrega de un inmueble. c) Mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince, en ejecución de dicho fallo, se ordenó la posesión material. d) Contra ese proveído, el promovente interpuso recurso de revocación. e) El ocho de los corrientes se resolvió ese medio de impugnación. En lo que interesa, el juez lo declaró sin materia "en razón de que mediante diligencia de fecha 22 de septiembre de 2015, se puso en posesión a la parte actora respecto del predio materia del juicio, diligencia que fue aprobada en fecha 24 de septiembre del presente año." Éste es el acto reclamado. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: .IV. (.) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De lo anterior se deduce que tratándose de actos en ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en dicho procedimiento. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de garantías fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo en mente, el legislador desde la anterior Ley de Amparo, en su artículo 114, fracción III, limitó la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y esas mismas razones generaron que fuera reiterado ese criterio en su parte sustancial, en el vigente numeral 107, fracción IV, transcrito. Luego, si la resolución del recurso que tilda de inconstitucional, fue dentro del procedimiento de ejecución pues se inconformó primigeniamente contra un proveído que ordenó la ejecución del fallo, es claro que lo que se pretende es retardar tal cumplimiento y no puede ser materia de análisis en la instancia constitucional, acorde con la premisa normativa. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno en su parte conducente, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 31, abril de dos mil uno, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual manera, orienta la parte conducente de la jurisprudencia 1ª./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XX, página 75, julio de dos mil cuatro, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Lo que precede, pone de manifiesto que la resolución de ocho de octubre del año en curso, en el que declaró sin materia el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, en los autos del expediente C-636/2012, en el que a su vez se autorizó poner en posesión del inmueble materia del juicio de origen a la parte actora, fue llevado a cabo en cumplimiento de la sentencia, es decir, representa un acto intermedio cuyo cumplimiento no debe ser obstaculizado, sino que podrá ser materia de análisis en el amparo que se promueva en contra de la última resolución ahí dictada. Es cierto también que existe una excepción a la anterior regla y opera cuando en el procedimiento de ejecución de sentencia existan actos que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, siempre y cuando sean conductas ajenas a la cosa juzgada. Lo que no ocurre en este asunto, pues la resolución que deja sin materia el recurso no afecta algún derecho sustitutivo, además de que el origen de ese fallo es un diverso proveído tendiente a ejecutar la sentencia de fondo, es decir, no encuadra en la excepción. Sirve como criterio orientador, la tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de dos mil once, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal. Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como el promovente señaló los estrados de este juzgado; de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que dicho profesionista tiene registrada su cédula en el sistema que llevan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y la persona restante en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, toda vez que no se encuentra en ese supuesto.
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