Fujikura Automotive México Salamanca
Expediente 57/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fujikura Automotive México Salamanca
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Juez Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, mediante el cual informa que por auto de uno de febrero actual aceptó la competencia planteada por este tribunal, interpuesta por *********, y admite la demanda en cuestión, la cual se encuentra registrada con número 87/2018-V. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, considerando que se trata de un expediente auxiliar, además de que no existen constancias originales, en cumplimiento al punto vigésimo, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********, en su carácter de apoderado legal de *********, personalidad que acredita con copia certificada del instrumento notarial número treinta y siete mil setenta, pasada ante la fe del Notario Público, número 24 con ejercicio en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, misma que se le reconoce en términos de los artículos 6° y 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Legislatura del Estado de Guanajuato y otras autoridades, por violaciones a los artículos 1°, 14, 16, 31, fracción IV y 92 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 57/2018. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que la promovente del amparo reclama: ? La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato publicada en el Periódico Oficial de Guanajuato el veintisiete de diciembre de dos mil cuatro. ? La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2017, precisamente el artículo 2 fracción V. ? La falta de petición del derecho de veto respecto de las leyes nombradas, por parte del Gobernador del Estado de Guanajuato, así como del Secretario de Finanzas y Administración de esta entidad. ? La omisión del Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato de refrendar, tanto la Ley de Hacienda y Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, ambas del Estado de Guanajuato. ? El primer acto de aplicación de las citadas legislaciones, consistente en la liquidación de la factura ***, consistente por la cantidad de ***, por concepto de impuestos sobre nóminas. En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo pues la moral quejosa tuvo que cumplir con la disposición legal consistente en el pago de un tributo. En este orden, el siguiente paso consiste en determinar el lugar de ejecución del acto reclamado. En efecto, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que sus destinatarios deban acatarlas, porque constituye un acto en sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en el lugar en el que el gobernado cumplió sus prescripciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Al respecto, los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de los artículos 1 al 8-Bis de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato vigente, así como el numeral 2, fracción V de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, preceptos que con motivo de su primer acto de aplicación, obligaron a la parte quejosa a acatarlos (efectuar el pago de impuesto sobre nóminas) en el lugar donde la promovente tiene su domicilio fiscal, el cual precisó en el proemio del escrito de demanda (foja 2) que es dónde se encuentra obligada al pago del impuesto sobre nóminas con motivo de las operaciones ahí realizadas; esto es, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, lo cual ocurrió el cuatro de enero de dos mil dieciocho, tal como se desprende de la documental que anexó consistente en el recibo oficial de pago expedido por la Secretaría de Finanza, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato (foja 45). Por tanto, es factible aseverar que el acto reclamado conllevó ejecución en el lugar donde se encuentra el inmueble propiedad de la parte quejosa, esto es, en el domicilio ubicado en ***, ya que la vinculó a las normas impugnadas, porque en ese lugar es donde se generó el pago del impuesto sobre nóminas que reclama y en principio es donde debe acatarlas. De ahí que es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado. De lo anterior se colige que el acto reclamado no tiene ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción y por ende, que al suscrito no le corresponde el conocimiento del asunto. En ese sentido, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, considerando que en el escrito de cuenta la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este juzgado; por tanto, hágasele esta notificación por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria. Así mismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *********, quien -como se advierte de la certificación de cuenta- tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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