Gabina González Tereso

Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
70/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Gabina González Tereso

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 70/2023-IX. Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Homólogo acepta competencia. Se integra al expediente electrónico el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual informa que se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Además, acusa recibo del anexo remitido (original del presente asunto). De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la determinación de no insistir en la declinación de competencia. Se determina la conclusión del asunto y su valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró incompetencia en razón de materia. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que el presente cuaderno deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declaró la incompetencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente y éste continuará con la sustanciación del asunto. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 70/2023-VII. Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda signada por ++++ contra actos del Presidente Municipal de Atempan Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Incompetencia legal. De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa señaló como actos reclamados: 1. El Ilegal despojo derivado de la orden de ampliación y pavimentación de un camino que se encuentra dentro de su propiedad; y su ejecución. 2. La orden de cancelación del suministro de agua potable del año dos mil veintitrés Establecido lo anterior, debe precisarse lo siguiente: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el capítulo II, del Título Cuarto, denominado "De sus Atribuciones" establece la competencia especial de los juzgados de Distrito atendiendo a la materia que conozcan, y los agrupa, en lo que aquí interesa, en jueces de distrito de amparo en materia penal (artículo 56) y de amparo en materia administrativa (artículo 57). En efecto, los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: Conforme a los preceptos legales transcritos, se concluye que, la competencia de un Juez de Distrito, deriva sustancialmente de la naturaleza del acto reclamado; de ahí que si éste se ubica dentro de la "materia penal", la competencia se decidirá en favor del Juez de Distrito en materia penal; pero si es de naturaleza eminentemente administrativa, se surtirán las hipótesis de la competencia genérica que el artículo 57, fracción IV, de la referida Ley Orgánica reserva al Juzgado de Distrito en materia administrativa. Cabe indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la competencia por materia de un juicio de amparo, no solo debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto reclamado, sino también la de la autoridad responsable, dejando a un lado los motivos de inconformidad expresados, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, sino que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, visible en la página cuatrocientos doce, que ordena: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS En ese orden de ideas, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo en realidad son de naturaleza administrativa; tanto es así, que las autoridades a las cuales atribuye dichos actos son de la misma naturaleza, a saber:  Presidente Municipal de Atempan, Puebla;  Ayuntamiento de Atempan, Puebla;  Director de Obras Públicas del Municipio de Atempan, Puebla; y,  Presiente Auxiliar de la Junta Auxiliar de Tacopan Atempan, Puebla. En efecto, las atribuciones de dichas autoridades no se encuentran previstas en alguna norma penal (verbigracia: el Código Nacional de Procedimientos Penales), sino que se rigen por, entre otros ordenamientos legales, por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. Es más, al tratarse de una obra pública que, al parecer, afecta los derechos de propiedad de la aquí quejosa, las facultades de dichas autoridades municipales derivan de lo dispuesto en los artículos 1 y 2, fracción III, de Reglamento de Construcciones y Obras Públicas para el Municipio de Atempan; pues, de lo que se duele la quejosa es de la autorización de ejecutar una obra pública que invade o afecta un terreno de su propiedad, particularmente, la ampliación y segunda etapa de la pavimentación de la calle en la que se encuentra su predio. Entonces, como ya se precisó los actos reclamados no involucran en modo alguno una cuestión del índole penal, sino que se enmarcan en un escenario de naturaleza netamente administrativa. En ningún momento se pierde de vista que la quejosa se refiere a dichos actos como de "despojo"; y, por ello, estima que existe una clasificación penal de dichos actos. Para mayor ilustración: Sin embargo, esta potestad constitucional no puede estar supeditada a la interpretación o clasificación que la quejosa pretenda dar a dichos actos; pues, como ya se indicó, la actuación de las autoridades responsables se sustenta en facultades administrativas para llevar a cabo obra de utilidad pública e interés social para la comunidad (Municipio de Atempan). Entonces, si por la realización de esas actividades son afectados los derechos de propiedad de la quejosa, es evidente que en nada se relaciona con una cuestión de índole criminal, sino administrativa. Es importante destacar que, la quejosa señaló en su escrito de demanda la existencia de la carpeta de investigación, la cual se sigue por los delitos de despojo, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y delito de intimidación, cometidos en su agravio, por parte del Ayuntamiento Municipal de Atempan, Puebla. Sin embargo, ese antecedente es una mera ilustración de la reiteración de una conducta por parte de las autoridades responsables; pues, en realidad, señala que esa indagatoria se sigue por hechos cometidos con anterioridad -al parecer en el año dos mil veinte- y, sobre todo, respecto de otra fracción de su terreno (lado norte), lo cual es suficiente para advertir que no guarda relación con los actos que originan este juicio de protección de derechos. Tanto es así, que en ningún apartado del escrito de demanda se señala como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público encargado de dicha carpeta de investigación o, en su caso, el Juez de Control al que correspondió conocer del ejercicio de la acción penal. En virtud de lo hasta aquí expuesto y considerado, este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se declara que no es competente legalmente en razón de materia para conocer de la demanda de cuenta. Sin perderse de vista que los actos reclamados no encuadran en los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, así como tampoco en los prohibidos por el precepto 22 de la constitución federal, por lo que resulta innecesario proveer sobre su suspensión, a efecto de plantear la incompetencia en mención, en términos del diverso 48, primer párrafo, de la ley de la materia. En consecuencia, se ordena girar atento oficio al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, acompañándole el original del presente juicio de amparo (que incluye la demanda de cuenta), a efecto de que lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en turno, al que corresponda, por los motivos expuestos. Se solicita de manera atenta y respetuosa al Juez de Distrito al que le turnen el presente asunto, se manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto1 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; y, cúmplase.

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