Fredy Hernandez Magadan
Expediente 980/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fredy Hernandez Magadan
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos originales a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por xxx, por propio derecho, que será recibida de manera física. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Para demostrarlo, es necesario indicar que el reclamo de la parte quejosa, en esencia, consiste en la omisión atribuida al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en dar contestación a su escrito de cinco de septiembre de este año, por el cual revoca defensores particulares, designa unos diversos, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita copias de la causa penal que se le instruye, así como la falta de notificación atribuida a la autoridad ejecutora Ahora, respecto de los actos omisivos reclamados, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el cinco de septiembre de este año, se presentó el escrito del cual el promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la presente data, apenas han trascurrido seis días hábiles desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional, esto es del seis al trece de septiembre del año en curso (sin contar los días diez y once de ese mes y año, por ser inhábiles). De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la parte quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues de la lectura de la demanda se observa que el quejoso busca revocar sus defensores particulares previos, designar unos diversos, solicita sean citados para aceptar y protestar el cargo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones procesales, y solicitan copias del proceso que se le instruye, sin que ello se estime violatorio a su derecho a la defensa, ya que en caso de no lograr la protesta de dicha defensa, de oficio, el órgano jurisdiccional designaría un defensor de oficio hasta en tanto la defensa particular acepte y proteste el cargo conferido. Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (seis días hábiles) a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada (solicitud de revocar a defensores particulares previos, designación de unos diversos, señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones y solicitud de copias de la causa penal que se le instruye). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Fredy Hernández Magadan.
- Principal
SE DEJO DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA POR LO TANTO SE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y SE TIENE POR NOTIFICADA DEL SIGUIENTE ACUERDO: Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por xxx, por propio derecho, que será recibida de manera física. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Para demostrarlo, es necesario indicar que el reclamo de la parte quejosa, en esencia, consiste en la omisión atribuida al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en dar contestación a su escrito de cinco de septiembre de este año, por el cual revoca defensores particulares, designa unos diversos, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita copias de la causa penal que se le instruye, así como la falta de notificación atribuida a la autoridad ejecutora Ahora, respecto de los actos omisivos reclamados, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el cinco de septiembre de este año, se presentó el escrito del cual el promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la presente data, apenas han trascurrido seis días hábiles desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional, esto es del seis al trece de septiembre del año en curso (sin contar los días diez y once de ese mes y año, por ser inhábiles). De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la parte quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues de la lectura de la demanda se observa que el quejoso busca revocar sus defensores particulares previos, designar unos diversos, solicita sean citados para aceptar y protestar el cargo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones procesales, y solicitan copias del proceso que se le instruye, sin que ello se estime violatorio a su derecho a la defensa, ya que en caso de no lograr la protesta de dicha defensa, de oficio, el órgano jurisdiccional designaría un defensor de oficio hasta en tanto la defensa particular acepte y proteste el cargo conferido. Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (seis días hábiles) a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada (solicitud de revocar a defensores particulares previos, designación de unos diversos, señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones y solicitud de copias de la causa penal que se le instruye). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Fredy Hernández Magadan.
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